Ruben Enrique Chávez
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ruben Enrique Chávez
- Gilberto Hernández Huerta, Agente Con Placa 10296, Adscrito A la Jefatura de Policía Preventiva Y Tránsito Municipal de Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Juicio de amparo ******************** A-I Juicio de amparo ******************** A-I Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio ******************** A-I; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de constancias y da cuenta al juez, con las actuaciones relativas a la demanda de amparo, constancias de notificación a las partes y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables siguientes: elemento adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal (policía Gilberto Hernández Huerta) y el juez calificador adscrito al Dispositivo de Alcoholemia (policía Carlos René Arvizu Quintero) y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Asimismo, se hace constar, que transcurrió el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se pudieran imponer de los presentes autos. En relación con lo determinado en la certificación inicial de esta audiencia, respecto de la inexistencia de parte tercero interesado, se ratifica lo considerado, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, y al respecto se hace constar que el quejoso exhibió diversas documentales en copias fotostáticas (simples); en tanto que, las autoridades responsables: elemento adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal y el juez calificador adscrito al Dispositivo de Alcoholemia, ofrecieron diversas documentales. El juez acuerda: con apoyo en lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales en mención, en todo lo que al quejoso y responsables oferentes favorezcan. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos; el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** A-I, promovido por Rubén Enrique Chávez, por su propio derecho, contra actos y autoridades que más adelante se precisarán; y, R e s u l t a n d o Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda depositado el catorce de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido el siguiente día hábil, por razón de turno a este juzgado, Rubén Enrique Chávez solicitó la protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que habrán de precisarse en el considerando II de esta resolución. Mediante acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se radicó y admitió a trámite el juicio en este juzgado bajo el orden ******************** A-I; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete a la representación social de esta adscripción, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes C o n s i d e r a n d o Competencia Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados tuvieron ejecución dentro de la circunscripción territorial en que tiene competencia este órgano jurisdiccional. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados, en esencia, se hicieron consistir en lo siguiente: ".1.- En lo concerniente a Gilberto Hernández Huerta, agente con placa 10296, adscrito a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de esta ciudad (inciso a), se reclama la emisión y contenido de la boleta de infracción identificada como IS300494, de veinticinco de junio de dos mil veintitrés. 2.- Por lo que hace a Carlos René Arvizu Quintero, Juez Calificador adscrito al Dispositivo Preventivo de Alcoholemia en esta ciudad (inciso b), se impugna la determinación pronunciada e veinticinco de junio de dos mil veintitrés, en la que resolvió no dar inicio al procedimiento administrativo de calificación de la infracción a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora e individualización de la sanción. 3.- Y en lo que atañe al Tesorero Municipal del Ayuntamiento (inciso c), se reclama el cobro de la sanción pecuniaria desglosada en el recibo de pago ACJVR003-9961, de cuatro de julio de dos mil veintitrés." Inexistencia de acto No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, como encargada de la recaudación del cobro del recibo con folio ACJVR003-9961, aun cuando la directora jurídica de dicha dependencia al rendir informe justificado, aceptó el acto reclamado. Se afirma lo anterior, pues la autoridad en cita, tiene la calidad de recaudadora, y únicamente actuó como receptora del importe del que reclama devolución el quejoso, lo que se corrobora a través del recibo exhibido conjuntamente con la demanda de derechos; por tanto, como consecuencia, conduce a tener por no cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Para reforzar lo anterior, se precisa que, la recepción del pago de los conceptos contenidos en el recibo con folio ACJVR003-9961, no implica un acto por parte de la autoridad, sino que, atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley; de ahí que tal actuación no sea imputable a esta, pues la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad. En razón de lo expuesto, al ser inexistente el acto reclamado a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, consistente en la recaudación -cobro- del recibo con folio ACJVR003-9961, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, elemento adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal y el juez calificador adscrito al Dispositivo de Alcoholemia, pues así se advierte de sus informes con justificación. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las consabidas responsables allegaron al sumario, las cuales se tienen a la vista para resolver; documentales que por ser expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 226 consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causa de improcedencia actualizada No se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, en su fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De la anterior transcripción, se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -reformado el seis de junio de dos mil once, aplicable al caso-, amplió el concepto de interés de parte agraviada. En efecto, del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo, lo siguiente: Que la parte quejosa acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y, Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además, sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. De lo anterior se colige, que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina y la jurisprudencia así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En efecto, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Una vez precisado lo anterior, se procede en principio, al análisis de la boleta de pago de la infracción IS300494, de veinticinco de junio de dos mil veintitrés, derivada del examen de alcoholemia, la cual aparece que se encuentra dirigida al quejoso (infractor) Rubén Enrique Chávez; mientras que, el recibo de pago con folio ACJVR003-9961, se encuentra a nombre de: "CORPORATIVO ICDTMÉXICO", esto es, se refiere a diversa persona. Por lo que, es inconcuso que al quejoso Rubén Enrique Chávez, no le causa afectación alguna la expedición de la citada boleta de pago que reclama, puesto que el carácter de infractor a las normas de tránsito representa un concepto cuyo contenido debe determinarse en función de la falta que se considere cometida, por tanto no recae necesariamente en el conductor de un vehículo, sino también en el propietario del vehículo (propiedad del automotor que no quedó acreditada en autos). En efecto, la infracción de referencia, fue aplicable tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente, luego, la quejosa, debe demostrar que se encuentra en tales supuestos. De ahí que, si en la especie, la boleta de infracción está a nombre del aquí quejoso, sin embargo, el recibo de pago con folio ACJVR003-9961, ante Tesorería Municipal, lo hizo diversa persona, por tanto, es inconcuso que en la especie, Rubén Enrique Chávez carece de interés jurídico para promover la demanda de amparo en la forma que se encuentra planteada. Lo anterior encuentra sustento, por las razones que expone, la tesis XXIII.2o.3 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, página 1768, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LO TIENE LA PERSONA CUYOS DATOS APAREZCAN EN LA BOLETA DE INFRACCIÓN QUE SE IMPUGNA. De conformidad con el artículo 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación es improcedente el juicio de nulidad cuando el acto administrativo impugnado no afecte el interés jurídico del demandante. Ahora bien, cuando dicho acto consiste en la multa impuesta a través de una "boleta de infracción", por supuesta violación a las leyes de tránsito terrestre, sin que se precise en ella quién es el obligado al pago de la misma y en el referido documento aparecen tanto los datos del conductor del vehículo, como los de su propietario, ambos tienen interés jurídico para promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que se encuentran en situación de inseguridad jurídica por no tener la certeza de si están obligados al pago de la multa cada uno de ellos." (Lo subrayado es propio) Así, la parte peticionaria de amparo para acceder a la justicia constitucional debe acreditar fehacientemente la afectación que resiente a su esfera de derechos, es decir, demostrar la existencia del derecho subjetivo afectado en forma personal y directa; sin que del sumario en que se actúa, se advierta que cuenta con alguna de las calidades antes mencionadas. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a 1994, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En efecto, el hecho de que del informe justificado y anexos aportados por la autoridad responsable se advierta la existencia del acto reclamado, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, pues, no releva a la parte quejosa de la carga procesal de justificar su interés, y en el caso no lo demostró para promover el juicio de amparo, puesto que la boleta de pago de la infracción aparece a nombre de tercera persona, aunado que tampoco existe constancia que demuestre la propiedad del vehículo en el que se cometió la infracción, de ahí que no se acredita que la agraviada efectivamente es propietaria del vehículo, o, en su caso, que ella haya pagado dicha infracción, por tanto, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la SCJN, que se localiza en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En consecuencia, dado que el quejoso no demostró el interés jurídico para combatir la boleta de infracción, por ende, resulta inconcuso que, tampoco acreditó el interés atinente a los diversos actos derivados, tales como la omisión de dar inicio al procedimiento administrativo de calificación de sanción así como su individualización, pues atañe en todo caso, al pago reflejado en la constancia a que se refiere el recibo ACJVR003-9961, que como ya fue precisado, no se advierte que lo haya erogado el ahora quejoso. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rubén Enrique Chávez, contra los actos y autoridades precisados en el apartado II, por los motivos expuestos en los diversos III y V de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que se encuentra transcurriendo la vista con ampliación de demanda que se otorgó a la parte quejosa mediante auto de dieciocho de octubre del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se dilucida que en el juicio de derechos en que se actúa, se reclaman actos materialmente administrativos, en lo que interesa, la falta o insuficiente fundamentación y motivación de estos. Posteriormente, las autoridades señaladas como responsables; al momento de rendir sus informes justificados, complementaron con diversa fundamentación el acto que se les reclama. Así las cosas, se provee lo siguiente: El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 117. (.) Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." - Lo resaltado es de este Juzgado -. Vista con ampliación de demanda. Luego, en obediencia al numeral apenas transcrito y a fin de evitar irregularidades en el procedimiento, córrase traslado con los citados informes justificados al quejoso, para que dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con cuatro copias de traslado, de ser el caso, amplíe su demanda constitucional por lo que refiere a la complementación de la fundamentación y motivación de los informes rendidos por las autoridades responsables. En la inteligencia de que, en caso de ampliarla, deberá cumplir cabalmente con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo en el plazo referido, el presente asunto se tramitará y resolverá únicamente con base en lo que obra y fue hecho valer en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por una de las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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