Ruben Garcia Meneses

Expediente 76/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
76/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Ruben Garcia Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA... ARCHIVESE

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y atento a lo establecido en el oficio STCCNO/72/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, de la determinación de la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se establece que el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, apoyará a este órgano jurisdiccional, en el dictado de la sentencia correspondiente de diversos juicios de amparo. Tomando en consideración que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para la emisión de la sentencia respectiva y que fue seleccionado por medio del Programa de Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, ubicándose dentro de los asuntos referidos en el párrafo que antecede, remítase el mismo por conducto de la Oficina de Correspondencia del citado Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, para los efectos precisados. Ahora bien, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, únicamente con el acuerdo de envío, ello en la inteligencia de que la demanda de garantías fue capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, notifíquese por lista el presente acuerdo con el propósito de hacer lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la que se advierte el actuario asentó los motivos por los cuales no realizó la notificación a la parte quejosa o sus autorizados, del proveído de veintiséis de enero del año en curso; ante tales circunstancias, procédase a notificar a la parte quejosa el proveído de referencia así como las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Notifíquese. Vista la demanda de derechos promovida por RUBÉN GARCÍA MENESES por derecho propio; contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 14 en Pachuca, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 76/2018-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo , procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo ; en el caso, la disposición señalada en último término, expresamente señala como causal de improcedencia, cuando los actos derivan de un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General . En el caso, el acto reclamado, consiste en el acuerdo dictado en audiencia de nueve de enero del año en curso, en los autos del expediente 172/2017-14 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14 con sede en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el que dicho Tribunal resolvió no acordar de conformidad la petición de acusar la rebeldía del demandado Wenceslao Ruiz Galván, al no contestar en tiempo la demanda de nulidad de actas de asamblea. Como antecedente a dicho planteamiento, el aquí amparista, el cuatro de julio de dos mil diecisiete se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria , y al no encontrarse presente el demandado, el asesor jurídico de éste, solicitó término para justificar la causa de fuerza mayor que le impidió acudir a la misma; transcurrido el mismo sin que hubiere acreditado con causa justificada tal inasistencia, en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, el actor (aquí quejoso), solicitó se decretara la rebeldía y consecuentemente, se diera por perdido su derecho para contestar la demanda; recayendo acuerdo en audiencia de nueve de enero de la presente anualidad, en que la aquí responsable negó la petición antes señalada. De ahí que lo reclamado, se trata de un acto que por sus características no es de imposible reparación; esto es, no produce afectación de alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son por ejemplo, la libertad, las propiedades, el derecho de tránsito, la inviolabilidad del domicilio o a la correspondencia, etcétera; sino sólo afectación adjetiva o intraprocesal, que puede quedar subsanada si el aquí amparista obtiene una sentencia favorable a sus intereses, en cuya hipótesis, la afectación reclamada no dejará huella en su esfera jurídica y, en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnarla a través del juicio de amparo directo en contra del fallo que culmine el procedimiento judicial, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 174 de la Ley de Amparo. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Por otro lado, es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por lo tanto, el acto reclamado en el presente juicio no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, por tanto, no es procedente el amparo indirecto. De estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza Constitución 108, cuarto piso, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo y como autorizados únicamente para tales efectos, sin que se les reconozcan las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que se citan, al no contar con el registro de cédula en el sistema correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Vista la demanda de derechos promovida por RUBÉN GARCÍA MENESES por derecho propio; contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 14 en Pachuca, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número 76/2018-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo , procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo ; en el caso, la disposición señalada en último término, expresamente señala como causal de improcedencia, cuando los actos derivan de un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General . En el caso, el acto reclamado, consiste en el acuerdo dictado en audiencia de nueve de enero del año en curso, en los autos del expediente 172/2017-14 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14 con sede en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el que dicho Tribunal resolvió no acordar de conformidad la petición de acusar la rebeldía del demandado Wenceslao Ruiz Galván, al no contestar en tiempo la demanda de nulidad de actas de asamblea. Como antecedente a dicho planteamiento, el aquí amparista, el cuatro de julio de dos mil diecisiete se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria , y al no encontrarse presente el demandado, el asesor jurídico de éste, solicitó término para justificar la causa de fuerza mayor que le impidió acudir a la misma; transcurrido el mismo sin que hubiere acreditado con causa justificada tal inasistencia, en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, el actor (aquí quejoso), solicitó se decretara la rebeldía y consecuentemente, se diera por perdido su derecho para contestar la demanda; recayendo acuerdo en audiencia de nueve de enero de la presente anualidad, en que la aquí responsable negó la petición antes señalada. De ahí que lo reclamado, se trata de un acto que por sus características no es de imposible reparación; esto es, no produce afectación de alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son por ejemplo, la libertad, las propiedades, el derecho de tránsito, la inviolabilidad del domicilio o a la correspondencia, etcétera; sino sólo afectación adjetiva o intraprocesal, que puede quedar subsanada si el aquí amparista obtiene una sentencia favorable a sus intereses, en cuya hipótesis, la afectación reclamada no dejará huella en su esfera jurídica y, en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnarla a través del juicio de amparo directo en contra del fallo que culmine el procedimiento judicial, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 174 de la Ley de Amparo. Así las cosas, el acto reclamado no es un acto dictado dentro del juicio que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales sin que la misma traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Por otro lado, es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. En síntesis, los actos dentro de juicio son de imposible reparación en los supuestos siguientes: a) Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de los derechos fundamentales de que se trate. b) Complementario de lo anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por lo tanto, el acto reclamado en el presente juicio no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, por tanto, no es procedente el amparo indirecto. De estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza Constitución 108, cuarto piso, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo y como autorizados únicamente para tales efectos, sin que se les reconozcan las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que se citan, al no contar con el registro de cédula en el sistema correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano