Rubén Eduardo Salazar Huesgen

Expediente 622/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
622/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Rubén Eduardo Salazar Huesgen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de ocho de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las BERNADETTE BALLESTEROS SESMA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.cc.90 03/02/24 16:22:47 disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del treinta de marzo de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Eduardo Salazar Huesgen, por propio derecho, en los términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en que se actúa y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo a las partes el término de ocho días que por auto de siete de los actuales, se concedió a efecto de que se impongan del contenido del informe justificado, oficio y constancias remitidos por la responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con cincuenta y dos minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación debe notificarse por medio de lista a la autoridad responsable y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que esta actuación no contiene algún requerimiento a las mismas, aunado a que no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se les notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, que es del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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