Ruben Hilario Ortiz

Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Ruben Hilario Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 186/2021 de esa estadística, de la que se advierte que confirmó la sentencia recurrida, asimismo, devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo- A fin de no duplicar las actuaciones en este juicio, no ha lugar a glosar las copias deducidas del presente expediente, con fundamento en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a su destrucción. Por lo que agréguense las actuaciones originales a partir de la remisión del expediente para la substanciación del recurso de revisión. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Ahora, tomando en consideración que de la resolución emitida por el Tribunal de alzada se advierte que confirmó la determinación recurrida, donde se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Rubén Hilario Ortiz. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. .

  2. Incidental

    MESA V #".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó tanto la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, firmado por Pedro Pablo López Ruiz, autorizado legal del quejoso Rubén Hilario Ortiz; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase los autos al Tribunal de Alzada competente, para su substanciación; para lo cual se ordena al secretario vigilar el cumplimiento del mandato; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 206/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, que el quejoso Rubén Hilario Ortiz reclama de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, la determinación dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le negó la intervención en la carpeta de investigación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia, pues indicó que, mediante acuerdo de tres de febrero del año en curso, dio contestación al escrito de petición del quejoso de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, determinando que, por el momento, no había lugar a acordar favorable su solicitud de darle acceso a los datos de investigación que obran en la carpeta de investigación. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su normativo 2°. Así, está demostrada en autos la existencia del acto controvertido; sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta época, tomo VI, materia Común, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Procedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro 176291, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL". Pero, en el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia contra el acto que ha quedado precisado, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna de ellas, de ahí que procede entrar al estudio de fondo del asunto planteado. QUINTO. Estudio de fondo. Análisis de la determinación reclamada. La autoridad responsable, al emitir el acto que se le reclama, lo sustentó, en las siguientes razones: a) Que la petición del quejoso se tradujo, en síntesis, en que se le diera acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos penales, se reconoce como derecho del imputado de intervenir en el proceso que se sigue en su contra, por lo que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; asimismo, la hipótesis del acceso del imputado a los registros de la investigación lo que podrá consultar con oportunidad debida para preparar su defensa, limitando este derecho constitucional y sólo lo permite en los casos siguientes: 1. Cuando el imputado se encuentre detenido; 2. Cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y 3. Antes de su primera comparecencia ante el juez. b) Además, preciso que, a partir de este último momento - antes de su primera comparecencia ante el juez-, no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de investigación; por ello, determinó que en el momento de la emisión del acto reclamado no era procedente la solicitud planteada, toda vez que el solicitante no se colocaba en ninguno de los supuestos mencionados con anterioridad; además, hacerlo implicaría quebrantar la reserva de los actos de investigación que esa autoridad ministerial de observar durante su integración. Conceptos de violación. El quejoso refiere, vía conceptos de violación, en síntesis: - Que la determinación reclamada viola en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Lo anterior, aduce, porque la petición que realizó, contrario a lo determinado por la autoridad responsable en el acuerdo combatido, la misma no es contraria a ley, toda vez que es un derecho humano que tiene para conocer el delito que se le investiga, para desvirtuar la probable responsabilidad que penal que se le atribuye. - Además, que la autoridad responsable no dio contestación a su solicitud en la forma que le fue planteada, ya que no le hizo de su conocimiento el número de carpeta de investigación que, en su caso, existe en su contra; asimismo, que al denegar su petición no lo hizo de manera fundada y motivada; y, finalmente, que la determinación combatida es denegatoria de justicia a que tiene derecho. Análisis del asunto. Por tener relación los conceptos de violación, se estudiarán en su conjunto, como lo establece el artículo 76 de la Ley de Amparo, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda de amparo, toda vez que el quejoso pretende que se le diga si existe o no carpeta de investigación en su contra, de ser así, aportar los datos de prueba para su defensa, ya que sólo de esa forma, dice, desvirtuará la imputación existente en su contra. Al respecto, el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretende recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera." Dicha disposición constitucional regula el derecho de una persona imputada a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y que requiera para su defensa. Así, la fracción VI transcrita dispone la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. En tanto que en la fracción VIII regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa; con ello, el poder reformador constituyente, implícitamente, estableció, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales quien tenga el carácter de indiciado y su defensor, pueden tener acceso a dicha información. Por su parte, los artículos 113, fracción VIII, y 117, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código". "Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa". Lo que se traduce en que: - El derecho del imputado, y su defensa, a tener acceso a los registros de investigación, además de obtener copia de los mismos. - El defensor tiene obligación de analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa, que implica el acceso que del imputado y su defensor a los datos de investigación. De ahí que el derecho de defensa queda garantizado durante la tramitación de todas las etapas que comprende el proceso penal. Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, con la finalidad de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades forme parte de la investigación. En relación con tal precepto los numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales se refieren a la reserva de los actos de investigación y del acceso a los mismos. Para que ello acontezca, esto es, la consulta y acceso a los registros de los actos de investigación, por tanto, dejarán de mantenerse en reserva: a) Cuando el imputado se encuentre detenido; b) Cuando sea citado para comparecer como imputado; o, c) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretende recibir su entrevista. Se reitera, en estos supuestos, el imputado y su defensor deben tener acceso a los datos de investigación que obran en la carpeta de investigación; pues, la estricta reserva de la indagatoria obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad que constituyen fines legítimos, en virtud de que las actuaciones del Ministerio Público contienen hechos que, de ser del conocimiento público, ponen en peligro la investigación y eficacia en la persecución de los delitos. Ello no es aplicable a la víctima, ofendido o asesor jurídico, pues en este caso sí pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación en cualquier momento. Así también, en términos de los artículos 112, 113 y 114 del código invocado, se establece que en la fase de investigación inicial o desformalizada, la persona sujeta a investigación podrá tener acceso a los registros y datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, sólo: 1º Cuando esté detenido ante el Ministerio Público con motivo del hecho investigado; y, 2º Cuando sea llamado a declarar por parte de dicho Ministerio Público. Actualizadas esas hipótesis, existirá un señalamiento formal por parte del Ministerio Público como posible autor de un hecho que la ley señala como delito y, entonces, adquirirá el carácter de imputado. Y será a partir de este momento que el imputado o su defensa tendrán derecho a acceder a los registros y datos de prueba que obren en el legajo de investigación, por lo que desaparecerá la reserva a que se refiere la fracción VI del apartado B del artículo 20 constitucional. Por lo expuesto, resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Como se ve, el quejoso pretende que se le informe si existe o no una carpeta de investigación en su contra, con la finalidad de ofrecer los datos de prueba que le permitan desvirtuar la imputación que exista en su contra. Sin embargo, la negativa a darle tal información no vulnera sus derechos fundamentales previstos en el artículo 20, apartado B, constitucional, ya que, como correctamente lo señaló la responsable, el proporcionarle la información de la existencia de alguna carpeta de investigación iniciada en su contra, se quebrantaría la reserva de los registros de investigación, en tanto que el quejoso: a) No se encuentra detenido en su calidad de imputado; b) Tampoco ha sido citado para comparecer como imputado; c) Ni es sujeto de un acto de molestia por el que se pretenda recibirse su entrevista. Entonces, si como lo manifiesta el quejoso, al formular su petición, solicitó se le informara sobre la existencia de alguna carpeta de investigación y que hubiere en su contra, lo que deseaba saber si era así, para aportar datos probatorios y desvirtuar la imputación que, dijo, había en su contra; ello no era motivo suficiente para contestarle si existía o no tal carpeta y darle acceso a la misma, porque equivaldría a hacer público los actos de investigación de una carpeta en la que no ha sido detenido, ni ha sido citado a comparecer, tampoco se pretende recibirse su entrevista, por tanto, no tiene el carácter de imputado para que tenga posibilidad de aportar los datos de prueba relativos. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1ª./J 72/2019 (10ª), visible en la foja novecientos noventa y cuatro, del libre setenta y uno, octubre de dos mil diecinueve, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2020891, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". Por lo que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad responsable fundó y motivó su determinación y, al no existir vulneración de derechos fundamentales, se niega la protección constitucional al quejoso. SÉXTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ..., contra la resolución dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por razón de Género; por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO)

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