Ruben de Jesus Gonzalez Escobedo
Expediente 1275/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- Ruben de Jesus Gonzalez Escobedo
- Ruben de Jesus Gonzalez Escobedo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de ocho de marzo de la presente anualidad, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negó la suspensión de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de marzo de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: El quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 75 a 102), se dictó resolución definitiva en la que se determinó, por una parte, sobreseer y, por otra, conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. Por oficios 0100/FECDO/M9/2018, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 171 a 250). El veintiocho de febrero actual (foja 251), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las determinaciones dictadas por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; termino que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de este Juzgado, vista que fue desahogada. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO.- Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] a) Deje sin efectos el acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en la averiguación previa 12/FECDO/2015-01; y, b) En su lugar, con libertad de criterio, se pronuncie en forma fundada y motivada en relación a la procedencia de la solicitud de devolución de los bienes asegurados en la indagatoria el diecinueve de enero de dos mil quince, presentada por el quejoso. [.] En la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable incurrió en forma injustificada en una trasgresión a los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los requisitos que deben cubrir los actos de molestia; dado que la autoridad estaba obligada a fundar y motivar su negativa de levantar el aseguramiento ante la solicitud de parte interesada, en el sentido de devolvérsele los bienes afectados por el aseguramiento emitido en la averiguación previa de origen. Estableciéndose en la resolución de amparo, que si bien la responsable dio contestación a la solicitud de devolución, lo cierto es que se abstuvo de resolver en el fondo la procedencia del levantamiento del aseguramiento, es decir, omitió pronunciarse en forma fundada y motivada respecto de lo pedido, prolongando con su omisión la subsistencia de la medida que pesa sobre los bienes defendidos por el quejoso. Además, se señaló que en la resolución impugnada se sostuvo improcedente acordar de conformidad la solicitud de devolución del quejoso, sin advertirse el sustento para dicha conclusión en el estudio de la petición de quien se ostentó como tercero ajeno a la causa y pretendió acreditar la legitima propiedad de los bienes asegurados, sino en la imposibilidad de determinar la legal procedencia de aquellos por no haberse podido verificar la autenticidad de la documentación exhibida, imputable a la propia responsable. SEGUNDO.- Acto de la autoridad. Por su parte, la autoridad responsable por oficio 0100/FECDO/M9/2018, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 171), remitió copia certificada de los acuerdos ministeriales de esa misma fecha, de los que se advierte decretó insubsistente el auto de trece de octubre de dos mil diecisiete; asimismo, proveyó sobre el aseguramiento provisional decretado en la averiguación previa 12/FECDO/2015-01 (fojas 172 a 210). Esencialmente, la responsable razonó en la resolución respectiva que de las constancias que integran la citada averiguación previa se advertía que el Representante Social se encontraba integrando el correspondiente expediente, a través de ciertas diligencias encaminadas a comprobar el cuerpo del delito denunciado consistente en robo ejecutado con violencia agravado, enajenación de vehículos robados y utilizar vehículos robados en la comisión de otros ilícitos, encubrimiento por receptación, contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, delincuencia organizada y los que resultaran. Argumentando la responsable, que resulta evidente que la indagatoria respectiva se encuentra aún en su fase de integración, y la Fiscalía aún no termina de llevar a cabo todas aquellas diligencias o actuaciones necesarias para conformar la investigación que en su momento sustentarán la decisión de ejercer o no acción penal. Señala que de las investigaciones realizadas y de la propia declaración de quien se dice propietario, no ha quedado definida la procedencia lícita de los bienes muebles e inmuebles, toda vez que de las comparecencias ministeriales de trece de septiembre y trece de octubre, ambos de dos mil diecisiete, el quejoso señalo recibir mensualmente la cantidad de diez mil pesos 00/100 moneda nacional, lo que parece un ingreso muy ínfimo para poder lograr la propiedad de los bienes asegurados. Ante ello, esa representación social continúa con las investigaciones relativas a los ilícitos en comento, a efecto de determinar que dichos bienes no sean un beneficio económico generado por la actividad delictiva de la delincuencia organizada; aunado a lo anterior, la sola medida provisional de aseguramiento, no resulta ser violatorio ni vulnera garantías individuales, ya que es una afectación provisional y no definitiva, y no constituye un fin en sí mismo, sino que tiene como finalidad proteger que los bienes materia de la medida, no se alteren, destruyan o desaparezcan, ya que su naturaleza es exclusivamente provisional, y que puede tener relación con los ilícitos que se investigan, ya sea de forma mediata o inmediata, por haber servido para cometer algún antisocial o esté vinculado con los hechos, así como para garantizar la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, garantizar las eventuales penas consistentes en la reparación del daño o el decomiso. Precisa que, como se señaló en comparecencia de trece de septiembre de dos mil diecisiete, Rubén de Jesús González Escobedo exhibió documentales, las cuales contaban con el endoso correspondiente en el reverso; sin embargo, dichos endosos no cumplen con las formalidades que exige la normatividad aplicable, así como de la fecha cierta en que fue realizada. Concluyendo por lo anterior, en base a los motivos y fundamentos precisados en su resolución, a estimar que no era procedente el levantamiento de la medida cautelar de aseguramiento provisional y precautorio de los bienes muebles e inmuebles relacionados en la averiguación previa 12/FECDO/2015-01. TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de las copias certificadas de las determinaciones remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable dejará sin efectos el acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en la averiguación previa 12/FECDO/2015-01; sí lo hizo, lo que acreditó con la copia certificada del auto de veintitrés de febrero del año que transcurre, del que se advierte decretó insubsistente el citado auto. Ahora, respecto a que con libertad de criterio, se pronunciara en forma fundada y motivada en relación a la procedencia de la solicitud de devolución de los bienes asegurados en la indagatoria el diecinueve de enero de dos mil quince, presentada por el quejoso; también lo realizó, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó la responsable al oficio 0100/FECDO/M9/2018, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 171), del que se desprende que proveyó lo relativo sobre el aseguramiento provisional de bienes dentro de la averiguación previa 12/FECDO/2015-01, exponiendo los razonamientos, circunstancias y fundamento legales por las que resolvió sobre la improcedencia de la devolución de los bienes asegurados en la indagatoria de origen. Pronunciamiento: La autoridad responsable dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo de quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 75 a 102), en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; desahogando la parte quejosa la vista que se le dio, como se observa de la certificación de cuenta. Manifestaciones: Mediante escrito registrado con número 4047, el quejoso manifestó que la autoridad responsable no dio total cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, argumentando esencialmente que: -Resultaba ilógico que la responsable manifestara que es un aseguramiento provisional y precautorio, cuando se desprende que los tiene a su disposición desde hace dos años, sin que exista determinación o consignación de la averiguación previa. -Hasta el momento no podrá acordarse favorable la devolución hasta la verificación de la autentificación de las facturas exhibidas y hasta su verificación total se pronunciará al respecto; concluyéndose que la fiscalía en ningún momento pretende realizar la devolución de los bienes asegurados. -No ha dado cumplimiento al fallo protector y por tanto, debe ordenarse la devolución de los bienes, pues los mismos no son de valor estratosférico, sino de baja cuantía económica, resultando ilógico que el fiscal manifieste que dichos bienes sean motivo de prestanombre, sin existir prueba en contrario. -Por lo que, la nueva determinación carece de fundamentación y motivación, reiterando su negativa sin tomar en consideración que no existe prueba en contrario contra el quejoso, ya que acredita fehacientemente la propiedad de los bienes afectados. En ese sentido, se hace del conocimiento del quejoso, que el amparo y protección de la justicia federal concedido en el presente juicio, fue para que la responsable dejara sin efectos el acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en la averiguación previa 12/FECDO/2015-01; y, en su lugar, con libertad de criterio, se pronunciará en forma fundada y motivada en relación a la procedencia de la solicitud de devolución de los bienes asegurados en la indagatoria el diecinueve de enero de dos mil quince, presentada por el quejoso, concluyendo en la presente determinación que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada. En ese sentido, al no resultar ser materia de estudio en el cumplimiento de la presente ejecutoria, las manifestaciones vertidas, en relación de haber acreditado la propiedad de los bienes asegurados, y por ello, procedía su devolución, debido a que el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, consistió en que se pronunciara nuevamente en relación a la procedencia o no de los referidos bienes, determinación que podía ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban (fundamentación y motivación) destacados en el presente fallo, o en sentido diverso; sin que necesariamente tuviera que ser en el sentido favorable a las pretensiones del quejoso, partiendo del hecho de que se le dejó libertad de criterio. De ahí que, en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal, pues la autoridad estaba obligado a exponer como los datos o constancias que le fueron aportados le permitieron establecer en grado razonable las circunstancias por las que consideró que no procedía la devolución de los bienes asegurados; si las documentales que le fueron aportadas eran o no suficientes para determinar acreditada la propiedad de los mismos y la naturaleza jurídica de su actuar, vicios formales que en esencia subsanó, sin que los argumentos que haya vertido para ello resulten ser materia del presente análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 115/2008 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE" Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.
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