Rubén García Capilla

Expediente 546/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
546/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Rubén García Capilla

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibidos los oficios que remiten las autoridades responsables Titular de la Unidad de Atención de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y Jefe del Departamento de Coordinación Jurídica, de Restitución, Protección y Supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales en atención al requerimiento formulado en autos refieren que quien emitió la medida de protección de los menores víctimas dentro de la carpeta de investigación carpeta de investigación MOR/0053/28283/2022, lo fue Luis Miguel Vázquez Mora, Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de dicha Fiscalía, por lo que refieren que dicha autoridad es quien está facultada para remitir lo requerido por este juzgado. Por lo anterior, téngaseles dando cumplimiento con el requerimiento formulado en autos. Por otra parte, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de cumplimiento a la suspensión de plano que rinde el Coordinador General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dentro del juicio de amparo 546/2022, se tienen los mismos actos reclamados y autoridades responsables a los que se señalan en la demanda 545/2022, en que se actúa. Por lo anterior, dado que existe conexidad entre el sumario 546/2022 y el juicio de amparo en que se actúa 545/2022 promovidos por Rubén García Capilla a favor del menor Andrés Yovani López López y a su vez el diverso promovido por Rubén García Capilla, a favor de los menores Jesús Yovani Félix Morales y Carlos Raúl Vázquez Morales, respectivamente, ya que en ambos se advierte que los menores quejosos tienen el carácter de víctimas dentro de la causa penal 482/2022, derivada de la carpeta de investigación MOR/0053/28283/2022, del hecho que la ley señala como delito de trata de personas, y que los mismos fueron puestos a resguardo del Sistema DIF Michoacán, de acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; en tal virtud, atentos a la naturaleza de la conexidad se vuelve necesario tramitar como un sólo asunto los juicios referidos. Lo anterior, no obstante que la Ley de Amparo no prevé procedimiento específico para la acumulación de autos, atendiendo al principio de economía procesal que establece el artículo 17 Constitucional, a fin de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias y a lo establecido en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, que dispone en lo que interesa, que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Por tanto, de oficio, se decreta la acumulación del juicio de amparo 546/2022, al diverso 545/2022, en que se actúa por ser el que fue recibido en primer término, por lo que deberá integrarse en un sólo expediente. En tal virtud, resulta innecesario fijar hora y fecha para audiencia de alegatos, pues la acumulación se decreta de oficio por tratarse de asuntos tramitados en este juzgado, lo cual constituye una facultad que se ejerce unilateralmente por el juzgador, con potestad plena y sin tramitación alguna, lo cual implica que al decretarse de plano no requiere de substanciar un incidente de acumulación. Máxime que la acumulación no afecta los derechos procesales de las partes, por el contrario, cumple con el principio de economía procesal y persigue evitar el dictado de sentencias contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Asimismo, resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia 51/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Atento lo anterior, se ordena continuar con el trámite del juicio de amparo 546/2022, en el juicio 545/2022. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de cumplimiento a la suspensión de plano que rinden las siguientes autoridades: 1. Director de Policía de Investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Libertad de Expresión; 2. Titular de la Unidad de Atención de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión; 3. Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión; 4. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto; y, 5. Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán. Todas las autoridades con residencia en esta ciudad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, del informe rendido por el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, se advierte que en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del expediente administrativo PPNNA/54/2022 que lleva la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, en la cual obran los razonamientos por los cuales el menor y/o adolescente de identidad reservada, está bajo acogimiento del Sistema DIF Michoacán. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado C, fracción V, 109°, fracción XXVI del Código Nacional de Procedimientos Penales, 65°, fracción lll, 66°, fracción Vlll, 68°, fracción lll de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y demás aplicables, se ordena el resguardo de dicha información en la secretaría de este juzgado a cargo del expediente en que se actúa, con la finalidad de salvaguardar la identidad y seguridad del menor en cuestión y de otros que en el mismo se establecen, de conformidad con el artículo 15° del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con la protección de datos personales, lo cual es un derecho de éste, que debe ser protegido por todas las autoridades del estado mexicano. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Asesora Jurídica adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de los actuales, informa que el menor de iniciales A. Y. L. L., entiende el idioma español. En esa virtud, de conformidad con el artículo 8° de la Ley de Amparo, 62, fracción ll, 65°, fracción lll, 69° de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el artículo 4, fracción II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública y 29, fracción III, inciso d) de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante atento oficio con copia de la demanda, solicítese al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, designe a un asesor jurídico que pueda fungir dentro del presente juicio como representante especial del menor quejoso o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; asimismo, para que informe al asesor jurídico designado que dentro del mismo plazo, deberá aceptar y protestar el cargo conferido. Finalmente, de conformidad con los numerales de los ordenamientos jurídicos citados con antelación, se ordena el sigilo del expediente en que se actúa, ello atendiendo a la naturaleza materia del mismo, así como la protección y salvaguarda del interés superior del menor aquí quejoso. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento realizado dentro del presente juicio informa que requirió a la parte quejosa para que le proporcione nuevos domicilios en los cuales pueda emplazar a los demandados y estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro de la presente causa. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cita en vías de cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de diez días, computado legalmente cumpla cabalmente con la sentencia de referencia, esto es: a) Provea y agote todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique el emplazamiento de todas las partes; b) Señale hora y fecha en los términos que fija la ley de la materia para la celebración de la audiencia inicial; y, c) En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida sino hasta que la junta responsable celebre en sus términos la audiencia inicial, de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones. Lo anterior, apercibido que en caso de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Finalmente, para el caso de que al actuario de este juzgado no le sea posible entregar el oficio relativo al presente auto, con motivo de que la autoridad respectiva se encuentre en periodo de suspensión con motivo de la contingencia sanitaria que vive el país, se le comisiona para que quede bajo su resguardo y una vez que reanude labores realice su entrega. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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