Rubén Darío Vélez Sandoval

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Rubén Darío Vélez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    "...CAUSA ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO RUBÉN VÉLEZ SANDOVAL, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente dice: Personería: Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Rubén Darío Vélez Sandoval, contra actos del Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 293/2021 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.) De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, el promovente señaló como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Civil de esta ciudad, y como acto reclamado la orden de desalojo del bien inmueble que poseía, ubicado en calle San Rene 205, fraccionamiento Villa Verde, de esta ciudad, y que fue ejecutada en once de noviembre de dos mil veinte. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De las anteriores transcripciones se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando el quejoso consienta tácitamente el acto reclamado, esto es, cuando no promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, siendo que el diverso numeral 18 del propio ordenamiento legal invocado establece tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales son: 1. A partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. A partir del siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o; 3. A partir del siguiente al en que aquél se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el referido artículo 18 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, es evidente que en el asunto que se examina, la parte quejosa tácitamente consintió el acto reclamado consistente en la orden de desalojo ejecutada en once de noviembre de dos mil veinte; acto que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si presentó su demanda de amparo hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, es evidente que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo, por lo que dicha demanda debe considerarse extemporánea, pues debió ser presentada dentro del citado lapso de quince días hábiles, al en que fue desalojado del inmueble que poseía, ubicado en calle San Rene 205, fraccionamiento Villa Verde, de esta ciudad. Por lo tanto, el término para la interposición de la demanda inició el día hábil siguiente a la ejecución de la orden de desalojo, es decir el doce de noviembre y concluyó el cuatro de diciembre de dos mil veinte, excluyéndose los días catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre de dos mil vente, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa presentó su demanda hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, tal como se aprecia del sello fechador, es evidente que su presentación fue extemporánea y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en cuestión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Villa del Olivo 245, fraccionamiento Villas del Real, de esta ciudad. Ahora, se tiene a Enrique Durazo Durazo y Rodolfo Fiel Murrieta, por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del precepto legal citado, a Elsa Fernanda García y Adrián Bojórquez, en tanto acrediten contar con cédula registrada en referido sistema. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene por señalado el correo electrónico velezsandovalr@gmail.com a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Habilitación de días y horas: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó Blas Martínez Aboyte, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho judicial, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada al Titular y firma ante Víctor Manuel Puebla Gutiérrez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.Melissa

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