Ruben Espinosa Flores

Expediente 137/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
137/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Ruben Espinosa Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de nueve de febrero del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. En ese contexto, vista la demanda de amparo que nos ocupa, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, del escrito de demanda se observa que la impetrante de amparo señaló como acto reclamado destacado, la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja ***del registro de la autoridad responsable, mediante el cual se modifica el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la contraparte del quejoso dentro de los autos del juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión *** del registro del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, para el efecto de dejar insubsistente todo lo actuado a partid del auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, y se ordene notificar a Inmobiliaria Nueva Escala, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente, el auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, le corra traslado con la demanda reconvencional y anexos, y la emplace al procedimiento instaurado en su contra. En ese sentido, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para demostrar lo anterior, se requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación; para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual legislación. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior, se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 180415, de epígrafe "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede ver, el citado precepto iteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual solo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. Sobre esa base, resulta claro que la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja *** del registro de la autoridad responsable, que por esta vía constitucional se reclama, no debe ser considerada como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo que se llegase a dictar en segunda instancia. Esto es así, porque la resolución que se reclama, no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto, porque no constituye, se reitera, un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino en todo caso, la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales. Esto, tomando en consideración que lo resuelto en el toca de queja ***del registro de la autoridad responsable, tiene efectos únicamente sobre derechos adjetivos de la impetrante de amparo, puesto que su consecuencia declarar fundado el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la contraparte del quejoso dentro de los autos del juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión *** del registro del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, para el efecto de dejar insubsistente todo lo actuado a partid del auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, y se ordene notificar a Inmobiliaria Nueva Escala, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente, el auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, le corra traslado con la demanda reconvencional y anexos, y la emplace al procedimiento instaurado en su contra. En consecuencia, de considerarse que pudiera llegar a ocurrir una afectación dentro del procedimiento de origen, esta se actualizaría al momento de resolverse en definitiva y dictarse la sentencia correspondiente, en la medida en que dicha circunstancia influya para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; de ahí la necesidad de esperar hasta la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo correspondiente. De lo anterior, se evidencia que resulta improcedente el amparo indirecto en contra de la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de queja ***del registro de la autoridad responsable, en tanto que como se analizó, no se actualizan en la especie los elementos de la definición de ejecución irreparable, bajo los extremos de procedencia contemplados en la Ley de Amparo. De tal manera, si la resolución en comento no produce afectación material de derechos sustantivos, entonces es factible colegir que no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por tanto, esa circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En estas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda constitucional, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde este momento del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. En otro ámbito, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señaló en su demanda de amparo. Además, téngase como autorizados a ***, por así solicitarlo expresamente. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -WhatsApp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 referido. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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