Rubén Eduardo Urbina Monroy

Expediente 1050/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1050/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Rubén Eduardo Urbina Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese el telegrama enviado por la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República, por el que rinde informe justificado; sin que haya lugar a acordar al respecto toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que, por auto de veintinueve de noviembre del año actual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, dicho auto causó estado en proveído de diecisiete de diciembre del año en curso. Informa. Por otra parte, se le tiene por informando que no cuenta con número telefónico ni correo electrónico institucional autorizados para recibir notificaciones. Domicilio y delegados. Por último, como lo solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 28 de la ley de la materia, téngase como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.

  3. Principal

    Glósese el oficio signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Órgano Administrativo al cual están adscritos el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de Control y Verificación de la Estación Migratoria de dicha Oficina, con sus anexos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña dicha autoridad. Visto el contenido del oficio que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] Ello es así, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica al dictarse acuerdo de conclusión en el Procedimiento Administrativo Migratorio seguido a los quejosos, por la imposibilidad material de continuarlo [.]" Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la incomunicación, temiendo que las autoridades migratorias que participan pudieran cometer en perjuicio de los quejosos, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que firmen algún documento que permita a la autoridad administrativa tratar de justificar ese acto reclamado. El alojamiento temporal que estaban sufriendo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, violando el debido proceso; la deportación, retorno asistido, cambio de estación migratoria que se pudiera realizar sin procedimiento administrativo correspondiente. La inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, con motivo de su aplicación en el procedimiento administrativo migratorio. Visto el oficio de cuenta y sus adjuntos, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que obran en autos, así como del oficio y sus anexos que se agregan en este proveído, las que adquieren eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 fracciones II y VII, 129, 188, 197, 202 y 10-Adel Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se advierte: 1. Aldo Casillas Flores, en favor de Rubén Eduardo Urbina Monroy, Daniel Arturo Lara García, José Neri Ardon Rodríguez y Marlon Orlando Sánchez García promovió demanda de amparo, en la que reclamó del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades el alojamiento temporal de los quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, así como la posible deportación, retorno asistido, cambio de estación migratoria, sin la realización del procedimiento administrativo correspondiente, así como la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. A la fecha en que se presentó la demanda -diez de octubre de dos mil veintiuno-, aún las responsables no habían resuelto la situación migratoria de los quejosos en territorio mexicano al continuar con el trámite del procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. 3. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí representación de las autoridades responsables comunicó que esa autoridad migratoria no emitió orden de deportación o repatriación en contra de los quejosos, dentro de los procedimientos administrativos incoados en contra de los quejosos, además, que el ocho de octubre de dos mil veintiuno, los quejosos fueron rescatados, puestos a disposición y presentados a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí al no contar con documentación que acredite su situación migratoria; asimismo, en la misma data se dictó acuerdo de inicio, comparecencia y acuerdo de presentación, y el once de ese mismo mes y año se emitió orden de salida de los quejosos de la estación migratoria, haciéndoles saber las obligaciones decretadas en auto de diez de octubre del año en curso, para el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio, lo cual hizo en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio. 4. Finalmente, en el oficio con que se da cuenta, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí adscrito a la Oficina de Representación en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración comunica acuerdo de dos de noviembre de esta anualidad por el que se concluyeron los Procedimientos Administrativos Migratorios instruidos en contra de Rubén Eduardo Urbina Monroy, Daniel Arturo Lara García, José Neri Ardon Rodríguez y Marlon Orlando Sánchez García, ello ante la imposibilidad material de continuarlos, acompañando las copias certificadas respectivas. En ese sentido, se considera que cambió la situación jurídica de los quejosos Raimer Fernández Elías, Rafael Ángel Benítez Vidal, Magdiel Leyva Furones y Silvia Raquel Salazar Vallejos, por lo que ve al alojamiento temporal en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, la deportación, y el artículo 111 de la Ley de Migración, esto con motivo de su aplicación en el procedimiento administrativo migratorio. Lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los mencionados actos reclamados, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica imperante en los procedimientos administrativos migratorios de origen, generada con los acuerdos de conclusión de dos de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que, este juzgador no puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados en cuestión, sin afectar la nueva situación jurídica generada, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquellos, afectaría la generada con motivo de los citados acuerdos de conclusión de dos de noviembre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Glósese a estos autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Directora de Área de la Coordinación de evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 30894/2021 dirigido a la responsable "PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", por los motivos asentados en el mismo. Representación Presidente de la República. Asimismo, informa que en el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instituyen los otorgamientos de la representación presidencial. Por tanto, se tiene como representante de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al Secretario de Gobernación. Reenvío de oficio. En tal virtud, reenvíese el citado oficio (30894/2021) y su adjunto -y copia de la demanda- a la dirección sito en Abraham González 48, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para que la referida responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de su representante el Secretario de Gobernación, se encuentre debidamente notificada del proveído de once de octubre de dos mil veintiuno y pueda dar cumplimiento de rendir su informe justificado.

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