Rubén Ernesto Turriza Mejía
Expediente 464/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 1 actuación registrada, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Rubén Ernesto Turriza Mejía
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 20603, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 672/2022, por el que el titular de ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal, en términos de lo previsto en el artículo 38 de la ley de la materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rubén Ernesto Turriza Mejía, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco Kobén, y otras autoridades, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 464/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. En principio, conviene destacar que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche declinó competencia bajo las siguientes consideraciones: "... Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Roberto Xicoténcatl Solís Guzmán, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, con el cual da cumplimiento, y señala como nuevas autoridades responsables a los Jueces Primero y Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, por lo antes manifestado, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Al respecto conviene precisar que el artículo 38 de la Ley de Amparo, dispone que es competente para conocer del juicio de amparo que promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato aún y cuando resida en otro circuito. En este orden de ideas, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de mérito, en términos del citado precepto legal, ya que el quejoso señaló como una de las nuevas autoridades responsables al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; pues de no ser así implica que este Juzgado Federal, sea Juez y parte en el presente asunto (Juez de Amparo y autoridad responsable), lo que legalmente no es permisible. Y dado que también señalo al Juez Primero de Distrito, con sede en esta ciudad, por tanto, se estima que el competente para conocer de la demanda de garantías el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, en términos del artículo 38, de la Ley de Amparo, ya que la presente demanda de amparo fue promovida en contra este Juzgado Federal y del Juzgado Primero de Distrito en el Estado; por lo que debe conocer de la misma el más inmediato dentro de la jurisdicción que conforma este Trigésimo Primer Circuito. ." En ese sentido, una vez analizados los argumentos expuestos por el homólogo federal declinante, debe señalar que no se comparte dicha postura en atención a las razones siguientes: 1. Rubén Ernesto Turriza Mejía, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se detallan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDADES ORDENADORAS a) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con domicilio en San Francisco Kóben. AUTORIDADES EJECUTORAS: a) Juez Primero de Ejecución, con domicilio en San Francisco Kóben. b) Juez Segundo de Ejecución, con domicilio en San Francisco Kóben. c) Director del Penal de San Francisco Kóben, con domicilio en San Francisco Kóben. d) Notificadora adscrita al Juez (sic) Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con domicilio en San Francisco Kóben. e) Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Campeche. IV. ACTO RECLAMADO: ATAQUES A LA LIBERTAR PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD." 2. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, donde por auto de tres de junio de dos mil veintidós, se radicó con el número de expediente 672/2022, se admitió a trámite, se ordenó darle la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones condignas. 3. Mediante oficio 02/SEGOB/SUBSP/D/2471/2022 de tres de junio de dos mil veintidós, el Director del Centro Penitenciario de San Francisco Kóben, Campeche, informó sobre la restricción a la libertad personal del quejoso, en los siguientes términos: ? El sentenciado Rubén Ernesto Turriza Mejía, ingresó al Centro Penitenciario de San Francisco Kóben, Campeche, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, encontrándose a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, quien con fecha de dieciséis de diciembre de ese año, dictó auto de formal prisión por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en la causa penal 93/99, de su índice. ? Posteriormente, el veinticuatro de febrero del año dos mil, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, dictó sentencia condenatoria contra Rubén Ernesto Turriza Mejía, en la causa penal 93/99, imponiéndole una pena de cinco años de prisión, entre otras penas. Resolución que causó ejecutoria el veinticuatro de abril de ese año. ? Por otra parte, el veintiocho de marzo del año dos mil, Rubén Ernesto Turriza Mejía quedó a disposición del Juez Segundo del Ramo Penal, mismo que le dictó auto de formal prisión, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y disparo de arma de fuego, en la causa penal 154/00-01/2PI. ? Asimismo, encontrándose recluido, el veintiséis de abril de dos mil uno, quedó a disposición del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien le dictó auto de formal prisión el veintiocho de abril del año dos mil uno, por considerarlo presunto responsable de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en el expediente penal 37/01. ? El dieciocho de abril del año dos mil dos, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, dictó sentencia condenatoria contra Rubén Ernesto Turriza Mejía, en la causa penal 37/01, imponiéndole una pena de siete años, seis meses de prisión, entre otras penas. Sentencia que fue confirmada vía apelación, en la ejecutoria de doce de junio siguiente. ? El tres de abril de dos mil seis, la Secretaría de Seguridad Pública Federal -por oficio DGES/C/04530/2006- dio por compurgada la pena impuesta en la causa penal 93/99, por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, quedando recluido únicamente por las causas penales 37/01 (fuero federal) y 154/00-01/2PI (fuero común). ? El cinco de junio de dos mil trece, en cumplimiento a lo ordenado por el órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, se realizó el traslado del sentenciado Rubén Ernesto Turriza Mejía, al entonces Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 6 "Sureste" de Huimanguillo, Tabasco, a efecto de que cumpliera con la pena de prisión impuesta en la causa penal 37/01, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. ? Así, el tres de octubre de dos mil trece, el órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación dio por compurgada la pena impuesta en la causa penal 37/01, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quedando recluido en el entonces Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 6 "Sureste" de Huimanguillo, Tabasco, únicamente por contar con una sentencia de veintidós años, seis meses de prisión, en la causa penal 154/00-01/2PI (fuero común). ? El veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado por el órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, el sentenciado Rubén Ernesto Turriza Mejía, fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kóben, Campeche, a fin de que cumpliera con la pena de prisión impuesta en la causa penal 154/00-01/2PI (fuero común). ? El trece de julio de dos mil veintiuno, Rubén Ernesto Turriza Mejía fue sentenciado en la causa penal 154/00-01/2PI (fuero común), al haberse acreditado su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y disparo de arma de fuego, imponiéndosele una pena de veintidós años, seis meses de prisión y una multa equivalente a $10, 133.75 (diez mil ciento treinta y tres pesos 75/100 M.N.). ? Sentencia condenatoria que fue modificada, en el recurso de apelación 01/21-2022/00136, del índice de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, donde se le impuso una pena de veinte años, seis meses de prisión, y una multa equivalente a $7,170.00 (siete mil ciento setenta pesos 00/100 M.N). Pena de prisión que se debe compurgar el cuatro de abril de dos mil treinta y cuatro, al haber empezado a computarse desde el cuatro de octubre de dos mil trece. Finalmente, el Director del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, Campeche, puntualizó que actualmente el sentenciado del fuero común Rubén Ernesto Turriza Mejía, se encuentra privado de la libertad y a disposición de la Juez de Ejecución de Sentencias del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, para el cumplimiento de las sanciones impuestas en la causa penal 0401/00-2001/00154, que diera origen al expediente de ejecución 142/21-2022/JE-I. 4. Mediante oficio 1896/21-2022/1P de seis de junio de dos mil veintidós, el Juez interino del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Kobén, informó que el Director del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, Campeche, hizo de su conocimiento que la pena de prisión consistente en veinte años, seis meses, misma que fue impuesta dentro de la causa penal 0401/00-2001/00154, comenzó a ser computada a partir del cuatro de octubre de dos mil trece, fecha en la que compurgó la causa penal federal 37/2001, seguida ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. 5. Posteriormente, en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, el homólogo federal declinante advirtió que de las constancias remitidas por el Director del Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, Campeche, se desprendía la participación de las autoridades responsables Juez Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, ambos con sede en San Francisco de Campeche, y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esa ciudad; por lo que, previno a la parte quejosa con la finalidad de que expresara si era su deseo señalar como nuevas autoridades responsables a las antes precisadas. 6. Mediante escrito de uno de julio de dos mil veintidós, el autorizado en términos amplios del quejoso dio cumplimiento al requerimiento realizado en el punto anterior, en los siguientes términos: "En atención a su proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, se señalan como nuevas autoridades responsables: a. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. b. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE. Ambas con residencia y domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital San Francisco de Campeche. c. SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE. Autoridad con residencia y domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital San Francisco de Campeche." 7. En ese sentido, mediante auto de cinco de julio de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Rubén Ernesto Turriza Mejía, porque el quejoso lo había señalado como autoridad responsable, lo que implicaba tener el carácter de Juez y parte en el asunto, lo que legalmente no era permisible. Asimismo, consideró que al también haberse señalado como responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de amparo era el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Por lo que, remitió el juicio de amparo al suscrito, a fin de que se pronunciara sobre la aceptación o rechazo de la competencia plateada; y, dejó sin efectos las fechas y horas señaladas para la celebración de la audiencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano y de la audiencia constitucional respectiva. Como se adelantó, respetuosamente no se comparte el actuar del homólogo federal declinante, ya que el sólo señalamiento del Juez Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, como autoridades responsables, no es suficiente para aplicar la regla de excepción prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Para justificar tal aserción, de forma inicial, se destaca que los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El primer dispositivo reseñado establece las reglas generales para fijar la competencia de los jueces de distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: - La primera regla, concerniente a actos reclamados que requieren de ejecución, cuya competencia recae en el juez cuyo ámbito espacial de actuación se ubique en el lugar en que el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - La segunda regla, si la ejecución se realiza en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el competente será aquel ante el que se presente la demanda; esto es, el que previno en el conocimiento de la demanda. - La tercera regla, consiste en que, si los actos carecen de ejecución, el conocimiento compete al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el artículo 38 de la ley de la materia, constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que regula el citado numeral 37, al determinar que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez federal, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Ahora bien, resulta conveniente destacar las razones que sirvieron de base para resolver el conflicto competencial 11/2019, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, en ese asunto, el Alto Tribunal consideró que el desacuerdo entre los tribunales intervinientes no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. Además, estimó que tal circunstancia no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse, de facto, incompetente para conocer de un asunto, ya que, previamente, debe constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante, contrario a lo que consideró, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con la demanda de amparo directo. Concluyó que, de lo contrario, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por voluntad o equivocación, a determinado órgano judicial a quien le atribuyan el dictado de una sentencia, existente o inexistente, para que quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 constitucional, los tribunales que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar las siguientes directrices: A) Que la autoridad de amparo sea señalada como responsable, no conlleva que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; B) El órgano de amparo está obligado, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquel, dado que si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir el acto que se le reclame al tribunal, no puede ser considerado como autoridad responsable, de modo que no existe algún impedimento legal para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. C) Si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, debe prevenir a la parte quejosa para que precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. D) Si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal es plantear el impedimento para conocer del asunto de, por ejemplo, uno o más magistrados integrantes en los casos de un órgano colegiado, se le deberá prevenir para que aclare su petición y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención, deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto en el artículo 57 de la Ley de Amparo; y, si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b). Las consideraciones anteriores, fueron reflejadas en la tesis 1a. LXXIX/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, septiembre de 2019, Tomo I, página 115, intitulada: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." Así, atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País -criterio que resulta aplicable al caso, por analogía- no se acepta la competencia declinada, pues, se estima que el juez declinante no debió hacer el pronunciamiento de incompetencia ipso facto, ya que si bien debe de evitarse que una autoridad sea Juez y parte en el conocimiento del asunto, también lo es que, primero, debe verificarse la vinculación que, efectivamente, pudieran tener el Juzgado Federal con los actos reclamados. De ahí que, si de la síntesis de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la pena de cinco años de prisión, impuesta en la causa penal de 93/99, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, quedó compurgada el tres de abril de dos mil seis; mientras que, la pena de siete años, seis meses de prisión, impuesta en la causa penal de 37/01, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quedó compurgada el tres de octubre de dos mil trece, este órgano jurisdiccional considera que no existe justificación para que el homólogo federal declinante no conozca de la demanda. Se insiste en lo anterior, ya que la determinación de declinar competencia para conocer de una demanda de amparo, únicamente por haber sido señalado como autoridad responsable (esto sin analizar integralmente la demanda para advertir si en realidad le resulta tal carácter); no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional, pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto reclamado, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.5o.A.1 K (11a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, octubre de 2021, Tomo IV, página 3567, de contenido siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la reubicación de dormitorio en un centro penitenciario, el cual fue turnado a un Juzgado en Materia Administrativa, cuyo titular declinó la competencia por razón de materia a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, en virtud de que el acto reclamado dejó de ser de naturaleza administrativa al haberse judicializado, para ser penal, razones que fueron compartidas por el Juez señalado en segundo término; sin embargo, no aceptó la competencia, al considerar como un obstáculo para proveer sobre la demanda, haber sido señalado como autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no se actualiza el conflicto competencial si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado; por ende, al proveer sobre la demanda, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitir la demanda; pero si de esa revisión existen dudas del porqué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no pueda conocer de la demanda, procede plantear un impedimento para conocer del juicio. Justificación: Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el que se dispuso que es insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; de ahí que si, en el caso, la negativa del Juez de Distrito en Materia Penal radicó en la existencia de un motivo de impedimento para conocer de la demanda al ser señalado como autoridad responsable, ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 672/2022, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Cúmplase
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