Ruben García Reyes

Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
928/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Ruben García Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Francisco Antonio Nieves Reyes, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de diecinueve de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 30/11/26 13:04:59 JUICIO DE AMPARO 928/2022 2 que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el cinco de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo solicitado en el oficio 6714 que contiene el auto de veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, al informar que mediante el diverso oficio 2984 de diez de octubre del año en curso, le requirió a la Fiscal adscrita a ese órgano jurisdiccional el cumplimiento dado al proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, respecto a los actos tendientes a la captura de Edgar Pérez Caberta dentro de la causa penal 1484/2017 y sus acumuladas 2042/2017, 06/2018 y 38/2018 de su índice, mandato que fue reiterado en las fechas que menciona en su oficio de cuenta; por lo que se encuentra en espera de que la Fiscal en comento le dé contestación y una vez que sea así remitirá las constancias correspondientes, de lo cual este juzgado toma conocimiento. Por lo anterior, se tiene a la autoridad responsable informando sobre las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia emitida en este asunto, y respecto de las constancias que menciona en su oficio de cuenta, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se reciban físicamente en este juzgado, mientras tanto se le tiene en vías de cumplir la sentencia de mérito. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19/10/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta presentada por Francisco Antonio Nieves Reyes, quien se ostenta como apoderado y representante legal de Rubén García Reyes; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 928/2022-2, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, respecto de la personalidad con la que se ostenta el promovente, si bien exhibe copia electrónica del acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, en el que obran las firmas electrónicas del Juez y Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a juicio del juzgador es insuficiente para acreditar la personalidad con la que se ostenta en el juicio de amparo que nos ocupa con su carácter de apoderado de Rubén García Reyes. Toda vez que del mismo se observa que únicamente se le tuvo por autorizado en términos amplios de la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, en el juicio de origen. Sin embargo, con independencia de que al haberse firmado la demanda por el autorizado, ello daría lugar a emitir un auto de prevención y, en su caso, a la materialización de una causa de improcedencia, con motivo de la aplicación de la jurisprudencia 108/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005035, de rubro: "AMPARO INDIRECTO 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 2 EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE"; este juzgador estima innecesario que se le requiera para que exhiba el poder idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio, pues a nada práctico conduciría realizar tal requerimiento dadas las razones que enseguida se indican. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 3 ??????????????? 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, el promovente en el apartado de actos reclamados, señala: "[.] Auto de fecha 22 de septiembre de 2022, en el que se inadmite la prueba pericial del documento base de la acción en el juicio." Entonces, en el particular, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de inviabilidad que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos del promovente. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 4 V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiendo estos los que afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos, como la vida, la salud, la libertad, etcétera. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda, se advierte que el promovente reclama el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, en el juicio ejecutivo mercantil 8/2022, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, promovido por Alejandro Pastor Ramírez Hernández, endosatario en procuración de Lessy Meliang Barandica González. Entonces, a criterio de este Juzgador, lo anterior no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y, 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 5 ??????????????? por ende, no se ubica en los supuestos de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, así como tampoco en los de la fracción V, del numeral 107 de la Ley de Amparo, entendiéndose para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en esencia, aquéllos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho fundamental del gobernado que tutelan los derechos humanos que otorga nuestra Carta Magna. Lo anterior es así, porque si el promovente reclama el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la referida prueba pericial, es factible establecer que dicho acto reclamado solo afecta derechos adjetivos o procesales que son susceptibles de repararse en caso de obtener una sentencia favorable en tal procedimiento. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo que el acto reclamado cause al inconforme un agravio directo e inmediato que no pueda repararse en sentencia definitiva, se estima que en el caso no se da tal supuesto. En efecto, la circunstancia que le atribuye a la autoridad responsable consistente en el desechamiento de la prueba pericial ofrecida en el juicio de origen, produce 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 6 efectos intraprocesales, como es el hecho que se continúe el procedimiento en el expediente de origen; circunstancia que en este momento procesal no le irroga agravio alguno, y en caso, que como señala las consecuencias legales de dicha resolución, estriban en el aspecto de que se continuará el procedimiento y, en su oportunidad, se podrá dictar la sentencia definitiva en dicho asunto por parte del juez responsable (salvo que se actualicen causas excepcionales, como la caducidad). No obstante, puede darse el caso de que la parte aquí quejosa obtenga una sentencia favorable, o que llegase a declararse improcedente la acción intentada por la parte actora en dicho procedimiento. Sin embargo, como el quejoso solo combate el desechamiento de la prueba pericial ofrecida en el juicio de origen, es factible considerar que no se está ante la presencia de un acto de ejecución irreparable, ya que, como ya se dijo, si el afectado obtiene sentencia favorable al resolverse el juicio de origen, con ello quedará intacta su esfera jurídica, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio. Razón por la cual se estima que el acto consistente en el desechamiento de la prueba pericial ofrecida en el juicio de origen (en el que no se ha dictado sentencia), no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. Además, por identidad de razón, las jurisprudencias P./J. 37/2014 (10a.) y 1a./J. 94/2008 del Pleno y la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 7 ??????????????? VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Esta jurisprudencia es aplicable al caso, porque la determinación que se le atribuye a la autoridad responsable, no implica que necesariamente dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses de la accionante del amparo. 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 8 De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, el penúltimo interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 9 ??????????????? tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. 10/12/22 11:23:32 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 928/2022 10 AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente al promovente

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