Rubén Gurrola Rodríguez
Expediente 346/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rubén Gurrola Rodríguez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. EJECUTORIA DE RECURSO QUEJA 113/2021. Agréguese a los autos el testimonio autorizado del recurso de queja 113/2021, proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, enviado vía electrónica; consecuentemente, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad. Por lo que hace a la materia de la queja se resolvió: ... CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el oficio que remite el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las constancias relativas al juicio de amparo 346/2021-7A del índice de este órgano jurisdiccional, formándose el recurso de queja 113/2021. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo que promueve RUBÉN GURROLA RODRÍGUEZ, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 346/2021- 7A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, analizado el libelo constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, toda vez que este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII1 , y 107, fracción IV2 , de la Ley de Amparo, la cual exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Así, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama precisamente: "el acuerdo de fecha 4 de marzo de 2021, notificado en fecha 10 de marzo de 2021, específicamente en donde niega al suscrito el pago retroactivo y la continuación de dicho pago, por concepto de COMPENSACIÓN, dentro del expediente 145/2014-VI". Lo anterior, dentro del procedimiento de ejecución de laudo que se sigue en el mencionado juicio laboral. Esta ponderación se hace en forma integral con el escrito petitorio de amparo, en atención a las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3, cuyo rubro la identifica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora, en los dispositivos invocados, se obtiene que en relación a los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es procedente contra actos de tribunales, administrativos o del trabajo, en los siguientes casos: ? Tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o ? Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. ? Tratándose de remates, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 4, cuyo rubro la identifica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Sin embargo, como excepción a la regla general que contiene la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que no constituyan la última resolución, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, dado que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: 1) El acto infrinja directamente derechos sustantivos y; 2) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Apoya al anterior criterio la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5, del siguiente rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia tiene como propósito evitar que en un abuso del ejercicio del juicio de amparo se entorpezca la ejecución de las sentencias, porque se considera de orden público, y por ende, dicha ejecución no debe ser entorpecida, ni siquiera por la parte que hubiera resultado vencedora en la contienda del juicio que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar, pues así ya ha sido establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 6. Luego, en el caso concreto, si el promovente de amparo reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de exigir a la parte demandada, entre el pago de las prestaciones demandadas, el pago retroactivo y la continuación de dicho pago, por concepto de compensación, es inconcuso que el acto de reclamo no puede ser conceptuado como una determinación en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, o se declare la imposibilidad material o jurídica para d arle cumplimiento, ni tampoco tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión. Máxime que la resolución reclamada en amparo, no afecta de manera directa derechos sustantivos del solicitante de amparo, tales como los que se refieren a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, sino que se trata de cuestiones de carácter intraprocesal o formal, con la posibilidad de reclamar las transgresiones que pudieran haberse cometido en esa resolución, con las demás violaciones cometidas durante el procedimiento al dictarse la última resolución en el mismo, tampoco tiene autonomía propia, ni es independiente del procedimiento de ejecución del laudo, en virtud de que la autoridad señalada como responsable en el juicio de origen, se constriñó a emitir auto de requerimiento de pago, de manera que si dicha resolución no reconoce o aprueba en forma expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no puede catalogarse como la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. También, cobra vigencia la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L sustentada por los Plenos de Circuito, visible en la página 1492, Tomo II, Materia Común, con número de registro 2010430, cuyo rubro es: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Sin que en el caso pueda estimarse que la causal de improcedencia que se invoca no resulta manifiesta e indudable, dado que no existe dato, constancia o manifestación que pueda generar incertidumbre en su actualización, y por el contrario, se advierte de forma patente y absoluta, de manera que de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y para oír y recibir notificaciones, a los profesionistas que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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