Rubén González Velázquez

Expediente 1628/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1628/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
06/12/2017

Partes del expediente

  • Rubén González Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual en atención al proveído de veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 47 y 48), acusa recibo de la copia certificada del expediente laboral 385/2013; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento inserto en el acuerdo de referencia y sin efectos el apercibimiento ahí decretado.

  2. Principal

    III.- De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Por otro lado, en términos del Punto Decimó Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de las personas autorizadas para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. En otro sentido, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Así pues, remítanse al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, las copias certificadas del expediente laboral 385/2013, las cuales obran glosadas en los autos del presente juicio de amparo del folio 22 al 32, previa certificación de desglose que obre en autos, previa certificación de desglose que obre en su lugar. Por tanto, requiérase a la mencionada autoridad para que en el plazo de tres días legalmente computado, remita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    III.- Visto el estado procesal que se guarda en autos, del cual se desprende lo siguiente: Por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por admitida la demanda de la cual se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN: A).-La omisión de acordar dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria a la ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por disposición expresa de su artículo 193, mi solicitud que le presenté por escrito el cinco de octubre de dos mil diecisiete relativa a que emita nuevo auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral 385/20 tramitado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, violando con tal omisión mi derecho fundamental de acceso a la justicia pronta establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin embargo, mediante auto de veintitrés de octubre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, rindiendo informe justificado, al que adjuntó y remitió las copias certificadas del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; en tal virtud, se advierte fehacientemente que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de octubre de dos mil diecisiete), existía la omisión aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó el dieciocho de octubre del cursante, con el dictado del proveído realizado por la responsable en atención a la solicitud del impetrante de amparo, relativa a la solicitud de dar contestación al escrito de cinco de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 385/2013. Lo anterior pone de manifiesta la actualización de la causa de improcedencia plasmada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama un acto de carácter omisivo (no hacer), relativo al dictado de un acuerdo con motivo de una conducta procesal desplegada por el peticionario de amparo en la etapa de ejecución del juicio laboral 385/2013, es decir, dicho acto consiste en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, no acordó dentro del plazo establecido en la legislación aplicable, la promoción que le fue presentada para darle cause a la fase de ejecución del juicio laboral. Luego, del informe rendido por la responsable, se acredita la certeza del acto reclamado, atendiendo a las consideraciones cronológicas siguientes: 1. La promoción de referencia fue acusada de recibo el cinco de octubre de dos mil diecisiete; 2. La demanda de amparo fue promovida el once de octubre del año referido, y; 3. El auto por el que se acordó el contenido de la promoción aludida, fue dictado el dieciocho de octubre del presente año De lo anterior, se verifica que entre la fecha de presentación de la promoción ante el órgano colegiado responsable, y la fecha en que recayó el acuerdo correspondiente, transcurrieron ocho días hábiles, es decir, más de las cuarenta y ocho horas ordenadas en la legislación aplicable para acordar lo conducente respecto de una promoción. En ese tenor, es inconcuso concluir que en un momento histórico determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe justificado se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía al impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano, puesto dieciocho de octubre del cursante, del que se aprecia que acordó lo que en derecho consideró pertinente respecto de la solicitud formulada por el incidentista, ahora quejoso. En ese sentido, si la responsable ya se pronunció sobre la solicitud formulada por el ahora quejoso, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, dictando el acuerdo que en derecho hubiese correspondido respecto de la solicitud que se puso a su consideración. Así pues, se pone de manifiesto que el proveído dictado destruyó todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de dictar el acuerdo conducente, máxime que la pretensión formal del incidentista, ahora quejoso, consistía precisamente en que su petición fuera acordada, situación que ya ocurrió; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición al peticionario para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, dictar el acuerdo relativo a la pretensión planteada. A menor abundancia, siguiendo con el análisis de la causa de improcedencia en estudia, debe precisarse que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Por revocación, cuando la propia autoridad con motivo de una nueva determinación, deja sin efectos el acto reclamado, esto es, destruye de forma total, incondicional y material sus efectos. 2. Por sustitución procesal, cuando los efectos del acto que se combate cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En ese sentido, respecto del acto reclamado; encuadra en el supuesto señalado en el numeral uno, esto es, sus efectos han desaparecido en forma inmediata, por lo que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus garantías. Es aplicable por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia publicada con la clave VI.2o. J/339, en la página 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1994, Tomo LXXXIII, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, cuyo texto y rubro se transcriben a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, cuyo texto y rubro se reproducen a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que podrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, traducido en una omisión de dictar un acuerdo con motivo del cauce procesal del juicio laboral 385/2013, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Apoya en lo conducente, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el diez de noviembre del cursante a las diez horas con quince minutos. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    VII.- to el escrito de cuenta signado por María del Rocío Zamora López, en su carácter de autorizada en términos amplios del tercero interesado Comisariado Ejidal del Ejido de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, Estado de México, mediante el cual solicita copias certificadas de la resolución dictada en el presente sumario constitucional Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar; y, de conformidad con los artículos 278 y 279 de la referida codificación supletoria, expídanse a su costa las copias que solicita en el ocurso que se atiende, previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos.

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