Ruben Garcia Ayala
Expediente 346/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ruben Garcia Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 37 a 40), misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades responsables 1. Jueza de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González) y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la 1. Jueza de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González), en apoyo a su informe justificado consistente en un disco versátil digital (DVD), relativo a la causa penal 45/2019/TEZIUTLAN de su estadística (mismo que obra en sobre cerrado agregado al presente expediente a foja cincuenta y siete), se ordena devolver dicho documento a la autoridad citada; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la razón asentada por el Actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte su imposibilidad para notificar al quejoso Rubén García Ayala en el domicilio que señaló en su escrito de demanda para tal efecto, el auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 43), toda vez que al constituirse en la avenida del Popocatépetl, número treinta, colonia Arboledas de Guadalupe (sección Fuentes), de la ciudad de Puebla, una persona del sexo masculino le manifestó que: "Tocante a la persona requerida expresa que fue su cliente, sin embargo, actualmente ya no lo patrocina, por tanto, a efecto de no incurrir en alguna responsabilidad, no recibe la notificación en comento. Además, desconoce el domicilio particular de quien fuera su asesorado"; de lo que esta autoridad Federal toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, el proveído de veintinueve de abril del año en curso, y las subsecuentes notificaciones por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 29 DE ABRIL DE 2019 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Rubén García Ayala, a través del cual exhibe el billete de depósito N 841579, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), para "garantizar que no me sustraiga de la acción de la justicia dentro del expediente no. 346/2019-B". Sin embargo, de autos se advierte que el veintiséis de abril pasado (fojas 34 a 37), se resolvió la presente incidencia, negándose la suspensión definitiva solicitada por inexistencia de los actos reclamados; por lo que la suspensión (provisional) para la cual fue exhibida la garantía, ya fue sustituida procesalmente. En consecuencia, no se tiene por exhibida la citada garantía y, se ordena devolver al peticionario de amparo, el billete de depósito N 841579, por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida, debidamente endosado a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Asimismo, guárdese el billete de depósito en el seguro del juzgado y regístrese bajo el número que le corresponda en el libro respectivo, por lo que para facilitar el manejo del expediente, agréguese copia fotostática simple del citado billete con la leyenda "fotocopia sin valor".
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rubén García Ayala, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Rubén García Ayala, a través del cual exhibe el billete de depósito N 841579, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), para "garantizar que no me sustraiga de la acción de la justicia dentro del expediente no. 346/2019-B". Sin embargo, de autos se advierte que el veintiséis de abril pasado (fojas 34 a 37), se resolvió la presente incidencia, negándose la suspensión definitiva solicitada por inexistencia de los actos reclamados; por lo que la suspensión (provisional) para la cual fue exhibida la garantía, ya fue sustituida procesalmente. En consecuencia, no se tiene por exhibida la citada garantía y, se ordena devolver al peticionario de amparo, el billete de depósito N 841579, por la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida, debidamente endosado a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo. En el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Asimismo, guárdese el billete de depósito en el seguro del juzgado y regístrese bajo el número que le corresponda en el libro respectivo, por lo que para facilitar el manejo del expediente, agréguese copia fotostática simple del citado billete con la leyenda "fotocopia sin valor".
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