Ruben Díaz Pinzon
Expediente 1383/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1383/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 18/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, encargado de Despacho por Ministerio de Ley
- Ruben Díaz Pinzon
- Cecilia Alarcon Morales
- Ruben Díaz Pinzon y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en función de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que por acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciséis (foja 533), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y que a la fecha ha transcurrido dicho plazo, por lo que se procede a emitir el pronunciamiento respectivo, al ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. Ahora bien, de constancias de autos se aprecia que en ejecutoria de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero (fojas 395 a 435), en el amparo en revisión penal 424/2015, se concedió la protección constitucional, a la parte quejosa para los efectos siguientes (fojas 434 a 435): "I.- Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 30/2012-II. II. Proceda a dictar otro auto de plazo constitucional, dentro del cual se pondere lo siguiente: II.A.- Se reitere lo relativo a la integración de los elementos básicos del cuerpo del delito de abuso sexual y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, conforme se puntualizó en el sexto considerando de esta ejecutoria. II.B.- Prescinda de tener actualizada la agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, conforme a lo destacado en el séptimo considerando de este fallo. II.C.- Se instruye al juez de instrucción penal para efectos de que, en la misma resolución de plazo constitucional emitida en cumplimiento a esta ejecutoria, atienda las manifestaciones del inculpado Rubén Díaz Pinzón, extraídas de su declaración preparatoria, así como lo asentado en la fe ministerial de lesiones, el certificado médico y dictamen pericial de integridad física emitidos en autos, referentes a los posibles actos de tortura y maltrato que puede haber sufrido al momento de su detención por los elementos aprehensores, ordene dar vista personal al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que inicie la investigación relativa a esos hechos, a efecto de determinar si se acredita o no algún delito. Siendo relevante puntualizar que el inculpado está en libertad de ejercer su derecho a negarse a que se practique el Protocolo de Estambul, en la inteligencia de que esa negativa por sí misma, no libera a la autoridad para indagar oficiosamente la posible actualización de algún hecho ilícito surgido con motivo de la detención del quejoso. En la inteligencia de que lo anterior se realizara, siempre y cuando el juzgado responsable no se haya pronunciado respecto de la tortura." Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. En ese sentido, la autoridad responsable de mérito, mediante oficio número 1425 de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, informó que dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil catorce, y dentro de la causa penal 30/2012-II, dictó diverso auto de formal prisión al quejoso Rubén Díaz Pinzón, por el delito de abuso sexual en agravio de Cecilia Alarcón Morales (sin agravantes). Previo a emitir dicho auto, la autoridad responsable dio vista al Agente del Ministerio Público del Fuero Común y ordenó investigar lo concerniente a la tortura que fue objeto, con lo que atendió las manifestaciones que sobre el particular hizo el inculpado, remitiendo las constancias que así lo justifican (fojas 504 a 532). De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable atendió los extremos del fallo protector, en virtud que los efectos de la sentencia amparadora fueron para que dejara insubsistente el auto de plazo constitucional de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 30/2012-II, y en su lugar, dictara otro en el que debería reiterar lo relativo a la integración de los elementos básicos del cuerpo del delito de abuso sexual y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión; prescindir de tener actualizada la agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, conforme a lo destacado en el séptimo considerando de dicha ejecutoria, y atendiera las manifestaciones del inculpado Rubén Díaz Pinzón, extraídas de su declaración preparatoria, así como lo asentado en la fe ministerial de lesiones, el certificado médico y dictamen pericial de integridad física emitidos en autos, referentes a los posibles actos de tortura y maltrato que puede haber sufrido al momento de su detención por los elementos aprehensores, ordenando dar vista personal al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que inicie la investigación relativa a esos hechos, a efecto de determinar si se acredita o no algún delito. Lo que se estima que así lo realizó de conformidad con lo decretado en párrafos precedentes. En relación al escrito presentado por el quejoso Rubén Díaz Pinzón (fojas 535 a 557), por medio del cual esencialmente manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Tales manifestaciones se desestiman en virtud de que lo pretendido es opuesto a los efectos del fallo federal, pues los mismos únicamente fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de plazo constitucional de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 30/2012-II, y en su lugar, dictara otro en el que debería reiterar lo relativo a la integración de los elementos básicos del cuerpo del delito de abuso sexual y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión; prescindir de tener actualizada la agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, conforme a lo destacado en el séptimo considerando de dicha ejecutoria, y atendiera las manifestaciones del inculpado Rubén Díaz Pinzón, extraídas de su declaración preparatoria, así como lo asentado en la fe ministerial de lesiones, el certificado médico y dictamen pericial de integridad física emitidos en autos, referentes a los posibles actos de tortura y maltrato que puede haber sufrido al momento de su detención por los elementos aprehensores, ordenando dar vista personal al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que inicie la investigación relativa a esos hechos, a efecto de determinar si se acredita o no algún delito; de ahí que la autoridad tuvo precisos los lineamientos, que no dan margen a que valorara de otra forma las pruebas relacionadas con el delito (sin agravantes) y a la probable responsabilidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara CUMPLIDA la ejecutoria federal. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; por tanto, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental jurídica e histórica, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO; dado que se encuentra en los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, antes citado. Por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Luego, en términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Asimismo, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible por que se concedió la medida cautelar; por lo que deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Luego, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio del suscrito Secretario del Juzgado Encargado del Despacho, no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Crescencio Contreras Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso ********************, a través del cual realiza diversas manifestaciones con motivo del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, las que serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad; por medio del cual en acatamiento a la ejecutoria de amparo, remite el auto constitucional de formal prisión de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal ********************; lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento al fallo protector. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo anterior, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Jueza Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al fallo protector dice informar que se dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en contra del aquí quejoso **********, en la causa penal 30/2012-II, para hacer el trámite respecto a la aplicación del protocolo de Estambul, por lo que la situación jurídica del citado procesado, se resolverá una vez practicadas las diligencias tendientes a cumplimentar la sentencia amparadora; en ese orden, no ha lugar a tener cumpliendo el requerimiento formulado en auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, por lo siguiente: Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 434 a 443), este órgano jurisdiccional recibió la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad capital, realizara lo siguiente (foja 434 vuelta y 435): "I.- Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 30/2012-II. II. Proceda a dictar otro auto de plazo constitucional, dentro del cual se pondere lo siguiente: II.A.- Se reitere lo relativo a la integración de los elementos básicos del cuerpo del delito de abuso sexual y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, conforme se puntualizó en el sexto considerando de esta ejecutoria. II.B.- Prescinda de tener actualizada la agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, conforme a lo destacado en el séptimo considerando de este fallo. II.C.- Se instruye al juez de instrucción penal para efectos de que, en la misma resolución de plazo constitucional emitida en cumplimiento a esta ejecutoria, atienda las manifestaciones del inculpado Rubén Díaz Pinzón, extraídas de su declaración preparatoria, así como lo asentado en la fe ministerial de lesiones, el certificado médico y dictamen pericial de integridad física emitidos en autos, referentes a los posibles actos de tortura y maltrato que puede haber sufrido al momento de su detención por los elementos aprehensores, ordene dar vista personal al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que inicie la investigación relativa a esos hechos, a efecto de determinar si se acredita o no algún delito. Siendo relevante puntualizar que el inculpado está en libertad de ejercer su derecho a negarse a que se practique el Protocolo de Estambul, en la inteligencia de que esa negativa por sí misma, no libera a la autoridad para indagar oficiosamente la posible actualización de algún hecho ilícito surgido con motivo de la detención del quejoso. En la inteligencia de que lo anterior se realizara, siempre y cuando el juzgado responsable no se haya pronunciado respecto de la tortura." En la parte considerativa el Tribunal Colegiado de Circuito, expuso: ."Agravios que resultan inoperantes, infundados y fundados parcialmente, conforme se explica a continuación. En principio, son inoperantes los agravios, mediante los cuales se aduce que la sentencia recurrida que negó el amparo, es violatoria del contenido del artículo 12 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; así como la vulneración a los derechos fundamentales y principios consagrados en los artículos 14, 16 y 20, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, porque los jueces federales no violan garantías constitucionales, ya que los jueces de distrito al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Por ello, aun cuando procede el recurso de revisión en contra de sus decisiones, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a los derechos fundamentales o garantías constitucionales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, por el cual, el tribunal de alzada con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. De ahí que, a través del presente recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que la juez de distrito violó en perjuicio de la parte recurrente derechos fundamentales o garantías consagradas por los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal, al conocer del juicio de amparo que se revisa, tanto por la naturaleza del medio de defensa como por la función de control constitucional que el A quo desempeña, porque si así se hiciera, se trataría extralógicamente al juez del conocimiento como otra autoridad responsable, desnaturalizando la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control sobre otro control constitucional, de donde deriva lo inatendible, solamente en ese aspecto, de los agravios de que se trata. Así las cosas, si bien estamos frente a un recurso de revisión, esa circunstancia no puede tener el alcance de poner al juez federal en la misma posición que a una autoridad responsable, pues de hacerse, no se cumpliría con el fin de la acción de amparo, toda vez que se ejercería un control constitucional sobre otro órgano de igual índole, lo cual no es propio en la técnica que rige el dictado de las sentencias en esta materia. Por los principios jurídicos que la integran tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia P./.J.2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional." Por otra parte, son infundados, porque del análisis oficioso a la resolución recurrida, se aprecia que, contrario a lo alegado por el ahora inconforme, ésta sí cumple con los principios de fundamentación y motivación, así como demás exigencias establecidas por los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, para el dictado de las resoluciones. Ello porque sí se ocupó de los argumentos que como conceptos de violación expresó el quejoso, aunado a que en la resolución se hizo la fijación clara y correcta del acto reclamado (auto de formal prisión), así como la apreciación de las pruebas para tenerlo por demostrado; asimismo, se expresaron los fundamentos legales en que se apoyó para declarar la constitucionalidad del acto reclamado, así como los puntos resolutivos con que se concluyó. Obsérvese que de la sentencia que se revisa, se corrobora que el juez federal una vez que fijó la litis constitucional y validó que no se surtían causas de improcedencia de la acción de amparo indirecto, se ocupó del fondo del asunto. Apreciando en forma adecuada que el auto de formal procesamiento dictado contra el inculpado, sí cumplía las exigencias de fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 constitucional, es decir, que consta por escrito, proviene de autoridad competente, y que esté fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Ello en razón de que la resolutora de amparo, en forma adecuada expuso los razonamientos siguientes: Precisó que se analizaría el acto reclamado a la luz de los artículos que invocó y transcribe en el fallo, establecidos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José Costa Rica), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal para el Estado de Guerrero, y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Acotó que del análisis a los ordenamientos internacionales, federales y locales referidos, advertía que la emisión del auto de formal prisión, debe cumplir los requisitos siguientes: 1. Dictado dentro de las setenta y dos horas a partir del momento en que fue puesto a disposición, o su duplicidad, en caso de proceder; 2. Sea emitido por autoridad judicial; 3. Se haya tomado declaración preparatoria del indiciado en la forma y con los requisitos que establece el artículo 20 Constitucional, y 59 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Guerrero, o bien, que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar; 4. Que el hecho esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; 5. Se exprese el delito que se impute al acusado; 6. Que se expresen el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; 7. Que la resolución se encuentre fundada y motivada; 8. De los datos que arroje la averiguación previa se compruebe el cuerpo del delito; y, 9. Hacer probable la responsabilidad del indiciado, lo que implica que no esté demostrada a su favor alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que extinga la acción penal. Indicó en forma objetiva, que por lo que hace al primer requisito, el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, el juez responsable resolvió la situación jurídica del procesado en el plazo constitucional ampliado, precisamente a las diez horas con treinta minutos, de ahí que se cumplió con este requisito (fojas 1267 a 1315 tomo II de pruebas). Que la segunda exigencia también se actualiza en razón de que la resolución reclamada la emitió el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, encargado del Despacho por Ministerio de Ley, quien es autoridad competente para emitir ese tipo de resoluciones, en términos del artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero; en relación con los diversos 3, 4, 6, y 7 del Código de Procedimientos Penales para esta Entidad Federativa. Que el tercer requisito se colmó porque a partir de las once horas del veintidós de diciembre de dos mil catorce, se tomó la declaración preparatoria a Rubén Díaz Pinzón, diligencia en la que se le explicó al hoy quejoso la naturaleza y alcance de la garantía relativa a su derecho de declarar si así lo deseaba, su derecho a tener una defensa adecuada, por sí, por abogado o persona de su confianza, y en caso de que no lo hicieren, se les designaría un defensor de oficio, observando de esta manera la garantía contenida en la fracción IX, del artículo 20 de la Carta Magna, a lo que el quejoso designó como su defensor particular al licenciado Florentino Díaz Pinzón, quien aceptó y protestó el cargo en dicha diligencia. Cabe precisar al respecto, que también se advierte acertado que la juez federal declarara infundados los motivos de queja -los cuales inclusive son reiterados como agravios por el recurrente-, resolviendo al respecto que eran infundados, ya que la a quo, explicitó que con el fin de determinar si se respetaron los derechos fundamentales que protegen a las personas vinculadas a un proceso penal que se auto describen como indígenas, resulta necesario reproducir los artículos 1 y 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 5, 27 y 28, de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero; 12, 84, 85 y 86 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero (los cuales reprodujo). Acotando que la correcta intelección e interpretación sistemática de ese contexto normativo, permite arribar a la determinación de que, precisamente en tratándose de personas de origen indígena sujetas a un proceso penal -como en el caso sucede-, el legislador estableció constitucionalmente diversas prerrogativas en beneficio de aquellos, con el fin de lograr una adecuada defensa de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana; dentro de las cuales sobresale la disposición imperativa de que los indígenas tendrán en todo momento como un derecho inalienable, la garantía de que al no conocer y manejar suficientemente el idioma castellano, tienen derecho a que se les designen intérpretes y defensores que conozcan no sólo su lengua, sino que tengan conocimiento de los usos y costumbres de su cultura indígena. De lo anterior, expuso la juzgadora de amparo, que a toda persona se le deberán reconocer los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, favoreciéndola en todo tiempo con la protección más amplia; además, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho fundamental, quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Agregó adecuadamente que también se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y de sus integrantes al pleno acceso a la jurisdicción del Estado, y para garantizarlo, en todos los juicios del orden penal, el juzgador tiene la obligación de observar las normas y las especificidades de la persona indígena sometida a su jurisdicción, tomando en cuenta sus costumbres y cultura. Que el indígena debe contar en todo tiempo con el derecho a ser asistido por intérprete y defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Aunado a que la persona con esa calidad, puede expresarse en su propio idioma ante el órgano jurisdiccional que lo está juzgando, y para ello se le deberá designar intérprete durante la tramitación del juicio, a fin de que por medio de éste, entienda la naturaleza de la acusación, el hecho punible que se le atribuye y pueda defenderse al tener una comunicación clara y expedita con su intérprete, y éste a su vez, con el defensor, los testigos, el órgano acusador y el propio tribunal. Añadió que el juzgador debe respetar los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, y que para la toma de sus decisiones, el juez tiene la obligación de allegarse, de oficio, de las periciales antropológicas y culturales pertinentes, necesarias para emitir su sentencia. Ponderó que de acuerdo a esos derechos fundamentales y para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción estatal del indígena, debía tomar en cuenta que el quejoso en declaración preparatoria (fojas 1240 a 1246 y vuelta), rendida ante el juez de la causa, el veintidós de diciembre de dos mil catorce, al proporcionar sus datos generales, en lo que interesa, señaló que: ". con instrucción Licenciatura, si sabe leer y escribir, ocupación desempleado,. ser originario y vecino de Chilpancingo, Guerrero, con domicilio en la colonia 10 de abril, calle sin nombre y sin número, teléfono celular 7475457397, que pertenece al grupo étnico indígena Mixteco, que habla y entiende correctamente la lengua Mixteca, y que poco habla y entiende el idioma español;." Bajo dicho contexto, conforme lo dispone el artículo 2, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparece demostrada la autoadscripción del quejoso Rubén Díaz Pinzón, porque asumió y reconoció que se trata de una persona de origen indígena; y con base en ello, se aplicaron las disposiciones constitucionales e internacionales que se relacionan a los derechos de las personas indígenas. Determinó que el juez penal en la propia diligencia, tuvo como perito intérprete a Norma Jerónimo Flores, en lengua mixteca al español, dependiente de la coordinación de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, designada por ese juzgado para participar en la declaración preparatoria del procesado Rubén Díaz Pinzón, y demás actuaciones donde sea necesaria su intervención, quien por sus generales, entre otros datos, refirió tener instrucción de licenciatura en derecho, de ocupación perito intérprete, ser originaria del poblado de San Juan, perteneciente a la Montaña Alta del Estado de Guerrero, y vecina de esta ciudad, con domicilio en calle Eucalipto, sin número colonia Lomas Verdes, que pertenece al grupo ético mixteco, que habla la lengua mixteca y el idioma español (fojas 1233 vuelta), de lo cual se colige, contrario a lo que expone en sus agravios el quejoso, la intérprete, de acuerdo a su origen mixteco, conoce los usos y costumbres, tal es así, que como se dijo, fue designada por la mencionada autoridad mediante oficio número CJE/SGC/1787/2014, de once de diciembre de dos mil catorce, signado por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (foja 1231 legajo II de pruebas). Destacó en forma correcta la juez de Distrito, que se tuvo como su defensor particular al licenciado Florentino Díaz Pinzón, designado por el propio inculpado (hermano del encausado), quien aceptó y protesto el cargo conferido (foja 1242), en la propia diligencia de declaración preparatoria, solicitando la ampliación del plazo constitucional para ofrecer pruebas, solicitando el testimonio de Felipe Díaz Pinzón, lo que permitió entonces, al acusado una efectiva defensa en el proceso, pues en ningún momento se inconformó tanto el inculpado aquí quejoso como su defensor, sobre la designación recaída en la intérprete designada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tan es así que rindió su deposado ministerial asistido además de su defensor particular por él designado, quien incluso es su familiar (hermano), quien como tal estuvo también en condiciones de inconformarse con la designación de referencia, y no obstante ello, consintió el apoyo de la perito intérprete, pues incluso solicitó la ampliación del plazo constitucional con el objeto de pedir el desahogo de la testimonial a cargo de un familiar del inculpado, que a decir de éste fue testigo de su detención. Lo anterior corrobora que durante la preinstrucción el inculpado, contó con una adecuada defensa durante el procedimiento penal, a través de un defensor particular por él designado, así como de una perito intérprete quien conoció de su origen, lengua, costumbres y especificidades culturales de su étnica, debido a su pertenencia al grupo étnico mixteco, y en base a ello, se ofrecieron las pruebas que estimó pertinentes para una adecuada defensa, no obstante que el quejoso aduzca hablar y entender poco el idioma español, pues ello fue imperativo para designarle un perito intérprete con las condiciones exigidas. Estableció acertadamente el a quo, que debía entenderse que el acusado Rubén Díaz Pinzón, tuvo acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, porque además de los derechos reconocidos a todo imputado previstos en el artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su declaración preparatoria, estuvo asistido de un perito intérprete con conocimiento de su lengua, lo que indica que tuvo acceso a los medios necesarios, para su defensa, y fue en esa diligencia donde estaba en aptitud de rechazar a la intérprete designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que le designaran a uno con conocimiento además de su lengua y de su cultura si la designada no revestía a su parecer y la de su defensor esas condiciones, y en cambio fueron omisos en hacer manifestación alguna. Igualmente se acotó, que no obstante lo anterior, respecto a lo que el quejoso aduce, de no haber entendido correctamente lo que la intérprete le manifestaba en su idioma mixteco; sin embargo, de su propia deposición se advierte que se trata de una estrategia, al pretender hacer creer que no entiende las imputaciones que obran en su contra por el delito probablemente cometido, pues no pasó desapercibido para la a quo que el inculpado, al deponer ante el juez de los autos, entre sus datos generales expuso, tener como instrucción licenciatura, sabe leer y escribir, originario de Cochoapa el Grande y vecino de Chilpancingo, Guerrero, con domicilio en la colonia diez de abril, calle sin nombre y sin número y que habla poco y entiende el idioma español. Consideró que conforme a esas circunstancias, que no lo caracterizan en sus rasgos sociales y pautas culturales como miembro de una comunidad indígena, respecto a instituciones sociales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, por tanto el derecho a que se consideren dichos aspectos en los juicios que son instruidos en su contra no puede limitarse solamente a auto-describirse y reconocerse a sí mismo como tal, sino que debe acreditar que efectivamente pertenece a ese núcleo social descrito. Ello, si se toma en consideración que el inculpado, ha salido de su entorno social con el objeto de superarse, pues cuenta con licenciatura, y ello se dice así, ya que precisamente atendiendo a esa circunstancia le nombró a un perito intérprete con conocimiento de su lengua y cultura; lo que indica que el ahora procesado tuvo acceso a los medios necesarios para su defensa; esto es, se le reconocieron los derechos humanos definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las fuentes jurídicas de derecho internacional; además accedió a la jurisdicción del Estado, al tener la asistencia de defensor particular a un familiar con conocimiento de licenciado en derecho, aun cuando señaló ser de origen mixteco, también lo es que no justificó pertenecer a un grupo formado como unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y con autoridades propias acorde a sus usos y costumbres, y por el contrario expresó tener su domicilio en un lugar conurbano (Chilpancingo, Guerrero), con estudios de licenciatura, por lo que entendía y sabía poco el idioma español, como él mismo lo mencionó en su deposado judicial. En ese contexto, se aprecia legalmente correcto que la juez de Distrito estableciera, que contrario a lo manifestado en sus conceptos de violación del escrito de demanda -reiterados sistemáticamente en el recurso de revisión que se resuelve-, al quejoso aquí recurrente, no se violentaron en su perjuicio los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los diversos numerales los artículos 1, 2, 5, 27 y 28, de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero; 12, 84, 85 y 86 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, porque una vez determinada la condición del procesado; se le designó un perito intérprete en su lengua. Asimismo se observa adecuado establecer que el juez conoció las peculiares del inculpado, esto es, que si bien era de origen mixteco, vivía en Chilpancingo, Guerrero, por lo que entendía y sabía poco el idioma castellano, ya que había cursado una licenciatura; no obstante le designaron un perito en su lengua, por ser quien conoce el idioma y características de esa cultura; todo lo cual indica que fueron atendidos los derechos humanos de defensa y acceso a la justicia del sentenciado, acorde a las especificidades propias que se demostraron en autos. En esas condiciones se arriba a la convicción de que los agravios esgrimidos por el ahora recurrente, a través de los cuales se limita a reproducir idéntica y sistemáticamente sus conceptos de violación de su acción constitucional, resultan infundados. Retomando las consideraciones del fallo recurrido, se aprecia acertado que la a quo tuviera al cuarto, quinto, sexto y séptimo de los supuestos exigidos, por satisfechos; porque en efecto, la autoridad responsable señaló que el delito que se le imputa al quejoso es el de abuso sexual, y se encuentra sancionado con penas que van de seis meses a tres años de prisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero (año dos mil catorce); asimismo precisó las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que se ejecutó el delito, así como fundó y motivo la resolución reclamada. Luego, respecto al octavo y noveno de los requisitos citados, la juez federal correctamente indicó que se cubrían, y a efecto de destacarlo precisó que realizaría un análisis de las constancias probatorias a la luz del acto reclamado, a fin de verificar la legal actuación del juez responsable al estimar acreditados los elementos del cuerpo del delito de abuso sexual, y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión. Igualmente se corrobora que es legal que la juzgadora de amparo, estableciera que de la lectura del acto reclamado se evidencia que la autoridad responsable, apreció las pruebas desde su sana crítica y las valoró conforme lo dispuesto en los numerales 105, 107, 108, 109, 121, 122, 125, 126 y 127 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Guerrero. Resultando que el proceder de la responsable se observa apegado a derecho, toda vez que la relación de los datos convictivos a que hizo referencia, llevan a colegir que aproximadamente a las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos, del diecinueve de febrero de dos mil once, el sujeto activo, quejoso aquí recurrente, ejecutó actos erótico sexuales en agravio de Cecilia Alarcón Morales; por ende, adecuadamente se tuvo comprobado el cuerpo del delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal del Estado de Guerrero. En efecto, se comulga con las razones expresadas por la juez de Distrito para negar el amparo solicitado por el quejoso, ya que el auto de formal prisión recamado, emitido por la autoridad responsable, por el delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal del Estado de Guerrero, no viola la garantía consagrada por el numeral 19 constitucional. De este modo, el acto reclamado sí satisface los requisitos que se encuentran contenidos en el párrafo primero del artículo 19 de nuestra Carta Magna. Ello es así, pues toda la resolución deberá colmar las exigencias de fundamentación y motivación que constituyen un imperativo constitucional inherente a todos los actos de molestia. También se aprecia que se precisó acertadamente en el auto de formal prisión el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito, y los datos que arrojó la averiguación previa que se consideraron como adecuadas para comprobar el cuerpo del delito que se imputa al encausado aquí recurrente, así como su probable responsabilidad penal en su comisión. De tal modo y como bien lo consideró el resolutor de amparo, es legal que la responsable determinara al momento de resolver la situación jurídica del indiciado, que era factible sostener que en la resolución sujeta a examen se observaron los requisitos formales a los que ciñe la norma fundamental hipotética el proceder de la autoridad judicial, habida cuenta que el auto de formal prisión reclamado colmó aquéllos. Además, fue apropiado el estudio realizado por el resolutor de amparo, al momento de verificar si la resolución reclamada consistente en el auto de formal prisión, cumplió con las exigencias que en torno al fondo del asunto deben cubrirse a fin de comprobar correctamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del justiciable en su comisión. En efecto, como adecuadamente concluyó el tribunal responsable, las pruebas existentes en autos acreditan los componentes del delito de abuso sexual, como se aprecia enseguida. Así, el delito que se imputa al peticionario de amparo se encuentra previsto y sancionado en el artículo 143, del Código Penal vigente al momento de ocurrir los hechos (diecinueve de febrero de dos mil once), en relación con el numeral 68 bis del Código de Procedimientos Penales, el cual establece la regla especial de comprobación de los elementos integradores. Luego, al analizar el cuerpo del delito de que se trata, la autoridad responsable, precisó adecuadamente que los elementos básicos que lo conforman, son: A).- Que sin el consentimiento de una persona, sea cual fuere su sexo, se ejecute en ella un acto erótico sexual o se le obligue a ejecutarlo; y, B).- Que dicho acto se ejecute sin el propósito de llegar a la cópula. Así, se observa que en torno al acreditamiento del primer elemento material del cuerpo del delito de abuso sexual, consistente en "La ejecución de un acto erótico sexual en persona de cualquier sexo, sin su consentimiento", en forma acertada la juez federal corroboró que la responsable, valoró la declaración de la denunciante Esmeralda Morales Hernández, aunado a que también tomó en consideración, el deposado de la directa agraviada Cecilia Alarcón Morales. Declaraciones a las que como bien lo destacó la juez de amparo, la autoridad responsable en forma acertada les concedió valor indiciario, en términos de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, por reunir las exigencias del diverso numeral 127 del citado código. Medios de convicción, que ciertamente fueron debidamente relacionados por la autoridad responsable con la declaración los testigos de cargo María Teresa Morales Campos y Francisco Alarcón de los Santos, abuela y papá de la pasivo. Testimonios a los cuales, como bien lo ponderó la a quo, el juez de la causa otorgó valor jurídico de indicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 121, 122 y 127, del Código Penal para el Estado de Guerrero, puesto que aun cuando no presenciaron el momento en que se ejecutó el hecho delictuoso, tuvieron conocimiento de ellos a través de la agraviada, quien consideró digna de crédito por ser la persona que directamente resintió la conducta antisocial por su humanidad. No pasa inadvertido que en el presente caso, está demostrado que la denunciante y testigos son familiares de la víctima, empero por ese solo hecho, no puede sostenerse de forma alguna que su testimonio sea parcial -como lo pretende hacer valer el recurrente-, puesto que ambos buscan que se haga justicia, y en el caso, su parentesco con la víctima no invalida por ese solo hecho su testimonio, dado que en materia penal no existe la tacha de testigos, sino en el caso, lo que se valora por los integrantes de este tribunal es la probidad con la que se desenvolvieron dichos testificantes. Al caso, consideró aplicable la jurisprudencia de rubro: "TESTIGOS DE CARGO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEAN PARIENTES DEL OFENDIDO NO LOS INVALIDA". Además, esas probanzas la responsable adecuadamente las adminiculó con la inspección ocular en el lugar de los hechos efectuada por el Órgano Ministerial, diligencia que en efecto, la responsable correctamente valoró en términos de los artículos 58, penúltimo párrafo, y 125, del Código de Procedimientos Penales del Estado, dado que el medio de convicción en mención fue practicado por una autoridad en ejercicio de sus funciones, quien goza de fe pública respecto de las actuaciones que realiza. Probanza que como bien destacó la juez federal, fue relacionada por la responsable, con la pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense, quien aportó mayores datos para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la causa penal, quien al rendir su informe pericial de veintiuno de febrero de dos mil doce, anexo diversas placas fotográficas a colores, en las cuales se aprecia el lugar en donde se ejecutó el hecho delictivo que le fue impuesto a la menor Cecilia Alarcón Morales. Elementos de prueba que en efecto, tal como lo puntualizó la a quo, fueron correctamente valorados por la responsable, en términos de lo establecido en los artículos 107, 108, 109, 122, 126 y 128, del Código de Procedimientos Penales del Estado, dado que fueron emitidos por expertos en la materia, quienes cuentan con los conocimientos específicos, además cuentan con los conocimientos necesarios para emitir su opinión sobre la materia que les fue puesta a su conocimiento. Por ende, como bien lo indicó la jueza de amparo, se considera correcto que la autoridad responsable, determinara que con dichos medios de convicción se acredita el primer elemento del cuerpo del delito, puesto que la autoridad responsable de mérito, en uso de la facultad que le confiere el artículo 126, 121, 122, 125 y 126 del Código de Procedimientos Penales para esta Entidad Federativa, le concedió valor probatorio las constancias de autos, por considerar que satisfizo lo establecido en los diversos 107, 108 y 109 del citado cuerpo de leyes. Respecto del análisis relativo al segundo elemento material del cuerpo de delito de abuso sexual (Que dicho acto se ejecute sin el propósito de llegar a la cópula), la juzgadora de Distrito, advirtió de manera objetiva, que la autoridad responsable, en forma correcta lo tuvo por acreditado principalmente con la declaración de la directa agraviada Cecilia Alarcón Morales, de cuyo contenido se deduce que el día de los acontecimientos diecinueve de febrero de dos mil once, aproximadamente a las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos, fue objeto de actos eróticos sexuales por parte del quejoso -aquí recurrente-, por los túneles de la colonia Vigurí de esta ciudad, sin el propósito de llegar a la cópula y sin el consentimiento de la pasivo, quien incluso era menor de edad, como lo justificó con la copia del acta de nacimiento, en la que se advierte que nació el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, documento al que la autoridad otorgó el valor probatorio en términos del artículo 124 del código procesal en la materia e idóneo para acreditar la minoría de la agraviada. Medios de convicción que la responsable adminiculó al dictamen ginecológico y proctológico, de veinte de febrero del año dos mil doce, emitido por la doctora Yeni Francisca Solís Carmona, perito en materia de Medicina Legal, dependiente de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Diligencia y dictamen que efectivamente se valoró por la autoridad responsable, en términos de los artículos 58 párrafo cuarto y 126 del código adjetivo del Estado, satisfaciendo los requisitos de los diversos numerales 107, 108 y 109, del mismo ordenamiento legal citado. Añadió la resolutora federal, que también se tomó en consideración el dictamen en materia de psicología de veintiuno de febrero de dos mil doce, suscrito por la experta Juana María Cortés Guzmán, pericial que le otorgó valor en términos del artículo 126 del Código Procesal en la materia, de lo que concluyó la responsable, que se desplegaron una serie de actos eróticos sexuales que fueron ejecutados sobre la corporeidad de una persona del sexo femenino, sin que este tuviera el propósito decisivo de llegar a la copula, siendo dicho acto delictivo de resultado instantáneo, aun cuando no haya dejado secuelas psicológicas. Narrativa de hechos en la que la responsable, acertadamente determinó que del enlace lógico de los sucesos, se desprende que la víctima no consintió lo hechos libidinosos y que éstos no estaban dirigidos a la conjunción carnal. Luego, se estima correcto que la juez de Distrito resolviera que resulta justo y apegado a derecho que la responsable de referencia tuviera acreditado el segundo elemento material del ilícito, como lo es el acto sexual se ejecutara en una persona sin el propósito de llegar a la cópula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero. Bajo ese contexto, se corrobora lo acertado del criterio de la autoridad responsable, cuando concluyó que se encontraba debidamente acreditado el cuerpo del delito de abuso sexual, cometido en agravio de Cecilia Alarcón Morales, al quedar demostrado que aproximadamente a las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil once, en los lavaderos de la colonia Vigurí, de esta ciudad, la sujeto pasivo fue objeto de actos eróticos sexuales en la humanidad de la ofendida, sin el propósito de llegar a la cópula y sin el consentimiento de la pasivo, quien le metió la mano debajo de su playera no obstante que se resistía, tratando de zafarse, le empezó a acariciar el cuerpo, después le bajó el cierre de su pantalón, gritando que la dejara, pero no le hizo caso, y metió su mano debajo de su pantaleta, acariciando su vagina y glúteos, bajándose después el cierre de su pantalón, llegando en ese momento la policía. Se puntualizó además en el fallo recurrido, que la responsable en el estudio relativo a la probable responsabilidad penal del procesado, se encuentra comprobada en términos del artículo 17, fracción II, del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, porque el acto que se le atribuye lo cometió por sí, al abusar en la integridad física de la agraviada efectuando actos erótico sexuales. Asimismo, que se comprobó la existencia de un delito doloso, conforme los diversos 14, fracción I y 15, párrafo primero, del ordenamiento legal en comento. Para ello, la responsable, valoró preponderantemente la declaración ministerial de la agraviada Cecilia Alarcón Morales -ya preinserta- a la que en forma correcta la autoridad responsable otorgó valor indiciario en términos de los artículos 121, 122 y 127, del Código de Procedimientos Penales, porque declaró en su carácter de víctima directa de los hechos. Lo anterior, el juez de proceso penal, lo adminiculó con las declaraciones de los testigos de cargo Esmeralda Morales Hernández, María Teresa Morales Campos y Francisco Alarcón de los Santos -transcritos previamente-, quienes fueron coincidentes en referir ante el representante social que la víctima les contó que el diecinueve de febrero de dos mil once, en los lavaderos de la colonia Vigurí, de esta ciudad, fue objeto de actos libidinosos por parte del sujeto activo, en contra de su voluntad. Testimonios respecto de los cuales, se comulga con lo razonado por la a quo, en el sentido de que correctamente la responsable otorgó adecuadamente valor jurídico de indicios, en términos de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, puesto que aun cuando no presenciaron el momento en que se ejecutaron los hechos delictuosos, tuvieron conocimiento de ellos a través del dicho de la agraviada, quien consideró digna de crédito por ser la persona que directamente resintió la conducta antisocial por su humanidad. Máxime que la versión de los hechos fue relacionada por la autoridad responsable, con el parte informativo de diecinueve de febrero de dos mil doce, emitido por el ciudadano Florencio Carbajal Aparicio, en su carácter de Comandante Preventivo Municipal, parte policial al cual se confirió valor probatorio indiciario en términos de los numerales 120, 121 y 122 del Código adjetivo de la materia, por haber sido rendido por persona que en ejercicio de sus funciones y que de acuerdo a su experiencia, pudo darse cuenta de los hechos y por ello procedió a la detención del justiciable, previo señalamiento de la agraviada como aquél la toco eróticamente sin su consentimiento. Probanzas que fueron relacionadas por la autoridad responsable, con la declaración preparatoria rendida por el quejoso ahora recurrente, quien negó los hechos que se le atribuyen, pues refirió que la sola negativa del procesado y quejoso, resultó insuficiente para desvirtuar los datos de cargo existentes en su contra, pues el que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho. De manera que como bien se determinó por al juez federal, contrario a lo que adujo el quejoso en sus conceptos de violación, su declaración preparatoria rendida ante el juez responsable, si fue valorada, en forma correcta. Igualmente se apreció de manera objetiva por la a quo, que no obstante que la responsable recibió el testimonio del hermano del procesado, Felipe Díaz Pinzón, al pretender corroborar la versión negativa del inculpado en los acontecimientos, en el sentido de haber sido detenido en lugar diverso al que señala la agraviada, resultando ineficaz para desvirtuar el señalamiento que existe contra el propio procesado, aquí quejoso, pues persisten las pruebas que obran en su contra, relativo a que fue detenido precisamente en el lugar donde incluso su aprehensor señala el día de los acontecimientos, tomando sus argumentos como ardid defensivos para excluirlo de su probable responsabilidad. En esas condiciones, fue acertado el criterio de la autoridad responsable, cuando concluyó que se encontraba debidamente acreditada la probable responsabilidad Rubén Díaz Pinzón, en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de Cecilia Alarcón Morales, al quedar demostrado que aproximadamente a las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil once, por la barranca Pezuapá, a la altura de los lavaderos públicos de la colonia Margarita Viguri de esa ciudad, en los lavaderos de esa colonia, contra de su voluntad, el activo le realizó tocamientos, pues le metió la mano debajo de su playera no obstante que se resistía, tratando de zafarse, le empezó a acariciar el cuerpo, después le bajó el cierre de su pantalón, gritando que la dejara, pero no le hizo caso, y metió su mano debajo de su pantaleta, acariciando su vagina y glúteos, bajándose después el cierre de su pantalón, llegando en ese momento la policía. Destacando en forma acertada la a quo, que según la sana crítica y la justa apreciación de la autoridad responsable, fueron pruebas suficientes para decretar en contra del indiciado, auto de formal prisión por el delito de abuso sexual; porque como bien lo argumentó el encargado del despacho penal en su resolución combatida, en el sumario penal no existen pruebas fehacientes que desvirtúen el caudal probatorio existente en su contra. De tal suerte que, como lo validó la resolutora de amparo, los datos probatorios tenidos a la vista por la responsable, forman convicción respecto de la comprobación del cuerpo del delito de abuso sexual y sobre la demostración de la probable responsabilidad penal del peticionario de garantías en su comisión, por lo que, al no operar a favor del procesado alguna causa de exclusión del delito, se acreditó correctamente la existencia de una conducta típica, antijurídica y la atribuibilidad de su autoría como probable responsable. Además no hay que perder de vista que el auto de formalmente preso, no es necesario recabar pruebas plenas para hacer probable la responsabilidad del inculpado, pues basta que existan indicios suficientes para que la autoridad jurisdiccional competente dicte esta clase de auto autoritario, cuando se cumplen con los requisitos que exige el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este similar comparte, del rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este similar comparte, del tenor literal siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES INDISPENSABLE OBTENER PRUEBA PLENA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA EMITIR EL. Para dictar un auto de formal prisión la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del acusado, requiere únicamente que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad de aquél." Tampoco se observa que en autos se acreditara alguna excluyente del delito, sin que en el caso concreto se advierta que el inculpado aportara prueba plena en ese sentido. Máxime que las causas de exclusión del delito, corresponde acreditarlas en forma fehaciente por quien llegue a invocarlas. Surte aplicación la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que sostiene lo siguiente: "CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN LA HACE VALER. Se entiende por causa de exclusión del delito aquella que, concurriendo en el comportamiento de una persona, la releva de su responsabilidad penal, aun cuando la acción u omisión que haya realizado esté prevista en la ley como delito. Ahora bien, la carga de la prueba corresponde a quien hace valer dicha causa, atento al principio general de derecho que establece que quien afirma está obligado a probar, lo mismo que el que niega, cuando su negación sea contraria a una presunción legal o cuando envuelva la afirmación expresa de un hecho. Lo anterior no vulnera los principios de debido proceso legal y acusatorio, íntimamente relacionados con el principio de presunción de inocencia -implícitamente reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, pues ello de ninguna manera releva al Ministerio Público de la Federación de la carga de la prueba de todos los elementos del delito, sino que únicamente impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que haga valer, una vez que éste ha sido plenamente probado por la referida representación social, por implicar una afirmación contraria a lo probado, que corresponde probar a quien la sostiene." Entonces, del análisis de la sentencia reclamada se advierte que las probanzas antes relatadas fueron valoradas correctamente por la autoridad responsable, en términos de la ley procesal aplicable al caso concreto, con las que concluyó que se encuentran plenamente acreditados los elementos del delito básico de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 143, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Guerrero. De manera que, devienen infundados los conceptos de violación del quejoso planteados en su demanda de amparo, cuenta habida que el tribunal de alzada responsable sí justipreció en forma adecuada todos los medios de prueba allegados a la causa; aunado a que por el contrario, si la justipreciación de pruebas no le favorecen; ello por sí solo no implica que hayan sido mal justipreciadas. Cabe decir que contrariamente a lo aseverado por el quejoso inconforme, no se advierte que en el caso al emitir la resolución reclamada, la responsable vulnerara los principios reguladores de la prueba, pues el hecho de que no se aprecien las pruebas de la manera que pretende el recurrente, o no se le dé el alcance convictivo que en su opinión éstas pudieran tener, no significa que el A quo transgreda los principios de la valoración de pruebas o que la valoración sea incorrecta o que en sí mismo represente una violación en agravio de los inculpados, máxime cuando esa valoración es acorde a la regla de justipreciación de las pruebas, por lo que en ese aspecto el fallo reclamado no causa agravio al impetrante. Resulta aplicable lo definido en la jurisprudencia II.2o.P.A. J/3 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, que este similar comparte, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "PRUEBAS, SU CORRECTA APRECIACIÓN NO IMPLICA EL QUE SE LES OTORGUE LA EFICACIA PRETENDIDA POR LOS OFERENTES. Si la autoridad responsable no hizo alusión específica a alguna de las pruebas consideradas por la defensa como de descargo, pero que en realidad son irrelevantes por no desvirtuar a aquellas que sirvieron para la configuración del hecho típico y de la culpabilidad del agente, tal omisión no representa una violación de garantías, pues los medios de prueba aportados al proceso pueden ser analizados ya sea en forma individualizada o en su conjunto; razonando en cada caso los motivos que justifiquen el otorgamiento del valor convictivo que les corresponda, no obstante que ese estudio sólo incida sobre aquellas constancias esenciales o fundamentales en función de su irrefutabilidad, ya que si el juzgador no asigna a determinadas pruebas el valor demostrativo pretendido por su oferente, esto no significa que se dejaran de tomar en cuenta por parte de la autoridad al momento de emitir su juicio." Luego, tomando en cuenta el conjunto de circunstancias y pruebas que obran en la causa, se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes contra el implicado, para desvirtuar la presunción de inocencia que impera a su favor, porque si bien es cierto, que en su preparatoria rechazó las imputaciones existentes en su contra y negó su participación en los hechos que se le reprochan, debió probar necesariamente los hechos positivos en que descansan sus posturas excluyentes, sin que pueda bastar su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válidas y por sí mismas suficientes las manifestaciones unilaterales del implicado, sería tanto como destruir el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Por tanto, este tribunal colegiado de circuito estima correcto lo considerado en la sentencia recurrida, en el sentido de que el auto de formal prisión reclamado, en lo concerniente al estudio de los elementos del cuerpo del delito básico de abuso sexual -no así su agravante, conforme se explica en lo subsecuente-, y la probable responsabilidad, no es violatorio de lo dispuesto por el artículo 19 constitucional. Después analizó las agravantes, señalando lo siguiente: SÉPTIMO. AGRAVANTE NO CONFIGURADA. No obstante lo antes puntualizado, resultan fundados parte de los motivos de disenso, aunque suplidos en su deficiencia, inherentes a la actualización de la agravante establecida en el segundo párrafo del artículo 143 del código sustantivo penal local, que refiere: ".Si el acto erótico sexual se ejecuta en persona menor de doce años, que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pudiere resistirlo, se le aplicará una pena de dos a cuatro años de prisión y de diez a treinta días multa.". En principio, aun cuando la juzgadora federal omitió abundar con relación a la agravante establecida por la responsable, respecto del segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, está potestad revisora aprecia oficiosamente, que es desacertado que el juez penal estableciera en el auto de bien preso reclamado, que también se actualiza, la cual refirió como: "C).- Que la pasivo independientemente de su edad, no tenga capacidad de comprender el significado del hecho que le sea realizado por el activo.", concluyendo que en autos se demostró que la sujeto pasivo padece de capacidad intelectual deficiente. El juez de instrucción penal arribó a esa conclusión, de que en autos se demostró que la sujeto pasivo padece de capacidad intelectual deficiente, conforme al resumen clínico respectivo, concatenado a la receta médica del Instituto Nacional de Pediatría; constancias a las que confirió valor indiciario en términos de los artículos 120 y 121 del Código Penal Federal. Sin embargo, se advierte que en forma incorrecta se ponderó la supuesta capacidad intelectual deficiente de la pasivo, en forma desvinculada a la premisa básica que exige la agravante en sí, y que atañe al hecho de que la ofendida fuese menor de doce años de edad, como taxativamente lo establece el párrafo segundo del artículo 143 del código punitivo del estado de Guerrero. Es decir, la premisa básica para integrar esa agravante, es que aquella fuese menor de doce años edad, extremo que no se surte en la especie, cuenta habida que al momento de los hechos reprochados la ofendida tenía diecisiete años de edad. De manera que resulta incorrecto el argumento vertido en el auto de bien preso, relacionado a la posibilidad de que la pasivo padeciera alguna deficiencia intelectual, con independencia de su edad, para integrar la agravante en comento. Dado que contrario a lo estimado por el juez penal, la agravante se actualiza cuando el acto erótico sexual se ejecuta en persona menor de doce años, que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pudiere resistirlo; sin que la pasivo fuese menor de doce años de edad. De igual forma, tampoco está demostrado que la víctima tuviera una incapacidad, que le impidiera comprender el significado del hecho ilícito, pues tal como se constata de las constancias que integran la causa penal, no obra medio de convicción idóneo (dictamen pericial) para evidenciar tal extremo, pues si bien es cierto, en la secuela del procedimiento se exhibió el resumen clínico y/o alta por mayoría de edad, emitido por el médico adscrito al servicio Doctora Erika Montoya Domínguez, la misma concluyó que la paciente tiene retardo de lenguaje audiógeno, prescribiéndole el tratamiento correspondiente; sin embargo, tal padecimiento únicamente disminuye su función aditiva; por lo tanto, habla a través de señas; pero en ningún modo, se hace patente que padezca deficiencia mental. En ese contexto, resulta legal establecer que el auto de formal prisión solo deberá prevalecer respecto de la integración de los elementos del delito básico de abuso sexual, pero prescindiendo de considerar actualizada al agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 de la legislación sustantiva penal mencionada, que dispone: ".Si el acto erótico sexual se ejecuta en persona menor de doce años, que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pudiere resistirlo, se le aplicará una pena de dos a cuatro años de prisión y de diez a treinta días multa.". Además, de manera oficiosa analizó lo relativo a la posible tortura, señalando: "OCTAVO. ANÁLISIS OFICIOSO DEL AGRAVIO RELACIONADO CON LA TEMÁTICA DE LA POSIBLE TORTURA. En otro contexto procesal, este órgano revisor en ejercicio pleno del principio de la suplencia de la queja deficiente en favor del enjuiciado, advierte que en el caso, surge otra irregularidad legal en perjuicio del quejoso, ahora recurrente, que conlleva a declarar parcialmente fundados sus agravios; aunque para llegar a esta conclusión se tenga que suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.26/2008, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, de la literalidad que indica: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías, como con los recursos que en aquélla se establezcan, consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Técnicamente resulta absurdo entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar si procede la suplencia tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el análisis correspondiente." Al respecto se observa que aun cuando el quejoso omitió plantear motivos de queja en su demanda de amparo relacionados con la tortura que aduce haber sufrido por los elementos policiacos captores, se observa que en que parte de sus agravios es cuando vino a referir con relación los hechos que se le imputan, que el diecinueve de febrero de dos mil doce, fue detenido de manera arbitraria e ilegal y además fue torturado y golpeado por los elementos de la policía preventiva municipal, exactamente por donde estaba el monumento de "Las manos", sobre la avenida Juan N. Álvarez, conocido como "Unidos por Guerrero", sin que el impetrante hubiera cometido delito alguno. Luego, de la de la revisión puntual de las constancias remitidas de la causa penal de origen, se observan las circunstancias relevantes siguientes. En parte de la declaración preparatoria de veintidós de diciembre de dos mil catorce, rendida por el acusado Rubén Díaz Pinzón, este negó la comisión del delito, manifestando entre otras cosas, que no ratificaba el contenido de su declaración ministerial, negando los hechos imputados y agregando que cuando fue detenido estaba con su hermano Felipe Díaz Pinzón y que después de amenazarlo lo detuvieron y empezaron a empujarlo y golpearlo en la calle. Asimismo obra en autos un certificado médico de diecinueve de febrero de dos mil doce, y su respectiva fedación ministerial, en la que la representación social investigadora hizo constar entre otros aspectos, que el detenido Rubén Díaz Pinzón, presentó: "EDEMA (+) EN AMBOS POMÚLOS MAXILARES". Igualmente, obra en actuaciones el certificado médico de integridad física contenido en el oficio número DGSP/ADS/032/2012, de veinte de febrero de dos mil doce, signado por la perito en materia de medicina legal Yeni Fca. Solis Carmona, así como su respectiva certificación ministerial, a través de la cual certificó que el indiciado presentó: un edema en un área de cuatro centímetros de diámetro localizado a nivel de región frontal que va de la línea media a la derecha, edema de seis centímetros de longitud por cuatro centímetros localizada a nivel de pómulo y mejilla derecha, a dos centímetros por fuera de la línea media, edema en un área de cuatro centímetros de diámetro localizada a nivel de pómulo izquierdo de cuatro centímetros por fuera de la línea media. Asimismo, concluyó: que las lesiones que se observan son ocasionadas por agentes contundentes y que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. Actuaciones reseñadas que permiten advertir que en el caso del quejoso, por una parte, existe la manifestación expresa al rendir su declaración preparatoria ante el juez de instrucción penal, en el sentido de haber resentido tortura y maltratos en su persona una vez que fue detenido. Además, se advierte que conforme al contenido del certificado médico y dictamen pericial de integridad física ya referidos, respecto del acusado se dictaminó que sí presentó huellas de lesiones externas, de las que inclusive dio fe el órgano ministerial investigador. Ahora bien, no obstante las lesiones dictaminadas al acusado y las manifestaciones de maltrato y tortura que en ese sentido manifestó al rendir su preparatoria, se observa que ni el juez de instrucción penal, ni el órgano de amparo, hicieron pronunciamiento alguno al emitir sus respectivas resoluciones, el primero en el auto de término constitucional y el último en el fallo que se revisa. Sin que tampoco se advierta que el juez de instancia penal adoptara u ordenara las medidas legales y diligencias necesarias que se deben adoptar para ese tipo de circunstancias. En relación a este tema de la tortura, conviene traer a colación lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 703/2012, a través de la ejecutoria de seis de noviembre de dos mil trece, que igualmente se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del código procesal civil federal, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, acorde con lo que establece su artículo 2º, párrafo segundo, pues de su consulta a través de la red Intranet, a la cual tienen acceso los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que la parte considerativa que interesa para resolver el presente asunto, es del tenor siguiente: [.] El tema de tortura, en sí mismo, actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos como delito. Dentro del ámbito nacional, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe, en términos generales, la tortura, de la siguiente manera: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Asimismo, el artículo 29 constitucional establece, en su párrafo segundo: No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la (.) integridad personal (.ni) la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De lo anterior es claro que la prohibición de tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los "casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", de conformidad con el texto expreso constitucional. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura define: Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada" (artículo 3º). Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba", "no tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor" (artículos 8º y 9º). Para abordar la normativa internacional se partirá de las definiciones que los diferentes tratados han dado a la prohibición de la tortura y las interpretaciones que de las mismas han hecho los organismos autorizados; además, se destacarán las obligaciones de investigación y sanción de la misma. En primer orden, lo previsto en el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Por su parte, el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra expresamente el derecho a la integridad personal y establece que: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La definición de la tortura en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura se establece en su artículo 2º: Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Las obligaciones en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura incluyen tipificarla como delito, investigar toda denuncia o presunto caso de tortura, indemnizar a las víctimas y excluir toda prueba obtenida por tortura. Los anteriores tratados establecen también la obligación para los Estados parte de establecer dentro de los ordenamientos jurídicos internos la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentada, tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener al torturador para procesarlo internamente o extraditarlo previa investigación preliminar; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura; y que ninguna declaración ni confesión obtenida bajo tortura será válida para configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Paralelamente, los Estados parte de los tratados citados deben ocuparse de la educación y formación de las autoridades y otros que puedan participar en la custodia, detención e interrogatorio de detenidos; dar información completa acerca de la prohibición de la tortura; revisar constantemente las normas e instrucciones referentes a los interrogatorios, así como lo referido a la custodia y tratamiento de personas sometidas a arresto; y siempre que existan motivos razonables de torturas, se procederá inmediatamente a una investigación pronta e imparcial. Además, los Estados deben velar por la integridad de la persona torturada, protegerla de toda amenaza e intimidación cuando comparezca a juicio, asegurar una reparación justa y adecuada, así como los medios para su rehabilitación. Al respecto, ilustra la tesis 1a. CXCII/2009, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 416, de rubro y texto siguientes: TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación. Es importante para esta Primera Sala destacar que todos los instrumentos internacionales, así como su interpretación por los organismos autorizados, estipulan la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura, y también todas ellas establecen la exclusión de las declaraciones obtenidas bajo tortura. En suma, del análisis de los preceptos constitucionales, convencionales y legales citados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que: a. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal. b. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país, y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. c. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Por tanto, es claro para esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el derecho a no ser objeto de tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es un derecho absoluto. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. La Corte ha entendido que se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delitos. Cabe agregar que la jurisprudencia internacional ha establecido que la tortura puede ser física y/o psicológica, además, puede ser sufrida tanto por la víctima considerada directa como por sus familiares. [.] Aunado a lo anterior, sobre la temática de la tortura resultan orientadoras las tesis jurisprudenciales aisladas identificables con los números 1a. CCVII/2014 (10a.), 1a. CCVI/2014 (10a.) y 1a. CXCII/2009, de la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, que en el orden citado, establecen: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma." "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." Entonces, conforme a las actuaciones y constancias procesales destacadas previamente, se establece con claridad que, posiblemente el inculpado fue golpeado y maltratado físicamente una vez que quedó detenido. Sin embargo, indebidamente la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre esos aspectos relevantes, que resultaba imprescindible atender previo al dictado del auto de plazo constitucional. Máxime que ello pudiera trascender al resultado del fallo definitivo que en su momento se emita en la causa criminal prístina, conforme lo ha definido la Primera Sala en la tesis aislada 1ª. LIII/2015 (10ª.), del rubro y texto que indican: "TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE CUANDO LA ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 173, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; así, la omisión del juez de investigar oficiosamente sobre actos de tortura alegados por los procesados constituye una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante coacción." Debiendo precisarse que si bien, se observa que el quejoso no está confeso ni existe autoincriminación, ya que al rendir su declaración preparatoria -transcrita previamente-, no ratificó el contenido de su declaración ministerial, y negó los hechos atribuidos, manifestando además, que resintió en su persona maltratos y golpes por sus captores. También es cierto, que sobre esas cuestiones inherentes a posibles maltratos o tortura de los detenidos, sí debe existir un pronunciamiento expresó y preciso en el propio dictado del auto de plazo constitucional. De modo que esos datos (declaración preparatoria, certificado médico y dictamen médico de integridad física emitido por la perito oficial), en su conjunto, generan la presunción de que el indiciado fue agredido físicamente. Sin que ello impacte en la emisión del dictado de un auto de formal prisión -conforme a los razonamientos explicitados en el considerando anterior-, puesto que no trasciende a su resultado, porque como se ha destacado, al rendir su preparatoria se advierte que no existe confesión ni autoincriminación del procesado, ahora quejoso, en los hechos que se le imputan. No obstante lo anterior, se advierte de autos que el juez penal responsable incumplió al emitir su resolución reclamada en sede constitucional, con dar vista al ministerio público para que se lleve a cabo la investigación correspondiente en relación a lo señalado por el inculpado, en su declaración preparatoria, de que fue amenazado, golpeado y lesionado, por los elementos policiacos aprehensores. Bajo ese contexto es que este tribunal está en aptitud legal de determinar que, suplidos en su deficiencia, resultan fundados los motivos de agravio del recurrente. Es así, dado que en el caso y aun cuando en el auto de término constitucional que sometió a formal procesamiento al acusado, no se tomó en cuenta en su perjuicio confesión o autoincriminación alguna; no puede dejar de observarse que con relación a las lesiones dictaminadas a su persona y las manifestaciones de tortura que en ese sentido manifestó el acusado al rendir su preparatoria, el juez de instrucción penal omitió pronunciarse al emitir su respectiva resolución de término constitucional, dejando de adoptar las medidas legales y diligencias necesarias que se deben tomar para ese tipo de circunstancias -posibles vejaciones, maltratos o tortura-. Desatendiendo de esta forma -conforme a los razonamientos y tesis jurisprudenciales ya citados-, que corresponde al juez de instrucción penal responsable, durante la instrucción del proceso y previo al dictado de la sentencia definitiva, adoptar las acciones legales correspondientes para clarificar esas cuestiones relevantes (posibles vejaciones, maltratos o tortura). Es así, porque no puede dejar de dimensionarse que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, son violaciones de derechos fundamentales que afectan el debido proceso, de la víctima de esos tratos, y una de estas consecuencias, es que en casos donde la declaración haya sido obtenida bajo tortura o cualquier otro medio de coacción, no sea utilizada dentro del proceso como prueba en contra de la víctima de la agresión. De modo que se reitera, en todo caso el juzgador penal deberá cuidar que durante la instrucción del juicio penal, se lleve a cabo una investigación diligente e imparcial, que tome en cuenta las diversas modalidades en que se puede presentar la tortura, de modo que a la hora de dictar sentencia, se encontrará en posibilidad de evaluar la trascendencia o no de esas circunstancias. Ello porque corresponde a la autoridad iniciar, con inmediatez, una investigación que tenga por objeto esclarecer la verdad de los reproches, proporcionando al juzgador una explicación razonable de la situación en que sucedió la detención y en la cual se rindió la declaración. Correspondiendo al Ministerio Público dar una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la detención. Por tanto, al ser la tortura también un delito, es obligación de la autoridad de dar vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, en su vertiente delictiva, bajo el estándar probatorio propio de este tipo de procesos. Así, al surgir la posibilidad de que fue torturado o maltratado el indiciado, es obligación del juez de la causa, en primer término, ordenar la realización de las diligencias que considere necesarias para encontrar, por lo menos, indicios sobre si la confesión del inculpado fue obtenida o no como consecuencia de actos de tortura. Si es el caso de que encuentre dichos indicios (como podría ser con certificados médicos de lesiones o estudios psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul), el Estado tiene la carga de la prueba para desvirtuarlos y, en caso de no hacerlo, el juzgador deberá tener por acreditada la existencia de tortura en su vertiente de violación a derechos fundamentales, con las consecuencias que esa situación conlleva. Es de resaltarse, que las dos investigaciones son autónomas, lo que significa que no es necesario que se tenga por acreditada la tortura como delito para el efecto de tenerla por demostrada como violación a derechos fundamentales y, por tanto, sea posible suprimir una confesión aparentemente obtenida bajo tortura. En razón de lo anterior, y en función de las circunstancias en que se aleguen ese tipo de maltratos, corresponde al juzgador durante la instrucción del proceso penal de marras, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar de manera efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, de conformidad con el Protocolo de Estambul, y ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la resolución respectiva." 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, la autoridad responsable dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en contra del aquí quejoso Rubén Díaz Pinzón, en la causa penal 30/2012-II; proveyó lo correspondiente para la aplicación del protocolo de Estambul, teniendo en cuenta las manifestaciones relacionadas con la tortura, e informó que la situación jurídica del citado procesado, se resolverá una vez practicadas las diligencias tendientes a cumplimentar la sentencia amparadora 3. Verificación del cumplimiento. En el caso analizada la copia certificada del proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, se estima que la autoridad responsable NO DA CABAL CUMPLIMIENTO a la sentencia de amparo, pues si bien dejó sin efectos el auto de formal prisión emitido el veintiocho de diciembre de dos mil catorce, en contra del aquí quejoso Rubén Díaz Pinzón, en la causa penal 30/2012-II, lo cierto es que falta cumplir con los puntos II, IIA y IIB, y en cuanto al punto IIC, aunque no se pronunció en el auto de formal prisión (que debió emitir), lo hizo en el proveído en análisis. Así, en concreto le falta emitir el auto de plazo constitucional, en el que: Reitere lo relativo a la integración de los elementos básicos del cuerpo del delito de abuso sexual y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, conforme se puntualizó en el sexto considerando de la ejecutoria emitida por la superioridad. Prescinda de tener actualizada la agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, conforme a lo destacado en el séptimo considerando de la sentencia del Colegiado. 4. Conclusión y requerimiento de cumplimiento. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA QUE NO ESTÁ CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Por ende, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, por conducto de su titular Rosa Linda Sáenz Rodríguez, para que DE INMEDIATO cumpla la ejecutoria en los términos precisados, esto es: Dicte el auto de plazo constitucional, en la causa penal 30/2012-II, en el que: Reitere lo relativo a la integración de los elementos básicos del cuerpo del delito de abuso sexual y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, conforme se puntualizó en el sexto considerando de la ejecutoria emitida por la superioridad. Prescinda de tener actualizada la agravante establecida por el segundo párrafo del artículo 143 del Código Penal para el Estado de Guerrero, conforme a lo destacado en el séptimo considerando de la sentencia del Colegiado. En tal virtud, la responsable debe cumplir la ejecutoria en el término antes indicado, sin necesidad de un ulterior requerimiento e informarlo a este órgano jurisdiccional. Se apercibe a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, que de no cumplir la ejecutoria, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que dicha Unidad de Medida y Actualización tiene un valor unitario de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), lo anterior con arreglo a los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que el juez se considera como órgano jurisdiccional plenamente autónomo, en concordancia por identidad jurídica con lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.C.J/3K(10.a), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007295, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por lo anteriormente expuesto, y en aplicación a la jurisprudencia transcrita se establece que Jueces de Primera Instancia, deben ser clasificados como órganos jurisdiccionales que cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento por ende, no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto no cuentan con superior jerárquico alguno.
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