Rubén López Cortés

Expediente 1044/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1044/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Rubén López Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******* en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Trigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, regístrese con el número de juicio 1044/2022-I y genérese el expediente electrónico e impreso Fijación de la litis Del escrito de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: El auto de once de octubre de dos mil veintidós, dictado por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, en el toca 157/2022, por el cual declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la representación social, en contra de la resolución relativa a la solicitud de compurgación simultanea de penas instada por el sentenciado. Desechamiento En ese sentido, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En la especie, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 6º de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Los artículos 1º y 6º de la Ley de Amparo, determinan, en principio, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos de los gobernados, por lo que, en tal caso, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales que estimen violados por una ley o un acto concreto de autoridad, sean personas físicas o morales, en términos de lo dispuesto en los referidos numerales. Bajo esa tesitura se considera que el presente juicio de amparo no puede ser promovido por Agentes del Ministerio Público cuando actúan en ejercicio de las funciones propias de su investidura, dado que, para su procedencia es necesario que quien lo solicite sea sujeto de derechos humanos, así, en el caso, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Trigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad.". Ahora bien, en el caso no se actualiza la excepción contenida en el artículo 7º, de la Ley de la Materia, que dice: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.". Dicho precepto establece que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, cuando la ley o el acto que reclamen afecten los intereses patrimoniales de la dependencia que se trate; sin embargo, como se dijo, en el caso, la parte promovente pretende reclamar el auto de once de octubre de dos mil veintidós, dictado por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, en el toca 157/2022, por el cual declara inadmisible el recurso de apelación que interpuso, sin que se advierta que ello afecte la esfera patrimonial de la institución. Resulta aplicable por analogía y por no ser contraria a las disposiciones de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que a la letra dice: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo.". En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

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