Ruben Lara Martínez

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Ruben Lara Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a quince de marzo de dos mil diecinueve. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral vigésimo primero, fracción II y último párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Escrito. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar sentencia y así concluir el Juicio Contencioso 125/2017. Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad responsable, se advierte que en dieciocho de febrero del año en curso, la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, dictó la sentencia correspondiente, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto de reclamo, tal y como lo informa la autoridad responsable. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido al promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable dictó la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto; aunado, a que la misma se hizo del conocimiento de éste órgano jurisdiccional por el autorizado del propio quejoso. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa ******** el auto de 21 de febrero de 2019 que reza: Mexicali, Baja California, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Escrito. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar sentencia y así concluir el Juicio Contencioso 125/2017. Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad responsable, se advierte que en dieciocho de febrero del año en curso, la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, dictó la sentencia correspondiente, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto de reclamo, tal y como lo informa la autoridad responsable. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido al promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable dictó la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto; aunado, a que la misma se hizo del conocimiento de éste órgano jurisdiccional por el autorizado del propio quejoso. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Tribunal de lo Contencioso del Estado de Baja California, actualmente conocido como Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 121/2019. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con veinte minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del Ministerio Público Federal. Dése la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, a quien de conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la legislación federal en consulta, le asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Emplazamiento al tercero interesado. Por el momento este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento de dicha parte jurídico-procesal. Pruebas. No ofreció. Compulsa. No procede ordenarla. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

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