Ruben Héctor Quiroga Elías
Expediente 1421/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1421/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ruben Héctor Quiroga Elías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por lo que respecta al original de los cuadernos incidentales es destruible, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor, la documental que remitió como soporte a su informe justificado (tomo de pruebas), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1421/2021-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa (fojas 82 a 90 y 105 a 117) y la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con sede en esta ciudad (un tomo de pruebas), ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; en consecuencia, el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza y toda vez que no quedan pruebas pendientes que acordar, se tiene por concluida esta etapa de la audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló (fojas 31 a 46 y 127 a 130); luego, el Juez acuerda: téngase por hechas las manifestaciones que a manera de alegatos vierte la parte quejosa y dese por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1421/2021-IV, promovido por Rubén Héctor Quiroga Elías, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el diecinueve siguiente a este juzgado de distrito, Rubén Héctor Quiroga Elías, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1] Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor y 2] Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: IV.- ACTOS DE AUTORIDAD VIOLATORIOS Y RECLAMADOS: Del C ACTUARIO ADSCRITO AL H JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÌA MENOR, EN CANCÙN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO señalada como autoridad responsable, reclamo: - - - (i) La falta de notificación a que se refiere el auto violatorio y reclamado: - - - Se ordena notificar esta determinación - - - SE COMISIONA AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN, para que, .., acuda al domicilio en que se encuentra el bien referido - - - (ii) COMO EJECUTANTE, SE ABSTENGA DE EJECUTAR EL ACTO PRECISADO EN EL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO POR LA C JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÌA MENOR, EN CANCÙN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, y que se identifica como: - - - SE COMISIONA AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN, para que, .., acuda al domicilio en que se encuentra el bien referido. - - - IV.- ACTOS DE AUTORIDAD VIOLATORIOS Y RECLAMADOS: Del JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÌA MENOR, EN CANCÙN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO señalada como autoridad responsable, reclamo las temerarias, infundadas, violentas e ilegítimas resoluciones que fueran dictadas dentro del expediente identificado con el número 428/2014 promovido en juicio oral mercantil del índice de la responsable, ESPECIALMENTE EL ACUERDO DE FECHA 21-VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO con la que se violan los principios básicos del procedimiento, se vulneran los principios de congruencia, certeza y seguridad jurídica en las resoluciones, con los que debemos contar los gobernados, ESPECIALMENTE LOS CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 1, 14, 16, 17, 103, 104, 107 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - - - POR OTRA PARTE, COMO LO SOLICITA EL OCURSANTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL DE COMERCIO, POR DISPOSICIÓN DEL PRECEPTO 1054 DE ESTE ÚLTIMO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO Y SE AUTORIZA COMO MEDIDA DE APREMIO EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA, ASÍ COMO EL ROMPIMIENTO DE CERRADURAS SI FUERE NECESARIO; - - - por tanto, gírese atento oficio al Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de esta ciudad; además al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, y al Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, con sede en esta ciudad, para que designe a los elementos necesarios de esa corporación, a fin de que se constituyan en el domicilio señalado en autos como de la parte enjuiciada, identificado como "VILLA QUINCE DEL CONDOMINIO DENOMINADO "PARAÍSO MÁGICO" UBICADO EN AVENIDA CANCÚN, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE UNO DE LA MANZANA DIECISIETE, SUPERMANZANA QUINIENTOS UNO, CANCÚN, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO" y brinden apoyo al actuario de la adscripción, A EFECTO DE ENTREGAR LA POSESIÓN FÍSICA A LA PARTE ACTORA DEL BIEN INMUEBLE ANTES REFERIDO; en la inteligencia de que el referido oficio se deja a disposición de la actora, para que lo haga llegar a su destino. - - - En consecuencia, SE SEÑALAN LAS CATORCE HORAS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA ENCOMENDADA, lo cual deberá hacerse del conocimiento de la autoridad municipal enunciada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no es necesario que comparezca a este órgano jurisdiccional a fin de recoger el oficio de mérito, en virtud de que el precepto citado establece que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Las que, al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Con independencia de lo anterior, cabe señalar que dicha dependencia se encuentra obligada a prestar el auxilio correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 3, inciso A, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 46, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y 30 Bis, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por lo que, se apercibe al titular de dicha dependencia, que de no acatar lo ordenado, en el sentido de prestar el auxilio de la fuerza pública, se le impondrá multa por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1067 Bis, fracción II, del Código de Comercio. - - - - Se ordena notificar esta determinación a la parte enjuiciada, con la anticipación suficiente respecto de la fecha y hora señaladas, a fin de que tenga conocimiento pleno de lo que se le exige y cuál será la consecuencia de su desacato; asimismo, - - - SE COMISIONA AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN, para que, en compañía del apoderado o persona autorizada en términos amplios del artículo 1069, del Código de Comercio, de la parte actora con personalidad reconocida en autos, acuda al domicilio en que se encuentra el bien referido y dé fe de su entrega." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno en este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por auto de veintidós de noviembre siguiente (fojas 11 a 19), se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1421/2021-IV y se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reconoció el carácter de tercero interesado a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Se reconoce tercero interesado y se ordena su emplazamiento. El diez de enero de dos mil veintidós (fojas 124 y 125), se dejó de tener como tercera interesada a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer por haber cedido los derechos litigiosos en el juicio de origen, en el mismo lugar y grado, en favor de Ayoro Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le reconoció el carácter de tercero interesada y se ordenó su emplazamiento, el cual tuvo verificativo el diecinueve de enero de la presente anualidad (fojas 137 y 138). Así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en la especie se reclaman actos emitidos por autoridades jurisdiccionales materia civil (mercantil) que según la demanda de amparo tendrán ejecución dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De la 1] Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor: a) La orden de desalojo con uso de la fuerza pública emitida el veintiuno de octubre de la presente anualidad, en el juicio 428/2014 del índice de la responsable, en relación con el inmueble identificado como villa quince del Condominio denominado "Paraíso Mágico", ubicado en Avenida Cancún, lote 1, manzana 17, supermanzana 501, en esta ciudad. Del 1] Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor: b) La falta de notificación del proveído dictado en el inciso a), que antecede. c) La ejecución de dicho(s) mandato(s). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La De la 1] Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor (foja 97) y 2] actuario judicial de su adscripción (foja 99), al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, precisados en el considerando que antecede; sin embargo, esa afirmación debe desvirtuarse, en virtud de que la juez responsable con posterioridad realiza manifestaciones que evidencian su certeza, en el sentido de que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se autorizó como medida de apremio el auxilio de la fuerza pública a efecto de entregar la posesión del bien inmueble que defiende la parte quejosa, a la parte actora. En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corrobora con el contenido de la fotocopia certificada del juicio 428/2014 que la juez responsable remitió como justificación de sus actos, que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias que integran el juicio de origen se desprende que mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen (fojas 663 a 666 del tomo de pruebas), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se autorizó como medida de apremio el auxilio de la fuerza pública a efecto de entregar la posesión del bien inmueble identificado como villa quince del Condominio denominado "Paraíso Mágico", ubicado en Avenida Cancún, lote 1, manzana 17, supermanzana 501, en esta ciudad, a la parte actora. Además, se desprende que el juicio de origen fue promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Julián Andrade Araujo, de ahí que la parte quejosa no es parte formal dentro del juicio del que emanan los actos reclamados; por tanto, no fue notificada del referido acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados de la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializada en juicios de Cuantía Menor y Actuario adscrito, precisados en el considerando tercero de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos, y por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el presente asunto, como los actos reclamados provienen de una autoridad judicial y la parte quejosa se ostenta como legítimo propietario del inmueble que defiende, se analizará a la luz del interés jurídico. Luego, para una mejor comprensión, conviene citar los siguientes antecedentes de los actos reclamados, que se deducen de la fotocopia certificada del juicio de origen, que fue valorada previamente: 1. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demandó en la vía oral mercantil el vencimiento de anticipado de contrato y pago de pesos, en contra de Julián Andrade Araujo. 2. Por razón de materia correspondió conocer dicho juicio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en esta ciudad, quien en auto de nueve de mayo de dos mil catorce (fojas 34 a 36 del tomo de pruebas) lo radicó bajo el expediente 428/2014-IV, y previno a la parte actora. 3. Luego, por auto de veinte de mayo de dos mil catorce (fojas 40 y 41 del tomo de pruebas), desechó la demanda, al estimar que la parte actora no satisfizo la prevención que le realizó. 4. Contra dicho desechamiento, la parte actora interpuso demanda de amparo directo, la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, bajo el amparo directo 285/2014, quien por sesión de dieciséis de octubre de dicho año, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 111 a 123 del tomo de pruebas). 5. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil catorce (fojas 124 a 126 del tomo de pruebas) atendiendo a la sentencia dictada por el tribunal de alzada, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada -Julián Andrade Araujo-. 6. Previos trámites del juicio, el nueve de junio de dos mil quince (fojas 172 a 190 del tomo de pruebas), se dictó sentencia, en el que se declaró procedente la acción intentada y se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. 7. Por auto de once de agosto de dos mil quince (foja 194 del tomo de pruebas), a solicitud de la parte actora, se trabó embargo sobre el inmueble identificado como villa quince, condominio paraíso Mágico, avenida Cancún, lote uno, manzana diecisiete, supermanzana quinientos uno, de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio electrónico 151319. 8. El cuatro de diciembre de dos mil quince (fojas 222 y 223 del tomo de pruebas), dicho inmueble se adjudicó de forma directa a la parte actora, y se tuvo a dicha parte designando Notario Público, ante quien se correría la escritura de adjudicación correspondiente. 9. El quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 235 del tomo de pruebas), se ordenó la firma de la escritura de adjudicación, en rebeldía de la parte demandada. 10. El ocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 395 del tomo de pruebas), se tuvo a la parte actora exhibiendo la escritura de adjudicación del bien inmueble que fue embargado, por lo que se requirió a la parte demandada para que, en el término de tres días hábiles, haga entrega de la posesión del referido inmueble a la actora, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría como medida de apremio el uso de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras si fuera necesario. 11. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (fojas 663 a 666 del tomo de pruebas), se reconoció a Ayoro Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable como cesionaria de los derechos litigiosos que correspondían a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en el mismo lugar y grado de prelación; se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se autorizó como medida de apremio el auxilio de la fuerza pública a efecto de entregar la posesión del bien inmueble identificado como villa quince del Condominio denominado "Paraíso Mágico", ubicado en Avenida Cancún, lote 1, manzana 17, supermanzana 501, en esta ciudad, a la parte actora. El proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, así como su falta de notificación y su ejecución, constituyen los actos reclamados en este juicio constitucional. Luego, la parte quejosa Rubén Héctor Quiroga Elías pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es el actual propietario del inmueble materia de la controversia, pues en su demanda y diversos escritos de alegatos, sostiene lo siguiente: PRIMERO.- En fecha 1°-Primero de mayo de 2008, el C. Julián Andrade Araujo, como propietario y en su calidad de Arrendador, y el suscrito en mi calidad de Arrendatario, suscribimos un contrato transaccional de renta y desocupación por un periodo de 01-un año calendario sobre el citado bien inmueble. - - - por lo anterior, el suscrito INICIÉ PRIMERAMENTE EN POSESIÓN DERIVADA DEL INMUEBLE. - - - El referido contrato transaccional de renta y desocupación fue TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO mediante procedimiento que se constituyó en expediente 365/2009 del índice del H. Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. [.] TERCERO.-En fecha 14-Catorce de Mayo de 2009, el C. Julián Andrade Araujo, por medio de su legítimo representante y en su calidad de vendedor y el suscrito en mi calidad de comprador, nos reunimos en el identificado inmueble, sitio en donde seguimos un CONTRATO DE COMPRAVENTE SOBRE EL INMUEBLE en referencia, mismo que consta en tres páginas tamaño carta escritas solo por el frente. - - Derivado de lo anterior, el suscrito CAMBIÓ EL MODO DE POSESIÓN DE DERIVADA A POSESIÓN ORIGINARIA, respecto del identificado inmueble." Así las cosas, los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, por los siguientes motivos: I. El quejoso Rubén Héctor Quiroga Elías, no es parte en el sumario de origen, pues así se advierte de las constancias que integran el juicio oral mercantil 428/2014-IV del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, a las que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto, donde se obtiene que el citado juicio fue promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Julián Andrade Araujo. De ahí que, si el quejoso Rubén Héctor Quiroga Elías no es parte demandada en el proceso de origen, la falta de notificación del acuerdo reclamado no le causa perjuicio, por lo que carece de interés jurídico para reclamar ese acto en esta vía constitucional. Resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 177719 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/254 Página: 1513 AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." II. Los actos reclamados tampoco inciden en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que no demostró ser el legítimo propietario del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. Sin que pase desapercibido, que la parte quejosa ofreció como medio de convicción la fotocopia certificada del contrato de compraventa de catorce de mayo de dos mil nueve (fojas 109 a 111), suscrito por Juan Andrade Araujo, por medio de su mandatario, y Rubén Héctor Quiroga Elías, respecto del inmueble ubicado en la supermanzana 501, manzana 17, lote uno, condominio fraccionamiento Paraíso Mágico, Villa 15, avenida Cancún, Las Torres, de esta ciudad, con folio electrónico 151319, misma certificación que fue realizada por el secretario de este juzgado de distrito, a la cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documental pública; sin embargo, la certificación que consta en ella es referente a la recepción de dicha documental en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, así como el estado físico de dicho documento, no así en cuanto a la certificación de las firmas de los contratantes que obran estampadas en este. Por tanto, con dicha documental no se acredita la propiedad del inmueble que dice tener, ni se advierte derecho alguno que sea susceptible de tutela judicial, ya que si bien exhibió la fotocopia certificada del contrato de compraventa del bien inmueble que defiende y dicha certificación lo dota de fecha cierta, pues como se dijo, la certificación del secretario de este juzgado de distrito corrobora su existencia al dieciocho de septiembre de dos mil veinte -fecha de la certificación-; lo cierto es que para que la compraventa del referido bien inmueble surtiera plenos efectos, debía realizarse su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En efecto, los artículos 2549, 2598, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, disponen: "Artículo 2549.- Tratándose de muebles, la venta se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en el bien y en el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, en tanto que si se trata de inmuebles, la venta se perfecciona hasta que se inscriba la operación en el Registro Público de la Propiedad." "Artículo 2598.- El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble, en cuyo caso el contrato se perfeccionará y surtirá plenamente sus efectos, hasta que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad." "Artículo 3159.- El registro será constitutivo en lo que respecta a los convenios y contratos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio de bienes raíces o una hipoteca. Artículo 3160.- Los contratos a que se refiere el artículo anterior sólo se perfeccionan y surten plenamente efectos hasta que se registren. La función en los casos de adquisición de la propiedad por usucapión, accesión, sucesión hereditaria o ejecución forzosa se realiza mediante la inscripción de la resolución judicial que la declare o decrete respectivamente. Es también constitutivo el registro tratándose de asociaciones y sociedades civiles. En todos los demás casos en que la ley establezca la inscripción registral, los efectos de ésta no serán constitutivos, sino meramente publicitarios." De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se obtiene que en el Estado de Quintana Roo, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de contratos en los que se adquieren, transmiten, modifican o extinguen el dominio de bienes inmuebles, es constitutiva de derechos. Además, que la compraventa de bienes inmuebles se perfeccionará hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En ese tenor, no obstante que la parte quejosa ofreció como prueba para demostrar la adquisición del bien inmueble que pretende defender en esta instancia constitucional, copia certificada del contrato privado de compraventa, el cual fue certificado por el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte; lo cierto es que al no haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Quintana Roo, el citado contrato de compraventa no fue perfeccionado y, por ende, no surte efectos legales. Sobre el tema, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009747 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XXVII.3o. J/13 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , página 1945 Tipo: Jurisprudencia CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA CARENTE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO EN DEFENSA DE SU DERECHO DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De conformidad con los artículos 2548, 2549, 2598, 2228, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, la compraventa se perfecciona y surte plenamente sus efectos, tratándose de bienes inmuebles, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, dados sus efectos constitutivos, para estimar válida tanto la traslación del dominio como la constitución del derecho real de propiedad a favor del comprador, resulta indispensable que se verifique su inscripción. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse inidóneo el contrato de compraventa carente de inscripción registral si a través de dicho documento el quejoso pretende acreditar su interés jurídico al instar el amparo biinstancial en defensa de su derecho de propiedad, aun cuando aquél cuente con fecha cierta, en virtud de actualizarse una hipótesis distinta a la citada inscripción registral ya que, en tal caso, el consabido derecho subjetivo público de propiedad aún no se encuentra constituido, dados los términos en que el legislador local lo dispuso, pues será hasta que se inscriba ante el Registro Público de la Propiedad cuando el pacto volitivo se perfeccione y surta plenamente sus efectos." Luego, dado que en el caso el documento privado no se inscribió en el registro público inmobiliario, se concluye que carece de eficacia probatoria para demostrar el derecho de propiedad que defiende la parte quejosa. No se inadvierte que la parte quejosa exhibió las siguientes pruebas documentales en el presente juicio: Anexos Fojas 1. Fotocopia sin certificar del "escrito inicial" constante de una página, con sello de recibido de diez de junio de dos mil veintiuno, con número de folio 2080 presentado ante la Oficialía de partes común del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 105 2. Original de la constancia de inscripción con número 52292 de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Benito Juárez, Quintana Roo. 106 3. Oficio PJ-CJ-JZ2CCUN-2134/2021 de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo con sello de recibido de dos de septiembre del año en cita. 107 4. Fotocopia con sello original de recibido de dos de septiembre de dos mil veintiuno de la boleta de entrada 1095874 de dos del mes y año en cita. 108 5. Fotocopia con sello original de treinta de junio de dos mil veintiuno, con sello de recibido de dos de julio del año en cita, suscrito por Rubén Héctor Quiroga Elías. 112 y 113 6. Oficio con firmas electrónicas que contiene la transcripción del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en esta ciudad. 114 a 117 Documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º; sin embargo, de dichos documentos no se aprecia que el acto jurídico mediante el cual la parte quejosa se ostenta propietario del bien inmueble que defiende en esta instancia, se encuentre inscrito en el Registro Público, de conformidad con el marco normativo invocado. Asimismo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la prueba instrumental de actuaciones dato alguno que demuestre plenamente el interés jurídico de la parte quejosa, ni tampoco, en términos de los numerales 190 y 218 del código civil federal adjetivo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, opera alguna presunción legal o humana en favor de la parte quejosa. Tampoco se inadvierte que la parte quejosa refiera que promovió un juicio de usucapión ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, bajo el expediente 226/2021 del índice de dicha autoridad y que la demanda que dio origen a dicho juicio, se haya ordenado inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, sin embargo, de las constancias que integran el presente juicio, no se logra advertir que dicho juicio haya sido resuelto y se hayan reconocidos los derechos de la parte quejosa que reclamó en dicho procedimiento, así como que con aquella inscripción se le haya reconocido la titularidad del derecho de propiedad sobre el bien inmueble que defiende. Por tanto, no se comprobó la existencia del derecho de propiedad susceptible de ser protegido jurídicamente en favor del quejoso. En ese orden de ideas, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar de las autoridades Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor y Actuario de su adscripción, los actos precisados en el considerando tercero; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y que por su aplicación relacionada con el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la parte quejosa, debe decirse que no se estudiarán porque de acuerdo con su naturaleza, sólo constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, consecuentemente no es obligación para el suscrito juzgador de amparo entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rubén Héctor Quiroga Elías, por propio derecho, contra los actos reclamados, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada electrónicamente por el quejoso Rubén Héctor Quiroga Elías, a través de la cual, solicita se deje de tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Avenida Las Torres, Paraíso Mágico, interior 15, manzana 17, lote 01, supermanzana 501, Código Postal, 77435, de esta ciudad. Asimismo, la parte promovente señala el usuario "quirogaabogados" a fin de consultar el expediente electrónico y que se realicen las notificaciones vía electrónica a través de ese usuario, al respecto se acuerda: a. Domicilio. Tal y como solicita la parte promovente, se deja de tener como domicilio para oir y recibir notificaciones el que refiere en su ocurso de cuenta. b. Autorización de consulta y notificación vía electrónica. Ahora, respecto al usuario que señala, dígase a la parte quejosa, que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se autorizó la consulta del expediente electrónico, así como se realicen las notificaciones personales por esa misma vía. c. Datos de contacto. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que refiere, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta, signadas electrónicamente por el quejoso Rubén Héctor Quiroga Elías, a través de las cuales, solicita se deje de tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Avenida Las Torres, Paraíso Mágico, interior 15, manzana 17, lote 01, supermanzana 501, Código Postal, 77435, de esta ciudad. Asimismo, la parte promovente señala el usuario "quirogaabogados" a fin de consultar el expediente electrónico y que se realicen las notificaciones vía electrónica a través de ese usuario, al respecto se acuerda: a. Domicilio. Tal y como solicita la parte promovente, se deja de tener como domicilio para oir y recibir notificaciones el que refiere en su ocurso de cuenta. b. Autorización de consulta y notificación vía electrónica. Ahora, respecto al usuario que señala, dígase a la parte quejosa, que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se autorizó la consulta del expediente electrónico, así como se realicen las notificaciones personales por esa misma vía. c. Datos de contacto. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que refiere, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
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