Rubén González Rodríguez
Expediente 1553/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2019
Partes del expediente
- Rubén González Rodríguez
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Río, Querétaro
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, establece a las partes para interponer el recurso de queja en contra del auto en el que se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, , se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... JARM
- Principal
Querétaro, Querétaro, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rubén González Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 107, 108 y 113 de la Ley de Amparo, se ordena que se registre bajo el número 1553/2019-VIII; se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se utiliza y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Ahora bien, atento al escrito de demanda, es menester señalar que el artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, a manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Acto reclamado En ese tenor, en el caso se advierte que la parte promovente del amparo señala como acto reclamado: "La omisión en que incurre la Autoridad responsable al dejar de cumplir los términos procesales a que se encuentra SUJETA PARA DICTAR EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN EN EL JUICIO LABORAL NUMERO 2153/2017/4/1 [.]" De ahí que, este Juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado en el presente asunto no es de imposible reparación. Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone invocar el contenido de los preceptos legales que contienen la causal de improcedencia que se invoca. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." (contrario sensu) De una interpretación integral y en sentido contrario de las disposiciones antes citadas, se concluye que la transgresión al derecho sustantivo de acceso a la justicia que reclama la parte quejosa no puede combatirse de forma autónoma a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, la afectación de la que se duele el quejoso se da en dicho contexto y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a continuar la secuela procesal, pues es claro que el mismo se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) registrada con el número 2011580, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sumado a lo anterior, es menester precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido, siendo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo -, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. En efecto, del relato de antecedentes que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa, al que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se obtiene que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la junta responsable celebró la audiencia de desahogo de pruebas, en la cual, abrió el periodo de alegatos por el término de dos días (veintiséis y veintisiete de septiembre del presente año), sin que a la fecha se a la fecha se haya dictado el cierre de instrucción dentro de los autos del juicio laboral 2153/2017/4/1. De manera, que esa abstención no puede considerarse como de ejecución irreparable, porque no se trata de una "omisión autónoma" al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, lo que revela el carácter adjetivo de la violación alegada, máxime que del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, por lo que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Lo anterior se determina así, pues conforme al criterio jurisprudencial 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, cuando se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del trámite de asuntos en materia laboral, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Tesis de jurisprudencia del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Énfasis añadido). Así, atendiendo a la dificultad de fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un "estándar mínimo objetivo" a fin de ofrecer seguridad jurídica a las partes en el juicio, tratándose de la materia laboral. Por lo cual, la Segunda Sala determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En el caso, el impetrante del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de declarar cerrado el periodo de instrucción dentro del juicio, con posterioridad al veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fecha en que se abrió el periodo de alegatos), en el juicio laboral 2153/2017/4/1; por tanto, se inserta la siguiente tabla ilustrativa a fin de evidenciar el tiempo en que conforme a la Ley Federal de Trabajo se debió emitir tal determinación y el transcurrido desde que concluyó el mismo en relación con la presentación de la demanda: DICTADO DEL ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN Artículo de la Ley Federal de Trabajo[1] Actuación Término para llevar a cabo cada etapa conforme a la L.F.T. Tiempo transcurrido desde el día siguiente en que feneció el término de alegatos, (27/09/2019) y el con el que cuenta la junta para de emitir de oficio el auto de cierre de instrucción (04/10/2019) hasta un día antes de la presentación de la demanda de amparo (13/11/2019). -Caso concreto- Tiempo transcurrido después de fenecido el plazo de alegatos Se apertura la etapa de alegatos. Notificación:1 día. Surte efectos: 1 día. Término para ofrecer alegatos: 2 días. Total días etapa de alegatos: 4 días. Tiempo transcurrido: 40 DÍAS (sin contar el día de la presentación de la demanda). En el entendido que la parte quejosa refiere que el 25 de septiembre de 2019, se ordenó la apertura de alegatos. Ahora bien, de las disposiciones legales a que hace mención la Ley Federal del Trabajo y de las cuales se advierten que los términos que se establecen en la columna anterior, han transcurrido en el presente asunto de la siguiente forma: ALEGATOS: Audiencia de ofrecimiento de pruebas: 25 de septiembre de 2019. Notificación: 26 de septiembre de 2019 (1 día). Surte efectos: 27 de septiembre de 2019 (1 día). Plazo de los dos días para formular alegatos: Del 30 de septiembre y 1 de octubre de 2019 (2 días). CIERRE DE INSTRUCCIÓN: Auto: 2 octubre de 2019 (1 día). Notificación: 3 de octubre de 2019 (1 día). Surte efectos: 4 de octubre de 2019 (1 día). COMIENZA EL COMPUTO DEL TIEMPO QUE SE ESTIMA TRANSCURRIDO: 5 de octubre de dos mil diecinueve. Fecha de presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común: 14 de noviembre de 2019. En el presente asunto, se desprende que ya han transcurrido los 7 días hábiles, que en total contempla la legislación aplicable para el dictado del acuerdo de cierre de instrucción; sin embargo, sólo han transcurrido 40 de los 45 días naturales a que se refiere la jurisprudencia 33/2019, para que sea procedente el amparo indirecto contra la omisión reclamada. Se emite el auto correspondiente para declarar cerrada la instrucción. Auto de cierre de instrucción: 1 día. Notificación:1 día. Surte efectos: 1 día. Total de días para acuerdo de cierre de instrucción: 3 días. Término para dictar el acuerdo de cierre de instrucción: 7 días hábiles De lo anterior, podemos concluir que dentro del juicio laboral 2153/2017/4/1, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se aperturó la etapa de alegatos, acuerdo que le fue notificado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve y surtió efectos el día veintisiete del mismo mes y año en curso, en el cual se les concedió a las partes el término dos días hábiles, (treinta de septiembre y uno de octubre del presente año), debiendo emitir el auto de cierre de instrucción el día dos de octubre, el cual debió haber sido notificado el día tres de octubre, surtiendo efectos el día cuatro del mismo mes y año, según el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de oficio, debió emitir el auto correspondiente para declarar cerrada la instrucción en dicha data; por tanto, se puede advertir que dichos plazos se encuentran vencidos. Sin embargo, en razón de que a la fecha de la presentación de la demanda (catorce de noviembre de dos mil diecinueve), han trascurrido únicamente cuarenta días naturales, lo que queda de manifiesto que aún no han concluido los cuarenta y cinco días naturales a que refiere la jurisprudencia 33/2019 aludida, para que actualice la procedencia del amparo indirecto contra la omisión de emitir tal determinación, por lo que no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, de lo que se deduce que la Junta responsable no ha incurrido en una dilación en el dictado del fallo; por ende, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Rubén González Rodríguez. Vista para omitir datos personales Conforme a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales en el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los numerales citados en el párrafo anterior, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de datos. Autorizados y domicilio. Por otra parte, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, se tiene como autorizados del promovente a Jesús Barrón Hernández y Juan Luis Rodríguez Cruz en los términos del numeral 24 del citado ordenamiento legal, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. Sin que el presente acuerdo, implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa ni trastocar sus derechos fundamentales de equidad procesal, audiencia, acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados por nuestro Alto Tribunal en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal, es con el objeto de otorgarle mayor certeza a los justiciables y permitirles un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a dichos órganos constitucionales. Además, que el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en los artículos 14, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la Primera Sala lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través del proceso en que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Karla Carro Ayala, que autoriza. Doy Fe.
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