Rubén Jiménez Ricardez
Expediente 2031/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2031/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rubén Jiménez Ricardez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 2031/2017-V, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 73/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "Único. Por diversa causal, se confirma la sentencia recurrida." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso y quedó registrado con el número 73/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante la Secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de abril de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. En virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que no se encuentra notificada la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia y en obvio de mayores dilaciones, gírese el oficio correspondiente, a fin de que sea notificada la resolución de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CON EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2031/2017-V, promovido por RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, por propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido a este juzgado de Distrito en la misma fecha; RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de las autoridades siguientes: CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; y COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. De quienes reclamó los actos siguientes: ".IV.- ACTO RECLAMADO: Del Congreso del Estado de Morelos, reclamo la omisión en resolver mi solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, presentada el día 24 de junio de 2013. De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, reclamo el dictamen de fecha 12 de junio de 2017, por el cual se niega el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada por el suscrito mediante escrito de fecha 24 de junio de 2013.". SEGUNDO. Mediante auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete se previno al quejoso para que aclarara los actos reclamados (foja 63 a 65), lo cual hizo por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 67 y 68), en el que aclaró que como único acto reclamado señalaba el dictamen de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, por el que se negó el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veinticuatro de junio de dos mil trece. TERCERO. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 2031/2017-V; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, finalmente, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, considerando que el acto reclamado no tiene ejecución, es competente el juez del lugar en que se presentó la demanda. SEGUNDO. DETERMINACIÓN Y CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, el dictamen de doce de junio de dos mil diecisiete, por el que se niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veinticuatro de junio de dos mil trece. Precisado lo anterior, debe decirse que es cierto el acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, que se reclama a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por el que niega al quejoso el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el veinticuatro de junio de dos mil trece, en razón de que así lo señaló dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 34 a 62). Se corrobora lo anterior, con las fotocopias certificadas de tal acto combatido (fojas 34 a 62), a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público, por de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Cabe aclarar que el Congreso del Estado de Morelos, no es autoridad responsable para efectos de este juicio, sin que obste que en el acuerdo de fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se hubiera señalado que se admitía la demanda por esa autoridad; ello, en virtud de que el quejoso fue claro en establecer en el escrito que presentó el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, que como única autoridad señalaba a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, reclamándole el dictamen de doce de junio de dos mil diecisiete; siendo claro que no hay acto alguno que se le reclame. TERCERO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto al acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, pensión por Cesantía en Edad Avanzada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225; registro: 170 500, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto y rubro siguiente: " INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del vigente artículo 5, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite: "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Debe citarse como antecedentes del caso, que a través de escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil trece, ante el Congreso del Estado de Morelos, RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, solicitó pensión por Cesantía en Edad Avanzada (foja 118 del anexo I). A través de oficio del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (foja 34), que se entregó al quejoso el veintiocho de ese mes y año, por así haberlo señalado bajo protesta de decir verdad al desahogar la prevención de la demanda (fojas 67 y 68), le fue notificado el acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por el que determinó que no era procedente otorgar al aquí quejoso, la pensión solicitada (fojas 35 a 62). En ese sentido, en el informe justificado, dicha Comisión refirió que, precisamente, al tener el carácter de comisión legislativa, se trata de un órgano interno que en el ámbito de su competencia, analizó la procedencia del otorgamiento de la pensión por Cesantía en Edad Avanzada por RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, y emitió un dictamen que somete a votación y se traduce en un punto de acuerdo. Pero que el sólo dictamen no constituye una resolución que haya dirimido de forma definitiva la solicitud de pensión, como sí lo sería si se da la aprobación del Congreso. En ese sentido, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. Se trascribe a continuación dicha disposición: "Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno.". A su vez, entre la competencia que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, otorga a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se encuentra el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho: "Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su responsabilidad: I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho;.". En el mismo orden de ideas, el artículo 54, fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas deben conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno: "ARTÍCULO 54.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: I. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno; (ADICIONADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2013) En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado en el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, y cuidando en todo momento no rebasar el término establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.". De conformidad con las disposiciones referidas, el acuerdo reclamado de doce de junio de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, pensión por Cesantía en Edad Avanzada, a fin de convertirse en una resolución que en definitiva dirima el trámite de la solicitud de pensión, debe ser presentado al Pleno del Congreso del Estado de Morelos, para su aprobación. Ello es así, porque al tenor de las normas expuestas, se puede advertir que las Comisiones legislativas son órganos internos del Congreso del Estado de Morelos que contribuyen a que éste cumpla con sus atribuciones previstas en la Constitución Local y las leyes respectivas, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que pueda someterse a votación; y, en caso de aprobación por el Pleno del Órgano Legislativo Estatal, lo que se traducirá en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin a la solicitud de pensión hecha por el peticionario de amparo, como sí lo es la aprobación o no que realiza el Pleno al dictamen que la Comisión respectiva le presente, para convertirla en punto de acuerdo; por lo que al impugnarse dicho dictamen a través del presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada en este apartado por no constituir un acto definitivo y, por ende, se está en presencia del reclamo de un acto que no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ. Lo anterior, se insiste, pues lo dictaminado por la Comisión responsable, como se explicó, no dirime en definitiva el planteamiento formulado por el quejoso en torno a la pretensión que solicitó le fuera otorgada y, por ende, lo resuelto por dicha instancia previa no constituye un acto de autoridad con las características que al respecto disponen los ordinales 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que no afecta de manera real y actual el derecho ejercido por el impetrante del amparo, en la medida que no podría catalogarse como una resolución definitiva. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 180675, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 88/2004, Página: 919, del rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO. De los artículos 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 94, 95 y 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las Comisiones legislativas son órganos internos de las Cámaras del Congreso de la Unión que contribuyen a que éstas cumplan con sus atribuciones constitucionales, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que contendrá una parte expositiva de las razones en que se funde y otra de proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; asimismo, se observa que realizado el dictamen, el cual debe estar firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión, debe someterse a discusión y una vez discutido se pone a votación y, en caso de aprobación por el Pleno de la Cámara legislativa, se traduce en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin al asunto, como sí lo es la aprobación que realiza el Pleno, por lo que al impugnarse dicho dictamen en una controversia constitucional, debe sobreseerse en el procedimiento por no constituir aquél un acto definitivo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el presente juicio, conforme al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR RUBÉN JIMÉNEZ RICÁRDEZ, respecto al acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticinco de abril de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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