Rubén García Martínez y Otros.
Expediente 38/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/09/2023
Partes del expediente
- Rubén García Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de treinta y uno de agosto de esta anualidad, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Rubén García Martínez y otros. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, ni a la parte tercera interesada, Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Chico, Chiapas, para los efectos del recurso de revisión condigno, toda vez que, por cuanto a la primera, carece de legitimación para recurrir la sentencia, y la segunda, dado que el sentido de la sentencia pronunciada (no ampara) se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de conservación, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo dispone el numeral 17 del citado cuerpo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 17, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la transferencia para la conservación del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que el (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado copias certificadas del expediente 1027/2020 antes 143/E/2011, de su índice, constante en DOS TOMOS; en tal virtud, devuélvase a su lugar de origen. Sin que sea necesario acusar de recibo de dichas constancias, ya que se tratan de reproducciones de su original. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, hora y día programados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 38/2023-VII, promovido por ********************; se levanta la presente acta, al estar en audiencia pública María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. La Secretaria encargada del despacho declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto de desechamiento. 3 Ejecutoria referente al recurso de queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, dictada el cinco de julio de dos mil veintitrés. 4 Auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por recibida la ejecutoria de referencia, y en acatamiento a sus efectos, se admitió a trámite la demanda de amparo. 5 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 6 Emplazamiento a la autoridad responsable. 7 Emplazamiento a la parte tercera interesada. 8 Informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: Autoridad responsable Sentido Auto (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Es cierto 17/08/2023 La Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Parte Pruebas Auto (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas. (a) Copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral ********************(antes ********************), de su índice. 17/08/2023 La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica; por lo que se da por concluida esta fase. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se declara precluido su derecho para tal efecto; sin más, se cierra esta etapa. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que no existe diligencia pendiente de desahogar; por lo que, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos; para resolver el juicio de amparo número 38/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: I. De la demanda. ********************, mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, según la boleta 20231581031900085 de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. II. Radicación y desechamiento. Por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 38/2023-VII; misma que se desechó, por estimarse actualizada en forma manifiesta e indudable, causa de improcedencia relacionada con el acto reclamado. III. Recurso de queja. Inconforme con la determinación dictada por este órgano jurisdiccional, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, y en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, ********************, en su carácter de autorizado en términos amplios de los impetrantes del amparo, interpuso recurso de queja en contra auto de desechamiento de referencia. IV. Trámite del medio de impugnación. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar trámite al medio recursivo hecho valer por la parte quejosa; asimismo, mediante oficio 21/2023, se remitió el original del aludido ocurso y anexos, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para su substanciación y resolución; mismo que quedó registrado bajo el número ********************, de su índice. V. Ejecutoria. Mediante ejecutoria referente al recurso de queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado en cita, dictada el cinco de julio de dos mil veintitrés, la que la Superioridad resolvió fundado el recurso de queja interpuesto por los accionantes de los derechos fundamentales; por lo que, ordenó revocar el auto de desechamiento emitido en el presente asunto, y proveer lo conducente en torno a la demanda de amparo. VI. Trámite del juicio de amparo. En actuación de veinte de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de referencia; y en acatamiento a sus efectos, se admitió a trámite la demanda de amparo intentada por ********************; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertidos de la demanda de amparo. Así, del análisis integral al libelo inicial, se advierte que la parte promovente reclama lo siguiente: Autoridad Responsable: (1) Juzgado Segundo Especializado en materia Burocrática del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado: (a) El acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************(antes ********************), del índice de la autoridad responsable, en donde se negó la petición, para que por conducto de la responsable, solicitara al Congreso del Estado, autorizara al Ayuntamiento demandado, la transferencia de los Recursos del Fondo General de Participaciones del Fondo del Fomento Municipal y de los Recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, para cumplir con la deuda contraída. TERCERO: Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto precisado en el inciso (a) del considerando segundo, reclamado al (1) Juzgado Segundo Especializado en materia Burocrática del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el medio de convicción remitido en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente ********************(antes ********************); de su estadística; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Circunstancias anteriores, permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procedentes. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. QUINTO. Análisis de fondo. Resulta infundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, aun en la suplencia la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, es pertinente señalar que no es necesario transcribir los conceptos de violación esgrimidos, pues no existe precepto legal que obligue a ello; además, tal circunstancia no deja en estado de indefensión a los accionantes de los derechos fundamentales, al no privarles de la oportunidad para recurrir esta sentencia y alegar lo que estimare pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad; sin que lo anterior implique la libertad jurisdiccional para realizarlo. Ahora bien, los quejosos en una primera parte de su único concepto de violación aducen que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto debido a que no fundó ni motivo el acuerdo por el cual negó su petición de solicitar al Congreso del Estado de Chiapas, la autorización a la parte demandada para disponer de los recursos que se le transfieren del Fondo General de Participaciones y de los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal. Los anteriores argumentos, como se adelantó, son infundados. Calificativa que se otorga debido a que del análisis de la parte considerativa del acto reclamado, se advierte que el Juzgado responsable resolvió el procedimiento laboral, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto, como son, los numerales 4-A, fracción I y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios; aunado que expuso los razonamientos jurídicos en los que se basó para estimar improcedente la pretensión de la parte obrera las pretensiones; y, concluyó en negar lo requerido. Así, bajo esas circunstancias, resolvió de la manera siguiente: "[.] Igualmente, no ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado por la apoderada legal de la parte actora, en su escrito fechado el siete del actual, por el cual solicita que este Juzgado procesa a realizar la petición correspondiente ante el Congreso del Estado, para que autorice el Ayuntamiento demandado, disponer de un veinticinco por ciento de los recursos que se le transfieren del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y los recursos que refiere el artículo 4-A, Fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal; en virtud, que no es una situación que esté a la potestad de esta autoridad, ya que la parte que interesa el numeral 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, refiere como requisito indispensable que los Ayuntamientos podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o aportaciones susceptible de afectación, como es el Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y los recursos a los que refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley en comento y después someterlo al imperio de la Legislación Local para su autorización; por ello, la obligatoriedad recae exclusivamente en el municipio; es decir, de la parte demandada y no de esta autoridad; de ahí, que exista ese impedimento legal para que esta autoridad proceda de acuerdo a la solicitud que plantea el apoderado legal de la parte actora [.]" (sic) En ese sentido, resulta evidente que la autoridad responsable satisfizo los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el párrafo primero del artículo 16 constitucional. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, en una segunda parte de su motivo de disenso, los peticionarios de la protección constitucional arguyen que es obligación de las autoridades, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el privilegiar la solución de los conflictos y que al no acordar favorable su petición de siete de diciembre de dos mil veintidós, resulta incongruente con el contenido del artículo 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, debido a que la responsable cuenta con la facultad de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir sus laudos. Por lo anterior, a decir de los promoventes, el juzgado, ante la omisión de la municipalidad demandada de solicitar a la legislatura local la autorización de disponer del veinticinco por ciento de los recursos que se le transfieren por concepto de Fondo General de Participaciones y del Fondo del Fomento Municipal y demás recursos a que refiere el artículo 4-A, fracción I, párrafo segundo y 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, se encontraba facultado para exigir directamente al Congreso del Estado la afectación de los citados fondos. Y que en ejercicio de las facultades del artículo 164 Burocrática Estatal, ante la conducta contumaz del ayuntamiento reo, se sustituyera a la demandada y realizara la solicitud de afectación a los fondos municipales previamente señalados. Finalmente, sin que lo anterior constituya una transgresión al contenido de los preceptos 115 y 126 de la Constitución Federal; es decir, que en ejercicio de la atribución materia de la solicitud de origen, el Juzgado responsable vulnere en forma alguna la soberanía municipal; argumento que refiere, encuentra sustento en la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 101/2020. Los resumidos conceptos de violación resultan infundados. En efecto, sustancialmente los quejosos consideran que el (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, actúo en contra de lo establecido en el artículo 164 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, ya que, a su consideración se encontraba facultado, en aras del artículo 17 Constitucional, con el fin último de solucionar el conflicto obrero patronal, de solicitar directamente al Congreso del Estado de Chiapas la afectación de diversos fondos que recibe la municipalidad demanda para dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio. Para dilucidar el tema es necesario traer a colación lo que establece el artículo 164 de la Ley Burocrática Estatal, que es del tenor siguiente: "Artículo 164.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictara todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la presente ley y las que a su juicio sean procedentes." En ese sentido, de la transcripción anterior se desprende que, como bien aducen los quejosos, los jueces en materia en burocrática tienen facultades, amplias. Sin embargo, en el caso no estamos ante una situación en la que el Juzgado responsable tenga una actividad pasiva para con el cumplimiento del laudo emitido en el controvertido de origen, debido a que de las constancias de autos, así como con los antecedentes del acto reclamado, que fueron expresados por los inconformes, se advierte que con su actuar ha tratado de culminar el expediente laboral. Ahora bien, si bien es cierto que son los Ayuntamientos representados por los Presidentes Municipales quienes en conjunto con los Tesoreros, están facultados para, entre otras atribuciones y en el ámbito de sus competencias, programar y presupuestar los egresos públicos municipales; formular, integrar, aprobar y publicar un presupuesto de egresos en ese ámbito de gobierno, aprobando las partidas necesarias para solventar las obligaciones del Municipio que corresponda. Empero, también es cierto, como acertadamente lo consideró el (1) Juzgado responsable, que para lograr la ejecución del laudo a favor del trabajador, al ser la demandada una Entidad Municipal que recibe participaciones federales, mismas que son inembargables y que no pueden ser destinadas a un fin específico, deberá atenderse el contenido del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 9°.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este artículo. No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo autorice." Del artículo transcrito se advierte que las participaciones que corresponden a las Entidades y los Municipios son inembargables y no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo las correspondientes a: El Fondo General de Participaciones, El Fondo de Fomento Municipal y Los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal. Participaciones que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, siempre y cuando concurran las siguientes condiciones: Que sea con autorización de las legislaturas locales; y, Estén inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Ahora bien, el requisito señalado con en el inciso b), tiene a su vez diversos tópicos establecidos en los artículos 34 y 36 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios indispensables para que los ayuntamientos puedan adherirse al mecanismo de contratación de Estatal Garantizada, entendiéndose esta como el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de la citada Ley; que deben ser cubiertos para estar en condiciones de poder determinar la afectación a las partidas presupuestales que los quejosos solicitaron su gravamen, a decir: Que hayan celebrado convenio con la Secretaría de hacienda y, Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la Secretaría. Que la autorización para celebrar convenios, debe ser emitida por las legislaturas locales y publicados en el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial Estatal. Sobre ese marco legal, es de concluirse que, como correctamente lo determinó la autoridad responsable, no obstante que se encuentra facultado en términos del artículo 164 de la Ley de su materia, resultó improcedente la solicitud de los quejosos, esto porque, de ninguna manera puede sustituirse a alguna de las partes en el litigio, ya que de ser así se trataría de un sistema inquisidor, en donde el órgano jurisdiccional perdiera su imparcialidad, se dice esto, debido a que la facultad de iniciar la afectación de las partidas presupuestales a que refieren los artículo 4-A inciso i), segundo párrafo y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde a los ayuntamientos peticionarlo, esto porque solo ellos saben la sanidad de sus arcas municipales, por ende, no resulta legal que el propio juzgado burocrático inste al poder legislativo para la citada solicitud. Más aún que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, y que los quejosos tampoco allegaron al presente juicio medios de convicción que demuestren que, el ayuntamiento para afrontar los diversos compromisos financieros, por la actividad desarrollada, haya celebrado convenio con la Secretaria de Hacienda, para que, como en el caso en estudio, pudiera hacer pago del laudo emitido en el expediente laboral ********************(antes ********************), habida cuenta que resulta ser el primer requisito para iniciar la afectación de los fondos con los que pretendían los quejosos se cubriera el adeudo que se tiene para con ellos. Por lo que, el acto reclamado no vulneró los derechos fundamentales de los quejosos, debido a que fue correcto el actuar del juzgado burocrático al negarse a solicitar directamente a la legislatura local la autorización para la afectación a los fondos que señala el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, máxime que no contaba con elementos que demuestren que se hubiera el iniciado el procedimiento a que refiere el artículo 36 de la Ley de Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del Gobierno Federal, debido a que se trata de un mecanismo complejo legalmente regulado con la finalidad de tener las finanzas municipales, estatales y federales limpias y no un solo acto que permita indiscriminadamente el uso de los recursos debidamente etiquetados, en la medida que la afectación presupuestal es un caso de excepción y no la regla, ya que de ser así, los ayuntamientos y los estados pudieran contraer incluso deudas inexistentes con perjuicio de la colectividad. Finalmente, no se soslaya el argumento vertido por los accionantes de los derechos fundamentales, consistente en que, el Juzgado responsable se encuentra facultado para atender en sentido positivo la solicitud primigenia, dado que con su ejercicio, no se vulnera la soberanía de la municipalidad; planteamiento que aduce, se encuentra sustentado en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución 101/2020. Sin embargo, en el caso en análisis, no se actualiza la hipótesis normativa objeto de estudio por parte del Alto Tribunal, dentro del precedente en cita; es así, ya que si bien, la Superioridad determinó que, resulta factible efectuar la modificación del presupuesto de egresos a fin de que los Municipios puedan hacer frente a sus pasivos, sin que se vulnere el artículo 126 de la Constitución Federal; no menos cierto es, que la ordenanza corresponde a una situación extraordinaria, es decir, atiende a un estado procesal complejo en donde, se han agotado los mecanismos permitidos por la normatividad, con la finalidad de lograr el acatamiento de una determinación que impone una obligación (de pago), a la municipalidad; de ahí que, como se adelantó, se estime correcta la decisión del Juzgado responsable. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación, en sus diversas porciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a 1.- ********************2.- ********************3.- ********************4.- ********************5.- ********************6.- ********************7.- ********************8.- ********************9.- ********************10.- ********************11.- ********************12.- ********************13.- ********************14.- ********************15.- ********************16.- ********************17.- ********************18.- ********************19.- ********************20.- ********************21.- ********************. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena a la secretaria que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a 1.- ********************2.- ********************3.- ********************4.- ********************5.- ********************6.- ********************7.- ********************8.- ********************9.- ********************10.- ********************11.- ********************12.- ********************13.- ********************14.- ********************15.- ********************16.- ********************17.- ********************18.- ********************19.- ********************20.- ********************21.- ********************, contra el acto precisado en el inciso (a), reclamado a la autoridad indicada con el ordinal (2), del considerando segundo; por las razones expuestas en el diverso quinto de este fallo. SEGUNDO: La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. La suscrita licenciada Maritza Rosado Abadía; certifica y hace constar que atendiendo a lo que establece el artículo 26 Bis, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la hora de la evidencia criptográfica, no coincide con la hora del cierre de la audiencia, debido a las cargas de trabajo del presente juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; y que entre hoy y la fecha de notificación a las partes, respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Estado de Chiapas, aún no comienza a transcurrir el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al efecto, se acuerda: En consecuencia, para dar margen a lo anterior, y estar en posibilidad de integrar debidamente el presente asunto así como no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta signado por el (1) Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez de Primera Instancia por Ministerio de Ley Adscrito al Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; además, remite constancias en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la ley de la materia, téngase por rendido el mismo. Relaciónese en la audiencia constitucional. Por otro lado, tocante a las constancias adjuntas al informe de las oficiantes, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite como prueba de la responsable de mérito, la documental exhibida; las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica; las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente. Tomando en consideración el volumen de la prueba documental, para su mejor manejo se ordena abrir por separado el cuaderno auxiliar de constancias (DOS TOMOS), respetándose el folio, sello y rubrica de los mismos; los cuales quedan en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. Con el contenido del mismo y constancias, DÉSE VISTA a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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