Rubén Lobato Ortiz
Expediente 857/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubén Lobato Ortiz
- Juez Primero de lo Familiar de Morelia, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia; mediante el cual acusa recibo del comunicado 15194/2019 y anexos, consistentes en copia certificada del presente asunto, e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Rubén Lobato Ortiz, el cual quedó registrado bajo el número 129/2019, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA LUCERO CIRCE LOPEZ RIOFRIO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 152 a 176), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Boris González Ceja. Por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la tercera interesada interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia, del cual conoció el Tribunal Colegiado Penal del Décimo Primer Circuito, quien en sesión de nueve de mayo de dos mil diecinueve confirmó la sentencia recurrida (fojas 192 a 203 y 299 a 347). Por auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 348 y 349), se recibió la ejecutoria del Tribunal Colegiado Penal del Décimo Primer Circuito y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado remitió el oficio 572 y resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 352, 353, 365 a 398) Bajo ese contexto, por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 407), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo, para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejara insubsistente la resolución de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca penal XI-8/2018, analizara los agravios esgrimidos en apelación, empero de su examen debía ponderar los datos de prueba que fueron anunciados por la fiscalía y estableciera si eran suficientes o insuficientes para acreditar si el hecho atribuido a la apelante, estaba o no, tipificado en la ley como delito, de conformidad con el artículo 19 Constitucional, realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera conforme a derecho (foja 175 vuelta y 176). Al respecto, el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio 572, dejó insubsistente la resolución de catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja 352 vuelta). 2. El catorce de junio de dos mil diecinueve, dictó una resolución en la que analizó los agravios de la apelante, ponderó los datos de prueba aportados por la fiscalía -párrafos 9.19 al 10.49-, los que el Juez de Control había estimado que gozaban de credibilidad y, por ende, acreditaban el hecho típico como delito de ataques al honor -párrafo 9.19-, empero, el Magistrado responsable precisó que el juez de control omitió llevar a cabo una ponderación de los antecedentes de la investigación conforme a su idoneidad, pertinencia, suficiencia, frecuencia y proximidad -párrafo 9.20- (fojas 373 a 383). 3. Así, consideró fundados los agravios relativos a que los hechos son atípicos, aspectos que el Juez de Control debió atender y establecer atípico el hecho a partir del contexto en el que fue dada a conocer la información por parte de la imputada; también estimó que asistía la razón a la imputada en relación al agravio en el que manifestaba que no existía un nexo causal entre las expresiones que realizó el veintidós de enero de dos mil quince y la afectación del honor o a la dignidad humana de la víctima -párrafos 9.33 y 9.34-(fojas 386 y 387). 4. Asimismo, precisó que existían buenas razones por las cuales el contexto en el cual se produjo el hecho considerado como típico y llevado ante el Juez de Control para su calificación como delito, carecía de relevancia penal en función de los datos precisados, como lo era la querella, referencias de la actividad profesional de Boris González Ceja, su Cédula y Título Profesional, certificados de estudio de maestría, entre otros, así como las expresiones dentro de la reunión de veintidós de enero realizadas por la imputada en el sentido de cuestionar el nombramiento del aquí quejoso por denuncias anteriores de acoso sexual -párrafos 10 y 10.1- (foja 387 vuelta). 5. Precisó que el motivo del recurso de apelación ameritaba un análisis contextual sustentado en los derechos fundamentales que se encontraban en juego y las reglas específicas que ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de derecho a la libertad de expresión y acceso a la información frente al honor -párrafo 10.4- (foja 388 vuelta). 6. Manifestó que los hechos probados atendían a un discurso expresivo de la imputada, quien en uso de la palabra señaló ". sólo antes de cerrar queremos decir algo que nos parece muy importante y lo tengo que decir porque le va a llegar a la Secretaría Técnica una petición de que Boris no esté dentro del equipo, hay dos quejas de acoso sexual en tu contra y creemos que en ese sentido de congruencia y que se pueda revisar esa petición, porque nos parece muy difícil tener a una persona que tiene dos o algunas denuncias de acoso sexual y que está investigando sobre el asunto de violencia contra las mujeres, están los documentos que lo avalan, éstos se los hicieron llegar y creo que es importante", sin embargo, tal expresión realizada por la imputada se llevó a cabo dentro de un contexto de hechos que permitían considerarla como de interés para las personas ante las que se realizó; por ende, se estableció que no era sancionable penalmente (atipicidad), toda vez que las manifestaciones de la imputada no tenían como fin lesionar el honor de la víctima, ya que éstas fueron hechas con la finalidad de informar sobre el ejercicio de una solicitud a efecto de que Boris González Ceja no formara parte de su grupo de trabajo -párrafos 10.34 y 10.35- (foja 394). 7. Concluyó que el juez, al considerar el hecho que estimó probado como lesivo del honor, sólo atendió el sentido lingüístico de la norma prevista en el artículo 192 del Código Penal, pero no atendió el contexto del hecho concreto, lo cual era la ruta de la solución del conflicto -párrafo 10.46-. 8. Por tanto, determinó revocar la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, al no satisfacerse los requisitos del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la imputada -párrafo 10.51- (foja 397 vuelta y 398). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó insubsistente la resolución de catorce de marzo de dos mil dieciocho, analizó los agravios de la apelación y ponderó los datos de prueba anunciados por la fiscalía -párrafos 9.19 a 10.49-, empero precisó que no eran suficientes para acreditar el hecho atribuido a la apelante de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Constitución y, en consecuencia, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la imputada. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de catorce de marzo de dos mil dieciocho, analizó los agravios de la apelación y ponderó los datos de prueba anunciados por la fiscalía, por lo que determinó que no eran suficientes para acreditar el hecho atribuido a la apelante de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Constitución y dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la imputada; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, se encuentran gozando de su primer período vacacional correspondiente al año en curso; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que vaya dirigido. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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