Ruben Felipe de Jesus Osorio Paredes

Expediente 799/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
799/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Ruben Felipe de Jesus Osorio Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE trece de junio de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Rubén Felipe de Jesús Osorio Paredes, quien se ostenta endosatario en procuración de Marco Antonio Marrufo Borges, en contra de los actos que reclama del Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en lo siguiente: La omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública, para la entrega del predio marcado con el número cuarenta "A", de la calle veintidós, de la colonia "Santa Rosa" de Kanasín, Yucatán, solicitado por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante oficio número 1621, en autos del juicio ejecutivo mercantil 246/2015. Fórmese expediente, regístrese con el número 799/2019-V-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 112 y 114, fracción III, en relación con el numeral 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Rubén Felipe de Jesús Osorio Paredes, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con la copias necesarias del escrito aclaratorio para la correcta tramitación del presente juicio, cumpla con lo siguiente: a) Precise si la demanda de amparo la promueve por su propio y personal derecho; o bien, en su carácter de endosatario en procuración de Marco Antonio Marrufo Borges; y de ser así, acredite dicho carácter con la documentación idónea. Lo anterior, toda vez que de una lectura íntegra del escrito de demanda, se advierten incongruencias respecto de quién funge como directo quejoso en el presente juicio constitucional. En ese sentido, es menester destacar que la fracción I del numeral 108 de la Ley de Amparo, impone al peticionario del juicio, la obligación de acreditar la representación con la que se ostenta, a fin de que el juzgador de amparo, se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. Asimismo, debe decirse que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que sólo incumba al peticionario y al juzgador de amparo o que no trascienda a la litis constitucional, sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108 fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en la defensa de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro-para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto-efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho de las demás partes a conocer el contenido del escrito de demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la Ley de la materia, se logra a través de las copias respectivas, carga que corresponde al propio quejoso; y b) Exhiba una copia más de su escrito de demanda, toda vez que únicamente exhibió cuatro copias, siendo que son necesarias para la correcta tramitación del presente juicio cinco, mismas que se distribuirán de la siguiente manera: dos son para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados y una más para la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado Federal. Se apercibe al promovente que de no cumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo para arribar a tal determinación, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, con número de registro en Ius Intranet 167431, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 177046, en el IUS Intranet, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente y regístrese.

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