Ruben Heredia Villegas
Expediente 1697/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1697/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Ruben Heredia Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se aprecia que mediante acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, firme el auto que declaró cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, al ser innecesario seguir conservando el tomo de prueba consistente en copias certificadas del expediente laboral ********************, devuélvase las mismas a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Devuélvase el presente expediente al archivo, dado que se trata de un asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y a la fecha ha transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído; por tanto, se conservarán únicamente la demanda y sentencia respectiva. Por otro lado, respecto de las documentales exhibidas por la parte quejosa como anexo a su escrito de demandada, toda vez que las mismas se encuentran catalogados como no originales, en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se dejan a su disposición para que comparezca a recogerlos en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obre en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de tres años, tales documentos serán destruidos junto con el expediente. En el entendido de que deberá generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a las instalaciones que albergan este órgano jurisdiccional, a efecto de que le sean devueltos dichos documentos, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario, deberá agendar nueva cita de consulta del expediente, para su entrega-recepción, de lo cual se asentará la razón respectiva. Lo anterior es así, en virtud de que si bien con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la que se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación, cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, ésta se llevará a cabo con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de los justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todos. De manera que al no reactivarse la función jurisdiccional en un contexto de normalidad, implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad, para enfrentar la contingencia, por lo que se requiere el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales utilizando las herramientas que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables y/o tercero interesado que se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional a ***, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitra del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. En caso de no haberlo realizado de inmediato notifique a la parte demandada el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 578/2013, concluido el plazo emita el pronunciamiento respectivo de manera fundada y motivada. Verifique en el sumario laboral referido si existe alguna promoción en el sentido que aduce la parte quejosa en relación a la vinculación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero al cumplimiento del laudo, de ser así, con libertad de jurisdicción emita el acuerdo correspondiente o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello. " Inconforme la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo quien en sesión ordinaria de cuatro de diciembre de dos mil veinte, resolvió el recurso de revisión 109/2020, en el cual determinó confirmar la decisión que antecede. Por lo que en auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, quien mediante oficio 2970/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el once de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, remitió copia certificada del acuerdo de siete de julio del presente año, y las cédulas de notificación del citado proveído, documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de doce de noviembre del año que transcurre, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista al peticionario del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó al autorizado de la parte quejosa el diecisiete de noviembre del presente año, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de la constancia recibida a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que con el dictado del acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno en el sentido de pronunciarse sobre la notificación del acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, a la parte demanda y al haber incumplido con el requerimiento ahí contenido le hizo efectivo el apercibimiento y determinó que no había lugar a vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, dado que no era parte en el juicio de origen para ello citó los fundamentos que consideró aplicables, con lo cual la autoridad responsable restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en el acuerdo impugnado; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Finalmente, vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández, que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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