Rubén Marcial Carrillo Novelo

Expediente 812/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
812/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Rubén Marcial Carrillo Novelo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de septiembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Recepción del oficio de incompetencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta número 1302-VII, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, comunica a este Órgano Jurisdiccional el contenido del proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo 497/2019 de su estadística, del cual se advierte que la Superioridad declaró la incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo que remite. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: Original del juicio de amparo directo 497/2019; y, Expediente relativo al juicio ordinario civil **** en un tomo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Radicación. Ahora bien, en términos del artículo 37 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por *****, por conducto de su apoderado *****, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 812/2019. Desechamiento. Pues bien, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, hipótesis que se actualizada en el presente caso. Ahora, en términos del artículo 113 en mención, el motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, de ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Así, el acto reclamado se hizo consistir en: "IV.- EL ACTO RECLAMADO: La Resolución Definitiva de fecha 06 de junio del año 2019 dictada dentro del recurso de revocación interpuesto en el Juicio Civil Ordinario ***** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo" Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado precisó: "Soy actor dentro del Juicio Ordinario Civil número *****que se tramita en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en donde ofrecí pruebas entre los que oferté la prueba pericial en topografía, agrimensura y geodesía, es el caso que la dirección del perito que ofrecí fue tomada directamente de la pagina oficial del Tribunal Superior de Justicia, es el caso que la autoridad responsable ordenó la notificación en el domicilio mencionado, pero posterior a que le fuera fijado la cédula de notificación en el domicilio del perito me enteré que dicho perito cambio de domicilio, por lo cual el domicilio oficial que se encuentra registrado en el pagina de internet del Tribunal Superior de Justicia **** en donde aparece la siguiente información: [.] Pero es el caso que al presentar la promoción en el cual mencioné que la dirección del perito nombrado que aparece en la página de internet de ese Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo se encuentra desactualizado y como consecuencia señale nuevo domicilio para que sea notificado el mencionado perito, pero es el caso que la autoridad responsable en fecha 15 de febrero de 2019 el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, dictó un auto por el cual me negó el derecho de rectificar la dirección del perito nombrado y en ese auto me impuso otro perito fundando su determinación en la interpretación de la fracción II del Artículo 344 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en contra de esa resolución interpuse el recurso de revocación en donde en fecha 06 de junio de 2019 se dictó la resolución que en esta demanda de amparo se recurre, y que a la letra transcribo la parte que afecta mis derechos fundamentales." En mérito de lo anterior, de la interpretación integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve que no accedió a la vista que aquél solicitó, para designar nuevo perito en materia de topografía y agrimensura que ofreció en autos del juicio ordinario civil ****. Cabe precisar que el recurso de revocación al que hace referencia el quejoso, se interpuso con motivo del auto de quince de febrero de dos mil diecinueve que no accedió a la vista que solicitó aquél, para designar nuevo perito en materia de topografía y agrimensura que ofreció en el juicio de origen, esto en virtud que el propuesto inicialmente, a pesar de haber sido notificado del cargo, no ocurrió a protestar y aceptar la encomienda del actor, razón por lo que, la Secretaria en Funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, nombró en su rebeldía al experto ****. De lo anterior, se colige que en el procedimiento de origen del que deriva el acto reclamado, el agraviado es parte formal y material en el mismo, tan es así que tiene el carácter de actor, también se advierte que el proceso se encuentra en trámite. En tales consideraciones, este juzgador federal considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley de la materia. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61.****." "Artículo 107. **** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Así, resulta conveniente precisar que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior se concluye que contra el especificado acto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley de la materia. En principio, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio biinstancial será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve que no accedió a la vista que aquél solicitó, para designar nuevo perito en materia de topografía y agrimensura que ofreció en autos del juicio ordinario civil ****, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino, solo atañe a cuestiones adjetivas. Dicho en otras palabras, la resolución reclamada no trae como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a sus derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aun cuando, el acto reclamado constituya una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, el quejoso puede seguir haciendo uso de sus derechos como parte actora para obtener sentencia a su favor y; en caso, de que ésta le sea adversa, las posibles violaciones podrá reclamarlas mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, 170 y 171, de la Ley de Amparo, y en tal juicio constitucional se podrán argumentar las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna. Por su contenido se cita la siguiente tesis jurisprudencial: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso." Además, el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, prevé que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, en el caso, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Es aplicable por analogía la tesis aislada XVII.1º.P.A.63 P (10a), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo." De igual forma, sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia I.1º. A.E. J/4 (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal actualmente ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo III, a página 1903, de rubro y texto siguientes: ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no tener el acto que hoy se reclama la naturaleza de irreparable, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diverso 107, fracción V y 113, de la misma Ley, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio y autorizado. Ahora, la parte quejosa solicita que las notificaciones se realicen de manera electrónica mediante el usuario que al efecto señala, por lo que se autorizan las notificaciones electrónicas, y se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, se accede a la solicitud realizada en el escrito de cuenta consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente por parte del usuario "****", en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Apertura de tomos de pruebas. No obstante el desechamiento de la demanda, para efectos de control, fórmense un tomo de prueba con el original del juicio ordinario civil****del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, agregando únicamente la carátula de este Juzgado de Distrito para su identificación y a fin de evitar que el presente expediente resulte de difícil manejo. Habilitación de horas inhábiles, datos personales, capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, dentro del término a que alude el artículo 24 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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