Ruben Javier Andrade Zurita

Expediente 570/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
570/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Ruben Javier Andrade Zurita

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de mayo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, hágase devolución al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, de las copias certificadas relativas al expediente laboral 292/2013, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismas que se manejaron por cuerda separada.

  2. Principal

    MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto; se integra a los autos el informe justificado de cuenta, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, al cual adjunta copias certificadas relativas al expediente laboral 292/2013, entre ellas, del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, como de autos se advierte que el aquí quejoso RUBÉN JAVIER ANDRADE ZURITA, promovió demanda de amparo contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, consistente en: ".La Inactividad Procesal que se traduce en la Omisión de la Autoridad Responsable la C. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de acordar en los términos legales a que haya lugar la promoción presentada ante la misma en fecha 28 de febrero del 2019 en donde se realizan diversas solicitudes relacionadas con el procedimiento para a fin de acordar las mismas, dictando al efecto el proveído correspondiente en los términos legales a que haya lugar, en el expediente laboral 292/2013 del índice de la responsable, para efectos de darle continuidad al procedimiento en los términos legales a que haya lugar." sic. En ese orden de ideas y en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos, porque la autoridad restituyó a la parte quejosa en el goce de sus garantías. Lo anterior es así, al haber emitido el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se pronunció entre otros, del escrito signado por los actores en el juicio natural, entre ellos, el aquí impetrante de amparo Rubén Javier Andrade Zurita, recepcionado por la autoridad responsable el veintiocho de febrero del presente año, dentro del expediente laboral 292/2013 de su índice, en el cual se tuvo promoviendo planilla de liquidación respecto del laudo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, y se ordenó darle vista de ello a la entidad pública demandada Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, y señaló las doce horas del día cuatro de julio del año que transcurre, para que tenga verificativo una audiencia incidental de liquidación. Acuerdo de dieciséis de mayo del presente año, obrante a fojas 1 a la 7, del tomo de pruebas remitido por la autoridad ocursante relativo al expediente laboral 292/2013, del que se ordena su manejo por cuerda separada en virtud de su voluminosidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 198 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice 1917, septiembre de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 216, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DEL AÑO ACTUAL. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que el tribunal responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, que emitió en el expediente natural, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal el citado proveído a la parte quejosa. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido el tribunal responsable el acuerdo de dieciséis de mayo del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.

  3. Principal

    MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo Familiar de Centro, Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veinticuatro de los actuales, emitido en el expediente 501/2007 de su índice, del que se advierte en lo medular que giró oficios a diversas dependencias e instituciones bancarias a efectos de informar si existen registros a nombre del demandado Abel Valencia García; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducente.

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