Ruben Humberto Solis Koh

Expediente 622/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
622/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Ruben Humberto Solis Koh
  • Maria Modesta Noh Tun

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, los dos legajos de copias certificadas relativas al expediente ********************, de su índice, que remitió con su informe justificado, y con los cuales se formaron dos anexos en este asunto; ello en vista de que no existe razón para que continúen agregados en autos, sin necesidad de acuse de recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 622/023-III promovido por Rubén Humberto Solís Koh, María Modesta Noh Tun, Roberto Ermilo Cantún Ku, Edith Rossana Aké Dzul, Víctor Germán Kantún Aké, Lorenzo Cauich Uc, Manuel Canul Noh, Juan Antonio Tut Pérez y Virgilio Uc Canché, por conducto de su apoderado legal Lincoln José Palma Rodríguez. En audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Pamela Medina Sánchez, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con el auto admisorio, constancia de notificación a las autoridades responsables y sus informes justificados, notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales ofrecidas por la quejosa con su demanda, así como con las exhibidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios con su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, por lo que se cierra dicha etapa. Y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la sentencia correspondiente.. VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 622/2023-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada al día hábil siguiente, a este Juzgado Tercero de Distrito, Rubén Humberto Solís Koh, María Modesta Noh Tun, Roberto Ermilo Cantún Ku, Edith Rossana Aké Dzul, Víctor Germán Kantún Aké, Lorenzo Cauich Uc, Manuel Canul Noh, Juan Antonio Tut Pérez y Virgilio Uc Canché, por conducto de su apoderado legal Lincoln José Palma Rodríguez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la citada demanda de amparo se admitió y registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 622/2023; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, así como al Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos omisivos atribuidos a autoridades con residencia en la demarcación en la que la suscrita ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo y las constancias existentes en el expediente, acorde con la tesis de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la quejosa reclamó en su escrito inicial de demanda: - Del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, la omisión de proveer medidas eficaces y eficientes para lograr el cumplimiento del laudo que favorece a los quejosos. -Del Gobernador del Estado de Yucatán, y del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, el incumplimiento integral del laudo de fecha dieciocho de octubre de dos mil diez, dictado en el expediente laboral ******************** TERCERO... INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura de los informes justificados rendidos por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, quien comparece en representación del Gobernador del Estado de Yucatán y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, se advierte que negaron la existencia del acto que se le reclama; lo anterior sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa, por lo que procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " Ahora, de las constancias que remitió el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, consistentes en copia certificada en dos tomos que conforman el juicio de origen burocrático ********************, se desprende que no existe acto alguno atribuible a las primeras responsables antes citadas, pues si bien, la parte quejosa les atribuye actos de omisión por cuanto a la ejecución del laudo dictado en el citado procedimiento, lo cierto es, que de las constancias que anexó a su informe el Tribunal responsable, no se advierte que se les hubiere formulado requerimiento alguno que los obligue al menos hasta este momento a realizar acción o gestión alguna dentro del ámbito de sus competencias. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, el Gobernador del Estado y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al rendir su informe negaron los actos de omisión que se les reclaman; y por su parte, el Tribunal responsable remitió diversas constancias relativas al procedimiento de origen, de las que se advierten las actuaciones realizadas en el mismo para cumplimentar el laudo emitido. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como del contenido de las constancias que remitió, consistente en copia certificada del juicio ********************, se desprende que la omisión apuntada por los titulares de la acción constitucional, y atribuida a las citadas autoridades, es inexistente ya que no se había realizado requerimiento alguno a dichas autoridades, en relación con el cumplimiento del laudo; es por ello, que no obstante los quejosos aduzcan que éstas omitieron dar cumplimiento al laudo, lo cierto es, que no se encontraban en aptitud de emitir pronunciamiento o gestión alguna, al no ser parte dentro del procedimiento de origen, ni habérseles dado intervención alguna en éste; por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por cuanto a las aludidas responsables. CUARTO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, atendiendo al contenido de los artículos 63, fracción IV, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se desprende que la negativa de la autoridad responsable no es determinante para declarar la inexistencia del acto reclamado, toda vez que ese extremo puede ser acreditado por las partes a través de los medios de prueba reconocidos por la ley o, incluso, puede ser apreciado directamente por el juzgador si así se desprendiera de las constancias procesales. Por tal motivo, con el propósito de verificar la certeza o falsedad de dicha negativa, se analizan íntegramente las constancias procesales. Así, con las constancias remitidas por la responsable, las que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que de ellas se patentiza que a la fecha de presentación de la demanda, la responsable no había realizado las conductas cuya omisión se les atribuye. En consecuencia, al quedar desvirtuada la negativa del Tribunal responsable, debe tenerse por cierta la omisión reclamada. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, se procede a estudiar el presente juicio de amparo a fin de determinar si en la especie se surte alguna causa de improcedencia, ya sea que la aleguen las partes, o bien de oficio se analice, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,770, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En relación al acto reclamado y atribuido al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, consistente en la omisión de dictar las medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado el veinte de enero de dos mil diez en el juicio laboral ********************, al no proveer lo conducente a los escritos que la parte quejosa exhibió ante el Tribunal el veintiuno de marzo y once de abril, ambos del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de dictar las medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado el veinte de enero de dos mil diez en el juicio laboral ********************, al no proveer lo conducente a los escritos que la parte quejosa exhibió ante el Tribunal el veintiuno de marzo y once de abril, ambos del año en curso. Sin embargo, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se desprende que el dos de mayo del año en curso, dictó un acuerdo en el que procedió a proveer sobre las peticiones de la parte quejosa en el juicio laboral de origen ********************, e incluso procedió a su respectiva notificación. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto de los escritos presentados el diecisiete de marzo y once de abril, ambos del año en curso, respecto de diversas solicitudes relacionadas con la ejecución del laudo en el procedimiento de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al omitir dictar las medidas necesarias para la ejecución del laudo dictado en autos del expediente laboral ******************** del índice del Tribunal responsable, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de dos de mayo antes referido. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, este órgano de control constitucional no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rubén Humberto Solís Koh, María Modesta Noh Tun, Roberto Ermilo Cantún Ku, Edith Rossana Aké Dzul, Víctor Germán Kantún Aké, Lorenzo Cauich Uc, Manuel Canul Noh, Juan Antonio Tut Pérez y Virgilio Uc Canché, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y otras autoridades, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente fecha no obra constancia con la que se acredite que se ha emplazado a juicio a la parte tercera interesada ********************por tanto, para no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Ahora bien para agilizar el presente procedimiento, reexpidase el oficio ********************, dirigido al ********************, que contiene el auto de diecinueve de abril del año en curso, a fin de que éste tenga conocimiento del presente juicio. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista del aludido tercero interesado los informes justificados y las constancias remitidas por las autoridades responsables. En atención a lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones del Ayuntamiento de Acaceh, Yucatán y emplace al mismo al presente asunto, por medio de quien legalmente lo represente, haciendo entrega del aludido oficio ********************, de una copia simple de la demanda de amparo y copia certificada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio en su carácter de tercero interesado, si así le conviniere. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con dos anexos que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de su contenido para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que con el informe que ahora se acuerda, también fueron recibidos dos anexos de forma física, consistentes en copias certificadas de los dos tomos que conforman el juicio de origen 123/2007, materia de la presente Litis; motivo por el cual, se ordena formar dos cuadernos auxiliares en los que obrarán glosados los mencionados anexos, mismos que quedarán a disposición de las partes, al resguardo de la secretaría de este juzgado

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