Rubén Elena Santiago
Expediente 301/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/05/2019
Partes del expediente
- Rubén Elena Santiago
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, se advierte que el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remite el expediente 306/2019, promovido por Ruben Elena Santiago, por conducto de Alberto Carrera Álvarez, al considerar que es a este órgano de control constitucional a quien le corresponde el trámite y resolución del mismo, por la razón que expone. Al respecto, toda vez que del estado de autos se advierte que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto; fórmese expediente, y anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo el orden 301/2019. El demandante del amparo omitió expresar bajo protesta de decir verdad tanto los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, como si actualmente ostenta el cargo de defensor particular del directo agraviado, sin embargo, no ha lugar a prevenirlo para que subsane dichas deficiencias, en virtud del sentido de esta determinación. Ahora, de la lectura integral de la demanda se aprecia que los actos reclamados en este juicio son los siguientes: a) El acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 402/2016 y su acumulada 5/2017, mediante el cual se negó el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz, a la Prisión Militar de la Primera Región; acto que fue atribuido al juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región; y b) La expedición, promulgación, publicación, refrendo y aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, en específico, del contenido del artículo 198, párrafo primero, parte segunda, del citado numeral; actos que respectivamente fueron atribuidos al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, Congreso de la Unión, y director del Diario Oficial de la Federación. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Por su parte, la fracción X del numeral en cita, a que remite la fracción transcrita, es del siguiente tenor: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que ha sido materia de una ejecutoria en un juicio de amparo diverso, lo que en materia procesal se denomina "Cosa Juzgada", lo cual produce el efecto de tornar improcedente un juicio de amparo, no sólo cuando se trate del mismo acto reclamado, como lo puntualizó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los autos del amparo indirecto en revisión 315/2017, que se señalara con mayor precisión más adelante, sino también cuando tiene el mismo objeto que otro en el que ya se estudió y resolvió el problema planteado, evitando con ello que recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto, que en su caso. En ese sentido, para que se actualice la causal de improcedencia a que alude la fracción XI del citado precepto, es necesario que respecto de los actos reclamados exista cosa juzgada; esto es, cuando en otro juicio de amparo se haya dictado sentencia ejecutoria contra la cual no procede recurso alguno, es decir, cuyo sentido no es susceptible de ser modificado. Así, el mencionado tribunal, estableció lo siguiente: "Como se aprecia, el quejoso con la promoción del juicio de amparo del que deriva el presente recurso, se duele de la negativa por parte de la autoridad jurisdiccional militar responsable, de acordar de conformidad su traslado del lugar en donde actualmente se encuentra, al lugar donde se le sigue el juicio y anteriormente se encontraba, esto es, del Centro Federal de Reinserción Social número cinco "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz, a la Prisión Militar Campo Militar 1-A adscrita a la Primera Región en esta Ciudad de México. Sin embargo, el núcleo principal que el recurrente busca someter al control constitucional, no es la resolución que recayó al recurso revocación que interpuso en contra de la determinación del Juez Militar responsable, sino su traslado del lugar en el que se encontraba al lugar en donde actualmente se encuentra, autorizada el catorce de octubre de dos mil quince, por el entonces Juez Quinto Militar adscrito a la Primera Región Militar, que previo al cese de sus funciones, instruía la causa penal instaurada en contra del ahora quejoso (454/2011), que posteriormente pasó a ser la causa penal número 402/2016 del índice del Juzgado Segundo Militar [a la cual con posterioridad se acumuló la diversa número 5/2017 del índice del Juzgado Tercero Militar], que en su momento fue combatido por un diverso medio extraordinario de defensa. Esto es, el tema de la permanencia del quejoso Rubén Elena Santiago, en el Centro Federal de Reinserción Social número cinco "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz, donde actualmente se encuentra, y no en la Prisión Militar Campo Militar 1-A adscrita a la Primera Región de esta Ciudad de México, donde se encontraba y se le sigue el juicio, combatido por medio del juicio de amparo del cual deriva el presente recurso, ya fue materia de análisis en un juicio de amparo anterior, a saber, en el juicio de amparo número 964/2015, del índice del mismo Juzgado de amparo recurrido, a saber, el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, promovido por el mismo quejoso Rubén Elena Santiago, en el cual, en su momento, se dictó la resolución que le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, y que el quejoso, consintió tácitamente al no haberla impugnado, por ende, causó ejecutoria, ordenándose su archivo definitivo. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que el quejoso en un nuevo juicio de amparo, reclame una resolución que recayó a un recurso ordinario, con el objeto de que se analice la constitucionalidad de una diversa resolución que ya fue materia de un diverso juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra actos de la autoridad jurisdiccional que en su momento conocía de la causa penal instruida en su contra (Juez Quinto Militar), en el que incluso, fueron analizadas las violaciones constitucionales que el quejoso ahora aduce, entre ellas, la aplicación del artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que se sustentó su traslado, así como la violación a su derecho de defensa que dice, no puede ejercer adecuadamente por estar detenido en prisión preventiva en un lugar distinto al lugar en el que se le sigue el juicio. Esto es, la pretensión del quejoso es, permanecer recluido en prisión preventiva en la Prisión Militar Campo Militar 1-A adscrita a la Primera Región de esta Ciudad de México, donde se encontraba y se le sigue el juicio, y no en el lugar en el que actualmente se encuentra con motivo de su traslado autorizado en su momento por la autoridad jurisdiccional que conocía de la causa penal instruida en su contra, esto es, en el Centro Federal de Reinserción Social número cinco "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz, combatido a través de un diverso juicio de amparo ya resuelto en definitiva; a través de una petición ante la autoridad jurisdiccional que continuó en el conocimiento de su causa (sustituta), con motivo del cese de funciones de la primera, con la misma finalidad; por ello, la misma determinación de dicha autoridad, en el sentido de que, debe permanecer en el lugar en el que actualmente se encuentra y no en el que se encontraba. . No es procedente analizar el fondo de la cuestión planteada, por actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo de cosa juzgada. .también lo es que, en la especie, dicha circunstancia se debe ponderar con la observancia estricta del principio de cosa juzgada, igualmente previsto en los documentos en comento; adicionalmente, no se debe soslayar que este último principio se encuentra indisoluble e inexorablemente vinculado con el diverso de seguridad jurídica, con lo que dicho principio de cosa juzgada, aunado al de seguridad jurídica, en la especie, constituyen el binomio preponderante. . Por tanto, la Tesis de Jurisprudencia precisada, al ser de observancia y aplicación obligatoria para este órgano colegiado de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo, del artículo 217, de la Ley de Amparo, constituyen una razón suficiente para estimar la improcedencia del juicio de amparo, por actualizarse la causa prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la ley de la materia, relativa a la cosa juzgada, que sin analizar el fondo de la cuestión planteada, conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63, del referido ordenamiento legal. .". En esas condiciones, por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso a) se actualiza la improcedencia del juicio, en razón que el fondo de la cuestión que nuevamente se plantea en favor del directo agraviado ya ha sido materia de escrutinio constitucional en la vía indirecta, y como tal, se ha generado su inatacabilidad -cuestión esta última que de igual forma precisó el mencionado tribunal-, por lo que no se abunda más al respecto. Por otra parte, en relación con la misma causal de improcedencia, pero ahora, en referencia con los actos reclamados que se precisaron en el inciso b), es pertinente puntualizar que aun cuando por regla general se ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en que se impugne el mismo acto o norma general, la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se hubiese resuelto respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado la referida inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, ejemplo de ello, y distinto al ya ponderado, cuando en una sentencia de amparo se declara que el acto reclamado fue consentido y, esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma. Es orientadora la tesis emitida por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, que en su rubro dice "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". Al respecto, se precisa que del diverso controvertido 476/2017, se advierte fue promovido con anterioridad en favor del mismo quejoso, contra los mismos actos reclamados y mismas autoridades señalados en el referido inciso b), en que por una parte se desechó parcialmente la demanda respecto del acto reclamado del director del Diario Oficial de la Federación -cuestión que fue materia de impugnación que se declaró infundada-, y por otra, se sobreseyó en el juicio contra los diversos señalados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia -norma consentida tácitamente-, en tanto el acto de aplicación reclamado no constituía el primero en que se concretara en perjuicio del demandante del amparo la hipótesis jurídica controvertida; resolución que al no ser impugnada causó ejecutoria. En las relatadas condiciones, se concluye que en el presente caso se actualiza la improcedencia anunciada al inicio de este proveído en relación con todos los actos reclamados que han sido descritos, desde luego, bajo las dos perspectivas establecidas; cuestión que por sí imposibilita sujetar a discusión o reexaminar lo que en su momento se determinó en relación con los mismos, en virtud que los pronunciamientos relativos constituyen cosa juzgada. En el entendido que sería ilógico otorgar al quejoso la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto estime necesarias, lo cual eminentemente abriría la posibilidad de que se dictaran sentencias contradictorias, o la proliferación superflua de juicios de amparo, y a que la cosa juzgada fuera obsoleta. En conclusión, con fundamento en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Por otro lado, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señalaron las mismas para tal efecto. Ténganse como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas mencionadas, en tanto no se acredita que se encuentren legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes.
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