Ruben Hernandez Mendoza

Expediente 77/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
77/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Ruben Hernandez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de diciembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo informado por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el veinte de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca *********, por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en la que confirmó la diversa incidental de uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del procedimiento que en vía de apremio se radicó bajo el número ********* del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en la que, por una parte, se declaró parcialmente procedente la excepción de pago propuesta y que el aquí quejoso adeuda a su contraparte la cantidad de *********, con motivo del contrato base, y por otra, se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada refleja. Emita una nueva determinación en la que reitere todo aquello que no fue materia del presente fallo y subsane las irregularidades apuntadas en torno a la omisión de dar contestación a la totalidad de los planteamientos inmersos en los agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto por la quejosa; y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido de que la contestación que otorgue a la alegación vertida por la justiciable y que fue destacada en este sentencia, deberá ser debidamente fundada, motivada, congruente y exhaustiva". En consecuencia, en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por misiva registrada en el libro de correspondencia de este Juzgado con el progresivo 8378/2020, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en autos del toca 642/2019, de su índice, del que se advierte: - Reiteró la insubsistencia de la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en dicho toca; - Emitió otra, en la que reiteró todo aquello que no fue materia del presente fallo y, con a la omisión del estudio de los planteamientos que se resaltaron en la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción, determinó modificar la interlocutoria apelada, a efecto de establecer que la cantidad adeudada por el aquí quejoso, derivada del contrato base del juicio de origen, lo era únicamente por *********. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa y tercero interesada no allegaron documentos al presente sumario. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, incisos a) y b), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio y anexos remitidos por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, a través del cual en cumplimento a lo solicitado en autos, remite copia certificada del auto de diecinueve de noviembre de este año, por el que dejó insubsistente la sentencia pronunciada por dicha sala el trece de diciembre de dos mil diecinueve; así como la resolución de veintitrés de noviembre del año que transcurre, todo dentro del toca **********, de su índice; actuaciones con las que asegura da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, córrase traslado a la parte quejosa, con copia de la promoción de mérito y su anexo, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la responsable, apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781]."

  3. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a las responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativoante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Contradicción de tesis 44/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito. 24 de junio de 2003. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, con el número 22/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil tres. Nota: Por ejecutoria del veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 10/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Incidente de inejecución 19/93. Juan González Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito Alva Zenteno. Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca *** por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en la que confirmó la diversa incidental de uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del procedimiento que en vía de apremio se radicó bajo el número *** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en la que, por una parte, se declaró parcialmente procedente la excepción de pago propuesta y que el aquí quejoso adeuda a su contraparte la cantidad de $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), con motivo del contrato base, y por otra, se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada refleja.. Emita una nueva determinación en la que reitere todo aquello que no fue materia del presente fallo y subsane las irregularidades apuntadas en torno a la omisión de dar contestación a la totalidad de los planteamientos inmersos en los agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto por la quejosa; y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido de que la contestación que otorgue a la alegación vertida por la justiciable y que fue destacada en este sentencia, deberá ser debidamente fundada, motivada, congruente y exhaustiva" En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: Época: Novena Época Registro: 165779 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. LVIII/2009 Página: 12 "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores cualquiera que sea su tipo llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola. Amparo en revisión 414/2008. Ignacio Flores Anguiano y otros. 22 de enero de 2009. Mayoría de siete votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Roberto Lara Chagoyán y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. Asimismo, devuélvase a al Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, la copia certificada del expediente *** en un tomo; asimismo a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la copia certificada del toca *** de su índice, así como copia certificada del expediente *** del índice juzgado responsable, en dos tomos; por resultar innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre y la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia de los actos que se reclaman, por lo que se tienen por ciertos para efectos del presente juicio de amparo (fojas 35 a 36 y 32 a 33). Robustece lo expuesto, la tesis6 de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además que, así se corrobora de la copia certificada del toca *** del índice de la Sala responsable, así como copia certificada del expediente *** del índice del juzgado responsable, en dos tomos y un tomo, que las propias autoridades remitieron en alcance a sus informe de mérito, documentales a la que se le concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, toda vez que no se advierte que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la jurisprudencia número ochocientos catorce, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, apéndice 1995, tomo VI parte TCC, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO."7 QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Previamente a realizar el análisis del concepto de violación expuesto por el quejoso, para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se deducen de las constancias que obran en el juicio y el toca de origen, a las que con anterioridad se les concedió pleno valor probatorio y que en lo que interesa, son los siguientes: ... Precisado lo anterior, procede realizar el estudio del motivo de disenso expuesto en la demanda, sin que sea necesario que se transcriba, pues ello no implica una violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, la cual rige el actuar de esta juzgadora, de conformidad con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."8 Sin embargo, atento al principio de congruencia que debe cumplir toda sentencia, es suficiente con que el concepto de violación se sintetice. El aquí quejoso aduce que la resolución reclamada no respeta los derechos de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, argumentando, como único concepto de violación que la magistrada responsable no entró al estudio de una parte del agravio segundo que expresó en su escrito de apelación al combatir la resolución incidental emitida dentro de los autos del procedimiento que en vía de apremio se radicó bajo el número *** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad. El motivo de disenso se estima fundado. Primeramente debe invocarse el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Como se desprende de la transcripción precedente, el artículo 14 de la Carta Magna contiene el derecho subjetivo público mediante el cual se permite al gobernado ser oído y vencido en juicio, constituyendo por tanto, el derecho a obtener el pronunciamiento de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, es decir, que dicha determinación sea congruente con la litis planteada. Sirve de apoyo la jurisprudencia numero: P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado".9 Por su parte, el artículo 16 Constitucional, señala en su primer párrafo, lo siguiente "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento;." . El dispositivo constitucional parcialmente reproducido, hace alusión al principio de legalidad, el cual refiere que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en la situación específica de que se trate se configure la hipótesis normativa. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.".10 Finalmente, el numeral 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estipula: "Artículo 227. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse." Tal precepto obliga a los juzgados civiles para que emitan sus resoluciones ajustándose al principio de congruencia, pues claramente los constriñe a que sus determinaciones deben ser precisas y congruentes con las pretensiones deducidas en el juicio y se atiendan a todas las cuestiones planteadas. Ilustra lo expuesto, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes"11. En ese contexto normativo, tenemos que las garantías de legalidad y seguridad jurídica, comprenden a su vez el principio de congruencia que rigen las sentencias, conforme a las cuales debe existir concordancia entre lo pedido y lo resuelto por la autoridad. De tal manera que, para que una resolución cumpla con lo ordenado en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en ella se debe realizar un estudio de la totalidad de los puntos que integran la litis en la contienda natural (principio de congruencia), además deberá apoyarse en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión (fundamentación), así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, y además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso (motivación). Ahora bien, la parte quejosa alega en su concepto de violación que la Sala responsable no dio contestación de manera exhaustiva y congruente al agravio segundo, que hizo valer en el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria deducida del incidente de excepción de pago y de cosa juzgada refleja emitida en el sumario natural *** relativo a que contrariamente a lo sostenido por el Juez del procedimiento, no se puede exigir diversos medios de prueba para justificar que las cuestiones entre los juicios *** son las mismas que son objeto del contrato que diera génesis al juicio de origen. En su agravio, la parte inconforme manifestó en lo conducente, lo siguiente: "Además de lo anterior, y contrario a lo resuelto en sentencia, la resolución definitiva dictada en el juicio mercantil *** el documento base de la acción en este juicio si tuvo relación con el pagaré pues lo único que no se aceptó en aquel contradictorio, fue que esa circunstancia afectara su autonomía, más nunca se negó su relación causal, por lo tanto no asiste la razón a la juzgadora para exigir diversos medios de prueba para justificar que las cuestiones entre los juicios *** son las mismas que son objeto de contrato sustento de este litigio.". Sin embargo, como correctamente lo estima la parte quejosa, la resolución que conforma el acto reclamado no colma los requisitos previamente analizados, pues la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, fue omisa en pronunciarse y dar respuesta fundada y motivada a la totalidad de los argumentos planteados en el aludido agravio. En efecto, la responsable al abordar el estudio del citado agravio, se limitó en señalar: "es evidente que el demandado incidental *** sí suscitó controversia en relación a que no se trata de las mismas cantidades la de $300,000.00 trescientos mil pesos que fue materia del juicio ejecutiva (sic) mercantil, a la de $360,000.00 trescientos sesenta mil pesos a que se hizo referencia en el diverso juicio ordinario civil *** ello considerando que afirmó que el juicio ejecutivo mercantil no tiene ninguna injerencia con el documento base de la acción del juicio de origen, que resulta ser el mismo del diverso juicio ordinario civil. Entonces, es evidente que no resultaba dable que la Natural afirmara que no se había suscitado controversia en los términos que lo propone el apelante y que incluso aplicara las mismas reglas respecto a lo aceptado en el diverso juicio *** dado que se reitera, sí suscitó controversia, por lo que de ninguna manera se relevó al actor incidental de ofrecer pruebas para acreditar que se trataba de las mismas cantidades. Por tanto, es indudable que el argumento de la Sala responsable no resuelve el planteamiento jurídico realizado por el inconforme, al menos no, respecto del tema que destaca, pues no se realizó el estudio de la existencia o inexistencia de la relación causal entre los juicios *** Es así, pues en resumidas cuentas indicó que la parte demandada incidental sí había suscitado controversia respecto a que las cantidades de ambos juicios no tenía relación entre sí, y que por ello, al existir controversia, no podría relevar al aquí quejoso de ofertar pruebas para acreditar que sí se trataba de las mismas cantidades; pero no confrontó ni dio contestación a las manifestaciones vertidas, relativas en síntesis a que en la resolución definitiva dictada en el juicio mercantil *** lo único que no se aceptó fue que el diverso juicio afectará la autonomía del pagaré base de la acción, y que nunca se negó su relación causal el documento base de la acción en el juicio de origen, de ahí que sí tuvieran relación entre sí, y que por lo tanto no le era exigible diversos medios de prueba para justificar que las cuestiones entre los juicios *** son las mismas que son objeto de contrato sustento de este litigio. En consecuencia, se estima que la precisión hecha por la Sala responsable no es una verdadera respuesta dada al motivo de inconformidad planteado por la quejosa en su agravio segundo, lo que ocasionó que el peticionario se encontrara en un estado de incertidumbre acerca de la procedencia de sus alegaciones; de ahí lo fundado del concepto de violación. En consecuencia, al prosperar el concepto de violación planteado, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, lo que se hace extensivo al acto atribuido al Juez Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en virtud de que no se combate por vicios propios sino en vía de consecuencia. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 102 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios de ésta" SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. (violación formal) De conformidad a lo estatuido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la protección constitucional son para que la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, proceda en los términos siguientes: diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca *** por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, en la que confirmó la diversa incidental de uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del procedimiento que en vía de apremio se radicó bajo el número *** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en la que, por una parte, se declaró parcialmente procedente la excepción de pago propuesta y que el aquí quejoso adeuda a su contraparte la cantidad de $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), con motivo del contrato base, y por otra, se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada refleja. 2. Emita una nueva determinación en la que reitere todo aquello que no fue materia del presente fallo y subsane las irregularidades apuntadas en torno a la omisión de dar contestación a la totalidad de los planteamientos inmersos en los agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto por la quejosa; y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido de que la contestación que otorgue a la alegación vertida por la justiciable y que fue destacada en este sentencia, deberá ser debidamente fundada, motivada, congruente y exhaustiva. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley, lo que en la especie acontece dadas las consideraciones expresadas en la presente resolución OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra los actos que atribuye a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre y a la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, por los motivos expuestos en la última parte del considerando quinto de esta resolución y para los efectos del diverso sexto...

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