Rubén De la Cruz Espinoza
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rubén De la Cruz Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, a través de la cual se sobreseyó este asunto, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que por una parte se otorgó la suspensión instada, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 695/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, esto es, el uno de octubre de dos mil veintiuno, *******, promovió demanda de amparo en contra del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, agente del Ministerio Público Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación y Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Cuarto. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno se dio vista a la quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Visto el estado de autos, se advierte del informe con justificación rendido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación V de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte (licenciado *******), que anexó la respuesta que recayó a la petición que el aquí quejoso le presentó por escrito, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Por ende, la que el accionante del amparo, combatió de dicha autoridad en este juicio de amparo, la omisión de responder a dicha petición, se le da vista a aquél para que en un término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, con relación a dicho acto; en el entendido que de no hacer pronunciamiento al respecto, este asunto se continuará tramitando conforme a la demanda inicial. Lo previo, de conformidad con el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y en observancia a la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 224, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2006, Novena Época y número de registro 174107, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. (.) Sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. Quinto. Declaración de autoridad inexistente. Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, al recibirse en devolución el oficio *******, dirigido al Encargado de la Unidad Interna de Resolver la Autorización de los Procedimientos Abreviados de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, devuelto por Correos de México, con la leyenda "autoridad inexistente en PGR", se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a partir de su legal notificación, para que manifestara la denominación correcta y completa de tal autoridad designada con la calidad de responsable en este asunto; apercibida que de no hacerlo dentro de tal periodo, se le tendría por inexistente para efectos de este juicio de amparo. De modo que, al haber transcurrido tal término, en auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se declaró inexistente a la autoridad de referencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del agente del Ministerio Público de la Federación Titular la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte, del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República y del agente del Ministerio Público Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación: La omisión de responder a la petición presentada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, donde se instó que solicitara al Juez con la calidad de autoridad responsable en este asunto, la aplicación del procedimiento abreviado en la causa penal *******. Del Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control: La apertura a juicio oral que se llevaría a cabo en audiencia decretada para el cuatro de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal *******. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. (1) No es cierto el acto reclamado al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, pues así lo señaló al rendir su informe con justificación. Sin que el quejoso, por sí ni por conducto de sus autorizados en amplios términos, haya controvertido mediante prueba alguna dicha negativa. Por otra parte, (2) el agente del Ministerio Público Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado a pesar de haberle sido oportunamente instado. Por lo que, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debería considerarse cierto el acto que le fue reclamado. Sin embargo, de autos se desprende su inexistencia, pues el escrito de petición presentado conjuntamente por *******, defensor del aquí quejoso en la causa penal de origen, así como por éste último, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, fue dirigido únicamente al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte, no así a las diversas responsables de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, que designó en este juicio con tal calidad. De manera que, se tiene por inexistente el acto reclamado por el accionante del amparo a dicha autoridad responsable. En otro orden, (3) el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, al rendir su informe justificado, negó el acto que le atribuyó el quejoso, consistente en la apertura a juicio oral que se llevaría a cabo -según su dicho- en audiencia decretada para el cuatro de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal *******. Dicha responsable adujo que no era cierta la celebración de tal audiencia, toda vez que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno -contrario a lo señalado por el aquí quejoso- se fijó audiencia precisamente para analizar la viabilidad, o no, del procedimiento abreviado solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte; misma que se declaró sin materia, debido a que el aquí quejoso y su defensor no aceptaron la reducción de la pena propuesta por aquél. Es así, de las constancias con que acompañó su informe justificado el Juez responsable, se desprende que en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, previo a la promoción de este juicio de amparo, el Juez responsable proveyó respecto a la solicitud de procedimiento abreviado planteado por la referida representación social, momento en el cual señaló las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia donde se analizaría la procedencia de tal terminación anticipada; no la audiencia de debate a juicio oral, como señaló equívocamente el quejoso en su demanda de amparo. Además, precisó que no había señalado fecha para la audiencia intermedia en la que se dictaría en su momento el auto de apertura a juicio oral, de ser el caso -respecto a lo cual, cabe destacar que se otorgó la suspensión definitiva, para que no se llevara a cabo la misma hasta en tanto se dictara sentencia firme en este asunto-. Todo lo anterior, evidencia la inexistencia del acto atribuido al Juez responsable; sin que, el quejoso, por sí ni por conducto de sus abogados autorizados en amplios términos, haya controvertido mediante prueba alguna la negativa vertida por dicha autoridad. Las constancias remitidas por tales responsables, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir informe con justificación haya aducido que el mismo "es parcialmente cierto". Lo anterior, pues como ya se dijo en el considerando que antecede, quedó evidenciado en este asunto que el aquí quejoso presentó escrito de petición ante dicha responsable, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, donde le instó que solicitara ante el Juez responsable la aplicación en su favor del procedimiento abreviado, en la causa penal que se instruye en su contra. Además, se desprende que, aunque con antelación, tal representación estimó viable la petición de procedimiento abreviado -tan es así, que desde el ocho de septiembre dos mil veintiuno, instó al Juez responsable que señalara fecha para debatir sobre dicha terminación anticipada- determinada para el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, como ya se dijo; fue a través de oficio *******, de tres de octubre de dos mil veintiuno -cuya emisión, obvio es, aconteció después de la presentación de la demanda de amparo que originó este asunto, que ocurrió el treinta de septiembre de dos mil veintiuno- que aquélla autoridad dio propiamente respuesta a la petición formulada; misma que acreditó haber dirigido a *******, en su carácter de defensor particular de *******, aquí quejoso, haberla enviado vía correo electrónico a la dirección electrónica propuesta en el ocurso de petición, el propio tres de octubre de dos mil veintiuno, donde inclusive se desprende la leyenda "leído" en la marca de seguimiento al destinatario; lo que evidencia que fue recibida por éste último. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales previamente invocados. Asimismo, su recepción, fue incluso corroborada por la parte quejosa, con el escrito presentado en este juzgado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, donde el licenciado *******, autorizado en amplios términos del peticionario del amparo, refirió haber recibido el oficio de respuesta a su petición, en su correo electrónico, el tres de octubre de dos mil veintiuno. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este sentido, respecto de la omisión reclamada en este juicio constitucional, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso, la quejosa reclamó la omisión del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula Tercera del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Norte, con sede en esta ciudad, de responder a la petición que le formuló mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, donde se le instó que solicitara del Juez responsable en este asunto, la aplicación del procedimiento abreviado en la causa penal *******. Así, una vez rendido el informe con justificación de dicha autoridad, en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa a efecto de, de ser su deseo, ampliara su demanda de amparo con relación a la respuesta respectiva con que acompañó aquélla su informe; sin que así lo haya efectuado. Bajo ese contexto, dado que la accionante del amparo conoció la respuesta dada a su petición con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y, no obstante que fue prevenida para ello, optó por no ampliar su demanda respecto de la misma; es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Sin que esta Juzgadora Constitucional pueda analizar la respuesta de la autoridad responsable en cita, que constituye un nuevo acto con relación a la omisión inicialmente reclamada, ya que, se insiste, el mismo no se incorporó al juicio de amparo, pues se hizo efectivo el apercibimiento respectivo en auto diecisiete de enero del año en curso, ante la omisión de la quejosa de ampliar la demanda en torno a ello, a pesar de la vista dada, continuándose el juicio en los términos planteados en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad jurídica y de razones- la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, volumen IX, enero de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 113, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Por tanto, a pesar de que el quejoso goza de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, estipulada en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal prerrogativa no alcanza para que esta Juzgadora constitucional pueda adicionar por sí, actos que no fueron combatidos. Lo previo es así, pues la figura jurídica de referencia, tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que la parte quejosa haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda -o incluso formularlos ante la ausencia de éstos- pero sujetándose estrictamente a los actos y autoridades responsables, sin poder adicionar por sí, esto es, unilateralmente, unos u otros. Es así, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo; de modo que, es claro que le corresponde al solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la Litis constitucional, entre ellos, el señalamiento preciso de los actos reclamados; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgador federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad al promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de designar motu proprio actos novedosos. Sustenta lo previo -por identidad jurídica y de razones- la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, volumen II, de noviembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 608, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 695/2021-II, promovido por *******; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este juzgado el uno de octubre del año actual, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se transcriben: IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables (ORDENADORAS): DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SUPERVISOR (A) del C. LIC. *******, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Decimoséptima, de la Fiscalía General de la Republica y, por sí mismo el C. LIC. *******, todos con sede en esta Ciudad, les RECLAMO: La OMISION de contestar al suscrito y mi abogado defensor, el escrito de solicitud de procedimiento abreviado, de fecha veintiocho de mayo del presente año, petición realizada directamente al C. LIC. *******, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula V-3, de la Fiscalía General de la República, con sede en esta Ciudad, mediante el cual se le solicitó, en la Carpeta de Investigación número ******* y Causa Penal Federal número *******, con fundamento en el artículo 8°, Constitucional y, 201 y 202, ambos del Código Nacional Procedimientos Penales: (...) De la autoridad ordenadora, el C. JUEZ ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUAREZ, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL, le reclamo: La posible e inminente APERTURA A JUICIO ORAL en la Causa Penal Federal número *******, del imputado *******, esto don motivo de la AUDIENCIA INTERMEDIA, señalada por dicha autoridad, para celebrarse el día LUNES CUATRO DE OCTUBRE A LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, acuerdo de apertura de juicio oral que deberá suspenderse hasta que se resuelva el presente juicio de amparo, toda vez que dé aperturarse el citado a juicio oral queda sin efecto la concesión del procedimiento abreviado que se solicitó al ministerio público federal, causando un perjuicio personal y directo al imputado. Del C. ENCARGADO DE LA UNIDAD INTERNA DE RESOLVER LA AUTORIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, quien tiene su domicilio conocido en la Ciudad de México, en el Edificio que alberga la Fiscalía General de la República, le reclamo la determinación acerca del suscrito para no conceder el beneficio del tercio de la pena mínima de prisión que me corresponde (.).. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Una vez que se admitió a trámite la demanda, el uno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó abrir incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables, se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el ocho de octubre de dos mil veintiuno; y que se difirió en fechas cinco de noviembre, tres y veintiocho de diciembre, de dos mil veintiuno, respecto a la falta del informe previo de la autoridad responsable Encargado de la Unidad Interna de Resolver la Autorización de los Procedimientos Abreviados de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México. Luego en auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que la quejosa adujera, de ser su deseo, la denominación correcta y completa de la autoridad que señaló como responsable y denominó "Encargado de la Unidad Interna de Resolver la Autorización de los Procedimientos Abreviados de la Fiscalía General de la Republica", con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por inexistente; por lo que, nuevamente se difirió la citada audiencia en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, ya que se encontraba en curso dicha vista, y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, el día de hoy, misma que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Suspensión sin materia. Es un hecho notorio que en esta incidencia, se declaró inexistente la autoridad señalada como responsable y denominada "Encargado de la Unidad Interna de Resolver la Autorización de los Procedimientos Abreviados de la Fiscalía General de la Republica", mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, al no atender la parte quejosa, la vista que le fue proporcionada a efecto de que manifestara su denominación correcta y completa. De tal forma, al no haber autoridad responsable a la que se le endilgue el acto precisado por la parte quejosa, no existe materia sobre la cual resolver la presente interlocutoria. Así, se declara sin materia esta resolución incidental. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara sin materia la suspensión definitiva solicitada por *******, en contra de la autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta resolución, por el motivo ahí expuesto. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa mediante auto de veinticinco de enero del año en curso, a fin de que manifestara la denominación correcta y completa de la autoridad que señaló como responsable y denominó "Encargado de la Unidad Interna de Resolver la Autorización de los Procedimientos Abreviados de la Fiscalía General de la Republica". Por ende, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y se tiene por inexistente en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se ordena suspender toda notificación con la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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