Rubén Escalona Arqueta

Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
114/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Rubén Escalona Arqueta

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 114/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, a continuación se analiza la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, en relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, todos de la Ley de Amparo. Sin embargo, previo a exponer las razones correspondientes, se considera necesario referir que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en la demanda de amparo que da origen al presente juicio 114/2021-VI, el quejoso Rubén Escalona Argueta, señaló como actos reclamados las mismas omisiones de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que ya había reclamado en la diversa demanda que dio origen al juicio 569/2020-IV del índice de éste órgano jurisdiccional. Esto es, en el presente juicio el quejoso reclamó "la omisión de la responsable en virtud de que no hace efectivos sus propios apercibimientos, no agota las multas establecidas en los artículos 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y no emite los acuerdos dentro de los tres días a que hace referencia el artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México", en relación al cumplimiento de la resolución emitida dentro del juicio administrativo 371/2018 de su índice. Mientras que en la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo indirecto 569/2020-IV, promovida por el mismo quejoso, éste señaló como acto reclamado: "la omisión por parte de la Autoridad que señalo como Responsable en el inciso b), en virtud de que se ha abstenido de realizar las diligencias tendientes a requerir a la Autoridad Demandada el cumplimiento total, al no observar lo dispuesto por los artículos 29, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, retrasando y retardando el cumplimiento de sentencia del juicio administrativo 371/2018, ya que por un lado no hace efectivo sus propios apercibimientos, y por otro, no emite los acuerdos en términos de lo dispuesto por el artículo 29 del citado Código, como se puede apreciar de las constancias de ese juicio administrativo, tarda más de dos meses en emitirlos". Ahora bien, a pesar de que resulta evidente que en ambos juicios el quejoso Rubén Escalona Argueta, reclamó las mismas omisiones de la misma autoridad responsable, debe señalarse que en el diverso juicio de amparo 569/2020-IV, a la fecha se encuentra pendiente de ser resuelto un recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que en términos de la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, no es posible estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la litispendencia; tesis que es del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." No obstante lo cual, este órgano jurisdiccional no encuentra motivo para sostener un criterio distinto al expresado en los autos del diverso juicio de amparo 569/2020-IV, en relación a la improcedencia del juicio de amparo en contra de las omisiones que se reclaman de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por ende, como se adelantó, en el presente asunto también se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, pues, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, tenemos que en el presente caso la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de requerir y hacer efectivos los apercibimientos e multa, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada, en el juicio administrativo 371/2018, ya que el quejoso refiere que la responsable por un lado refiere que no hace efectivo sus apercibimientos, y por otro, no emite los acuerdos en términos de lo dispuesto por el artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En ese sentido, es evidente que el acto que en esta vía se reprocha, se trata de un acto después de concluido el juicio administrativo, es decir, en ejecución de sentencia; sin embargo, de las manifestaciones que realiza el quejoso en su demanda de amparo, no se advierte que en el juicio de mérito se haya dictado la última resolución del procedimiento de ejecución, para que sea procedente el juicio de amparo, pues la última actuación dictada en ese procedimiento corresponde al auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el cual, la aquí responsable Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, le requirió a la demandada en el de origen, también señalada como responsable Comisión de Honor y Justicia de Jaltenco, Estado de México, para que dé cumplimiento a la sentencia emitida en ese procedimiento y esté en aptitud de cuantificar y establecer la cantidad que se adeuda al actor, aquí quejoso. Circunstancia, por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo, ya que en contra de actos dictados después de concluido el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de la última resolución, en la cual se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se reclama la imposibilidad material para darle cumplimiento, lo cual como se advierte no ha acontecido en el procedimiento de origen. Además, la supuesta omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no se encuentra dentro de los casos de excepción; ya que dichas abstenciones en modo alguno gozan de autonomía propia, pues derivan del trámite para cumplir con la sentencia. Motivo el anterior que actualiza la causa de improcedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Como ya se precisó, el juicio de amparo es procedente contra actos de Tribunales: a) ejecutados fuera de juicio, que son aquellos que emiten los tribunales, cuando no desarrollan una tarea propiamente jurisdiccional, tales como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; y, b) actos ejecutados después de concluido el juicio, entiendo como tales a todas las resoluciones que derivan de la ejecución de la sentencia dictada en el proceso respectivo, es decir, son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria. En ambas hipótesis la demanda de amparo debe interponerse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde podrán también reclamarse las demás violaciones cometidas en el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En el procedimiento de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto contra la resolución en la cual se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y en la demanda respectiva se podrá también reclamar las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al agraviado, pues si las partes recurrieran cada resolución que se emita en dicho procedimiento de ejecución de sentencia u omisiones, se estaría obstaculizando el cumplimiento de las mismas, por lo que cualquier violación cometida en el procedimiento de ejecución de sentencia debe reclamarse en la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, bajo el principio que el juicio de amparo sólo procede contra resoluciones terminales. En el caso a estudio, se advierte que el acto aquí reclamado deriva de la omisión en cuanto al cumplimiento de sentencia de forma genérica, al exponer que la autoridad responsable no ha requerido de manera total el cumplimiento de la sentencia y como consecuencia de ello la omisión de la Comisión de Honor y Justicia de Jaltenco, Estado de México, no ha dado cabal cumplimiento a la misma, circunstancia que no constituye la última resolución que pone fin a los actos de ejecución de sentencia dictada en el procedimiento respectivo, así como no trasgrede derechos sustantivos del peticionario para que excepcionalmente proceda el amparo indirecto, pues las omisiones genéricas que reclama no pueden ser conceptuados como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendentes a la satisfacción de lo condenado, por lo que dicha disposición no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo; por tanto, el presente juicio de amparo deviene en improcedente. Así pues, tomando en consideración que si en ejecución de sentencia, la resolución definitiva en el procedimiento respectivo la constituye aquella que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es conveniente establecer que la regla a que se refiere la citada disposición de la ley reglamentaria del juicio de amparo, bajo la teleología de evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en el procedimiento de ejecución de sentencia, y en virtud de que el perjuicio en contra del quejoso solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final en el procedimiento de ejecución de sentencia, por ello, si no se ha dictado esa resolución, y el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, se reitera lo improcedente de la demanda de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, tomo XX, julio de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada el viernes cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la página 2254, libro 71, tomo III, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia y exista una omisión de su parte en proveer, sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad de su cumplimiento, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho juicio procede únicamente contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo y, por ello, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento." Incluso, cabe acotar que el propio quejoso está en condiciones de impulsar el cumplimiento de la sentencia definitiva, así como de agotar el procedimiento de ejecución correspondiente. Orienta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 844, tomo II, septiembre de dos mil quince del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Aunado a lo anterior, tampoco se puede entender que la omisión que reclama de forma genérica de dar cumplimiento a la aludida resolución, se identifique con aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material para darle cumplimiento o bien se pueda entender que se ha agotado el procedimiento de ejecución. Consecuentemente, ya que en la demanda de amparo únicamente se reclaman actos en ejecución sin que se haya dictado la última resolución en el procedimiento respectivo, se actualiza de forma notoria y manifiesta, la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo procedente es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Rubén Escalona Argueta, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa a efecto de oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle --------------, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por encontrarse dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción.----- Así las cosas, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia encomendada. En adición a lo anterior, se hace del conocimiento al actuario judicial que habrá de hacer la encomienda, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Con fundamento en el ordinal 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Ricardo Lazo Gallegos, en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a la diversa persona señalada en la demanda de amparo únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite lo anterior. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. También, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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