Rúben Hernandez Sanchez
Expediente 97/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/08/2019
Partes del expediente
- Rúben Hernandez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II)Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual solicita se informe el estado procesal y le sean remitidas copias certificadas de la papeleta, demanda, informes justificados, sentencia y en su caso de la ejecutoria. Atento a lo anterior, se le informa al homologo federal que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; por tanto, remítase las copias que refiere para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió al auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo), pues se sobreseyó fuera de audiencia. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que en auto de siete de febrero de dos mil diecinueve se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes, a través del cual el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, da cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y remite copias certificadas del proveído de trece de enero de dos mil diecinueve y la constancia de notificación hecha al quejoso. Ahora, en el presente juicio el quejoso Rubén Hernández Sánchez, reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México al diverso Centro Penitenciario de Tenango del Valle, Estado de México, el cual fue ejecutado el diez de enero de este año. Sin embargo, de las constancias remitidas por el oficiante en su oficio de cuenta, se advierte que el trece de enero de dos mil diecinueve, se dictó un auto en relación a la convalidación del traslado del quejoso, asimismo, mediante notificación personal se advierte que el veinticuatro de enero del presente año, el quejoso tuvo conocimiento de dicha determinación; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso en su escrito inicial de demanda, reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México al diverso Centro Penitenciario de Tenango del Valle, Estado de México, el cual fue ejecutado el diez de enero de este año, realizado por autoridades administrativas; sin embargo, de las constancias de referencia se advierte que el trece de enero de dos mil diecinueve, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó un auto en relación a la convalidación de traslado del quejoso y esté fue notificado el veinticuatro de enero del presente año, por lo que desde ese momento se considera tuvo conocimiento de la nueva determinación. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, emitió un acuerdo en el cual se ordenó la convalidación de traslado del quejoso, mismo que fue notificado el veinticuatro de enero del presente año y el quejoso presentó demanda de amparo el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en contra de la orden de traslado a diverso centro penitenciario ordenada por autoridades administrativas y no de la determinación de trece de enero de dos mil diecinueve en la que se convalido; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, al haber cesado los efectos del acto reclamado y sustituido procesalmente por el diverso que lo convalido, pues esta última determinación es la que rige en este momento. A lo anterior, sirve de apoyo la tesis aislada de la Décima Época, registrada con el número 2015278 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Página: 2507, del contenido siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en1 los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta minutos del veinte de febrero de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, con la determinación del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues de las constancias que remitió dicha autoridad, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de la convalidación del traslado desde el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y la ampliación en el juicio de amparo indirecto puede recaer únicamente sobre los siguientes puntos: I. Los actos reclamados. II. Las autoridades responsables. III. Los conceptos de violación. De igual modo, el juzgador está obligado a dar vista a la parte quejosa para la ampliación de la demanda cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el agraviado, o bien que en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado. Circunstancia que en el caso no acontecen, pues como ya se dijo, el acto que sustituyó al reclamado, se le notifico antes de la presentación de la demanda, por lo que es un acto conocido por el quejoso previo al informe justificado. Razón por la cual es innecesario dar vista a la parte quejosa, pues de estimarse lo contrario, se propiciaría una serie interminable de ampliaciones de demanda, lo cual redundaría en detrimento del principio de expedites en la impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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