Rubén González Martínez y Otros.
Expediente 121/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2017
Partes del expediente
- Rubén González Martínez y Otros.
- Rubén González Martínez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de queja el acuerdo que desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "...Ensenada, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por José Eduardo Delgado Guzmán, quien se ostenta como abogado defensor de Adrianna Briscia Vázquez Muñoz, Rubén González Martínez, y Jorge Humberto Castro Martínez, contra actos del Juzgado Único de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, con el número 121/2017. En este contexto, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, estos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Aquí debe precisarse que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados los siguientes: El acuerdo dictado por el Juez natural, el once de octubre de dos dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 370/2013, mediante el cual niega la admisión de la prueba ofrecida por la defensa, consistente en dictamen pericial en materia de sicología, a quien rindió declaración como testigo. La determinación emitida el veinte de enero de dos mil diecisiete, en el toca penal 2398/2016, por la cual la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, confirma la decisión que tomó el Juez Primero Penal, en esta ciudad. En relación al acto de reclamo, por el cual el Juez natural niega la admisión de la prueba ofrecida por la defensa, consistente en dictamen pericial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . ." Dicha causa de improcedencia se actualiza, dado que el acto reclamado referido en líneas precedentes fue recurrido mediante el recurso de apelación, lo que motiva que la determinación tomada por el juez natural, no pueda ser analizada, al haber sido sustituida por la dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Mexicali, Baja California, que también se encuentra señalado como acto reclamado, por lo que por ese acto precede el desechamiento de la demanda, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXI, en Materia Penal, y Común, página, 2434 que establece lo siguiente. "SENTENCIAS PENALES DE PRIMERA INSTANCIA, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS. Procede sobreseer el amparo por cuanto al acto reclamado del Juez de primera instancia, si su sentencia fue sustituida por la de segunda instancia que también se reclama, para todos los efectos, lo cual equivale a que hayan cesado por completo los efectos del acto que de aquella autoridad se reclama, cabiendo dictar el sobreseimiento por encontrarse el caso comprendido en la causa de improcedencia que señala el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 1o. del mismo ordenamiento, aplicada contrario sensu." Por lo que hace al diverso acto reclamado, opera la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado por analogía, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ello es así, pues el acto reclamado no puede ser considerado como un acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que, sólo incide en cuestiones de carácter procesal relacionadas con la negativa de admitir una prueba en el expediente de origen. Se afirma lo anterior, toda vez que, lo reclamado no causa al solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, sino que atiende a aspectos adjetivos ya que tienen como objeto dilucidar cuestiones de carácter meramente procesal. En ese tenor, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo qué actos son considerados como de imposible reparación, bajo los siguientes términos: "(.) Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva (.)" En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para calificar un acto de imposible reparación, éste necesitaba producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por tanto, debe decirse que lo reclamado es un acto intraprocesal relacionado con el desechamiento de un dictamen en materia de sicología que obra agregado a los autos de la causa penal, el que pretende ofrecerse en un incidente que dice la parte quejosa tramitará, lo que no afecta derechos sustantivos, tal y como lo requiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, además que tales actos pudieran quedar subsanados con posterioridad si la resolución definitiva que se dictara en el juicio fuera favorable a sus intereses, y en caso de que fuese adversa, podría plantear, en su oportunidad, tal cuestión como agravio en la vía que corresponda; y para el caso de que subsistiera la afectación podría reclamarla como violación procesal en amparo directo, de ahí que se actualice la causal de improcedencia de referencia. Para llegar a dicha determinación, esto es, que los actos aquí reclamados, no causan un daño irreparable a la parte quejosa, debe precisarse que del contexto de la demanda de amparo se advierte lo siguiente. a).- Que los promoventes, procesados pretendieron ofrecer la ratificación del dictamen en materia de sicología practicado a Ruth Elizabeth Pérez Martínez. b).- Que este ofrecimiento fue desechado por el juez natural y esa determinación, confirmada por la sala superior; y, c).- Que la finalidad de ello era promover un incidente por desechamiento de pruebas ilegalmente obtenidas, lo que aduce pudiera repercutir en las actuaciones de la causa penal de origen. Aunado a lo anterior, debe de indicarse que del Sistema Integral de Expedientes, se colige que los propios quejosos el dos de diciembre de dos mil dieciséis, presentaron diversa demanda de amparo, la que fue registrada en los libros de gobierno de este órgano de control constitucional con el número 542/2016, en la cual ellos manifestaron bajo protesta de decir verdad que en la propia causa penal 370/2013, fue cerrada instrucción, lo que se encuentra precisamente destacado como acto reclamado y motivó el desechamiento de la demanda, que ya causó estado. Apoya lo anterior la tesis aislada (V Región)3o.2 K (10a.), de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, en materia civil, página 2181, cuyo rubro expresa lo siguiente. "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA." Entonces, si es indudable que se cerró instrucción, en la causa penal que originó la pretensión de que le fuera admitido el dictamen pericial en sicología de un testigo, para efectos de obtener la libertad, antes de llegar a una sentencia de fondo, se insiste, resulta improcedente de manera evidente que a través del juicio de amparo sea analizado el que no se admitiera el mencionado dictamen. Debe precisarse al efecto que, el artículo 285, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, establece lo siguiente. "Cierre de instrucción. Si no se hubiere promovido prueba, o si antes de que transcurran los plazos que refiere el primer párrafo del artículo anterior, fueron desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes sin que ninguna de ellas hubiere solicitado el cierre de instrucción, si el Juzgador estima que no existen diligencias por practicar, les dará vista para que dentro de cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurridos estos, si hay oposición de parte se acordará lo procedente, caso contrario se declarará cerrada". Ahora, de la demanda que se analiza se advierte que lo perseguido con el incidente de libertad por desechamiento de pruebas ilegalmente obtenidas que menciona el promovente, y se encuentra relacionado con el desechamiento de la prueba pericial en comento, es obtener la libertad de los procesados; sin embargo, en el caso al encontrarse cerrada la instrucción, se estima que permitir que a ésta altura del proceso se tramitará el incidente citado y éste fuere motivo de análisis en amparo, vulneraría el derecho de una justicia pronta y el respeto a la libertad de las personas, en contravención del artículo 17, de la Constitución General de la República, libertad que pudieran obtener los interesados a través de una sentencia, la cual está por emitirse. Apoya tales afirmaciones la jurisprudencia PC.I.P. J/26 P (10a.), de la Décima Época emitida por los Plenos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en materia penal, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, que establece lo siguiente. "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA EN QUE SE DECLAREN "VISTOS LOS AUTOS" PARA DICTAR SENTENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). El incidente de libertad por desvanecimiento de datos privilegia la celeridad en la determinación de la libertad del acusado, por lo que al tomar en cuenta los plazos legales que pueden mediar entre el cierre de la instrucción y el dictado de la sentencia, es inexacto que solamente pueda promoverse hasta antes del cierre de aquélla; hacerlo así, vulneraría el derecho de una justicia pronta y el respeto a la libertad personal, al introducirse una limitante no prevista en la ley; no obstante, ello no significa que dicha incidencia pueda promoverse en cualquier estado del proceso, ya que pese a que no se especifique de esa forma en el artículo 546 del abrogado Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, se desconocería su naturaleza y se desvirtúa el objeto de la misma, al tener en cuenta que dicho incidente tiene por objeto demostrar que la base del auto de formal prisión o de sujeción a proceso se encuentra destruida; por tanto, la solicitud debe realizarse en cualquier momento del proceso, antes de la celebración de la audiencia en que se declare "vistos los autos" para dictar sentencia." En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. No pasa inadvertido que en materia penal de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, se dará trámite a la demanda solo con la afirmación que efectúe el promovente en el sentido de que representa ante la responsable a los quejosos, ello derivado de que dicha autoridad responsable en el informe justificado expresará si esa persona tiene la personalidad que ostenta. En el caso José Eduardo Delgado Guzmán, manifiesta ser abogado defensor de los procesados, pero se estima innecesario verificar dicha situación, aplicando a contario sensu el mencionado artículo 11 de la Ley de la materia, en virtud de no darse trámite a la demanda que nos ocupa, al haber sido desechado. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado realice las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Se señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en avenida Iturbide número 279, local 4, esquina con calle tercera de la colonia Obrera; y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados Danny Alberto Leyva Meza y Rodrigo Díaz Castro, en virtud de que de la certificación de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como para recibir notificaciones a Amairani Castillo López. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acuerda y firma Jesús Eduardo Medina Martínez, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Irma Beatriz Vidales González, secretaria que autoriza y da fe...."
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