Rubén de Jesús Alvarado Pacheco

Expediente 496/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
496/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Rubén de Jesús Alvarado Pacheco
  • Edgar Rolando Góngora Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos la comunicación de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), por el cual devuelve diligenciado el exhorto *** de nuestro índice, el cual se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara al quejoso ****, el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    [AVISO DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO] Chetumal, Quintana Roo, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de catorce de diciembre actual, informa que ya se desahogaron las testimoniales a cargo de *** y ***, para acreditarlo adjunta copia certificada de sus declaraciones testimoniales. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal. Ahora, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo, analizarla de oficio. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese sentido, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en: "IV.-De la autoridad responsable reclamo: a) Del Secretario de acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo reclamo el acuerdo de fecha dos de junio del ario dos mil veintiuno, dictado en autos de la causa penal ***, en donde se fijan para desahogar pruebas testimoniales el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el cual me fue notificado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Y como agravio medular el quejoso refirió que resultaba violatorio de sus derechos humanos dicha determinación por haber señalado hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno el desahogo de las testimoniales a cargo de *** y ***, cuando debió ser dentro de los treinta días posteriores conforme lo dispone el artículo 49 del Código de Procedimientos Penal para el Estado de Quintana Roo. Ahora, del análisis de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veinte, el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, informó que se desahogaron las pruebas testimoniales a cargo de *** y ***. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar quedó demostrado que la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en autos de la causa penal ***, de su índice, desahogó las testimoniales a cargo de *** y ***, tal como se advierte de las constancias adjuntas, motivo por el cual, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Eso es así, pues, como quedó señalado la inconstitucionalidad del acuerdo de dos de junio del presente año, el quejoso, la hizo derivar del hecho que, para desahogar dichas pruebas, había señalado hasta treinta de septiembre pasado, de modo que si éstas ya se verificaron, quedó restaurado su derecho que consideró violado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Eso es así, porque cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    [AVISO ---- TERCEROS INTERESADOS ERGJ y RAGL] Chetumal, Quintana Roo, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de catorce de diciembre actual, informa que ya se desahogaron las testimoniales a cargo de *** y ***, para acreditarlo adjunta copia certificada de sus declaraciones testimoniales. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal. Ahora, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo, analizarla de oficio. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese sentido, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en: "IV.-De la autoridad responsable reclamo: a) Del Secretario de acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo reclamo el acuerdo de fecha dos de junio del ario dos mil veintiuno, dictado en autos de la causa penal ***, en donde se fijan para desahogar pruebas testimoniales el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el cual me fue notificado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Y como agravio medular el quejoso refirió que resultaba violatorio de sus derechos humanos dicha determinación por haber señalado hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno el desahogo de las testimoniales a cargo de *** y ***, cuando debió ser dentro de los treinta días posteriores conforme lo dispone el artículo 49 del Código de Procedimientos Penal para el Estado de Quintana Roo. Ahora, del análisis de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veinte, el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, informó que se desahogaron las pruebas testimoniales a cargo de *** y ***. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar quedó demostrado que la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en autos de la causa penal ***, de su índice, desahogó las testimoniales a cargo de *** y ***, tal como se advierte de las constancias adjuntas, motivo por el cual, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Eso es así, pues, como quedó señalado la inconstitucionalidad del acuerdo de dos de junio del presente año, el quejoso, la hizo derivar del hecho que, para desahogar dichas pruebas, había señalado hasta treinta de septiembre pasado, de modo que si éstas ya se verificaron, quedó restaurado su derecho que consideró violado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Eso es así, porque cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano