Rubén García Pérez Rul
Expediente 78/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rubén García Pérez Rul
- Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ha causado estado, el proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto de previa mención, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y análisis en coordinación con el titular de este juzgado. En la inteligencia de que una vez analizado el presente asunto se considera que no es de relevancia documental y es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia, al haberse concedido el amparo y protección de la justicia Federal. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin exceso ni defecto. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Rubén García Pérez, mediante el cual refiere su inconformidad con el cumplimiento a la ejecutoria dada por la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, haciendo diversas manifestaciones. En atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que hace en su escrito de cuenta, las cuales una vez que transcurra el término de los tres días que se le concedió en auto de dieciocho de los actuales, se analizará si la autoridad responsable dio o no total cumplimiento a la sentencia dictada por este juzgado en audiencia constitucional de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese por lista.
- Principal
En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a las once horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado Gilberto Estrada Torres, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien actúa en unión del licenciado Santiago Flores Cota, Secretario que autoriza y da fe, procedió a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin la comparecencia de las partes. El Secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentran el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad. Abierto el período de pruebas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda y a su diverso libelo presentado el veinte de febrero del año en curso (fojas 4 a 7, 21 y 22). Abierto el período de alegatos, se aprecia que las partes no expresaron alegación alguna en este asunto. No existiendo pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se pasó a dictar la siguiente resolución: VISTOS; para resolver los presentes autos del juicio de amparo 78/2017-3B, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Rubén García Pérez Rul, mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta localidad, demandó el amparo y la protección de la justicia Federal, contra actos del Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD LA NO CONTESTACIÓN POR ESCRITO EN TIEMPO Y FORMA A LA IMPUGNACIÓN QUE HICE DE LA ACTA DE HECHOS 88591, SIENDO QUE ME HE PRESENTADO VARIAS VECES ANTE DICHA AUTORIDAD, LA ÚLTIMA OCASIÓN EL DÍA 31 DE ENERO DE 2017". SEGUNDO. En proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por presentada la demanda, registrándose con el número de expediente 78/2017-3B, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las once horas del día de hoy, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un Juicio de Garantías, promovido contra un acto de autoridad responsable radicada dentro de la jurisdicción de este Tribunal. SEGUNDO. Es requisito exigible por la ley de la materia precisar lo que constituye el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a efecto de determinar lo pedido por la quejosa y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y las constancias que integran el juicio, tal como lo establece la jurisprudencia número P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Novena Época, abril 2004, página 255, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De acuerdo a la lectura íntegra de la demanda y anexos, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de la autoridad responsable Director de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, en dar contestación por escrito a las solicitudes que le hizo el quejoso mediante escritos presentados en esa dependencia municipal el cuatro y treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, con relación al acta de hechos 88591. TERCERO. La autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado niega la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa pues con su demanda el quejoso exhibió diversas documentales, entre las cuales se encuentran los escritos signados por dicho solicitante, que contienen plasmados sello de recibido de la Dirección General de Seguridad Pública, nombre de las personas que respectivamente los recibieron, así como la hora y fecha de tal recepción, de cuyos contenidos se desprende la solicitud que el peticionario elevó a la dependencia municipal de la cual es titular el ahora responsable; de ahí, que sea procedente desvirtuar la negativa y tener por cierto el acto reclamado. Sirve de sustento a lo determinado, en lo conducente, el criterio visible en la página 7, del Volumen 91-96 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, séptima Época, cuya voz y texto son: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y, por ende de estudio preferente, se procede a determinar si existen causales de improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 61 y 64 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, conforme al diverso 62 de la propia ley de la materia. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra, título y pie, señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, no existe causal de improcedencia propuesta por las partes, y quien resuelve determina que tampoco se advierte alguna que deba estudiarse de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que se procederá enseguida al estudio de los motivos de discrepancia formulados por la parte impetrante de garantías. QUINTO. Es fundado el concepto de violación vertido por el quejoso Rubén García Pérez Rul, suplido en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. En efecto, en el particular el quejoso argumenta conculcación a su derecho humano contenido en el artículo 8° Constitucional. Lo anterior lo afirma, argumentando bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, no ha dado contestación por escrito en tiempo y forma a la impugnación que le hizo del acta de hechos 88591; ello, no obstante que se ha presentado varias veces ante la responsable, por lo que acude a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia Federal, en contra de dichos actos omisivos consistentes en no contestar en tiempo y forma la solicitud que hizo por escrito. Por otra parte, como se estableció con antelación, resulta cierto el reclamo realizado por el quejoso a la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, consistente en la falta de respuesta a las solicitudes que le formuló en los escritos presentados ante dicha autoridad municipal el cuatro y treinta y uno de enero de este año. Es así, pues con las documentales anexas a la demanda, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el quejoso acredita que el cuatro y treinta y uno de enero del presente año, presentó sendos escritos dirigidos al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome, los cuales son del tenor literal siguiente: "ASUNTO: IMPUGNACIÓN ACTA DE HECHOS 88591. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE AHOME. P R E S E N T E RUBÉN GARCÍA PÉREZ RUL MEXICANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARA RECIBIR O ESCUCHAR CUALQUIER NOTIFICACIÓN EL UBICADO EN CALLE CARMEN RODRÍGUEZ DE FIGUEROA 508 SUR JARDINES DE COUNTRY C.P. 81248 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS SINALOA. POR MEDIO ESCRITO DE MANERA RESPETUOSA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENGO A SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ACTA DE HECHOS DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS BASANDO TAL PEDIMENTO EN LOS HECHOS FALSOS PLASMADOS EN TAL DOCUMENTO, PARA LO CUAL LE PIDO OBSERVE QUE LA PLACA QUE ME FUE RETIRADA DEL VEHÍCULO QUE CONDUCÍA ES LA PLACA DELANTERA QUE ARGUMENTA EL OFICIAL ACTUANTE EN DICHO ACTO ES LA QUE SUPUESTAMENTE NO PORTABA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE IR CIRCULANDO EN ZONA URBANA PAVIMENTADA. ACLARO TAMBIÉN QUE DICHO OFICIAL ME DETUVO QUERIENDO HACER UNA REVISIÓN DE DOCUMENTOS SIN EXPLICACIÓN ALGUNA NI HABER COMETIDO NINGUNA INFRACCIÓN QUE ASÍ LO AMERITE AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO. POR LO CUAL SOLICITO LA ENTREGA DE LA PLACA DELANTERA QUE ME FUE RETIRADA INDEBIDAMENTE Y QUE VUELVO A REPETIR ES LA QUE ARGUMENTA EL OFICIAL NO PORTABA EL VEHÍCULO. PROTESTO LO NECESARIO ATENTAMENTE Firma ilegible _______________________ RUBÉN GARCÍA PEREZ RUL" (foja 5). (Al margen inferior derecho contiene sello plasmado con fecha de recepción - 04-enero-2017-, hora y nombre de la persona que recibió). "ASUNTO: IMPUGNACIÓN ACTA DE HECHOS 88591. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE AHOME. P R E S E N T E RUBÉN GARCÍA PÉREZ RUL MEXICANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARA RECIBIR O ESCUCHAR CUALQUIER NOTIFICACIÓN EL UBICADO EN CALLE CARMEN RODRÍGUEZ DE FIGUEROA 508 SUR JARDINES DEL COUNTRY C.P. 81248 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS SINALOA. POR MEDIO ESCRITO DE MANERA RESPETUOSA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENGO A SOLICITAR NUEVAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LA PLACA QUE ME FUE RETIRADA DE MANERA TOTALMENTE ARBITRARIA POR EL ELEMENTO DE TRANSITO QUE FIRMA TAL ACTA. CONSIDERANDO QUE A LA FECHA NO SE HA COMUNICADO POR ESCRITO RESOLUCIÓN ALGUNA AL RESPECTO Y HABERME PRESENTADO EN OTRAS OCASIONES EN TIEMPO Y FORMA EN BUSCA DE UNA RESOLUCIÓN POR ESCRITO DE DICHO TRÁMITE IMPUGNATIVO ME VEO EN LA NECESIDAD DE PEDIR NUEVAMENTE SE ME REGRESE LA PLACA O SE ME INDIQUE EL MOTIVO DE LA OMISIÓN Y TARDANZA DE ATENDER MI SOLICITUD. PROTESTO LO NECESARIO ATENTAMENTE firma ilegible ________________________ RUBÉN GARCÍA PEREZ RUL (foja 6) (Al margen inferior derecho contiene sello plasmado con fecha de recepción - 31-enero-2017-, hora y nombre de la persona que recibió). En ese contexto, ante lo expuesto bajo protesta de decir verdad en la demanda y lo evidenciado con las documentales que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda de garantías, es indudable que se viola en perjuicio del peticionario lo tutelado en el artículo 8º. Constitucional, en virtud de que, en armonía con dicho precepto, es necesario y obligatorio que a toda petición, la autoridad pronuncie un acuerdo con el que emita respuesta a la petitoria del gobernado, a fin de cumplir con el derecho fundamental consagrado en el citado numeral. El numeral en trato dispone: "Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario" (subrayado en negrita es énfasis añadido). Como se ve, el derecho de petición consagrado en el precepto transcrito, de la Carta Magna, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad o instancia a formular una solicitud por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, representado por sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. La existencia de esta prerrogativa como derecho humano, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el cual no está permitido hacerse justicia por propia mano, es decir, substancialmente, el derecho de pedir surge como la potestad de acudir a las autoridades del Estado, competentes, con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les formule. Deriva de lo anterior que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como derecho humano, supone una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de gobierno, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad o instancia competente para contestar lo que el justiciable pide, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir a la vía correspondiente en caso de resultar incongruente o no favorable la respuesta a la petición formulada. En consonancia con el contenido del numeral transcrito y lo expuesto brevemente, se concluye que en el particular la autoridad responsable transgrede el precepto en mención, pues en tratándose del derecho de petición, la autoridad a quien se eleva la petición debe acatar sin excusa lo siguiente: a).- Dictar el acuerdo correspondiente; y, b).- Que se comunique en breve término ese proveído a los interesados conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En ese tenor, si la porción normativa en estudio, prevé que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, lo cual ocurre en el caso, pues la solicitud del quejoso, fue presentada por escrito el cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, y se advierte del contenido de tal solicitud, que se elevó de manera formal y se planteó por escrito; y, luego nuevamente el quejoso presentó ante la hoy responsable diverso escrito en el que otra vez elevó su petición; y como se evidencia de autos, a la fecha no existe constancia alguna que acredite que la autoridad responsable haya dado contestación a la petición que le formuló la parte quejosa, ni aún durante el trámite de ese biinstancial, por tanto, es de concluirse que existe conculcación flagrante de naturaleza omisiva al derecho que tutela el precepto 8°., constitucional y por ello amerita la concesión del amparo. Se cita al respecto, la tesis VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2689, Tomo XXXI, Febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro de localización 165204, cuyo rubro y texto dicen: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso.". No pasa inadvertido para quien resuelve que el solicitante estableció en los escritos comentados, el domicilio en el que se le podía notificar la respuesta de la autoridad, por lo que ahí debía la responsable notificar al promovente, lo cual no aconteció; además, también se atiende que el impetrante en su demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que ha acudido ante la autoridad municipal en busca de una respuesta por escrito, sin obtenerla, lo cual puede corroborarse con la conducta de la responsable relativa a negar la existencia de los actos, que de acuerdo a lo expuesto resultaron ciertos, según se analizó del contenido de las documentales adjuntas a la demanda y respecto de las cuales tampoco se pronunció la responsable durante este biinstancial. En consecuencia, al hacerse manifiesta la violación al artículo 8º Constitucional que consagra el derecho de petición que todo gobernado tiene, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, dentro de la esfera de sus atribuciones, de contestación a los escritos que le presentó el quejoso los días cuatro y treinta y uno de enero de dos mil diecisiete; lo cual tendrá que acreditar inobjetablemente ante esta instancia constitucional, una vez que alcance firmeza la presente sentencia constitucional. En el entendido de que no se constriñe a la autoridad responsable a que la respuesta sea en un determinado sentido en torno a lo peticionado por el quejoso Rubén García Pérez Rul, sino solo a dar respuesta conforme a sus atribuciones al planteamiento contenido en los escritos cuya omisión en contestar es objeto de tutelarse en este sumario constitucional y dar a conocer en breve término la respuesta. Se cita al respecto la tesis XV.3o.38 A, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2519, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 171484, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. SEXTO. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa, no manifestó su inconformidad para que se publiquen sus datos personales en relación con terceros, de conformidad con el artículo 8°., de la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 1º., 3, 5, 6, 7 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida Ley, y del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; por tanto, publíquese íntegramente esta sentencia, así como el nombre y demás datos personales de los solicitantes de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia Federal ampara y protege a Rubén García Pérez Rul, contra los actos y autoridad que se precisan en el resultando primero de esta sentencia, por los fundamentos y argumentos establecidos en el considerando quinto. SEGUNDO.- Como se determinó en el considerando sexto de esta resolución, publíquese íntegramente la presente sentencia, así como los nombres y datos personales de los impetrantes de garantías. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firmó el licenciado Gilberto Estrada Torres, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Santiago Flores Cota, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe. L'Soni@ V.-
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