Rubén Lopez Merino

Expediente 1124/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1124/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Rubén Lopez Merino

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1124/2021-IV. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se declaró no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes a la fecha cuando quede cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que este sumario tiene un acuerdo en el que se declaró no presentada la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico del juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal pueden ejercer dado que ha quedado firme el proveído que declaró no presentada la demanda. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a los quejosos por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1124/2021-IV. Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a los quejosos en proveído de cinco de noviembre del año en curso, transcurrió del dieciséis al veintidós de los cursantes, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que los quejosos desahogaran la prevención contenida en el proveído inicial, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; en forma personal a los quejosos (vía electrónica); y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1124/2021-IV. Puebla, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada electrónicamente por los quejosos * *, por derecho propio, contra actos de los Jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio, De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados, las autoridades responsables ejecutoras y los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en los citados aspectos, impiden determinar el espectro de procedencia, la esfera de competencia de este juzgado y hasta pueden implicar la comisión de un delito especial, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el principal acto combatido por los quejosos, fue delimitado como sigue: ".la orden de aprehensión a audiencia inicial .". Esa delimitación resulta imprecisa, porque no permite identificar si el reclamo está dirigido a una orden de aprehensión librada contra los quejosos, por la única autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda, o bien comprende una cita para audiencia inicial que es distinta del mandato de captura. Por consiguiente, es indispensable la aclaración del reclamo planteado en la demanda, para que se tenga certeza del acto concreto atribuido a la única responsable ordenadora. En otro punto, debe indicarse que las autoridades ejecutoras señaladas por los quejosos, fueron denominadas como sigue: ".1. Comisionado General de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria (sic) de Gobernación. 2. C. Coordinador Estatal de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria (sic) de Gobernación de Puebla. 3. Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 4. C. Jefe General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 5. C. Jefe General de la Policía Estatal de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública del Estado Puebla. 6. C. Jefe General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 7. C. Jefe General de la Policía Estatal de Seguridad Vial de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 8. C. Jefe General de la Policía Estatal Bombero de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 9. C. Jefe General de la Policía Estatal Custodia de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 10. C. Jefe General de la Policía Estatal Procesal de la Secretaria (sic) de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 11. C, Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 12. C. Jefe de General de la Policía Ministerial de la procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 13. C. Jefe General de la Policía Preventiva de la Secretaria (sic) de Seguridad Publica (sic) de la Ciudad de México. 14. C. Jefe General de la Policía Auxiliar de la Secretaria (sic) de Seguridad Publica (sic) de la Ciudad de México. 15. C. Jefe General de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria (sic) de Seguridad Publica (sic) de la Ciudad de México.". Todas esas denominaciones resultan imprecisas, porque ninguna corresponde a las autoridades encargadas de cumplir órdenes de aprehensión, que han rendido informes justificados y previos en otros juicios de amparo tramitados en este juzgado -los cuales representan hechos notorios en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Además, debe indicarse que varias instituciones señaladas por los quejosos, resultan inexistentes desde hace varios años, por ejemplo, la Policía Ministerial del Estado de Puebla. Mientras otras dependencias citadas por aquéllos, no tienen facultades legales para ejecutar órdenes de aprehensión, verbigracia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, ya que esta realiza funciones circunscritas a mantener el orden público. Pero lo más importante radica en la manifestación de los quejosos, sobre el lugar donde puede ejecutarse la orden reclamada en la demanda, y que a decir de aquéllos otorga competencia legal a los juzgados de distrito en el Estado de Puebla. Esa manifestación dice: ".Se señalan como autoridades ejecutoras del Estado de Puebla, pues es esta entidad federativa es donde vivo y es el lugar donde se pretendía ejecutar los actos reclamados." (sic). De modo que si los quejosos aseveran vivir en el Estado de Puebla, ninguna razón válida puede respaldar el señalamiento de responsables ejecutoras que formularon contra autoridades de la Ciudad de México. Entonces, deben aclarar el capítulo de responsables ejecutoras, a fin de que pueda determinarse la competencia legal por territorio de esta juzgadora constitucional, que sólo podría actualizarse con el señalamiento de las responsables ejecutoras que tienen facultades legales para disponer el cumplimiento de órdenes de aprehensión, incluso por algún oficio de colaboración, a saber: Fiscal General del Estado de Puebla -denominación correcta-; y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -denominación correcta-. Sólo resta mencionar la irregularidad trascendente que existe en los antecedentes relatados por los quejosos. Esa irregularidad emerge de que otorgaron la protesta de decir verdad en dos ocasiones, dentro del texto de su demanda, y a cada una introdujeron hechos distintos pese al reclamo de una sola orden de aprehensión, como se muestra a continuación: ".Bajo protesta de decir verdad manifiesto que fue el día jueves veintisiete de mayo del año en curso, dos personas supuestamente de la policía de investigación de Nezahualcóyotl, se presentaron en el domicilio del quejoso a buscarlo, para privarlo de su libertad. siendo esta la fecha cuando me entero del acto reclamado, por lo que la presente demanda se encuentra interpuesta dentro en término que señala el artículo 17 Ley de Amparo." (primeros hechos relatados en la demanda). ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; manifiesto los hechos y abstenciones de los actos reclamados son ciertos de acuerdo a los siguientes: A N T E C E D E N T E S: 1.- Es el caso que el día 25 de agosto del presente año, aproximadamente a las 12:00 horas, al salir de mi domicilio el cual solicito que se resguarden de manera privada, unos vecinos me comunicaron que afuera de mi domicilio se encontraban aproximadamente 6 individuos que dijeron ser policías ministeriales, de investigación, preventivos y de seguridad ciudadana, quienes portaban uniformes azul marino con las leyendas en tu espalda POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, POLICÍA MINISTERIAL, PBI y dos de ellos no estaban uniformados y que me andaban buscando para ejecutar una orden detención girada en mi contra por Autoridades de la Ciudad de México, por un supuesto delito de naturaleza patrimonial, sin aportar mayores datos al respecto." (segundos hechos relatados en la demanda, bajo protesta de decir verdad). Lo transcrito con anterioridad, revela una contradicción de los quejosos en los hechos relacionados con los actos combatidos, pues en una primera ocasión manifestaron que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, tuvieron conocimiento de que policías de investigación de Nezahualcóyotl, pretendían ejecutar una posible orden de aprehensión librada en su contra. Ello, a pesar de que los quejosos aseveraron tener su domicilio en el Estado de Puebla, motivo por el cual resultaría incongruente la supuesta actuación de policías de Nezahualcóyotl, dado que estos sólo pueden desplegar sus facultades legales en el Estado de México. Pero después manifestaron que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, corresponde a la fecha cuando tuvieron conocimiento de que policías de diferentes corporaciones, pretendían ejecutar en su domicilio una orden de aprehensión librada por una autoridad judicial de la Ciudad de México. Bajo este contexto, resalta una notoria contradicción en los hechos relatados por los quejosos, bajo protesta de decir verdad, al grado de que presentan un escenario de obligatoria aclaración para esclarecer cuáles hechos tienen relación, en verdad, con los actos reclamados. Así, es necesario que aquéllos expliquen las contradicciones en que incurrieron al relatar los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, porque el escenario que presentaron en la demanda puede implicar la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber expresado hechos falsos en relación con la fecha cuando tuvieron conocimiento de la orden de aprehensión, y el lugar donde supuestamente trató de ejecutarse: un domicilio del Estado de México o un inmueble del Estado de Puebla. Lo cual deberán ponderar con detenimiento los quejosos, para evitar la introducción de hechos novedosos que también pudieran implicar la comisión del delito de marras, o incluso optar por la instauración de un nuevo juicio de amparo en el que narren hechos congruentes, es decir, con una sola fecha de conocimiento y un solo lugar de posible ejecución de la orden combatida. Además, será indispensable que designen un representante común, porque desatendieron ese requisito en la demanda. No obstante, la aclaración deben realizarla los quejosos porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, autoridades responsables y antecedentes, dado que esto corresponde a quienes suscriben la demanda en términos del artículo 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, presenten escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Indiquen si el reclamo de su demanda está circunscrito a una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial, y el posible cumplimiento que realicen las autoridades ejecutoras, o bien, si pretenden combatir la emisión de una cita para comparecer a la audiencia inicial de la causa penal que les haya instruido la única autoridad ordenadora señalada en la demanda; 2. Manifiesten si limitan el capítulo de responsables ejecutoras, a las autoridades denominadas Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, dado que son las autoridades con facultades legales para ejecutar órdenes de aprehensión, incluso por algún oficio de colaboración, en el Estado de Puebla; 3. Expliquen las contradicciones en que incurrieron al relatar los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, motivo por el cual deberán indicar los hechos que deseen aseverar como ciertos, respecto de la fecha de conocimiento de la orden combatida, y el lugar donde supuestamente trató de ejecutarse, sin introducir hechos novedosos porque esto también podría implicar la comisión del delito especial mencionado con antelación -por el cual deben evaluar la pertinencia de optar por la instauración de un nuevo juicio de amparo-; y 4. Designen un representante común. Conviene reiterar a los quejosos un aspecto importante: los antecedentes que narraron en la demanda con la protesta de ley, presentan notorias contradicciones, motivo por el cual deben aclararlas como les fue requerido, pero sin introducir antecedentes novedosos y tampoco incurrir en nuevas contradicciones frente a las que ya tiene la demanda, porque esto también implicaría la comisión del delito mencionado en líneas previas, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que les instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Ello, por la posible comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo. Escrito aclaratorio. Se requiere a los quejosos que presenten escrito aclaratorio, para lo cual deberán atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, de insistir en la tramitación. Apercibimiento. Se formula a los quejosos el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, la notificación vía electrónica, porque designaron dos inmuebles diferentes para recibir notificaciones personales -lo cual es improcedente porque sólo puede indicarse un domicilio procesal-, y ambos se encuentran fuera de la residencia tanto de este órgano como de la zona conurbada. Además, se considera que la notificación electrónica debe tenerse como domicilio procesal de aquéllos, porque solicitaron en su demanda el acceso al expediente electrónico, lo cual representa un interés de seguir la tramitación de este juicio por la modalidad en línea. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite a los quejosos tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: *- Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, quedan autorizados en términos amplios los profesionistas de nombres Jonathan Duarte González, Marcela Flores Pérez, Adán Martín Ortiz Rincón y Carlos Giovanni Jiménez González, porque así los designaron aquéllos y fue encontrada la cédula de éstos, en el registro electrónico de profesionales del Poder Judicial de la Federación. Mientras las demás personas designadas por los quejosos, sólo quedan autorizadas en términos restringidos del numeral 24 de la citada legislación, porque unas no tienen cédula profesional registrada a pesar de que se les pretendieron otorgar facultades amplias, y las demás únicamente fueron señaladas para recibir notificaciones así como para consultar las actuaciones. Notifíquese; de manera personal a los quejosos (vía electrónica); y cúmplase.

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