Ruben Duarte Roque

Expediente 1253/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1253/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Ruben Duarte Roque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, mediante los cuales, devuelve diligenciado el exhorto 467/2023-V, con número de orden 470/2023; en consecuencia, dese de baja la aludida comunicación, previas anotaciones de rigor. Sin que resulte necesario girar acuse de recibo alguno, en virtud que la presente comunicación se remitió vía interconexión (S.I.S.E.), sistema que automáticamente genera el acuse respectivo. Ahora, de la constancia que remite la Jueza oficiante, se advierte que Rubén Duarte Roque, manifestó lo siguiente: "Apelo el recurso porque ya agote el recurso de apelacion y meti controversia judicial y ASTA EL MOMENTO NO E OBTENIDO RESPUESTA ALGUNA. POR ESO ACUDI ANTE USTED PARA QUE ME PROTEJA CON FORME A LA LEY." (sic) En ese sentido, toda vez que en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y demás aplicables de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja, en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado, materia de la notificación efectuada al promovente, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en relación con el juicio de amparo 1253/2023-V, promovido por Rubén Duarte Roque, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias en Tijuana, Baja California, y otras autoridades, en el sentido de que ES CIERTO el acto, ya que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de derechos fundamentales, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, así como la diversa establecida en la fracción XIV, en relación con el 17 y 18, todos, de la Ley de Amparo. En este orden, para efectos de la remisión del recurso de queja interpuesto, remítase oficio vía interconexión a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, para solicitar el turno del Tribunal Colegiado al que le corresponderá conocer de dicho medio de impugnación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la circular DGGJ/12/2020, de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/OGN

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, informa que designó a los licenciados Marianna Lizbeth García, Jesús Mendoza Medina y Octavio Daniel Sifuentes Arzate, para que brinden el servicio de asesoría jurídica a favor del quejoso Rubén Duarte Roque, en el presente juicio de amparo; por tanto, se les tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a quienes menciona; asimismo, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción a fin de que notifique de manera personal a los asesores jurídicos - indistintamente- el presente proveído, así como el auto de veintisiete de septiembre del presente año, corriéndoles traslado con copia del escrito de demanda, para los efectos legales conducentes. Ahora, toda vez que el quejoso Rubén Duarte Roque, se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social 18 CPS en Saltillo, Coahuila, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, el cual deberá remitirse vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva notificarle personalmente la presente determinación. Se solicita atenta y respetuosamente que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas, así también, se faculta al Juez exhortado para que emita todos los proveídos necesarios, por lo que podrá imponer las medidas de apremio necesarias, habilitando desde este momento días y horas inhábiles en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente los asesores jurídicos, y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/OGN

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, informa que designó a los licenciados Marianna Lizbeth García, Jesús Mendoza Medina y Octavio Daniel Sifuentes Arzate, para que brinden el servicio de asesoría jurídica a favor del quejoso Rubén Duarte Roque, en el presente juicio de amparo; por tanto, se les tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a quienes menciona; asimismo, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción a fin de que notifique de manera personal a los asesores jurídicos - indistintamente- el presente proveído, así como el auto de veintisiete de septiembre del presente año, corriéndoles traslado con copia del escrito de demanda, para los efectos legales conducentes. Ahora, toda vez que el quejoso Rubén Duarte Roque, se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social 18 CPS en Saltillo, Coahuila, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, el cual deberá remitirse vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva notificarle personalmente la presente determinación. Se solicita atenta y respetuosamente que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas, así también, se faculta al Juez exhortado para que emita todos los proveídos necesarios, por lo que podrá imponer las medidas de apremio necesarias, habilitando desde este momento días y horas inhábiles en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente los asesores jurídicos, y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe.''

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBREE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio 18721/2023 signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al que acompaña la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias en Tijuana, Baja California, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 1253/2023-V. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana, de esta ciudad, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS Coahuila, en el municipio de Ramos Arizpe, -en donde actualmente se encuentra interno-. Al respecto, tenemos que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el principio de definitividad, como a continuación se verá. Tales preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" De los preceptos transcritos se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, así como contra los actos de autoridades distintas a aquellos, cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, o en su caso, proceda en su contra alguno de los citados medios de impugnación, por virtud del cual, dichas resoluciones o actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; ello, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, o en su caso, no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha señalado que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, ha sostenido que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Bajo esas premisas, es dable destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, toda vez que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, dicho numeral establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. En ese tenor, la Primera Sala concluyó que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto y, ante tales circunstancias, si el inconforme decide acudir a la instancia de amparo, previo a ello, tendrá que agotar los referidos medios de defensa. Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), con registro digital 2023063, de contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, cuando se pretende impugnar una orden de traslado de un centro penitenciario, previo a instar en la vía constitucional, la parte quejosa está obligada a cumplir con el principio de definitividad. Esto es, el quejoso debe agotar la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión que hasta este momento procesal, del contenido del escrito de demanda, no pueda advertirse, en forma fehaciente, si -en su caso- la orden de traslado reclamado consta -o no- en una resolución emitida por escrito, pues tal circunstancia en modo alguno desvirtúa la naturaleza de la actuación reclamada, esto es, al margen de la forma en que la orden se haya emitido, lo cierto es que dicha instrucción puede ser modificada o revocada a través de la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, con registro digital 2023190, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. HECHOS: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. JUSTIFICACIÓN: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Queja 36/2020. Óscar Bonito Flores u Óscar Flores Iglesias. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Héctor Vargas Becerra. Queja 46/2020. Carlos Alberto Angelino Barrón y otro. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Alexandra Valois Salazar." Entonces, si del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso acudió directamente a la vía constitucional para reclamar la orden de traslado al centro penitenciario en el que se encuentra interno, sin haber agotado previamente el medio ordinario de defensa antes descrito, es inconcuso que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII y XX, de la Ley de Amparo. De igual forma, tenemos que que en la especie se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo. Resulta necesario mencionar que la Ley de Amparo en sus artículos 17 y 18, establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por su parte, la fracción XIV, del artículo 61, del mismo ordenamiento prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]". Del precepto legal en cita se advierte que el término para la presentación de la demanda de amparo será de quince días; asimismo, se aprecian tres supuestos para iniciar su cómputo, a saber: Al día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Al día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la presentación del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Como se mencionó, el promovente señala como acto reclamado el traslado involuntario a diverso Centro de Readaptación Social del que se encontraba interno, ejecutado el dieciséis de octubre de dos mil veintidós. En ese contexto, es evidente que tuvo conocimiento de la orden de traslado, desde el dieciséis de octubre de dos mil veintidós, data en que fue trasladado del Centro de Reinserción Social Tijuana, en esta ciudad, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS Coahuila, en el municipio de Ramos Arizpe. De ahí que si la demanda de amparo fue depositada el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, y se tuvo por presentada hasta el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, tal como se obtiene de la papeleta de turno generada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ésta resulta por demás extemporánea, al exceder el plazo de quince días establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para su presentación. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el propio impetrante, quien bajo protesta de decir verdad, en su demanda de derechos manifestó que el día dieciséis de octubre de dos mil veintidós, fue ejecutado el traslado de que se trata. Sin que el presente asunto se encuentre en alguno de los supuestos de excepción previstos en el numeral supracitado, ya que en este juicio de derechos la parte quejosa reclama el traslado del que fue objeto el dieciséis de octubre de dos mil veintidós, por lo que es claro que aplica el plazo genérico a que se refiere el primer párrafo de la disposición normativa referida, y no el previsto en alguna de las fracciones I, II, III y IV, del mismo. Además, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el contenido de la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) con número de registro digital 2023063, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, como se acotó en líneas anteriores, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro de procedimiento, al que como ya se indicó, le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda y las reglas de suspensión del acto reclamado a petición de parte; de ahí que la persona privada de su libertad ya no queda sin defensa: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Lo anterior, ocasiona que el acto que se reclama en párrafos que anteceden, se estime consentido tácitamente, pues se insiste, no se impugnó dentro del plazo legal. En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Ahora, toda vez que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social 18 CPS en Saltillo, Coahuila, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, el cual deberá remitirse vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva notificarle personalmente la presente determinación. Se solicita atenta y respetuosamente que tan pronto sea diligenciado el exhorto ordenado lo devuelva en conjunto con las actuaciones practicadas, así también, se faculta al Juez exhortado para que emita todos los proveídos necesarios, por lo que podrá imponer las medidas de apremio necesarias, habilitando desde este momento días y horas inhábiles en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo solicita el promovente, requiérase al Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente al quejoso en virtud de que éste se encuentra privado de su libertad, y por ende, en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, a fin de garantizar el acceso a la justicia y, que se le asesoría por un profesional del derecho con la capacidad técnica para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para su patrocinado y así otorgar una real y efectiva asistencia legal. Apercibido de que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedora a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Ahora bien, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a ******************** y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.''

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