Rubén Loaeza Charrez

Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1045/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado de Oaxaca
  • Rubén Loaeza Charrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1045/2022 y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el catorce de septiembre de dos mil veintidós, por la secretaria de guardia encargada para recibir asuntos urgentes, Karla Noemi Pérez López, en representación del directo quejoso Rubén Loaeza Charrez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS QUE DE CADA LINA DE ELLAS SE RECLAMA: A). COMO ORDENADORA SEÑALO: 1. AL SUBSECRETARIO DE PREVECION Y REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA, [.] de quien reclamo: a). La instrucción dada al Director de Reinserción Social de San Francisco Tanivet, Tlocolula, Oaxaca para que el quejoso sea sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes en el área 11 del centro penitenciario, lugar en donde es de todos sabido que se les golpea y tortura psicológicamente. COMO EJECUTORA SEÑALO: 2. AL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE TANIVET. [.] de quien reclamo: a). El sometimiento a tratos crueles inhumanos y degradantes al quejoso debido a que ha ordenado a los custodios que lo traslade al área 11 del centro penitenciario en donde es de todos sabido que son sometidos a azotes y tormentos.. (.)". SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. El quejoso narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1°, 20 apartado B y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2). TERCERO. Trámite. Mediante proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós (fojas 8 a 11), se radicó la demanda de amparo con el número 1045/2022; y posteriormente, ante la ratificación de la demanda por el directo agraviado se admitió a trámite la demanda en auto de diecinueve de septiembre de los corrientes (fojas 16 a 20); se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 26); y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que los actos reclamados tendrían ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables: La tortura que se traduce en tratos crueles inhumanos y degradantes, en la humanidad del quejoso, dentro del área once, donde se encuentra recluido. TERCERO. Existencia De Los Actos Reclamados. Las autoridades responsables Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 35 y 39). No obstante lo anterior, al haberse reclamado la orden girada y la ejecución de tratos crueles inhumanos y degradantes, en la humanidad del quejoso, se considera que dicho aspecto es materia de fondo del asunto. Sirve de apoyo, por igualdad de razón, la Jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Máxime que en el caso, el acto reclamado se traduce en la tortura referida por el quejoso por parte de las autoridades responsables, éstas tienen la obligación de acreditar su afirmación, por ello, es insuficiente que dichas responsables a quien se imputa dicha violación en términos generales, nieguen los hechos para tenerlos por no acreditados, pues la carga de la prueba, en ese caso, se les revierte para demostrar su constitucionalidad. Apoya lo anterior, el criterio de rubro "TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORIA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES". Así como, por sus consideraciones esenciales, la tesis de rubro: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". CUARTO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte peticionaria, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Análisis del acto reclamado. El acto reclamado consiste en actos de tortura el cual se traduce a tratos crueles, degradantes e inhumanos de forma genérica, sin que hubiere precisado el quejoso quien los infligió. En ese sentido, debe dejarse asentado que el quejoso tiene reconocido a su favor el derecho fundamental de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos como medios para lograr la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, mismo que se encuentra protegido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación internacional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXCII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." Por ello, es oportuno citar los artículos 1o. y 18 constitucionales, mismos que establecen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto (...)" Por su parte, el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en sus artículos 7 y 10, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), prevé en su artículo primero que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. También, cabe citar para lo que el caso precisa, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, que establece: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas". De conformidad con los artículos transcritos, toda persona tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. Esto, puesto que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 37/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época, que señala: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada". Al respecto, importa precisar que en cuanto al tema de tortura, es pertinente invocar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6724/2016, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el cual, si bien no constituye obligatoriedad, en lo que nos interesa, consideró: ( La tortura, constituye una categoría de especial relevancia en razón de su gravedad, ya que su actualización no sólo implica una vulneración al derecho humano de integridad personal, sino que también es empleada como medio para la obtención de pruebas que permitan someter a una persona a cualquier tipo de procedimiento, aunque en la mayoría de los casos se presenta en aquellos asuntos de naturaleza penal. ( Atento a lo anterior, las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: a) como violación de derechos humanos en el debido proceso y, b) como delito. ( La presunta víctima de tortura, en múltiples ocasiones conlleva la afectación de otros derechos humanos, como la libertad o la defensa adecuada, entre otros. ( Que el núcleo objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, es la tutela de un derecho fundamental de mayor espectro: la integridad personal (física, psíquica y moral), derivado de la dignidad humana, ya que los derechos fundamentales son reconocidos a todas las personas por el simple hecho de serlo. ( En tales condiciones, la obligación de la autoridad que conozca del asunto de iniciar una investigación en casos de tortura, se actualiza ante la denuncia y/o existencia de indicios de ésta, ya sea en el contexto genérico de delito o cometida contra persona sujeta a cualquier tipo de procedimiento penal por atribuírsele que cometió un delito. ( Dicha obligación, recae tanto en autoridades administrativas (agentes de cuerpos de seguridad pública y el Ministerio Público) como en autoridades judiciales de primera y segunda instancia, que durante la tramitación de un proceso penal tengan conocimiento de una denuncia o adviertan la existencia de evidencia razonable o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura contra el inculpado, y también recae en los órganos de control constitucional, en el ámbito de sus competencias, al conocer de un juicio de amparo indirecto o directo cuando tengan información sobre la comisión de un hecho de tortura. Así entonces, cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente con la finalidad de procesar a las personas responsables derivado de la afectación a la integridad personal de la víctima. En los casos en que se omita la investigación de la tortura por parte de la autoridad a la que se le hizo de su conocimiento, se actualiza una hipótesis de violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 173 de la Ley Amparo, dado que la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tutela el derecho fundamental a la integridad personal, siendo que en este caso se pueden presentar dos hipótesis siguientes: - La primera se patentiza cuando se tiene por demostrada la tortura al actualizarse la violación referida, lo cual hace innecesario la reposición del procedimiento penal, pues quedará excluida la presunción de la comisión de dicha violación, dado que ya está comprobada la vulneración al derecho humano de integridad personal por actos de tortura. - La segunda hipótesis, se presenta cuando la autoridad judicial omite investigar la denuncia de tortura y sus efectos, pues al no estar demostrada la violación al correspondiente derecho fundamental, la autoridad judicial tendrá la obligación de investigarla, ya que en caso de comprobarse la tortura es evidente que impactará en el derecho humano a un debido proceso al incidir en la licitud de los medios de prueba que sean factibles de sustentar la situación jurídica del inculpado en el proceso penal. En este caso, procederá la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, tratándose del sistema procesal tradicional, ello, a fin de que pueda tener lugar la práctica de los exámenes periciales correspondientes que determinen la existencia o no de los actos tortura. Además, en cualquiera de los supuestos antes señalados, en el caso de la denuncia de tortura en su vertiente de delito, ante la omisión del juez de primera instancia o de la autoridad que conozca del asunto, o bien, de percatarse de manera oficiosa de la posible existencia de tortura, se asume inmediatamente la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Por otra parte, en aquellos casos en que el inculpado hubiese señalado ser objeto de tortura, pero sin que exista confesión o algún acto de autoincriminación, no resultará necesaria la reposición del procedimiento, ya que el tema sobre la violación a derechos humanos derivada de tortura, carece de trascendencia en el proceso, pues no tendría impacto en el proceso penal. En caso de verificarse la existencia de tortura, ya sea como delito o como violación al derecho humano de debido proceso, se debe excluir todo medio de convicción que se hubiese obtenido directamente o que deriva de ésta, lo cual comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria resultado de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXII/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 234, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Así como la diversa tesis CCVI/2014, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. Ahora bien, cabe recordar que el quejoso reclama, esencialmente actos de tortura de forma genérica, sin que hubiere precisado quien los infligió o dónde ocurrieron. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. Así, se está frente a un caso de tortura cuando: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) infligidas intencionalmente; y, c) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que, se estime que la anterior manifestación no puede pasarse por alto para efectos de la posible comisión de delito, pues sus consecuencias pueden impactar en sus dos vertientes como violación a derechos humanos en un procedimiento por el debido proceso, y como delito, por lo que surge la obligación de las autoridades de practicar la investigación ministerial respectiva. En ese tenor, los órganos jurisdiccionales de amparo, en cumplimiento a sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos y garantías de los gobernados, se encuentran obligados a investigar dichas violaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la tortura; en ese sentido, el asunto debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura señalada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Así, en el caso, de las constancias existentes en el presente juicio de amparo, se considera no existe base razonable para tener por acreditados los actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos de forma genérica, que el quejoso afirma cometieron en su contra las responsables; ello, únicamente por cuanto hace al presente juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario citar las constancias que tienen relación con el acto en estudio -expediente clínico-, remitido por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca (foja 51 a 54), de la que destaca el: - Certificado médico de lesiones y/o toxicológico elaborado el catorce de septiembre de este año, por la doctora Rocío Viridiana Romero Arroyo, en el que se desprende lo siguiente: "LESIÓN CARACTERIZADA POR: Sin lesiones. CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE LESIONES: No aplica. CONCLUSIÓN: Se le realiza exploración neurológica para obtener datos presuncionales de intoxicación, estado de conciencia, orientación, atención, memoria, psicomotricidad, reflejos osteotendinosos, reflejos pupilares y oculares, así como exploración general encontrándolo clínicamente: Intoxicado: SI ( ) NO ( X )". Documentales que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Sin embargo, de dichas constancias no se desprende algún dato que corrobore la manifestación del quejoso en el cual se constaten los actos que se duele, a decir, dónde y cómo ocurrieron los actos que reclama, ni quién los cometió o a causa de qué sucedieron; entonces, no puede concluirse que las autoridades responsables Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, hubieren cometido contra el aquí quejoso, tales actos manifestados. Máxime que del certificado médico de lesiones y/o toxicológico elaborado el catorce de septiembre de este año, por la doctora Rocío Viridiana Romero Arroyo, no se advierte que el quejoso haya presentado alguna lesión. Incuso, en el acta de catorce de septiembre de dos mil veintidós, asentada por la actuaria judicial a este órgano jurisdiccional, se advierte que la fedataria pública asentó: "Asimismo certifico: que el referido quejoso no cuenta con Huellas de violencia visibles, asimismo, manifiesta que no ha sido víctima de la misma. Doy fe.", de lo cual como se ha dicho, denota que no existe base razonable para tener por acreditados los actos de tratos crueles, degradantes e inhumanos de forma genérica, que el quejoso afirma cometieron en su contra las responsables. Por tanto, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia federal por los actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos de forma genérica refirió el quejoso. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario de la adscripción a firmar los oficios que derivan de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rubén Loaeza Charrez, respecto de los actos reclamados indicados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para que surta sus efectos legales procedentes, mediante el cual en atención al requerimiento formulado el once de octubre del presente año, remite copia certificada del libro de registro de visitas conyugales y del libro de registro de abogados quienes visitaron a la persona privada de la libertad Rubén Loaeza Charrez. En ese tenor, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que anexa la autoridad responsable; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para que surta sus efectos legales procedentes, mediante el cual en atención al requerimiento formulado el once de octubre del presente año, remite copia certificada del expediente clínico del quejoso Rubén Loaeza Charrez. En ese tenor, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que anexa la autoridad responsable; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, como se advierte en auto de diecinueve de septiembre del año que transcurre, se requirió a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil, con sede en Tanivet, Tlacoula, Oaxaca, para que remitiera copia certificada del expediente clínico o médico a nombre del quejoso Rubén Loaeza Charrez, que obre en dicho centro penitenciario, que haya sido integrado desde el momento de su reclusión hasta la presente data; sin que a la fecha la responsable haya cumplido con tal requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 75 párrafo tercero, 117 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil, con sede en Tanivet, Tlacoula, Oaxaca, para que, en el plazo de veinticuatro horas, legalmente computados, remita copia certificada del expediente clínico o médico a nombre del quejoso Rubén Loaeza Charrez, que obre en dicho centro penitenciario, que haya sido integrado desde el momento de su reclusión hasta la presente data, así como las constancias necesarias vinculadas con el acto reclamado -bitácoras, libros de visitas, registro de actividades, sanciones, etcétera-, o en su caso, informe el impedimento legal o material que tenga para ello; a fin de contar con elementos suficientes para emitir la sentencia en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3o.P.44 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2043, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "ACTOS DE TORTURA. SI EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE LOS HA SUFRIDO DERIVADO DE SU INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN Y SE ALLEGAN INDICIOS DE SU EXISTENCIA, PERO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LOS NIEGA EN SU INFORME JUSTIFICADO, EL JUZGADOR DE AMPARO, A FIN DE CONTAR CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DICTAR LA SENTENCIA, POR EXCEPCIÓN, DEBE ADOPTAR DE OFICIO LAS PROVIDENCIAS TENDENTES A RECABAR LO NECESARIO PARA CONSTATAR QUE AQUÉLLOS NO SE ESTÁN REALIZANDO." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal o material para cumplir lo solicitado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional) moneda nacional; atendiendo al valor de $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), moneda nacional, conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el catorce de los actuales, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese personalmente al quejoso y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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