Rubén López Mora
Expediente 89/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rubén López Mora
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Se ordena el registro de la demanda con el número 89/2017-III. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal administrativo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Bajo las anteriores consideraciones, se precisa que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando el corte de suministro de energía eléctrica relativo al número de cuenta ********** y número de servicio **********, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Atento a tal inconformidad, el suscrito considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama procede el recurso de revisión en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, por medio de los cuales podría ser revocado. En efecto, en cuanto a los actos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que todos los actos de esa dependencia relacionados con la obligación constitucional de prestar servicio público de energía eléctrica, son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, ya que a través de éste es que presta dicho servicio. De igual forma, determinó que de conformidad con el artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, este es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, por lo que constituye un ente del Estado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, por ende, en contra de los actos que realiza para la prestación del servicio procede el recurso de revisión, en términos de los numerales 1 y 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al ser un organismo descentralizado el que emitió esos actos, o bien, el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 14 de su Ley Orgánica. Por lo anterior, es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues en relación con dichas excepciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por su parte, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de la Materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda en contra del acto reclamado algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. A consideración de quien esto provee, del examen conjunto del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 168 y 132 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de las autoridades de la Administración Pública Federal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, la mencionada ley no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados de los que establece la Ley de Amparo. Se asevera lo anterior, en virtud de que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, así tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia, esto es, en cualquier etapa del procedimiento contencioso (en amparo, la ejecutoria); en ambos juicios opera la suspensión definitiva, sin que en el contencioso se prevea la provisional; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. Bajo la anterior premisa, se sostiene que el quejoso se encuentra obligado a agotar el juicio de nulidad, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo; lo anterior obedece en función de que dicho medio de defensa no prevé mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, haya sido solicitada o no, además de que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas de carácter federal. Por ello, se estima que la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que previo acudir a esta instancia constitucional debió agotar el indicado medio de impugnación, para cumplir con el mencionado principio rector del juicio constitucional. Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco constituye obstáculo para resolver de la forma en que se hace, la circunstancia de que la parte quejosa en sus conceptos de violación se limite a citar los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que la sola cita no genera la plena certeza que su pretensión sea alegar una ausencia total de fundamentación del cobro impugnado; por lo que se afirma que en la especie no se puede considerar la existencia de ausencia o carencia total de fundamentación. Lo anterior encuentra sentido jurídico porque, la simple cita de los preceptos constitucionales resulta ser, sólo un elemento formal más que material en el estudio y vinculó con la pretensión final de la demandante. De pensar lo contrario, llevaría al extremo de que en el presente asunto con el afán de evadir el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la quejosa acuda a esta instancia estableciendo la sola cita de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que generaría que ésta matizara a su libre albedrio la procedencia del presente juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los actos reclamados acotados bajo los puntos 1 y 2, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Ahora bien, respecto de que se le tenga autorizando al defensor público federal para recibir notificaciones, dígasele que una vez que proporcione el nombre de dicho defensor, se acordará lo conducente. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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