Ruben Gonzalez Ramos

Expediente 78/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
78/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Ruben Gonzalez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se sobreseyó el presente juicio constitucional; este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo 78/2020-IV. No son ciertos los actos reclamados atribuidos al Juez Civil del Segundo Distrito Judicial en Matehuala, San Luis Potosí y actuario de su adscripción, ya que no obstante sus manifestaciones, se tiene que los actos reclamados son inexistentes, sin que exista en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa, por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por inexistentes los actos que se reclaman al ENCARGADO DE LA POLICÍA MINISTERIAL y ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, AMBOS CON RESIDENCIA EN MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ, -no obstante que omitieron rendir su informe justificado-, toda vez que la presunción de certeza de los actos que se les reclaman, no opera dado que al ser autoridades ejecutoras no pueden llevar a cabo la ejecución de una orden inexistente, en virtud de que las autoridades ordenadoras, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto del Ramo Mercantil, en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Circunstancia que se corrobora con la constancia que anexó la responsable; documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, según lo reseñado por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. No obstante la certeza del acto reclamado, previamente al estudio del fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Ahora bien, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, de ese ordenamiento legal. Se afirma lo anterior, porque en el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se consagran dos de los principios fundamentales que rigen la materia, consistentes en: instancia de parte agraviada y agravio personal y directo. Conforme al primero de los mencionados, el juicio de amparo nunca puede operar oficiosamente y para su nacimiento es necesario el ejercicio de la acción constitucional del gobernado mediante la cual ataque el acto de autoridad que considere lesivo a sus derechos. De acuerdo con el segundo de los principios, consistente en el agravio personal y directo, se hace referencia a la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente y consista en un afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética. Sin embargo, es preciso acotar que no todo agravio u ofensa producida a un gobernado por una autoridad es susceptible de generar la procedencia del juicio de amparo. Para que proceda la acción constitucional, la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la transgresión. Por otra parte, el agravio es personal porque debe recaer precisamente en la esfera jurídica del quejoso, por lo tanto, todos aquellos daños o perjuicios producidos por una autoridad, que no afecten a una persona concretamente especificada, no pueden reputarse como agravios para efectos del amparo. Además, el agravio debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada o inminentemente futura, lo que se justifica porque el amparo tiene como finalidad la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, de lo contrario, se generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no respecto de actos concretos. Pues bien, como se dijo, la suscrita estima que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, de ese ordenamiento legal, en virtud de que los documentos con los que pretende acreditar su interés la parte quejosa, consistentes en copias fotostáticas certificadas de diversas constancias, por sí mismas, son insuficientes para tal fin. Efectivamente, el quejoso señala que dicha porción de terreno la adquirió por compraventa celebrada con Juan Gutiérrez Martínez, en su carácter de Presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Popular del Altiplano, Asociación Civil y, por ende, tiene la posesión del mismo desde hace más de quince años. Siendo que a fin de acreditar el interés jurídico se tiene que el quejoso exhibió las siguientes documentales: 1.- Copia certificada del contrato privado de compraventa celebrado entre la moral Mercado Popular del Altiplano, A.C., y Rubén González Ramos, respecto de un predio con las siguientes medidas y colindancias: al norte 21 metros y colinda con andador número 9; al sur 21 metros y colinda con andador número 8; al Oriente 6 metros y colinda con andador número 1; y al poniente 6 metros y colinda con andador número 2, de fecha quince de marzo de dos mil dos. Apareciendo que la constancia de cotejo y certificación levantada por el notario público número uno, con ejercicio en el Distrito Judicial de Matehuala, San Luis Potosí, es de fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve; y, 2.- Copia certificada de una carta de pago total de fecha diecisiete de marzo de dos mil tres, relativa al inmueble descrito anteriormente, con relación al contrato de quince de marzo de dos mil dos; signada por el Presidente de la Asociación del Mercado Popular del Altiplano, Asociación Civil. Siendo que la constancia de cotejo y certificación levantada por el notario público número uno, con ejercicio en el Distrito Judicial de Matehuala, San Luis Potosí, es de fecha tres de enero de dos mil veinte. Constancias que si bien merecen valor probatorio pleno, de acuerdo a lo establecido en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por notario público en ejercicio de sus atribuciones legales, lo cierto es que no resultan idóneas para acreditar el interés jurídico del impetrante; puesto que si bien dichos documentos deben considerarse de fecha cierta a partir de la presentación ante el fedatario señalado, lo cierto es que la misma es posterior a la fecha en que se ordenó ejecutar la sentencia, y por ende, la entrega inmediata del inmueble materia del litigio, por lo que no justifican que el quejoso tuviese algún derecho sobre dicho inmueble. Por tanto, resulta evidente que dichas documentales no son idóneas para justificar el interés jurídico del quejoso y, al no haber exhibido diversa prueba que justifique lo anterior durante el trámite del juicio, es evidente que se actualice la causa de improcedencia señalada. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los informes previos de las autoridades responsables ENCARGADO DE LA POLICÍA MINISTERIAL Y ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, AMBOS CON RESIDENCIA EN MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ ni los acuses de recibo de los oficios por los que se les solicitó; en tal virtud, reenvíese la comunicación correspondiente a fin de solicitar el informe de ley a la autoridad responsable. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

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