Rubén Esteban Herrera Mañez
Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 54 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Rubén Esteban Herrera Mañez
- Rubén Esteban Herrera Mañez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
Feneció el plazo de diez días a que se refiere el articulo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa hubiera hecho valer medio de impugnación alguno contra dicho fallo; por tanto, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años; y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte QUEJOSA el contenido de la SENTENCIA de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que dice: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 52/2022, promovido por ****, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada *****, contra un acto de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, ****, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada *****, promovió demanda de amparo contra un acto de la autoridad precisada en el proemio de esta resolución (fojas 2 a 13). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veintiocho de los citados mes y año (fojas 14 a 20), este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo en los términos planteados; solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Emplazamiento a la tercera interesada. El siete, dieciséis y veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue debidamente emplazada mediante publicación de edictos, la tercera interesada ****. Seguido el juicio por todas sus etapas procesales, se dio inicio a la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la Litis constitucional. En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La determinación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de apelación 47/2021, en la que la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, modificó el acuerdo dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Jugado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en el expediente 193/2018. En consecuencia, el acto reclamado precisado en este considerando constituye la Litis en el presente asunto, sin que ello haya implicado cambiar el alcance o contenido de la queja constitucional, sino sólo se procedió a determinar con exactitud la intención de la parte quejosa a fin de impartir una recta administración de justicia. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la presente instancia constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado, pues indicó que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de apelación 47/2021, modificó el acuerdo dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Jugado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en el expediente 193/2018. Lo que se corrobora con la documental aportada por la Sala responsable, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de apelación 47/2021, así como los registros de audio y video de las audiencias de expresión de agravios desahogadas el veintiséis de mayo y dieciséis de diciembre, ambas de dos mil veintiuno, en la citada carpeta. Medio de convicción que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Antes de proceder al estudio de las causales de improcedencia, es importante señalar que de las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado por la Sala responsable, cuyo valor probatorio quedó establecido en el considerando anterior, se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, ****, por sí y en representación de su menor hija *****, demandó en la vía oral, entre otras prestaciones, una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva a favor de la citada infante (fojas 1 a 8 del tomo I de pruebas). Por acuerdo de veintitrés de marzo de ese mismo año, se admitió la demanda y, entre otras cuestiones, se decretó por concepto de pensión alimenticia provisional el treinta por ciento quincenal del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que percibe la demandada **** a favor de su menor hija, a partir de la primera quincena de abril de dos mil dieciocho (fojas 66 a 68 del tomo I de pruebas). A través del proveído emitido el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en lo que aquí interesa, por una parte se tuvo a la demandada aquí tercero interesada ****, contestando la demanda instaurada en su contra, y por otra, se ordenó girar oficio al representante legal de **** a efecto de que le descontara a dicha demandada el treinta por ciento quincenal del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que percibiera como empleada de dicho lugar, a favor de su menor hija, de forma retroactiva a la primera quincena de abril de dos ml dieciocho, en los términos precisados en el auto admisorio (fojas 107 a 109 del tomo I de pruebas). El doce de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la mandataria judicial de la parte actora informando que la parte demandada renunció a su fuente laboral y, por ende, se habían suspendido los pagos de la pensión alimenticia decretada a favor de la menor de edad, por lo que se ordenó giraran oficios a diversas dependencias administrativas a fin de averiguar si la demandada se encontraba dada de alta en algún otro centro laboral y como derechohabiente; así como, a diversas instituciones bancarias residentes en esta ciudad para que informaran si la demandada contaba con alguna cuenta bancaria registrada a su nombre (fojas 321 y 322 del tomo I de pruebas). Culminada la investigación en comento, por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, la juez de origen determinó que la parte demandada **** no contaba con alguna fuente laboral, para asegurar la subsistencia de la acreedora alimentaria menor de edad, por lo que realizó la conversión del porcentaje del treinta por ciento quincenal a salario mínimo general vigente en la zona económica del Estado, y decretó por concepto de pensión alimenticia el ochenta por ciento mensual del valor diario de un salario mínimo general vigente por cada mes calendario correspondiente, equivalente a $****, a cargo de ****, a fin de cubrir las necesidades vitales de la acreedora alimenticia menor de edad de identidad reservada; asimismo, realizó el cálculo por concepto de pago pensión alimenticia provisional vencido y no pagado, por la cantidad de $****, la cual debería pagarse de forma retroactiva, en cien quincenas cada una por $**** a **** (fojas 769 y 770 del tomo I de pruebas. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la demandada **** señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****, nombrando autorizados para los mismos efectos y designando mandatario judicial, con revocación del domicilio y autorizados señalados con anterioridad (foja 819 del tomo I de pruebas). Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en lo que aquí interesa, la juez de instrucción de origen ordenó al actuario de su adscripción requerir de manera personal a la demandada ****, en el domicilio ubicado en **** -domicilio distinto al que había sido señalado por la demandada de mérito para tal efecto-, el pago en forma retroactiva la cantidad de $****, por concepto de pensión alimenticia provisional vencida y no pagada, correspondiente a las primera y segunda quincenas de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, todos de dos mil veinte, a favor de **** o, en su caso, acreditara haberlas pagado; con el apercibimiento que de no cumplir lo requerido se le embargarían bienes suficientes para garantizar el adeudo y las pensiones que se sigan venciendo (fojas 831 y 832 del tomo II de pruebas). A través de la constancia de tres de noviembre de dos mil veinte, el actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Familiar y Civil Oral de Primera Instancia, en el Distrito Judicial de Chetumal, hizo constar su imposibilidad para notificar personalmente a la demandada **** en el domicilio señalado para tal efecto ****, al referir que el domicilio era incierto e incorrecto y en atención a que al preguntar con vecinos del lugar, le informaron no conocer a la buscada (foja 841 del tomo II de pruebas). Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la demandada **** señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****, nombrando autorizados para los mismos efectos y designando como mandatario judicial al licenciado ****, con revocación de designaciones anteriores (fojas 861 y 862 del tomo II de pruebas). El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la juez de origen emitió un proveído en el que ordenó notificar a la aquí tercera interesada ****, en el domicilio ubicado ****, para lo cual ordenó girar exhorto al juez competente (fojas 1449 vuelta y 1450 del tomo II de pruebas). Inconforme con lo anterior, por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno se tuvo a la mandataria judicial de la parte actora **** interponiendo recurso de apelación en contra del citado auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; mismo que se admitió en los términos ahí precisados; por otro lado, proveyó no acceder a la solicitud de la ocursante respecto a notificar a la parte demandada **** por lista de estrados los requerimientos que se le han realizado -auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte-, en razón a que ésta tenía señalado en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, aunado que en términos de lo previsto en el artículo 109, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, los requerimientos se deben notificar de manera personal ya que traen aparejado el desencadenamiento de actos judiciales que inciden en la esfera jurídica de la requerida, por lo que se debe tener la certeza de que la persona esté debidamente enterada, para que los actos posteriores, consecuencia del requerimiento, se consideren ordenados dentro de los parámetros de legalidad y formalidades del procedimiento, de conformidad con el artículo 14 constitucional. Finalmente, señaló que el objeto de que la notificación se ordenara en los términos señalados era para enterar efectivamente a la demandada del requerimiento de pago y, con posterioridad, asegurar su cumplimiento (fojas 1469 a 1472 del tomo II de pruebas). En resolución de catorce de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Magistrado titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en autos de la carpeta de apelación 47/2021, formada por el recurso de apelación interpuesto por **** consideró que era infundado el agravio hecho valer por la parte recurrente y confirmó el auto impugnado. Contra dicha determinación la parte actora en el juicio de origen promovió juicio de amparo, el cual correspondió conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, bajo el número 509/2021, en el que este órgano de control constitucional mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, concedió la protección de la Justicia de la Unión a ****, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada *****; determinación que causó ejecutoria el tres de diciembre de ese año (fojas 40 a 49, 51 y 52 del tomo III). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala responsable modificó el acuerdo dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Jugado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en el expediente 193/2018, y ordenó requerir a **** en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, sito en ****, a través de su mandatario ****, a efecto de que pague a ****, en forma retroactiva, la cantidad de $****, esto en cien quincenas de $**** cada una, por concepto de pensión provisional vencida y no pagada en el periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho a enero de dos mil veinte, así como la suma de $****, por concepto de pensión alimenticia provisional vencida y no pagada en el periodo de febrero a septiembre de dos mil veinte (fojas 62 a 68 del tomo III de pruebas). Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia. Asimismo, del juicio de amparo 56/2021, radicado ante este órgano de control constitucional y que constituye un hecho notorio para, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: Que el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa contra el acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, fue desechado por la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia el seis de marzo de ese año, con motivo de que aquél proveído no es apelable. En contra del acuerdo de desechamiento, la parte recurrente interpuso recurso de reposición, mismo que no fue admitido por la propia Sala, en virtud de que estimó que este medio de impugnación corresponde a la generalidad del procedimiento escrito previsto por el Código de Procedimientos Civiles para la entidad, y no es aplicable supletoriamente a los juicios orales. Inconforme con esa determinación, la parte actora en el juicio de origen promovió juicio de amparo, el cual correspondió conocer a este juzgado de Distrito, bajo el número 247/2020, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la citada Sala admitió el recurso de reposición hecho valer y, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, dicho tribunal de apelación confirmó el acuerdo recurrido. Contra esta resolución, el aquí quejoso promovió juicio de derechos fundamentales, que correspondió conocer a este órgano de control constitucional bajo el número 56/2021, en el que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo del presente asunto, se procede a analizar la existencia de alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el numeral 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. En el caso, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa XIII, del mismo arábigo y el numeral 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, pues se trata de un acto derivado de otro consentido. Así es, de conformidad con la fracción XXIII invocada, el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En ese sentido, lógica y jurídicamente, deberá estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, pues es indudable, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Lo anterior se estima de esa manera porque, para que un acto pueda reputarse como derivado de otro consentido, es menester que se acredite que en realidad existe el acto original del que se deriva el reclamado y, naturalmente, que haya conexidad entre uno y otro. Por consiguiente, si el acto del que se deriva el reclamado, se encuentra incólume en virtud de que no fue combatido en tiempo y forma, se estará en presencia de actos derivados de otros consentidos. Ahora, para establecer cuándo un acto se estima consentido, la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". Es decir, los actos consentidos tácitamente son aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: ? Primer párrafo: Quince días, regla general. ? Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. ? Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. ? Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. ? Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto, podemos concluir que, cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Término que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Luego, como quedó establecido en párrafos precedentes, el seis de febrero de dos mil veinte, la juez de instrucción de origen emitió un acuerdo en el juicio oral de custodia y alimentos 193/2018, en el que determinó que la parte demandada **** debería pagar por concepto de pago pensión alimenticia provisional vencido y no pagado, por la cantidad de $****, la cual debería pagarse de forma retroactiva, en cien quincenas cada una por $**** a ****; proveído que fue notificado al aquí quejoso el once de febrero de ese mismo año (fojas 769 a 771 del tomo I de pruebas). Por tal motivo, se infiere que desde esa notificación el amparista tuvo la posibilidad de impugnar ese acto en la vía constitucional, sin que así lo hubiese hecho, lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del contenido de ese acuerdo. Establecido lo anterior, se tiene que la resolución emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de apelación 47/2021, la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, modificó el acuerdo dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Jugado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en el expediente 193/2018, y ordenó requerir a **** a fin de que pagara a ****, en forma retroactiva, la cantidad de $***, esto en cien quincenas de $*** cada una, por concepto de pensión provisional vencida y no pagada en el periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho a enero de dos mil veinte, así como la suma de $***, por concepto de pensión alimenticia provisional vencida y no pagada en el periodo de febrero a septiembre de dos mil veinte, no es sino una reiteración de lo acordado por la juez de origen en proveído de seis de febrero de dos mil veinte; determinación que fue consentida por el quejoso, como quedó establecido en párrafos precedentes. Por ende, existe conexidad entre la resolución materia del acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales y el acuerdo dictado el seis de febrero de dos mil veinte, en el juicio oral 193/2018, el cual, se itera, no fue combatido por la vía constitucional. En ese sentido, lógica y jurídicamente, deberá estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, pues es indudable, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. No es obstáculo para estimar que se está ante un acto derivado de consentido, el hecho de que el aquí quejoso, en contra del acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, hubiese interpuesto recurso de apelación, en virtud de que dicho medio de impugnación no es el idóneo para combatir el proveído de que se trata (foja 785 del tomo I de pruebas). En efecto, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, establece: "Artículo 943.- Sólo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables en ambos efectos, salvo en los casos que la acción prevea que es en efecto devolutivo. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien duranteel (sic) procedimiento, se harán valer en el momento en que se dicten; y los agravios ante la segunda instancia, en el caso de que el agraviado interponga el recurso de apelación contra la sentencia definitiva." Del artículo trascrito no se advierte que -como en el caso- tratándose de juicios orales, un proveído como el emitido el seis de febrero de dos mil veinte, por la juez de instrucción de origen, sea expresamente impugnable a través del recurso de apelación, dado que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto o interlocutoria que ponga fin al procedimiento, sino que se está en el supuesto de un acuerdo de mero trámite. Como se precisó en el considerando cuarto de esta sentencia, dicho argumento fue expuesto por la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, para desechar el recurso de apelación de que se trata; desechamiento que fue confirmado por el propio tribunal de apelación al resolver el diverso recurso de reposición hecho valer contra esa inadmisión y, que en el juicio de amparo 56/2021, este Juzgado Sexto de Distrito negó el amparo y protección de la Justicia Federal promovido en contra de la resolución emitida en el recurso de reposición. De lo que se sigue que el acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, quedó firme para todos sus efectos legales. Establecido lo anterior, el recurso de apelación interpuesto no es el idóneo para combatir el proveído de seis de febrero de dos mil veinte; por ende, fue consentido tácitamente y, como consecuencia de ello, la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, al ser una reiteración de ese acuerdo, resulta improcedente, Tampoco pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto en criterio jurisprudencial, que en términos de los artículos 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (actualmente abrogada, pero cuyo texto esencial se reitera en los numerales 3, 6, fracción I, 7 8 y 9, todos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño. Sin embargo, el interés superior de la niñez no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartición de justicia, ya que si bien conlleva la protección de todos los derechos de los menores, lo cierto es que dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un infante, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa XIII, del mismo arábigo y el numeral 107, fracción IV, todos de la ley de la materia, pues se trata de un acto derivado de otro consentido Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de derechos fundamentales, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la Litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. SEXTO. Publicación de la sentencia. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad en relación con la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 17, 18, 61, fracciones XIII y XXIII, 63, fracción V, 73, 74, 107, fracción IV de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada *****, contra un acto de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, consistentes en la determinación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de apelación 47/2021, en la que se modificó el acuerdo dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Jugado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en el expediente 193/2018; en atención a los razonamientos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
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POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA YAZMIN ESTHER MORENO GARCÍA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada *****, contra un acto de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, consistentes en la determinación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de apelación 47/2021, en la que se modificó el acuerdo dictado por la Juez de Instrucción adscrita al Jugado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en el expediente 193/2018; en atención a los razonamientos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Reyna Oliva Fuentes López, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistida de Marco Vinicio Alvarado Sanz, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores de este órgano de control constitucional permitieron concluir su engrose. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA.
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