Rubén Fuentes Domínguez

Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
223/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Rubén Fuentes Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del diecisiete de agosto pasado, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, quien se ostentó como defensor particular de *****. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que se resulte procedente ordenar la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación inicial se advierte que la parte quejosa no las exhibió. Notifíquese por lista electrónica y vía electrónica a la parte quejosa.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leya, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, quien se ostenta como defensor particular de ^*****, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, adscrita al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 223/2022-I. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Para afirmarlo, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto del veintidós de julio de dos mil veintidós, emitido en la carpeta judicial *****, en la que negó la petición de la defensa consistente en señalar audiencia para debatir la reapertura de la investigación complementaria. Ahora, del concepto de violación del impetrante de mérito se colige que dicha petición surgió debido a que la defensa anterior del quejoso no ofreció ningún medio de prueba ni efectuó acto de investigación alguno en la etapa correspondiente. En esas condiciones, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Bajo esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, en tanto que no incide de modo directo en la esfera jurídica de derechos sustantivos del quejoso. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, habida cuenta que la negativa de la responsable respecto a señalar audiencia para debatir la reapertura de la investigación complementaria, deriva de que la defensa anterior del quejoso no ofreció ningún medio de prueba ni efectuó acto de investigación alguno en la etapa correspondiente. Dicho en otras palabras, se busca la reposición parcial del plazo de investigación complementaria a fin de ofertar medios de prueba. Empero, lo relevante del caso radica en la circunstancia de que dicha situación jurídica tiene que ver únicamente con una cuestión instrumental (adjetiva), que se encuentra relacionada con la ampliación del plazo del cierre de la investigación complementaria; misma que, de proceder en los términos propuestos por la parte quejosa, indudablemente conllevaría la violación de una etapa del proceso penal acusatorio. Ciertamente, a fin de sustentar la afirmación efectuada, es menester explicar que el procedimiento penal acusatorio se conforma por distintas etapas, las cuales tienen objetivos propios y diferentes a las demás. En la investigación se pretende reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; en la etapa intermedia se ofertan y admiten los medios de prueba, asimismo se efectúa la depuración de los hechos; finalmente, en la etapa de juicio se busca decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De lo que se sigue, que las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento oral acusatorio; ello, porque de no ser así, se trastocaría el curso regular del proceso. Por tanto, en el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. Ahora, si en este asunto, se tilda de inconstitucional la determinación mediante la cual se negó la petición de la defensa del quejoso consistente en señalar audiencia para debatir la reapertura de la investigación complementaria, es indudable que únicamente origina consecuencias de índole procesal, toda vez que no genera una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa porque no se impide el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; motivo por el cual es improcedente el juicio de amparo indirecto. Siendo aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en la página 3502, tomo IV, octubre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. En otro orden de ideas, vista la certificación inicial, se tiene por autorizado el usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico y para recibir notificaciones, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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