Rubén Everardo Martínez Olvera
Expediente 1612/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Rubén Everardo Martínez Olvera
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...DEVUÉLVASE A LAS RESPONSABLE LAS CONSTANCIAS QUE REMITIERON...
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE....
- Principal
*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 02/12/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Visto el oficio de cuenta número 8124, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad, que contiene el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio de amparo directo 613/2019, de su índice, por el cual, se declaró que causó estado el proveído de trece de noviembre del año en curso, por el que el tribunal de Alzada, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Rubén Everardo Martínez Olvera, contra actos de los Magistrados integrantes de Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, así como los anexos descritos por la Oficial de partes este Juzgado de Distrito; acúsese recibo y con fundamento en los artículos 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado SE AVOCA al conocimiento del presente asunto; háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda Acúsese el recibo correspondiente al Tribunal de Alzada, y hágase saber a la autoridad responsable el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, vista la demanda de garantías promovida por Rubén Everardo Martínez Olvera; contra actos de los Magistrados integrantes de Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 107, 108 y 114 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese bajo el número 1612/2019, que es el que le corresponde; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución dictada el once de octubre de dos mil diecinueve, por el Magistrado Presidente y Ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los autos del toca civil 1360/2019, de su índice, en la que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dos de julio del año en curso, dictado por la Jueza Mixto Provisional de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del expediente 254/2012, de su índice, que entre otras cuestiones, ordenó al Actuario judicial de su adscripción constituirse en el domicilio de los demandados y proceder a la ejecución forzosa por la cantidad correspondiente al pago del impuesto predial En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En tal virtud, en la especie respecto del citado acto reclamado consistente en la resolución dictada el once de octubre de dos mil diecinueve, por el Magistrado Presidente y Ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los autos del toca civil 1360/2019, de su índice, en la que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dos de julio del año en curso, dictado por la Jueza Mixto Provisional de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del expediente 254/2012, de su índice, que entre otras cuestiones, ordenó al Actuario judicial de su adscripción constituirse en el domicilio de los demandados y proceder a la ejecución forzosa por la cantidad correspondiente al pago del impuesto predial; el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido es necesario destacar que en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se dispone textualmente en relación con la improcedencia del juicio de amparo indirecto, lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el citado precepto, en su parte resaltada, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte quejosa incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. Luego, contra la resolución dictada el once de octubre de dos mil diecinueve, por el Magistrado Presidente y Ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en los autos del toca civil 1360/2019, de su índice, procede el recurso de reposición previsto en el artículo 726 en relación con el diverso 722 ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben: Artículo 726. De los decretos y autos del Tribunal Superior de Justicia, aún de aquellos que, dictados en primera instancia, sería apelables, puede pedirse reposición que se substanciará en la misma forma que la revocación. Artículo 722. La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación y su tramitación no suspende el procedimiento. Del análisis de los preceptos transcritos con anterioridad, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Magistrado Presidente y Ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 726 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación ya que pudo hacer valer en el procedimiento que nos ocupa, el recurso de reposición. Ello es así, en razón de que del contenido del citado artículo 726, se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior de Justicia, como en la especie acontece con el proveído reclamado emitido por el Magistrado Presidente y Ponente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dos de julio del año en curso, dictado por la Jueza Mixto Provisional de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del expediente 254/2012, de su índice. En este orden de ideas, si el código en cita señala expresamente en alguna de sus disposiciones la procedencia del recurso de reposición en contra de los autos dictados por los tribunales superiores, como en la especie acontece, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual pueden ser modificado, revocado o nulificado el citado proveído; esto es, el recurso de reposición previsto en el citado artículo 726. Máxime que el quejoso es parte demandada en el citado expediente 254/2012, del índice del Juezgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro; de ahí que está en aptitud de hacer valer el citado medio ordinario de defensa. Luego, si contra del auto reclamado procede el recurso de reposición, previsto en el artículo antes mencionado, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; por lo cual, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así como la diversa tesis aislada I.7o.C70 C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época, página 1214, que establece: REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN SEGUNDA INSTANCIA DESECHA LA APELACIÓN PREVIAMENTE ADMITIDA POR EL MAGISTRADO SEMANERO. De conformidad con la fracción III del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los autos definitivos son decisiones que impiden la prosecución del juicio, es decir, la definitividad a que se refiere dicho precepto depende del efecto paralizante que por su contenido tenga la decisión en el proceso y no de la forma en que la determinación se haya emitido. En esas condiciones, la resolución por la que el tribunal de alzada decide desechar un recurso de apelación que previamente había admitido el Magistrado semanero no puede considerarse una sentencia, porque no está resolviendo el juicio en lo principal, tampoco es un auto que pone fin al juicio y no está decidiendo un incidente, sino que se trata de un auto definitivo, en términos de la citada fracción III del artículo 79 del código adjetivo civil, puesto que impide la prosecución de la apelación y, por ende, del proceso impugnativo. Así, de acuerdo con el artículo 686 del ordenamiento en cita, según el cual, de todos los decretos y autos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia fueran apelables, puede pedirse reposición, resulta que una resolución con las características descritas, es susceptible de impugnarse a través del recurso de reposición, en virtud de que finalmente se trata de un auto definitivo, por su efecto paralizante en el juicio. Esta consideración encuentra apoyo, incluso, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 45/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.", porque el segundo párrafo del artículo 1334 del Código de Comercio, que analiza dicha jurisprudencia, es de contenido idéntico al artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Rubén Everardo Martínez Olvera, por notoriamente improcedente. Asimismo, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, y como autorizado de su parte en términos únicamente para oír y recibir notificaciones a Missael Vera Monterrubio, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, (sin perjuicio de reconocerle las diversas facultades, una vez que acredite ante éste Órgano estar plenamente autorizado para ejercer la profesión de abogado). Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Ahora bien, para facilitar el manejo del presente expediente y atendiendo al volumen de las documentales remitidas, se ordena formar cinco tomos; mismos que estarán en la secretaría de este juzgado, hasta en tanto, en su caso cause estado la presente determinación a efecto de determinar la devolución de los mismos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."
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