Rubén Escamilla Martínez

Expediente 1087/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1087/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Rubén Escamilla Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del tres al nueve de noviembre del año en curso, sin contar los días cinco y seis de noviembre de dicho año, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el proveído dictado veintiséis de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1087/2016-4;Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento alguno con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal;Toda vez que se desechó la demanda, que originó el presente juicio; no se aperturo incidente de suspensión relativo a éste; en consecuencia no existe billete de depósito alguno, a fin de garantizar alguna medida cautelar; No existen tomos de prueba por devolver. Doy fe.En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE.Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Rubén Escamilla Martínez (fojas 67-71); en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación.Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes.Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.Notifíquese por medio de lista.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual solicita la devolución de diversos documentos exhibidos en el presente juicio (fojas 9-50); en atención a su contenido, y como lo solicita, devuélvanse las documentales a las que hace referencia en su ocurso, a la persona que autoriza para tal fin, previa copia certificada que de éstos se deje en autos y recibo que de su entrega se deje asentado.NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA.Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe.Josué

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por Rubén Escamilla Martínez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de trece de octubre del año en curso (fojas 51-55) y al efecto informa que tuvo conocimiento de los actos que reclama ante esta instancia constitucional el cinco de octubre de dos mil dieciséis, asimismo que por lo que respecta al acto consistente en el proveído de once de marzo de la presente anualidad, le fue notificado a su abogada Ma. Guadalupe Méndez el quince de marzo de dos mil dieciséis. Además, exhibe las copias solicitadas de su escrito aclaratorio; por lo que se tiene cumplida la citada prevención. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Autoridad ordenadora: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Autoridades ejecutoras: Director de Seguridad Pública de Pinos, Zacatecas. Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas. Actos reclamados: El auto de once de marzo de dos mil dieciséis, dictado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 7/2016, mediante el cual decretó, como medida cautelar, la separación física de los cónyuges y requirió al aquí quejoso a desalojar el domicilio conyugal, bajo apercibimiento que de no hacerlo de forma voluntaria, se procedería a su ejecución forzosa. El proveído de siete de septiembre del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable, como medida provisional, autorizó el depósito de la actora y sus hijos menores edad en el domicilio conyugal ubicado en calle González Ortega, número veintiséis (26), colonia Francisco E. García, de Villa de Hidalgo, Zacatecas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. De la lectura integral del escrito de demanda, anexos y escritos aclaratorios, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Escamilla Martínez, por su propio derecho, dado que se actualizan un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS AUTOS DE ONCE DE MARZO Y SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 693. Las providencias cautelares se decretarán a petición de parte legitima, cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus efectos." Del numeral anterior, se infiere que, por regla general, que solo las partes del juicio natural son los autorizados para solicitar las medidas cautelares, con el objeto de asegurar los efectos de la sentencia definitiva. Por otro lado, el artículo 696 de la ley en cita establece lo siguiente: "Artículo 696 Las providencias cautelares podrán decretarse, según las circunstancias, como actos anteriores a la demanda, durante el juicio y aun después de dictada la sentencia definitiva. Si la providencia cautelar se pidiese como acto prejudicial, la demanda deberá presentarse dentro del plazo que fije el juez, y que no excederá de quince días, y, perderá su eficacia y se levantará si no se presenta la demanda dentro de ese plazo. Cuando se trate de conservación y aseguramiento de pruebas, no se fijará plazo para la presentación de la demanda posterior. Si la providencia cautelar se pidiere después de iniciado el juicio, se substanciará en incidente por cuerda separada ante el mismo juez que conozca del negocio." Por su parte, el numeral 714 del citado ordenamiento legal, en lo conducente, establece: "Articulo 714. En los casos de divorcio y nulidad del matrimonio, el Juez separará a los cónyuges, dictando las medidas conducentes para que no se causen perjuicios en sus bienes y las precauciones que la Ley establece respecto a la mujer que quede encinta; aplicándose en lo que procediere las reglas del domicilio provisional como acto prejudicial." El numeral anterior dispone que en los casos de divorcios el juez que conozca del juicio natural, tomará como medida cautelar la separación de los cónyuges, ello para evitar perjuicios entre ellos. Ahora, el artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, es del texto siguiente: "Articulo 697 El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental". Del normativo anterior, se advierte que las medidas cautelares podrán ser impugnadas por medio del incidente de reclamación, el que deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Entonces, el referido incidente de reclamación en el juicio de origen, constituye un medio de defensa genérico en contra de las medidas cautelares en los juicios del orden familiar. En el caso, la parte quejosa combate el auto dictado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas el once de marzo del año en curso, dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil que sobre divorcio necesario promovió el aquí quejoso contra Flor de María Méndez Delgado; por medio del cual la autoridad responsable decretó, como medida cautelar, la separación física de los cónyuges y en consecuencia, requirió al peticionario de garantías a desalojar el domicilio conyugal, apercibido que de no hacerlo de manera voluntaria se utilizarían los medios de apremio respectivos. Asimismo, reclama el diverso proveído de siete de septiembre del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable autorizó el depósito de la demandada y sus hijos menores de edad en el domicilio ubicado en calle González Ortega, número veintiséis (26), colonia Francisco E. García, en Villa Hidalgo, Zacatecas. En tales condiciones, del escrito de demanda se advierte que los actos que reclama el quejoso emanan de un juicio de divorcio que entabló contra su esposa, y consecuentemente, como medidas cautelares el juez responsable determinó la separación de éstos y el depósito de la cónyuge y sus hijos menores de edad en el domicilio conyugal; por lo que queda demostrado que las determinaciones que el quejoso impugna en esta vía constitucional, lo constituyen medidas cautelares, las cuales debieron ser impugnadas por el quejoso, al ser parte en el juicio natural, mediante el incidente de reclamación, previamente a la presentación demanda el amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Rubén Escamilla Martínez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Rubén Escamilla Martínez, mediante el cual pretende dar de nueva cuenta cumplimiento a la prevención formulada en proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis (foja 51-55) y al efecto informa a este juzgado lo siguiente: ".manifiesto que el ahora quejoso tuve conocimiento de los hechos que señalados como actos reclamados, en fecha cinco de octubre del año dos mil dieciséis, como así lo acredito con la cédula de notificación personal, que ADJUNTÉ A MI ESCRITO INICIAL. Si bien es cierto, de las constancias que obran en el escrito de amparo, se adjuntó copia fotostática del acuerdo de fecha once de marzo del año que cursa, en el cual aparece una notificación por lis a la Lic. Ma. Guadalupe Méndez, lo cierto es que el suscrito tuve conocimiento de los autos de fecha once de marzo y siete de septiembre del presente año hasta el día cinco de octubre del año dos mil dieciséis, como ya lo he señalado de manera reiterada, no tuve conocimiento ni fui avisado por parte de mi abogado del auto de fecha once de marzo del presente año." Sin embargo, del referido auto se advierte que se le previno a fin de que manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que fue notificado procesalmente por primera vez, por sí o a través de sus autorizados, de los autos de once de marzo y siete de septiembre de la presente anualidad y que constituyen los actos aquí reclamados, no así, de la fecha en que refiere tuvo conocimiento de éstos. Por otra parte, del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que el ocursante manifiesta que el auto de once de marzo del año en curso, fue notificado a la licenciada Ma. Guadalupe Méndez; en consecuencia, se requiere al quejoso a fin de que informe a este juzgado que carácter tiene dicha profesionista dentro del juicio natural de donde emanan los actos aquí reclamados y la fecha en ella aconteció. En conclusión, se tiene por no cumplida la prevención de la que se trata; comuníquese al quejoso que se encuentra transcurriendo el término otorgado para que dé debido cumplimiento a la citada prevención. Ahora bien, toda vez que el escrito aclaratorio de cuenta fue presentado antes de que venciera el término que se le otorgó al quejoso para tal fin; por tanto, el presente proveído interrumpe dicho cómputo y se continuará hasta en tanto surta efectos la notificación personal que se practique al impetrante del amparo respecto del presente auto. la Notifíquese personalmente al quejoso.

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