Rubén Gómez Ortíz
Expediente 324/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rubén Gómez Ortíz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que transcribe el diverso acuerdo de presidencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el que se aceptó la competencia declinada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos del párrafo que antecede se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Se hace el conocimiento de las partes, que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 3846, del índice de este Juzgado, por el que se remitió la demanda de amparo directo promovida por Rubén Gómez Ortíz; asimismo, informa que previo a pronunciarse si acepta o no la competencia planteada, requirió de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca, informe de la existencia de la resolución reclamada de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis), dictada en el expediente 142/2014, de su índice, y del estado que guarda ese juicio, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil dieciséis. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo en materia civil promovida por Rubén Gómez Ortíz, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 324/2016. Los actos reclamados se hace consistir literalmente en: "Del Juez Primero de lo Familiar de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, le reclamo: La orden dada fuera de todo procedimiento, por él ordena girar atento oficio a la fuente de trabajo de la hoy tercera interesada como empleada del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y dejar sin efecto la pensión alimenticia provisional decretada a favor del suscrito, contenida dentro de la sentencia de primera instancia dictada con fecha treinta de junio del año en curso, bajo el expediente familiar número 142/2014. (SIC)" Ahora bien, los artículos 34, 47, 107, 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante el juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". Artículo 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". Por su parte el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.)". De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, por tal razón, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, habida cuenta que en el caso se reclama la resolución dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis, en el expediente familiar 142/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca, en la cual se absolvió a la demanda. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso no haya interpuesto el recurso de apelación en contra de dicha sentencia, atento a lo establecido en la Jurisprudencia que en seguida se invoca. Es aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 95, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de Registro: 2008791, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". En consecuencia, es evidente que el citado acto constituye una sentencia definitiva, no obstante que no se haya hecho valer el recurso ordinario procedente, la cual no es competencia de este órgano jurisdiccional, al no estar comprendido dentro de alguna de las hipótesis previstas por el numeral 107 de la ley de la materia; por tanto, previa copia certificada que se deje de la demanda en substitución de la original, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo; remítase el escrito original de la demanda de garantías y tres copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, a fin de que acuerde lo que corresponda, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Gómez Martínez y Juan García Jiménez; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Yesenia del Carmen Gómez Montaño, en virtud de que como se desprende de la certificación secretarial que antecede, no acredita su calidad de licenciado en derecho, por tratarse de un asunto en materia civil, la cual es de estricto derecho; sin perjuicio de que una vez que acrediten tal extremo con prueba idónea, se les tenga autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. II-A
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