Ruben Guzmán Alemán
Expediente 1214/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ruben Guzmán Alemán
Actuaciones
- Principal
Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Dicho precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En los casos enunciados se presentará lo que la doctrina denomina litispendencia. El término "litispendencia" se define como la existencia de algún otro juicio pendiente de resolver, y se actualiza cuando un juez conoce ya del mismo negocio. De igual forma, la palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que intervienen las partes. En la especie, la parte promovente en su escrito de demanda señaló al Ministerio Público adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de León, Guanajuato, de esta ciudad, como autoridad responsable. Ahora bien, de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que ante este juzgado Federal se tramita la diversa demanda de amparo promovida por la aquí parte quejosa, ********************, la cual se registró bajo el número ******************** contra la misma autoridad y por el mismo acto que reclama en la demanda de amparo de cuenta, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la devolución del vehículo marca ********************, tipo sedán, línea ********************, modelo ********************, color rojo, con número de identificación vehicular ********************, lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sustenta lo anterior la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." En ese orden de ideas, resulta inconcuso que los juicios de amparo ******************** y ********************, se promovieron por el mismo quejoso y por el mismo acto reclamado; en atención a ello, y como el primero de los mencionados se encuentra en trámite, imposibilita abordar de nueva cuenta su estudio, pues de hacerlo así, implicaría que la parte quejosa, pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Lo anterior patentiza que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la constitucionalidad de los actos que reclama el impetrante del amparo, son materia de análisis en el juicio constitucional ********************, del índice de este tribunal, al existir identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia, y de suyo hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitida, con fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. VI. Realización de notificaciones electrónicas, acceso a expediente electrónico, autorizados y datos de localización. Como el promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto y que ameriten notificación personal, al usuario (********************), cuyo nombre de usuario se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2026122, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Asimismo, como lo solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico al usuario que proporciona (********************), toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica y realización de notificaciones electrónicas en el presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. No pasa desapercibido que el ocursante haya señalado un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, al haber señalado expresamente que solicitaba la realización de las notificaciones electrónicas al usuario que proporcionó, de ahí que se da prioridad a su solicitud de realización de notificaciones electrónicas ante la práctica de notificaciones en el domicilio físico señalado en el escrito de cuenta. Sin perjuicio de lo anterior, téngasele señalando como domicilio físico, solo para el caso de que exista alguna imposibilidad de practicar las notificaciones de manera electrónica, el que indica para tal efecto. Asimismo, ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, por contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del aludido numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que menciona, por no contar con dicho registro. De igual forma, se le tiene señalando correo electrónico para cuestiones no procedimentales. En el entendido de que dicho medio podrá utilizarse para cuestiones procesales, en casos de excepción, siempre y cuando exista imposibilidad para entablar comunicación con la parte promovente por los medios tradicionales y en beneficio de la prontitud de la tramitación del presente juicio constitucional; lo que deberá ordenarse al actuario judicial a través del acuerdo correspondiente y en la diligencia respectiva certificarse dicha situación. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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