Ruben Eduardo Martínez Vivanco
Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/05/2023
Partes del expediente
- Ruben Eduardo Martínez Vivanco
- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITUTLAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A-1 DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (denominación correcta de Age
- Ruben Eduardo Martínez Vivanco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a la autoridad responsable. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77, 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio, o bien, determinar si existe o no materia para su ejecución; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer lo conducente, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional es: "El oficio de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que designara personal en psicología a fin de que emita dictamen en dicha materia en relación con la menor de iniciales ********************(de cuatro años de edad). Al efecto, señaló las diez horas del once de enero de dos mil veintitrés, como fecha para el desahogo de dicha diligencia.". Por sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 78 a 93), se concedió el amparo para el efecto de que el Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación A-I, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "I. En el plazo de veinticuatro horas, deberá dejar sin efectos el oficio de dieciocho de julio de dos mil veintidós, únicamente en lo que se refiere a la programación de la diligencia relativa al dictamen en materia de psicología respecto de la menor de iniciales ********************, que se fijó para el once de enero de dos mil veintitrés, a las diez horas. II. En el mismo plazo, deberá dictar un auto, en el que precise: i. El nombre del experto que desahogará la prueba pericial en materia de psicología respecto de la menor quejosa de iniciales ******************** ii. Las medidas que se tomarán durante el desahogo de la misma, a fin de evitar la revictimización de la menor. iii. Deberá fijar la fecha para el desahogo de dicha diligencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acuerdo respectivo.". En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por la autoridad ministerial responsable en contra de la sentencia de amparo (foja 110). De dicho recurso conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, el que lo registró bajo el consecutivo R.P. 13/2023 (fojas 121 y 122); y, mediante resolución aprobada en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida (fojas 128 a 141). Llegados los autos, el trece de marzo siguiente, se requirió a la responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 142 y 143). El quince de marzo último, se recibió el oficio registrado con el folio 4929 (foja 146), en el que la autoridad responsable informó que: El once de enero de dos mil veintitrés, fue presentada voluntariamente la niña de iniciales ********************, para realizar la entrevista para dictamen en materia de psicología. El dictamen fue realizado por la perito ******************** y se emitió el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Al efecto obra en autos copia certificada de tal experticia (fojas 147 a 156). Ahora bien, de autos se advierte que el amparo concedido el treinta de noviembre de dos mil veintidós, fue para que el Agente del Ministerio Público, dejara sin efectos el oficio en el que había fijado las diez horas del once de enero de dos mil veintitrés, como fecha de desahogo de la prueba en psicología y en el plazo de cinco días dictara uno nuevo en el que fijara nueva data para la diligencia antes referida, bajo ciertas especificaciones, a fin de evitar la revictimización de la menor. En el lapso en que tendría lugar dicha prueba (once de enero de dos mil veintitrés), se encontraba pendiente de resolver el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable. Entonces, pese a que se había concedido el amparo para que no se desahogara la diligencia respecto de la citada menor en los términos reclamados; según lo informado por la responsable, en la fecha primigeniamente señalada de forma voluntaria fue presentada ante el Agente del Ministerio Público y se procedió a su entrevista para dictamen en materia de psicología, misma que fue realizada en la propia fecha por la perito ******************** y el diecinueve siguiente, emitió la respectiva experticia. Ahora bien, el párrafo último del artículo 196 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que el órgano judicial de amparo emita una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales. A su vez, el diverso 214 de la ley de la materia, establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional. Como se observa la ley contempla dos figuras que pueden ocurrir cuando se advierte un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo, a saber: Imposibilidad material o jurídica. Inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto aparece cuando los factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, o las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria no están en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo; lo cual no significa que la misma carezca de efectos o deje de cumplirse, pues ante la eventualidad se busca una alternativa al cumplimiento original. Por lo que hace al segundo, relativo a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, se presenta cuando los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo; es decir, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En la especie, se patentiza el segundo de los supuestos en análisis, es decir, no hay materia para la ejecución del fallo protector. En efecto, el suscrito considera que de volver a realizar el estudio psicológico ordenado a la menor víctima bajo los parámetros ordenados en la sentencia de amparo, ocasionaría su revictimización, al tener que sujetarla a una nueva entrevista que conlleva revivir los hechos materia de su denuncia y, por los cuales, se sintió perjudicada en su psique, entrevista que por su naturaleza deber ser única e irrepetible. Merece invocarse por lo que informa, la jurisprudencia del entonces Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ESTUDIO EN PSICOLOGÍA PRACTICADO DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA EN EL PROCESO PENAL A UN MENOR DE EDAD VÍCTIMA DE DELITO, A CARGO DEL PERITO OFICIAL PUES, POR REGLA GENERAL, ES ÚNICO E IRREPETIBLE, SIN QUE ELLO LIMITE LOS DERECHOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y OPORTUNIDAD PROBATORIA DEL DEFENSOR Y DEL IMPUTADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos vinculados con la negativa del desahogo de la pericial en materia de psicología practicada a menores de edad víctimas de delito en la etapa de investigación formalizada, en donde ya había sido practicado el indicado análisis por un perito oficial, llegaron a diferentes conclusiones, ya que uno sostuvo que es improcedente, debido a que no se trastocan derechos sustantivos, toda vez que no es posible entregar al imputado los estudios en que se apoya la pericial, pues con ello se lesionaría el derecho de no revictimización, mientras que el otro resolvió la procedencia del juicio al causar un daño de imposible reparación, puesto que no podrá preparar la prueba en esa etapa. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal, que no inciden en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el estudio de psicología practicado al menor de edad víctima de delito es único e irrepetible, y en la investigación formalizada sólo constituye un medio de prueba, respecto del cual no existe impedimento para que el imputado y su defensor aporten una opinión pericial psicológica, partiendo de los elementos que tomó en cuenta el perito oficial, pues para ello no requiere del auxilio del Ministerio Público; desde luego, sin repetir el estudio presencial que se llevó a cabo con el menor de edad; tampoco podría aducirse como una violación procesal reclamable en amparo directo, debido a que las razones sobre la negativa de admitir la pericial en psicología, cuando ya existe un estudio previo practicado por el perito oficial, tendrían que derivar de un nuevo ejercicio argumentativo de las partes propuesto en la audiencia de juicio oral.". En ese sentido, los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo -cita para entrevista de la menor para una pericial-. En otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada, en virtud de que la pericial ya se desahogó y ordenar que se realice nuevamente en los términos indicados en la sentencia implicaría una revictimización, lo cual se encuentra vedado por la ley. Debe destacarse sobremanera que ello ocurrió porque se presentó voluntariamente, lo que evidentemente hizo nugatorio el esfuerzo constitucional con un fallo protector apegado al marco sobre derechos humanos. Por tanto, como se adelantó, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo ante la imposibilidad material para pronunciarse en torno a ello. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77, 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio, o bien, determinar si existe o no materia para su ejecución; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer lo conducente, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional es: "El oficio de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que designara personal en psicología a fin de que emita dictamen en dicha materia en relación con la menor de iniciales ********************(de cuatro años de edad). Al efecto, señaló las diez horas del once de enero de dos mil veintitrés, como fecha para el desahogo de dicha diligencia.". Por sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 78 a 93), se concedió el amparo para el efecto de que el Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación A-I, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: "I. En el plazo de veinticuatro horas, deberá dejar sin efectos el oficio de dieciocho de julio de dos mil veintidós, únicamente en lo que se refiere a la programación de la diligencia relativa al dictamen en materia de psicología respecto de la menor de iniciales ********************, que se fijó para el once de enero de dos mil veintitrés, a las diez horas. II. En el mismo plazo, deberá dictar un auto, en el que precise: i. El nombre del experto que desahogará la prueba pericial en materia de psicología respecto de la menor quejosa de iniciales ******************** ii. Las medidas que se tomarán durante el desahogo de la misma, a fin de evitar la revictimización de la menor. iii. Deberá fijar la fecha para el desahogo de dicha diligencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acuerdo respectivo.". En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por la autoridad ministerial responsable en contra de la sentencia de amparo (foja 110). De dicho recurso conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, el que lo registró bajo el consecutivo R.P. 13/2023 (fojas 121 y 122); y, mediante resolución aprobada en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida (fojas 128 a 141). Llegados los autos, el trece de marzo siguiente, se requirió a la responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 142 y 143). El quince de marzo último, se recibió el oficio registrado con el folio 4929 (foja 146), en el que la autoridad responsable informó que: El once de enero de dos mil veintitrés, fue presentada voluntariamente la niña de iniciales ********************, para realizar la entrevista para dictamen en materia de psicología. El dictamen fue realizado por la perito ******************** y se emitió el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Al efecto obra en autos copia certificada de tal experticia (fojas 147 a 156). Ahora bien, de autos se advierte que el amparo concedido el treinta de noviembre de dos mil veintidós, fue para que el Agente del Ministerio Público, dejara sin efectos el oficio en el que había fijado las diez horas del once de enero de dos mil veintitrés, como fecha de desahogo de la prueba en psicología y en el plazo de cinco días dictara uno nuevo en el que fijara nueva data para la diligencia antes referida, bajo ciertas especificaciones, a fin de evitar la revictimización de la menor. En el lapso en que tendría lugar dicha prueba (once de enero de dos mil veintitrés), se encontraba pendiente de resolver el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable. Entonces, pese a que se había concedido el amparo para que no se desahogara la diligencia respecto de la citada menor en los términos reclamados; según lo informado por la responsable, en la fecha primigeniamente señalada de forma voluntaria fue presentada ante el Agente del Ministerio Público y se procedió a su entrevista para dictamen en materia de psicología, misma que fue realizada en la propia fecha por la perito ******************** y el diecinueve siguiente, emitió la respectiva experticia. Ahora bien, el párrafo último del artículo 196 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que el órgano judicial de amparo emita una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales. A su vez, el diverso 214 de la ley de la materia, establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional. Como se observa la ley contempla dos figuras que pueden ocurrir cuando se advierte un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo, a saber: Imposibilidad material o jurídica. Inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto aparece cuando los factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, o las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria no están en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo; lo cual no significa que la misma carezca de efectos o deje de cumplirse, pues ante la eventualidad se busca una alternativa al cumplimiento original. Por lo que hace al segundo, relativo a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, se presenta cuando los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo; es decir, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En la especie, se patentiza el segundo de los supuestos en análisis, es decir, no hay materia para la ejecución del fallo protector. En efecto, el suscrito considera que de volver a realizar el estudio psicológico ordenado a la menor víctima bajo los parámetros ordenados en la sentencia de amparo, ocasionaría su revictimización, al tener que sujetarla a una nueva entrevista que conlleva revivir los hechos materia de su denuncia y, por los cuales, se sintió perjudicada en su psique, entrevista que por su naturaleza deber ser única e irrepetible. Merece invocarse por lo que informa, la jurisprudencia del entonces Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ESTUDIO EN PSICOLOGÍA PRACTICADO DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA EN EL PROCESO PENAL A UN MENOR DE EDAD VÍCTIMA DE DELITO, A CARGO DEL PERITO OFICIAL PUES, POR REGLA GENERAL, ES ÚNICO E IRREPETIBLE, SIN QUE ELLO LIMITE LOS DERECHOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y OPORTUNIDAD PROBATORIA DEL DEFENSOR Y DEL IMPUTADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos vinculados con la negativa del desahogo de la pericial en materia de psicología practicada a menores de edad víctimas de delito en la etapa de investigación formalizada, en donde ya había sido practicado el indicado análisis por un perito oficial, llegaron a diferentes conclusiones, ya que uno sostuvo que es improcedente, debido a que no se trastocan derechos sustantivos, toda vez que no es posible entregar al imputado los estudios en que se apoya la pericial, pues con ello se lesionaría el derecho de no revictimización, mientras que el otro resolvió la procedencia del juicio al causar un daño de imposible reparación, puesto que no podrá preparar la prueba en esa etapa. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal, que no inciden en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el estudio de psicología practicado al menor de edad víctima de delito es único e irrepetible, y en la investigación formalizada sólo constituye un medio de prueba, respecto del cual no existe impedimento para que el imputado y su defensor aporten una opinión pericial psicológica, partiendo de los elementos que tomó en cuenta el perito oficial, pues para ello no requiere del auxilio del Ministerio Público; desde luego, sin repetir el estudio presencial que se llevó a cabo con el menor de edad; tampoco podría aducirse como una violación procesal reclamable en amparo directo, debido a que las razones sobre la negativa de admitir la pericial en psicología, cuando ya existe un estudio previo practicado por el perito oficial, tendrían que derivar de un nuevo ejercicio argumentativo de las partes propuesto en la audiencia de juicio oral.". En ese sentido, los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo -cita para entrevista de la menor para una pericial-. En otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada, en virtud de que la pericial ya se desahogó y ordenar que se realice nuevamente en los términos indicados en la sentencia implicaría una revictimización, lo cual se encuentra vedado por la ley. Debe destacarse sobremanera que ello ocurrió porque se presentó voluntariamente, lo que evidentemente hizo nugatorio el esfuerzo constitucional con un fallo protector apegado al marco sobre derechos humanos. Por tanto, como se adelantó, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo ante la imposibilidad material para pronunciarse en torno a ello. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ".
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable que lo signa, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, dése vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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