Rubén Dario García Marín
Expediente 1151/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rubén Dario García Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta secretarial, se acuerda: AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. CAUSA EJECUTORIA ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 89 a 138), en la que en su primer punto resolutivo se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación levantada por la Actuaria Judicial de este juzgado, de la que se advierte su imposibilidad para notificar de manera personal a la parte tercero interesada Teresa Vidal Jiménez, la sentencia con engrose de siete de noviembre del año actual, en virtud de que no señaló domicilio en esta ciudad para ello. Ahora, como de la certificación que antecede se advierte, que en diecisiete de agosto del presente año, fue emplazada al presente juicio la parte tercero interesada víctima de identidad reservada de iniciales D.F.V., representada por Teresa Vidal Jiménez, sin que hasta el día de hoy se haya apersonado al mismo ni señaló domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad. Por lo tanto, se ordena al Actuario de este Juzgado, notificar a la parte tercero interesada en comento, por lista de acuerdos el presente auto; la sentencia con engrose de siete de noviembre del año actual, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. SENTENCIA VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1151/2022-2, promovido por ************, contra actos de la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 16, 19 y 20 Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el quince siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes, Rubén Darío García Marín solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021. 2 El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1151/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El uno y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emplazó a juicio con dicho carácter a Rodolfo Antúnez Garduza, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco; al Asesor Jurídico Público adscrito al referido Centro de Procuración; y a la víctima de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representada por Teresa Vidal Jiménez. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021, por la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa, por el hecho que ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de las actas mínimas y de un disco versátil digital (DVD), que contiene las videograbaciones de las audiencias de tres y siete de julio de dos mil veintidós. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que: El tres de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial por orden cumplida, relacionada con la carpeta administrativa 459/2021, instruida en contra del ahora quejoso por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Dicha audiencia fue presidida por la Jueza de Control Consuelo Rivera Hernandez, y comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Rodolfo Antunez Garduza, el Asesor Jurídico Publico Alfredo José Pons Hernandez, los defensores particulares Jhonatan Bravata Cruz y Mara Ithamar García Vázquez, y el imputado Rubén Darío García Marín. El Ministerio Público formuló imputación en contra del aquí quejoso, comunicándole los hechos que le atribuye y que consideró configuran el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco. Hecho lo anterior, la defensa solicitó aclaración al fiscal respecto de los días de la semana en que ocurrieron los eventos referidos. La fiscalía dijo que, atendiendo a la edad del menor, éste sólo recordaba el mes y año. Luego, previa pregunta de la juzgadora y consulta con su defensor, el imputado manifestó que se reservaba su derecho a declarar. Acto seguido, la representación social solicitó se vinculara a proceso al imputado, con base en las consideraciones y datos de prueba que expuso. Al respecto, previa pregunta de la juzgadora y consulta con su defensor, el imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas; por lo que el juez señaló las once horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial en fase de vinculación a proceso. Con motivo de lo anterior, previa solicitud de la representación social y debate por parte de la defensa, con base en los artículos 19 constitucional, 153, 154, 155 fracción XIV y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza, por las consideraciones que expresó, impuso al investigado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sobre el particular, determinó que la vigencia de la misma sería Igual al tiempo que dure el procedimiento El siete de julio de dos mil veintidós, a las once horas con treinta y nueve minutos, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, misma que fue presidida por la Jueza Consuelo Rivera Hernandez. A dicha audiencia comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Rodolfo Antunez Garduza, el Asesor Jurídico Publico Alfredo José Pons Hernandez, los defensores particulares Jhonatan Bravata Cruz y Mara Ithamar García Vázquez, y el imputado Rubén Darío García Marín. Previo debate, la jueza de control dictó el auto de vinculación a proceso que se reclama. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó precisado en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021, por la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa, por el hecho que ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Determinación que considera infringe lo dispuesto en los artículos 1, 16, 19 y 20 Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que, sustancialmente, el quejoso refiere que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación porque: La juzgadora realiza una interpretación errónea de la norma constitucional, al establecer que en ella existen restricciones a los derechos humanos y sobrepone en este sentido el artículo 19 constitucional, siendo que las restricciones a los derechos humanos están consideradas en otro diverso, pero no como tal el mencionado numeral. De los datos de prueba que verbalizó la fiscalía no se desprenden indicios razonables para vincularlo a proceso. La resolución transgrede lo dispuesto por el artículo 16 constitucional por cuanto a la carencia de una motivación apegada a lo justamente legal; a lo que se verbalizó en la audiencia de vinculación, tanto por la fiscalía como por su defensa. La declaración de la victima de identidad reservada no estaba robustecida con otro dato de prueba que la hiciera verosímil. La fracción V del artículo 20, apartado A, de nuestra Carta Magna prevé que la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, es decir, que técnicamente él no tenía la obligación de demostrar su inculpabilidad, (tópico propio de la teoría del delito). En el apartado B del artículo 20 constitucional, fracción I, se establece que se debe de presumir su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Con los datos de prueba verbalizados por la fiscalía no se estableció el modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del hecho que s ele imputa, lo cual pasó por alto la juzgadora. Después de que la fiscalía verbalizó todos los datos de prueba en los que sustentaba la solicitud de vinculación a proceso, la defensa, en relación al dicho de la victima de identidad reservada, refutó el dictamen médico proctológico y el dictamen en materia de psicología, así como también argumentó dos datos de prueba consistentes en las respectivas opiniones técnicas en relación a los dictámenes oficiales, a lo que la juzgadora no concedió valor jurídico, aun y cuando el defensor fue explícito al establecer la deficiencias forenses de los mencionados dictámenes. Acorde con el nivel cognitivo de la victima de identidad reservada al que aludió la juzgadora, estaba en condiciones de recordar con cierta precisión la hora, el día y la fecha de los eventos que refirió, pues ocurrieron con su consentimiento. Al igual que "el tiempo", en cuanto "al lugar" no quedó precisado como tal, pues la inspección que realizó la policía de investigación, al carecer de los requisitos elementales para su desahogo, como lo es la firma de las personas que intervinieron en la misma, no se le concedió valor de prueba, de tal suerte que tampoco quedó establecido lo relativo al lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos. No le asiste la razón a la juzgadora al conceder valor jurídico al dictamen proctológico emitido por el perito oficial, porque a este dictamen se le contrapone la opinión técnica emitida por el doctor Raúl Martínez García. No existe la certeza real de que la víctima de identidad reservada haya sido penetrada por el ahora quejoso, a como erróneamente lo considera la juzgadora, quien le otorgó valor más preponderante al dictamen emitido por el perito oficial en materia de medicina forense. El dictamen psicológico que esta contrapuesto con la opinión técnica de la psicóloga Bélgica Iduarte García, no abona en nada a demostrar ni el hecho ni la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, pues es evidente que la víctima no pudo sufrir el hecho pues no presenta ninguna afectación, por lo tanto, su dicho no está robustecido y se encuentra aislado. Es irrelevante el testimonio de Teresa Vidal Jiménez, quien erróneamente refirió a la juzgadora que pudo identificar al imputado, lo cual no debe de tener valor jurídico pues no le constan los hechos, sólo lo conoce y sabe su nombre, pero en cuanto a los hechos no le consta que el suscrito los haya cometido. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y no guarda proporcionalidad con los hechos que se investigan; con el delito que se le imputa; con el riesgo de obstaculizar la investigación, ni con el riesgo de la parte ofendida. En apoyo de lo anterior, el impetrante citó las tesis de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA". En consideración de esta juzgadora, los aludidos motivos de inconformidad resultan infundados. ANÁLISIS Y DECISIÓN RESPECTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Previo al examen de la determinación reclamada, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 461, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.". Del precitado numeral, se obtiene que el legislador estableció tres lineamientos que, el tribunal que deba resolver el recurso de apelación, debe seguir: Sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes; No podrá extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado; y, En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, del referido numeral se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior, señaló que es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, estableció que, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad, para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá repararlas oficiosamente. Por tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que, a través de la disposición normativa transcrita, el legislador busca mantener la operatividad del proceso penal acusatorio y que se respetan los principios reguladores del sistema, entre ellos, los de oralidad y contradicción. Al respecto, de la ejecutoria relativa a la precitada contradicción de tesis, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: ". esta Primera Sala llegó a la misma conclusión en el amparo directo en revisión 4321/2017, (4) precedente en el que sostuvo que "el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral establece -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja acotada, al establecer la obligación del tribunal de alzada, de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto, para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse".(5) Asimismo, se consideró que: "[la] suplencia de la queja debe entenderse en su concepción amplia, es decir, como la revisión de algún aspecto, sin necesidad de petición de parte, pero además, circunscrita o acotada al alcance que le dota el contexto normativo en que se encuentra -actos violatorios de derechos fundamentales-".(6) Por otro lado, debe tenerse presente que la suplencia de la queja en el sistema penal acusatorio opera de manera distinta a como lo hacía en el sistema mixto. La suplencia de la queja en el nuevo sistema de justicia penal no implica que el recurso de apelación sea una repetición del juicio oral, ni que el tribunal de alzada deba reasumir jurisdicción como sí ocurría en el sistema penal tradicional. Así, en un recurso de apelación sustanciado conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, el tribunal de alzada advierta violaciones a los derechos fundamentales del imputado. De este modo se mantiene la operatividad del proceso penal y se respetan los principios regulares del sistema.". Como se puede advertir, al interpretar la disposición normativa de mérito, el Máximo Tribunal del país considera, entre otras cosas, que sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, se adviertan violaciones a los derechos fundamentales del imputado; como justificación de ello, señaló el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema. Consideración que esta juzgadora estima debe adoptarse en el examen del acto reclamado en el presente juicio, aun cuando éste no derive de un recurso de apelación, ya que se encuentra reforzada con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Esto es, resulta evidente que el legislador privilegia el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema, razón por la que si no se advierte violación alguna a los derechos humanos o fundamentales del quejoso que deban repararse de oficio, esta juzgadora no está obligada a dejar constancia de ello en la presente resolución. Lo anterior tiene sentido porque, en la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Sostuvo que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo; Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente; Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones; Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso; e, Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Como se puede observar, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, dicho principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte, incluso, de someter a debate frente al tribunal de juicio, el dicho del testigo, perito, etcétera. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Es por ello que la revisión constitucional del acto reclamado debe guiarse por los argumentos planteados por la parte quejosa, salvo, como se dijo, que se adviertan violaciones a sus derechos humanos o fundamentales, lo que en el caso no acontece. A efecto de asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales en la emisión del acto reclamado, cabe tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La primera, es la denominada inicial o de investigación; esta tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. Dicha etapa tiene dos fases, la de investigación inicial y la de investigación complementaria; esta última comprende: La formulación de la imputación; La solicitud ministerial de vinculación a proceso; y, La decisión que resuelve la situación jurídica del imputado. En ese tenor, el auto de vinculación se sitúa en la llamada audiencia inicial, y consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado. En él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y, es el momento oportuno para que, en su caso, se solicite la imposición de alguna medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En cambio, la etapa intermedia, que en términos del artículo 211 fracción II del ordenamiento legal precitado, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos. Y la de juicio, que de acuerdo con la fracción III del referido numeral, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí, se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. En relación con el auto de vinculación a proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, estableció que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, señaló es necesario que: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; La ley señale como delito a ese hecho; y, Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, dijo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Consideró que, acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Estimó que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, el Máximo Tribunal del país sostuvo que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Adujo que, este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, señaló que, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Aunado a ello, en la ejecutoria de mérito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. También precisó que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el apartado A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada, con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Al respecto, sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Asimismo, señaló que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, podemos colegir que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Para comprender mejor lo expuesto, debemos distinguir entre antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba y prueba en el sistema penal acusatorio. De acuerdo, con lo instituido en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. En cambio, conforme al numeral 261 del referido ordenamiento jurídico, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Respecto de los medios o elementos de prueba, el mismo ordinal establece que, son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. En tanto que denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Como se puede advertir, el dato de prueba no es un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. De ahí que, en esta fase inicial, el Juez de amparo debe, por lo común, resolver sólo con base en los datos de prueba verbalizados por las partes. Ello, tomando en cuenta que, en la ejecutoria deducida de la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, al dilucidar la litis constitucional, el Juez de Distrito debe resolver únicamente con base en los datos de investigación que haya tenido en cuenta la autoridad responsable, al emitir una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, tomando en consideración, sobre todo, que hasta esa etapa procesal -etapa de investigación-, tales medios de investigación no constituyen siquiera un dato respecto del que pueda afirmase la existencia de un hecho previsto por la ley como delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión, pues por disposición constitucional y legal, adquirirán ese carácter cuando sean desahogados en la audiencia del juicio oral. De ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se requiera un cúmulo probatorio amplio, en razón de que, como se dijo, el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 259. Generalidades . . Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". En ese contexto normativo, si bien, como se dijo, el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Ello no exime al juez de control de verificar que de lo verbalizado por el fiscal, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, particularmente el que le imputa al investigado. En el caso, esta juzgadora advierte que en la determinación reclamada, la autoridad responsable verificó el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales, para el dictado del auto de vinculación a proceso. PRIMER REQUISITO: QUE SE HAYA FORMULADO IMPUTACIÓN, EN DONDE SE ESTABLEZCA EL DELITO, ASÍ COMO EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS HECHOS QUE SE ATRIBUYEN AL IMPUTADO. En la resolución impugnada se dijo que dicho requisito quedó satisfecho, lo cual se corrobora con lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, en donde consta que la fiscalía formuló imputación en la que hizo saber al ahora quejoso el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que probablemente tuvo en el mismo, así como el nombre de quienes deponen en su contra (ocho horas con treinta y cuatro minutos y siguientes de la videograbación relativa). Pues, de lo verbalizado por el Ministerio Público, se obtiene que le hizo saber que en su contra se abrió la carpeta de investigación con terminación 2604/2021, por los hechos ocurridos "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas, en la sala de su domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, de su propiedad, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. Asimismo, el fiscal comunicó al imputado que "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. Al respecto, la representación social le dijo al referido imputado que los anteriores hechos atentan el libre desarrollo de la personalidad de la víctima, y encuadran en la descripción típica del artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, relativo al delito de pederastia; la forma de intervención que se le atribuye es como autor directo; la conducta es considerada dolosa; de consumación instantánea. De igual forma, le hiso saber que deponen en su contra el menor en cuestión y Teresa Vidal Jiménez. Sobre el particular, la defensa solicitó al fiscal le aclarara sobre los días de la semana en que ocurrieron los eventos. La fiscalía refirió que atendiendo a la edad del menor, éste sólo recordaba el mes y año. Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. SEGUNDO REQUISITO: QUE SE HAYA OTORGADO AL IMPUTADO LA OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. En la resolución reclamada se dijo que se dio al imputado la oportunidad de declarar y que, previa consulta con su abogado, decidió no hacerlo, lo cual se corrobora en la videograbación de la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós. Sobre el particular, cabe establecer que el imputado y la defensa no realizaron manifestación alguna; tampoco existe cuestionamiento al respecto en los conceptos de violación, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. TERCER REQUISITO: QUE DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EXPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE DESPRENDAN DATOS DE PRUEBA QUE ESTABLEZCAN QUE SE HA COMETIDO UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y QUE EXISTA LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. Al respecto, de la videograbación de la audiencia de tres de julio de dos mil veintidós (ocho horas con treinta y nueve minutos y siguientes), se advierte que en la resolución reclamada la jueza de control se apoyó en los antecedentes de investigación y datos de prueba referidos por la fiscalía, a saber: Denuncia de Teresa Vidal Jiménez, representante del menor, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, de acuerdo con la cual tuvo conocimiento de los hechos en el mes de abril de dos mil veintiuno, porque una amiga le comentó que el imputado había violado a su hijo, lo que dijo le corroboró éste. Acta de nacimiento del menor, folio 3106, de la que se destacó como fecha de nacimiento el dos de octubre de dos mil siete. Con base en ella el fiscal puntualizó que en la época de los hechos la víctima era menor de catorce años. Entrevista del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., de quince de octubre de dos mil veintiuno, quien, de acuerdo a lo verbalizado, narra los hechos de manera coincidente a lo expuesto por el fiscal en la formulación de imputación Dictamen proctológico rendido mediante oficio 2464/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, realizado por el médico legista, del que se destacó que no encontró lesiones en los glúteos y el surco, pero sí borramiento en los pliegues anales a las 6 y a las 7 según las manecillas del reloj, apreciando el tono del esfínter anal anormal, que son lesiones antiguas y son producidas por penetración con objeto romo. Dictamen de valoración psicológica emitido mediante oficio 2502/2021, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se dijo el menor no presentaba afectación por los hechos, pero tiene sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona. Informe de investigación rendido mediante oficio 1009/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, sobre inspecciones oculares realizadas en el domicilio del investigado y en el referido auto hotel, anexando croquis ilustrativo de ambos lugares, con fijaciones fotográficas, con los que se aduce se establecen los lugares donde el menor dijo ocurrieron los hechos. Antecedentes de investigación que, efectivamente, fueron referidos por el Ministerio Público, según lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, mismos que aportan los datos de prueba retomados por la autoridad responsable y que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Al respecto, la jueza de control estableció lo siguiente: ". La versión de la víctima de iniciales DFV, quien señaló que al ser entrevistado por la fiscalía el quince de octubre de dos mil veintiuno, señaló que vive en el fraccionamiento Hacienda Los Morales, de Cárdenas Tabasco, que en febrero del dos mil veintiuno, sin recordar la fecha exacta, iba con su hermano y se encontró a don Rubén Darío García Marín, quien tiene una tienda de abarrotes ahí en el mismo fraccionamiento y que le dio el raid a él y a su hermanito, y que le preguntaron que si cuando iba a Agua Dulce y este le dice que al día siguiente y que él le pregunta que si lo acompañaban y que le dice que al día siguiente, cuando va al día siguiente le dice que ya iba de salida por lo que va a preguntarle, a pedir permiso con sus papás, y acude con él hasta Agua Dulce, que uno de los amigos de Rubén Darío García Marín le pregunta que si ya sabía que le gustaba a este, que un viernes del mes de marzo del dos mil veintiuno, cuando estaba en su casa fue a la tienda del señor Rubén Darío García y que éste le dice que tenía ganas que esta persona le dice que se saca el pene para que le efectúa el sexo oral y le dice que incluso hasta ahí porque iba a llegar su esposa, que le daba el dinero, sin embargo, le dice que se lo guardara y que le buscara más menores, por lo que le comenta a un vecino y así se empieza a correr el rumor. Que un sábado del mes de junio del dos mil veintiuno, por la mañana, su mamá lo manda nuevamente a la tienda a comprar y sin decir nada, y esta persona le dice que vayan a la Bimbo y ya de regreso de la Bimbo le dice que le va a dar 150 pesos a cambio de tener relaciones con él, que lo lleva el hotel La Luz, que le dice que se vaya a bañar y cuando sale ya esta persona estaba desnudo en la cama que lo acaricia en diversas partes del cuerpo le dice que se voltee y le introduce el pene por donde hace popo y que sintió mojado, que esta persona sacó su pene de dicha cavidad y le da diversa cantidad de dinero. Esta narrativa debe apreciarse al tenor de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de manera libre y lógica; y de estas narrativas se advierten los detalles que DFV mencionó en cuanto a la forma en que le fue introducido el miembro viril por su cavidad bucal y anal, en dos diversas temporalidades, es decir, en el mes de marzo del dos mil veintiuno y un sábado del mes de junio de ese mismo año. Al respecto, cabe mencionar que, como bien señaló el asesor jurídico en su intervención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido a la valoración que el juzgador debe hacer tratándose de niños, niñas y adolescentes, cuando se recepción sus declaraciones y en este sentido debe atenderse al nivel cognitivo que los menores tienen para poder expresar las circunstancias de las que fueron objeto. Incluso la Corte interamericana de Derechos Humanos al referirse al caso Rosenda Cantú contra México estableció que por las circunstancias que vivió la menor es evidente que la llevaron a que no pudiera precisar circunstancias específicas de tiempo en que ocurrió el suceso, sobre todo porque los eventos de naturaleza sexual en los menores tienden a hacer de tal naturaleza traumáticos o impactantes, que los menores prefieren huir o tratar de una forma de escape de esta circunstancia y, en consecuencia, el tiempo o la temporalidad es una de las circunstancias más difíciles de que puedan recordar. En el caso que nos ocupa, también tiene razón la defensa en cuanto hace ver que debemos atender al nivel cognitivo en el que se encuentra la víctima de iniciales DFV, quien señaló que tiene estudios por lo menos de nivel secundario, pues expresó que se encontraba cursando dicho nivel y que por lo tanto, como atendiendo a las reglas de la lógica y a la valoración libre, pues en estos niveles es evidente que una persona pueda identificar los días de la semana, los meses de la semana, los incluso los años. Por lo que esto me permite concluir que el menor DFV se encuentra en un nivel cognitivo que le permite identificar los días, los meses, incluso el año en el que tal vez pudo ser objeto de este hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, tratándose de este menor lo que hay que considerar es que, atendiendo a las manifestaciones que expresó, puede ubicarse en tiempo, hizo ver que en el mes de febrero, mes de marzo, mes de junio, que del año dos mil veintiuno, hace ver estas circunstancias y no sólo hace ver las circunstancias de meses y año, incluso refiere que fue viernes, que fue sábado, los satura de otros detalles accesorios que a mí me permiten concluir que en DFV existe un nivel cognitivo que le permite identificar todas estas circunstancias. Pero a esto debemos sumar otro aspecto importante que, aunado en esta audiencia el asesor jurídico, de los demás datos de prueba que más adelante examinaré, también se puede desprender que en DFV existe un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo hace pensar que está traicionando a la persona con quien él había tenido relaciones sexuales de naturaleza consentida, y que esta circunstancia entonces nos lleva a afirmar que atendiendo a su escasa edad y a este sentimiento de culpa, que no es más que deriva de los propios sentimientos que nacen de las emociones que nacen en los menores de edad o en los infantes, es esta la razón por la que esta juzgadora estima que no se encuentran determinadas con exactitud las fechas en la que ocurrieron estos hechos que DFV señala en su narrativa. Es decir, se entiende su nivel cognitivo y el mismo es de un nivel tal que sí se puede determinar, que sería, creo que apartado de las reglas de la lógica, negar que pudiera ubicar estas circunstancias; pero también debemos atender tratándose de las víctimas de infantes, las circunstancias de especial vulnerabilidad en que estas se encuentran, y ¿por qué la especial vulnerabilidad?, los infantes tienen, y sobre todo aquellos que están en las etapas de adolescencia, como ocurre con las personas que se ubican en el rango de edad en el que se encuentra la víctima, pues estos adolescentes tienen una serie de emociones que los lleva a actuar en distintas circunstancias, es este el nivel en el que debemos ubicar y atender a la versión de DFV, sobre todo en aquel aspecto donde, con el sentimiento de culpa de ver descubierta la relación consentida con una persona, pues ha tratado, o es evidente que ha tratado de evitar en todo momento, que se vea inmiscuida en un proceso legal. De ahí que, bastan las circunstancias de tiempo en cuanto al mes y al año para señalar que se tiene hasta estos momentos datos de los que exige la fracción III del 316, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito pues se tienen las circunstancias del modo como fue que ocurrió, donde ocurrió y también la temporalidad. Y si bien, por razón de seguridad jurídica Rubén Darío García Marín, tiene derecho a conocer, para poder defenderse, de la temporalidad que se le atribuye el suceso, no menos cierto es que esta circunstancia se evidencia en cuanto que se ubica un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno y sábado del mes de junio de dos mil veintiuno, como las temporalidades, es decir, por la mañana, en que ocurrieron. Asimismo, esta versión de DFV encuentra el nivel de corroboración, de manera que permite establecer que constituye un indicio razonable, pues así lo apoya su madre Teresa Vidal Jiménez, quien señaló en su comparecencia ante el Fiscal del Ministerio Público que estando con DFV, una persona llega a su domicilio y lo interroga a cerca de si él había tenido relaciones sexuales con el señor Rubén Darío García Marín, que lo negó, pero es tal la insistencia de que el menor termina por aceptar que efectivamente había tenido relaciones sexuales aclarando que no fue a la fuerza sino que pues él no tenía dinero para pagar un teléfono celular y está persona le daba dinero. Por lo que, de esta versión tiene el dato en cuanto a la forma en que la denunciante Teresa Vidal Jiménez se entera de los hechos que nos ocupan y es por lo que acuden ante el Fiscal del Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente. De ahí que, en términos de lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adquiere un nivel de corroboración en cuanto a la forma en que se entera del suceso por ser madre del menor y, por lo tanto, acude ante las autoridades ministeriales a hacer del conocimiento. Tiene razón el defensor en cuanto a la apreciación de que esta denuncia fue interpuesta meses después de acontecido el suceso, es decir, hasta el mes de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, no debemos olvidar que el Código de Nacional de Procedimientos Penales no exige una temporalidad en la cual deba una víctima o representante de la víctima interponer sus denuncias o querellas; por tanto, bastará con que no haya transcurrido los plazos de prescripción, para que, una persona pueda acudir ante el Fiscal del Ministerio Público a hacer del conocimiento los hechos de posible naturaleza delictuosa. Y esta sola circunstancia pues hace inatendible la situación de vulnerabilidad que señaló el asesor jurídico, en aras de justificar por qué la señora Teresa Vidal Jiménez, no había comparecido ante el Fiscal del Ministerio Público a denunciar los hechos, y también el argumento en el sentido de que cualquier persona sabe que los servicios que se ofrecen en la fiscalía y en la asesoría jurídica son gratuitas. Pues, insisto, debemos atender a qué la legislación no nos exige un tiempo más allá de la prescripción, para que una persona pueda interponer su denuncia; por lo que, el hecho de haber comparecido meses después en nada demerita la apreciación de su testimonio. También es evidente que, al momento de los hechos, la victima de identidad reservada de iniciales DFV, era menor de edad, pues el Fiscal del Ministerio Público verbalizó que se tiene acta de nacimiento, en la que se aprecia que su fecha de nacimiento es el dos de octubre del dos mil siete, por lo que, al realizar la respectiva operación aritmética, se tiene que, para los meses de marzo de dos mil veintiuno y junio de dos mil veintiuno, que fueron los meses de los hechos materia de la imputación, era menor de catorce años, tal como lo exige el artículo 327 del Código Penal en vigor. Por lo que, al justipreciar este documento en términos de los ya precitados artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, generan convicción respecto a la minoría de edad de la víctima y sobre todo a que atendiendo a la especial calidad que exige el precitado artículo 327, era menor de catorce años. Ahora bien, a efectos de corroborar la versión de la víctima, en el sentido de qué fue ultrajada de naturaleza sexual, sobre todo en cuanto al ultraje en la cavidad anal, el Fiscal del Ministerio Público citó el dictamen proctológico realizado por el médico de la fiscalía Julián Castellanos, quien señaló que no le apreció en los glúteos lesiones, que sí encontró borramientos en los pliegues anales a las seis y a las siete horas atendiendo a las manecillas del reloj, que presentó lesiones antiguas por penetración por objeto romo. Para apreciar este dictamen es necesario justipreciarlo en términos de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para apreciar este dictamen, por una razón de técnica jurídica, pues la apreciaré en contraste con los argumentos que sobre la credibilidad del mismo señaló el defensor, que los controvierte con apoyo en el dictamen realizado por el también médico Raúl Martínez. En ese sentido, se tienen dos opiniones técnicas, dos opiniones de especialistas, es decir, de médicos, que hicieron ver las circunstancias o el análisis al examen proctológico que se realizó a la victima de iniciales DFV. Se tiene que en el caso, como bien señaló el Fiscal del Ministerio Público, en el caso de Julián Castellanos, tuvo contacto directo con el objeto a investigar, es decir, fue él quien auscultó a la persona a la que se señala es DFV. En este sentido, se tiene que recabó el médico datos como que se trata de una persona de catorce años, que estaba acompañado por su madre de nombre Teresa Vidal Jiménez, que no se identificó con nada. Sobre este dato, el defensor especificó que pues no se tiene la certeza, de que era necesario que existiera una identificación, pues no se tiene la certeza de que se tratara de la victima de iniciales DFV, al no haberse constatado algún medio de identificación, y en ese sentido el Fiscal del Ministerio Público expone que, aunque no se identificó con nada en la misma fecha del dictamen, compareció ante la fiscalía y que horas más tarde acudió ante el médico y que, por lo tanto, se debe considerar que está identificada. Considero que el argumento del Fiscal del Ministerio Público es infundado, pues en este sentido la identificación de una persona no se puede tener por validada con el hecho de que a una hora acuda ante una autoridad, por ejemplo, a que ante esta autoridad se hayan identificado y que dos horas más tarde por acudir ante la fiscalía pues ya se tenga porque es la misma persona que compareció ante nosotros, esa circunstancia no se puede validar de esta manera. El Fiscal del Ministerio Público es un ente, es una autoridad que ante él pudo requerir la identificación de una persona, pero el especialista, el médico legista, es necesario también que se cerciore que la persona que acude ante él sea aquella que el Fiscal del Ministerio Público se ha referido. Sin embargo, no debemos perder de vista que la norma no exige algún elemento específico con los cuales pueda ser identificada una persona, con los cuales se tenga la certeza, sobre todo tratándose de menores de edad, pues a ellos no se les puede exigir que presenten o que sean portadores de algún documento, como por ejemplo, una identificación, una credencial de elector con fotografía, pues ésta se le expide sólo a las personas mayores de edad y este es un documento que usualmente ha sido empleado por las personas para identificarse, pero sí es necesario que el médico constate aquellos elementos que le permitan reconocer que esa persona es la misma que le indica o que le refiere el fiscal. En el caso concreto, pues de los datos expuestos por los aquí intervinientes, se advierte que el médico examinó a una persona masculina de catorce años de edad y que compareció acompañado de Teresa Vidal Jiménez, es decir, de quien se ha ostentado como progenitora de DFV, razones por las que, al bastarse indicios razonables, considero que se logra entender o considerar que la persona examinada por Julián Castellanos, es la misma que se refiere como víctima en el caso que nos ocupa, es decir, como DFV. Sin embargo, también es necesario apuntar que en el caso el médico oficial estableció que le encontró ciertos hallazgos como borramientos en los pliegues anales a las seis y a las siete, que incluso existió la posibilidad de incorporar el hisopo. Y sobre estas circunstancias el médico particular Raúl Martínez señaló que pues existieron diversas omisiones, en cuanto, a la metodología empleada por el médico de la fiscalía, que no se midieron los borramientos anales, que el solo paso del hisopo no puede ser indicativo de una agresión sexual, que no se midió tampoco el tiempo de contracción del, ano que estas omisiones hacen dudar de la objetividad del dictamen, además que tampoco se realizó un rastreo semiológico en el menor de edad, pues aunque había pasado diversa temporalidad, era obligación del especialista realizar estas circunstancias, por lo que, el también médico consideró que el dictamen de la fiscalía era incompleto y no permitía establecer que la víctima había sufrido agresión sexual por parte de Rubén Darío García Marín. En este sentido, como bien señaló el asesor jurídico, científicamente no se puede demostrar que una persona tuvo relaciones sexuales con otra pues, lo que los médicos dictaminan son las lesiones o los hallazgos que pueden encontrar y las posibles compatibilidades, tan es así que el médico de la fiscalía asentó que encontró borramientos en los pliegues anales, que tiene lesiones antiguas por posible penetración por objeto romo; pero el médico no establece que sea a través de que este objeto romo sea necesariamente miembro viril, sino que, son las circunstancias o es el enlace de los datos de prueba lo que nos lleva a obtener que el dictamen proctológico corrobora la versión de la víctima de iniciales DFV, quien señala que por la vía anal le fue introducido el miembro viril, mismo que tiene estas características o que tiene la semejanzas del objeto romo que señala el médico Julián Castellanos. Por lo que, se corrobora de esta manera la versión de la víctima en el sentido que fue ayuntada por la vía anal pues, incluso al ser examinado le encontraron indicios o vestigios de la penetración por esta vía, y si bien no se advierte, o no fue verbalizado así y tampoco debatido por el fiscal, en el sentido de que, faltó o que el médico fue omiso en cuanto a medir los borramientos, a medir el tiempo de contracción del ano, en cuanto a determinar si el paso del hisopo es o no un indicador de algún tipo de penetración, pues esta circunstancia estimo que no deben ser materia, en el caso que nos ocupa, de estudio, pues, tratándose del auto de vinculación a proceso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos criterios que no se requieren datos contundentes, tal y como lo afirma en la tesis con registro digital 2021088, con el rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIEREN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. De esta manera, en esta tesis explica que, atendiendo al estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues no se necesita contundencia sobre los datos de prueba; por el contrario, las contradicciones que pudieran existir entre los datos ofertados por la defensa y el fiscal del ministerio público han de ser materia de ser dilucidadas en otra etapa del proceso. Por lo que, hay que atender al nivel de corroboración en el sentido de que el médico legista determinó que existe una lesión, el defensor en este sentido no contravino la existencia de esa lesión que es antigua y que en este caso debemos considerar que el menor dijo que alguien por la vía anal lo copuló. Por lo tanto, existe este nivel de corroboración de indicio razonable que exige la norma procesal. En cuanto a la bibliografía que fue citada por el médico particular, pues esta circunstancia en nada trasciende como ya mencioné, respecto a la valoración que ya se ha efectuado del dictamen proctológico. En cuanto al dictamen psicológico realizado por la experta adscrita a la fiscalía, debemos considerar que, pues esta señaló que el menor le narró los hechos que sufrió y destaca en este caso el defensor que le hace ver los mismos hechos de junio del dos mil veintiuno, a como si hubieran acontecido en abril de ese año, por lo que no se tiene la certeza de que sea de la fecha o de la temporalidad en que estos ocurrieron; además, dice que existe contradicción pues ante ella dijo que iba en tercero de secundaria y en su entrevista manifestó que cursaba el segundo año; en la opinión clínica se señaló que existen deficiencias en el dictamen psicológico de la Fiscal del Ministerio Público y que los indicadores de estrés y de ansiedad pues no son necesariamente o no derivan necesariamente de una agresión sexual. En este sentido, conviene señalar que, si bien, ante la experta en psicología pues se recaba una entrevista por parte de la especialista, no menos cierto es que, pues la autoridad facultada para recepcionar las entrevistas de las personas pues están descritas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la investigación, los policías, los fiscales, incluso la propia defensa, no así los psicólogos, quienes realizan esta técnica como apoyo a las operaciones que ellos realizan, pero no es propiamente una entrevista con el carácter de realizado ante una autoridad. Asimismo, debe destacarse que en el dictamen psicológico realizado por la experta adscrita a la Fiscalía del Estado, no se determinó afectación en el menor de edad, por lo que, este dato de prueba no es, no apuntala a la acreditación del hecho que la ley señala como delito; en este sentido, y en aras de beneficiar su teoría del caso, la defensa manifiesta que pues al ser delitos que protegen el desarrollo psicosexual de los menores de edad, pues debe tomarse en consideración entonces, o debe ser benéfico, que no tenga o que no se haya diagnosticado hasta estos momentos una afectación de dicha índole en el menor de iniciales DFV. Al respecto, es necesario señalar que el Título Décimo Cuarto del Código Penal en vigor, se refiere al bien jurídico tutelado, y no debemos olvidar que el artículo 1 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, establece pues los principios que rigen el Código Penal, en la ley penal del Estado, en los que se establece que, pues sólo serán sancionados los actos u omisiones que afecten bienes jurídicos; en el caso el Título Décimo Cuarto establece como bien jurídico protegido en el hecho que la ley señala como delito de pederastia el libre desarrollo de la personalidad, circunstancia que es distinta al desarrollo psicosexual al que se ha referido el defensor, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con una integralidad de los menores de edad, es decir, es un todo que comprende aspectos psicosexuales, pero también aspectos sociales y de cualquier otro índole que nos impliquen o que respondan a la pregunta: ¿qué quiero ser?, ¿qué busco ser?, se refiere más que nada, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, como se ve afectado con motivo de un hecho de naturaleza sexual, como ha cambiado su perspectiva de la vida, de lo que son y de lo que buscan o querrán ser; es esta la circunstancia que el legislador ha considerado que se trasgrede con hechos como los que hoy nos ocupan. Por lo tanto, el que se encuentre afectado o no en la índole psicosexual, no es una circunstancia que sea exigible al análisis del hecho que la ley señala como el delito que nos ocupa. En lo que considero que no le asiste la razón al Fiscal del Ministerio Público, es en cuanto pretende hacer ver, que pues al tratarse de la experta en psicología que él citó, de una facultativa adscrita a la fiscalía, pues pueda tener mayor valía que la opinión recabada por la defensa, pues como bien señaló el asesor jurídico con apoyo de los criterios de la Suprema Corte de justicia de la Nación, tratándose de los peritos no es la adscripción a una u otra dependencia, no es que sean particulares u oficiales, lo que les otorga la credibilidad, sino la serie de datos, la luz que puedan aportar al juzgador, lo que va a permitir que se le dé un grado o no de credibilidad sobre uno u otro dictamen. En este caso, también señala el Fiscal del Ministerio Público que la perita ofertada por el defensor, pues es una especialista en terapia familiar, por esa circunstancia no cree que en un solo día que realizó el dictamen, pues se haya podido imponer de toda la literatura que citó y que en consecuencia pues adquiriera el conocimiento necesario para omitir la opinión técnica que señalo. Como ya adelanté, esta postura de la fiscalía la considero infundada, pues tampoco especificó que la especialista que él cito como psicóloga, tenga un estudio más allá en cuanto a terapia infantil o en cuanto a una especialización para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la especialista en terapia familiar, pues atiende a todos los integrantes de la familia, y uno de los integrantes de mayor importancia o relevancia, por su especial circunstancia, pues son los niños, los infantes. De ahí que, por el hecho de ser especialista en terapia infantil, considero que es insuficiente para pretender restarle credibilidad a su dictamen; por el contrario, es la circunstancia de que, pues en el caso que nos ocupa, es intrascendente la falta de afectación psicosexual en el menor de edad, el que considero que ni el dictamen de la experta oficial ni de la experta particular pueden trascender al estudio del caso que nos ocupa. En cuanto al informe de la policía de investigación, en el cual se determinó la existencia del lugar de los hechos, es decir, del motel Hacienda Los Morales, así como de la tienda de abarrotes ubicada en la calle Temixco sin razón social, ambas en Cárdenas, Tabasco; en el cual se asentó que el menor señala donde el primero como un lugar donde ocurrieron los hechos y el segundo como el lugar donde fue ultrajado por la vía bucal. Señala el defensor que a este informe de investigación pues no debe dársele credibilidad, en virtud de que pues las personas deberán firmar los actos de investigación; en este sentido, señala el Fiscal del Ministerio Público que es el menor de edad quien identificó el lugar de los hechos, pues el policía no sabe dónde ocurrieron, sino que es el menor y sus familiares quienes saben dónde acontecieron. En ese sentido, es necesario mencionar que el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al referirse a los actos de investigación, hace ver que los que realicen tanto el fiscal como la policía, pues deben constar en registros a efectos de garantizar que esta información sea completa, integra y exacta, y así mismo el acceso de las partes que tengan derecho a obtener cada acto de investigación, señala el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido; si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital; en caso de que esto no sea posible, la persona se niegue a imprimir su huella digital, se hará constar l motivo. Bajo estas circunstancias, entonces tenemos que el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las formalidades que habrán de cumplir los actos de investigación realizados por la policía o por el Fiscal del Ministerio Público; si esta inspección en el lugar de los hechos fue realizada por el policía, debió cumplir con la obligación de asentar que personas se encontraban en el lugar, y no solo eso, si el Fiscal del Ministerio Público señaló que en ese informe se asienta que la persona que identificó el lugar que señaló el lugar, es el menor de edad que estuvo asistido por una psicóloga victimal y con su representante, pues entonces, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 217, pues deberá ser firmado por quienes hayan intervenido. Entonces, toda persona que interviene en una actuación, no importa si es realizada por el policía, debe firmarla, según lo que establece el artículo 217. Pero no podemos subrayar que esta es una formalidad, que el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece la manera en que habrán de sanearse las formalidades; sin embargo, sin que está juzgadora en atención al principio de mayor beneficio, sin adentrarme respecto al estudio de esta formalidad, pues considera también que existen argumentos del propio Fiscal del Ministerio Público, circunstancias para las cuales está juzgadora estima que, pues demerita el valor jurídico hasta estos momentos en esta inspección, pues debemos considerar y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nadie puede generar prueba por sí mismo y en el caso no se advierten entonces porque lo reconoce el Fiscal del Ministerio Público, al policía no le consta el lugar donde ocurrieron los hechos, pero si iba a realizar una investigación del lugar y por lo tanto, una inspección, pues entonces, con sus facultades como auxiliar del Ministerio Público, pues debió cerciorarse, constatar que el sitio donde se encontraba era el mismo al que lo había referido en la orden o en el oficio o en la circunstancia donde el fiscal le hubiera encomendado realizar esta investigación. Sin embargo, pues el fiscal mismo reconoce que al policía no le consta esta circunstancia, que inspecciona un lugar por el señalamiento de una persona; pero la investigación, debemos recordar y así lo ha reconocido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa contra México, obliga sobre todo a las fiscalías a realizar una investigación seria y eficaz, es decir, que a través de los elementos actuantes en la etapa de investigación pues se llegue a la convicción de los actos que están realizando. En ese sentido, si el Fiscal del Ministerio Público expone que al policía no le consta que este sea realmente el lugar de los hechos, pues entonces se puede apreciar que no existe, porque no lo verbalizó una constatación de que en efecto se tratara de los sitios antes mencionados, porque esta conclusión proviniera de algo más que de una simple referencia de un interviniente del proceso, es decir, que proviniera de una investigación de un acto serio y eficaz. Bajo esas condiciones, entonces considero que se encuentra actualizado el hecho que la ley señala como el delito de pederastia que establece el artículo 327 del Código Penal en vigor. En cuanto a la probabilidad de que Rubén Dario García Marín sea la persona que lo cometió, también se encuentra actualizada, pues en su contra existe el señalamiento directo que efectúa DFV, quien señala que la persona que lo copuló un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno, por la vía oral, fue precisamente quien identifica como el señor Rubén que, tiene una tienda de abarrotes en el mismo fraccionamiento donde él habita, es decir, Rubén Darío García Marín, además de señalar que esta persona, un sábado de junio de dos mil veintiuno, también en el motel La Luz, de Cárdenas, Tabasco, le introdujo el miembro viril por la vía anal. Sin que exista lugar a dudas sobre la identificación de esta persona, pues incluso la denunciante Teresa Vidal Jiménez, a pesar de no haber presenciado el hecho que nos ocupa, pudo identificar que la persona a la que su hijo se refiere como el señor Rubén, es Rubén Darío García Marín, a quien reconoce como lugareño, es decir, como vecino del mismo fraccionamiento donde habita el menor de edad, por estas circunstancias es evidente que puede reconocerlo e indicar a la persona que cometió el hecho que nos ocupa. Máxime que, también se advierte que la victima de iniciales DFV, ante el médico señaló que tuvo relaciones sexuales con un amigo; como bien señaló el defensor, estas circunstancias pues no es más que la indeterminación de la precisión en cuanto a la persona con la que tuvo estas relaciones sexuales; sin embargo, en su narrativa señala o identifica que la persona con la que tuvo relaciones sexuales es Rubén Darío García Marín, sin que se pueda especificar entonces, por lo que no puede obviarse que al omitir su nombre ante el médico, pues esta circunstancia no beneficia al señor Rubén; por el contrario, como bien señaló el asesor derivado, de los sentimientos de culpa y la forma en que debido a su escasa edad ve a la persona con la que tuvo relaciones sexuales, pues bien puede referirse incluso al señor Rubén Darío Gracia Marín, por lo que, al exigirse sólo la probabilidad de comisión, no la contundencia, pues hasta estos momentos los datos que apuntalan su participación en el hecho que la ley señala como delito son suficientes para considerar acreditada la probabilidad que exige la fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, considero entonces que en el cuerpo de esta resolución han quedado atendidas las manifestaciones del defensor particular. Por estas razones es evidente que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, en virtud de que no fue invocada por las partes, además de no advertirse tampoco del estudio de los datos de prueba verbalizados por los intervinientes.". Determinación que se considera jurídicamente correcta, pues se advierte que el análisis de los datos de prueba no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten establecer que probablemente el imputado, ahora quejoso, lo cometió o participó en su ejecución. Hechos que efectivamente están tipificados por la ley como delito de pederastia, como se puede corroborar de la aludida disposición normativa: "Artículo 327. Comete el delito de pederastia, quién con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de catorce años. Este delito se castigará con pena de quince a veinte años de prisión y de mil a tres mil días multa.". Disposición normativa que describe el hecho que se considera delito, consistente en la introducción por la vía vaginal, anal u oral, del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto, en el cuerpo de una persona menor de catorce años, con consentimiento de éste o sin él. Hipótesis que se surte en términos de lo expuesto por la representación social al formular imputación al ahora quejoso, a quien le hizo saber que, "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas, en la sala de su domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, de su propiedad, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. Asimismo, el fiscal comunicó al imputado que "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. Lo que su vez tomó en cuenta la jueza de control al dictar el auto de vinculación reclamado, quien valoró correctamente los datos de prueba obtenidos de la entrevista del menor agraviado, acerca de que probablemente el ahora quejoso haya realizado la conducta delictiva que se le imputa, a quien reconoce como su vecino y dueño de una tienda en el mismo fraccionamiento donde vive la víctima. Lo que correctamente estimó corroborado con los datos de prueba aportados por la fiscalía, deducidos de la denuncia de la madre del menor, quien refirió la identidad y vecindad del inculpado; del dictamen proctológico, en el que se hace constar borramientos en los pliegues anales del menor y que presentó lesiones antiguas por penetración por objeto romo; la valoración psicológica practicadas al mismo, en el que se dijo que no presentaba afectación por los hechos, pero tiene sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona, lo cual explicó la juzgadora; así como su acta de nacimiento (de la que se destacó que en la época de los hechos era menor de catorce años). Por lo que, contrario a lo referido por el quejoso, la declaración del menor no es lo único que motivó a la jueza de control para establecer los hechos que se le imputan. Además, atendió a la naturaleza del delito en cuestión y a las características del desarrollo cognitivo y emocional del menor agraviado, destacando lo establecido en la valoración psicológica, en cuanto a los sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona, lo cual explicó la juzgadora. En relación a ello y a lo debatido por las partes, la jueza estableció correctamente que: ".. Al respecto, es necesario señalar que el Título Décimo Cuarto del Código Penal en vigor, se refiere al bien jurídico tutelado, y no debemos olvidar que el artículo 1 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, establece pues los principios que rigen el Código Penal, en la ley penal del Estado, en los que se establece que, pues sólo serán sancionados los actos u omisiones que afecten bienes jurídicos; en el caso el Título Décimo Cuarto establece como bien jurídico protegido en el hecho que la ley señala como delito de pederastia el libre desarrollo de la personalidad, circunstancia que es distinta al desarrollo psicosexual al que se ha referido el defensor, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con una integralidad de los menores de edad, es decir, es un todo que comprende aspectos psicosexuales, pero también aspectos sociales y de cualquier otro índole que nos impliquen o que respondan a la pregunta: ¿qué quiero ser?, ¿qué busco ser?, se refiere más que nada, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, como se ve afectado con motivo de un hecho de naturaleza sexual, como ha cambiado su perspectiva de la vida, de lo que son y de lo que buscan o querrán ser; es esta la circunstancia que el legislador ha considerado que se trasgrede con hechos como los que hoy nos ocupan. Por lo tanto, el que se encuentre afectado o no en la índole psicosexual, no es una circunstancia que sea exigible al análisis del hecho que la ley señala como el delito que nos ocupa. En lo que considero que no le asiste la razón al Fiscal del Ministerio Público, es en cuanto pretende hacer ver, que pues al tratarse de la experta en psicología que él citó, de una facultativa adscrita a la fiscalía, pues pueda tener mayor valía que la opinión recabada por la defensa, pues como bien señaló el asesor jurídico con apoyo de los criterios de la Suprema Corte de justicia de la Nación, tratándose de los peritos no es la adscripción a una u otra dependencia, no es que sean particulares u oficiales, lo que les otorga la credibilidad, sino la serie de datos, la luz que puedan aportar al juzgador, lo que va a permitir que se le dé un grado o no de credibilidad sobre uno u otro dictamen. En este caso, también señala el Fiscal del Ministerio Público que la perita ofertada por el defensor, pues es una especialista en terapia familiar, por esa circunstancia no cree que en un solo día que realizó el dictamen, pues se haya podido imponer de toda la literatura que citó y que en consecuencia pues adquiriera el conocimiento necesario para omitir la opinión técnica que señalo. Como ya adelanté, esta postura de la fiscalía la considero infundada, pues tampoco especificó que la especialista que él cito como psicóloga, tenga un estudio más allá en cuanto a terapia infantil o en cuanto a una especialización para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la especialista en terapia familiar, pues atiende a todos los integrantes de la familia, y uno de los integrantes de mayor importancia o relevancia, por su especial circunstancia, pues son los niños, los infantes. De ahí que, por el hecho de ser especialista en terapia infantil, considero que es insuficiente para pretender restarle credibilidad a su dictamen; por el contrario, es la circunstancia de que, pues en el caso que nos ocupa, es intrascendente la falta de afectación psicosexual en el menor de edad, el que considero que ni el dictamen de la experta oficial ni de la experta particular pueden trascender al estudio del caso que nos ocupa.". Lo que es acorde con el interés superior de los niños y niñas del país, constitucionalmente protegido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Al respecto, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, página 267, con número de registro 2010615, del siguiente rubro y texto: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias". Por ende, es infundado el motivo de inconformidad en el que el impetrante aduce que, acorde con el nivel cognitivo de la victima de identidad reservada al que aludió la juzgadora, estaba en condiciones de recordar con cierta precisión la hora, el día y la fecha de los eventos que refirió, pues ocurrieron con su consentimiento. Ya que la voluntad del menor no puede ser un referente de su nivel de conciencia y responsabilidad, es por ello que el legislador estableció que dicho evento delictivo se configura con independencia de que exista el consentimiento de la víctima. En cambio, correctamente la juzgadora sostuvo que: ". Pero a esto debemos sumar otro aspecto importante que, aunado en esta audiencia el asesor jurídico, de los demás datos de prueba que más adelante examinaré, también se puede desprender que en DFV existe un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo hace pensar que está traicionando a la persona con quien él había tenido relaciones sexuales de naturaleza consentida, y que esta circunstancia entonces nos lleva a afirmar que atendiendo a su escasa edad y a este sentimiento de culpa, que no es más que deriva de los propios sentimientos que nacen de las emociones que nacen en los menores de edad o en los infantes, es esta la razón por la que esta juzgadora estima que no se encuentran determinadas con exactitud las fechas en la que ocurrieron estos hechos que DFV señala en su narrativa. Es decir, se entiende su nivel cognitivo y el mismo es de un nivel tal que sí se puede determinar, que sería, creo que apartado de las reglas de la lógica, negar que pudiera ubicar estas circunstancias; pero también debemos atender tratándose de las víctimas de infantes, las circunstancias de especial vulnerabilidad en que estas se encuentran, y ¿por qué la especial vulnerabilidad?, los infantes tienen, y sobre todo aquellos que están en las etapas de adolescencia, como ocurre con las personas que se ubican en el rango de edad en el que se encuentra la víctima, pues estos adolescentes tienen una serie de emociones que los lleva a actuar en distintas circunstancias, es este el nivel en el que debemos ubicar y atender a la versión de DFV, sobre todo en aquel aspecto donde, con el sentimiento de culpa de ver descubierta la relación consentida con una persona, pues ha tratado, o es evidente que ha tratado de evitar en todo momento, que se vea inmiscuida en un proceso legal. De ahí que, bastan las circunstancias de tiempo en cuanto al mes y al año para señalar que se tiene hasta estos momentos datos de los que exige la fracción III del 316, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito pues se tienen las circunstancias del modo como fue que ocurrió, donde ocurrió y también la temporalidad. Y si bien, por razón de seguridad jurídica Rubén Darío García Marín, tiene derecho a conocer, para poder defenderse, de la temporalidad que se le atribuye el suceso, no menos cierto es que esta circunstancia se evidencia en cuanto que se ubica un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno y sábado del mes de junio de dos mil veintiuno, como las temporalidades, es decir, por la mañana, en que ocurrieron.". De ahí que se considere infundado el concepto de violación relacionado con el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se atribuyen al imputado. Porque, conforme a lo expuesto en la audiencia inicial, además de describirse los hechos que se le imputan: En el primer evento, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. En el segundo evento, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal. Asimismo, se estableció el lugar en que sucedieron los aludidos hechos: El primer evento, en la sala del domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, propiedad del imputado. El segundo evento, en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. De igual forma, se estableció la época de los mismos: El primer evento, "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas. El segundo evento, "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana. Si bien, respecto de lo último se hace referencia que no se precisó qué días ocurrieron, son correctas las consideraciones que al respecto hizo la jueza de control. Por tanto, los datos de prueba expresados permiten que el imputado conozca los hechos que se le atribuyen, la época, el modo y el lugar en que probablemente ocurrieron, así como la conducta desplegada. Lo que le provee la oportunidad de defenderse adecuadamente en el proceso y ofrecer los datos o, en su caso, medios de prueba que considere idóneos. De igual forma, se consideran infundados los argumentos del quejoso, en cuanto a la identificación del menor en el examen proctológico, el contenido de éste y la valoración de la opinión técnica en que se basó la defensa para desvirtuar lo determinado por el perito oficial. Ello atento a las consideraciones que al respecto expuso la jueza de control, particularmente porque, como lo dijo, las contradicciones que pudieran existir entre los datos ofertados por la defensa y el Fiscal del Ministerio Público han de ser dilucidadas en otra etapa del proceso. Lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dichos dictámenes u opiniones podrán ser ingresados al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogados bajo los principios de inmediación y contradicción, para que sirvan al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Pues, en la audiencia inicial que se analiza no fueron ofrecidos como tal, aun cuando el aludido ordenamiento jurídico prevé su incorporación en esa fase de manera excepcional. Por tanto, los datos de prueba referidos por la defensa se relacionan con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, resulta infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso refiere que al no concedérsele valor probatorio a la inspección que realizó la policía de investigación, tampoco quedó establecido lo relativo al lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos. Ello, porque el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control los hechos y datos de prueba que obtuvo de los antecedentes de investigación, los cuales deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.130 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, página 2188, con número de registro 2021088, del siguiente rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". Por tanto, deviene infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso aduce que la declaración de la víctima no está corroborada, ya que, como lo estableció la jueza de control, encuentra apoyo en la denuncia hecha por su progenitora, así como en los dictámenes relacionados con la valoración proctológica y psicológica, en los términos expuestos por la autoridad responsable, los cuales aportan datos con indicios razonables de que el menor en cuestión probablemente fue objeto de la agresión referida. Sin que transcienda en beneficio del imputado la circunstancia de que la víctima no haya precisado los días de los meses en que refirió ocurrieron los hechos, por las consideraciones aludidas por la juzgadora. Tampoco le asiste la razón al quejoso en cuanto refiere que es irrelevante el testimonio de Teresa Vidal Jiménez, porque no le constan los hechos, sólo lo conoce y sabe su nombre, pero no le consta que el suscrito los haya cometido. Ya que, como lo sostuvo la jueza de control: ". la denunciante Teresa Vidal Jiménez, a pesar de no haber presenciado el hecho que nos ocupa, pudo identificar que la persona a la que su hijo se refiere como el señor Rubén, es Rubén Darío García Marín, a quien reconoce como lugareño, es decir, como vecino del mismo fraccionamiento donde habita el menor de edad, por estas circunstancias es evidente que puede reconocerlo e indicar a la persona que cometió el hecho que nos ocupa.". Esto es, la juzgadora le otorga eficacia probatoria al dicho de la denunciante no porque haya presenciado los hechos, sino porque corrobora que el imputado es vecino de ellos en el mismo fraccionamiento en que ocurriera el primer evento y, por ende, lo identifica por su nombre. Lo cual constituye un indicio razonable en ese contexto, sin perder de vista que los hechos de que se trata son de realización oculta. Sobre el particular, sirven de apoyo, en lo conducente, las consideraciones que sustentan la tesis XXVII.3o.28 P (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, con número de registro 2013259, del siguiente rubro y texto: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación". Datos de prueba que, además, hacen suponer que el imputado cometió dichos hechos o participó en su comisión, en los términos aducidos por la jueza de control. Resultando infundado que la determinación de mérito carezca de una motivación apegada a lo justamente legal, ya que, contrario a lo que aduce el quejoso, las consideraciones expuestas por la jueza de control son congruentes a lo que se verbalizó en la audiencia de vinculación, tanto por la fiscalía como por su defensa. En ese tenor, como se dijo, los antecedentes de investigación referidos por el fiscal y retomados por la jueza de control aportan datos de prueba idóneos y pertinentes que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que el hecho que se le imputa al ahora quejoso, está señalado por la ley como delito de pederastia y que probablemente él lo cometió. Datos de prueba que se relacionan con el contenido de los antecedentes de investigación anteriormente establecidos. Pero no constituyen un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, por lo que no constituyen pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual, como ya se dijo, es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 259. Generalidades . . Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Con motivo de lo anterior, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que hay ausencia de datos razonables, pertinentes e idóneos, para sustentar el auto de vinculación a proceso. Sin que, al respecto, esta juzgadora advierta la violación de derechos humanos o fundamentales que deban reparase de manera oficiosa. CUARTO REQUISITO: QUE NO SE ACTUALICE UNA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O EXCLUYENTE DEL DELITO. Sobre el particular, la autoridad responsable estableció que no existen datos que acrediten la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o de una causa excluyente del delito. Lo que se corrobora con lo verbalizado en las audiencias de tres y siete de julio de dos mil veintidós. QUINTO REQUISITO: LA DETERMINACIÓN SE ENCUENTRE FUNDADA Y MOTIVADA. Por las anteriores consideraciones, esta juzgadora estima que la determinación reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, y satisface los requisitos previstos para su dictado en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, cabe destacar que la resolución impugnada establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, sin que con ello se presuponga la culpabilidad de éste, ni se produzca una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuye. Esto es, dicha determinación constituye la judicialización de la investigación que se le sigue al ahora quejoso, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten establecer la comisión de un hecho posiblemente delictuoso, así como su probable intervención, en los términos señalados anteriormente. De ahí que resulte innecesario que se acrediten de manera plena los hechos y la supuesta comisión de los mismos por parte del inculpado, ya que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Además, esta juzgadora considera que el análisis de los datos de prueba por parte de la jueza de control, no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que, como quedó asentado, proporcionan indicios razonables y suficientes para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten suponer que probablemente el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participaron en su ejecución. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, con número de registro 2014800, del siguiente rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En ese tenor, el valor probatorio otorgado a los datos de prueba verbalizados no es definitivo, pues la responsable únicamente pondera y determina si contienen indicios razonables y suficientes para llevar a juicio al imputado, en donde sí deberá demostrarse de manera fehaciente los hechos y que él los cometió. ANÁLISIS Y DECISIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR Previamente, es importante establecer que, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En ese tenor, la exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer a través del mismo. Tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. No obstante sus diferencias, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales que invoque al caso de que se trate. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia número 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 166, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Resulta importante distinguir entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación y motivación ocurre, respecto de la primera, cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero éste resulta inaplicable al caso; mientras que en relación a la segunda, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo establecido en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su segundo párrafo lo siguiente: "Artículo 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.". En consonancia con lo anterior, el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, instituye: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; Feminicidio, previsto en el artículo 325; Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII [.]". Ahora, como quedó establecido anteriormente, de acuerdo con lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, se obtiene que la fiscalía, con fundamento en los artículos 19 constitucional, 153, 154, 155 fracción XIV y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se impusiera al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa(nueve horas), sin aducir mayores argumentos. Al respecto, la defensa alegó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En consideración a lo peticionado por la representación social, la jueza de control determinó que el artículo 19 contempla diversas restricciones, entre ellas, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los que se encuentra el de pederastia, respecto del cual dijo la prisión preventiva debe ser de naturaleza oficiosa en términos del artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que impuso dicha medida por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda los dos años (nueve horas con un minuto y siguientes): Como se puede advertir, el legislador estableció que tratándose de delitos graves, entre los que se consideran el de pederastia y los que afecten el libre desarrollo de la personalidad, ameritan prisión preventiva oficiosa. Aunado a ello, puntualizo que el juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores. En el caso, quedó establecido que los hechos que se imputan al ahora quejoso, están señalados por la ley como delito de pederastia, lo que actualiza el supuesto de procedencia de la aludida medida cautelar. Al respecto, cabe puntualizar que, efectivamente, como lo aduce el quejoso, la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva, cuya aplicación es excepcional, lo cual es congruente con lo resuelto en los casos que cita. Esto es, existe consenso entre los ámbitos internacional y nacional sobre el particular, es por ello que el constituyente y el legislador federal han considerado la necesidad de contemplar la medida cautelar de la prisión preventiva en dos modalidades: una justificada y otra oficiosa. La prisión preventiva justificada arroja la carga al fiscal para que exponga las consideraciones por las que debe imponerse, así como los datos de prueba que fundada y razonablemente apoyen su petición. En cambio, a través de la prisión preventiva oficiosa, el legislador sustituye dicha carga demostrativa, al establecer los delitos que ameritan dicha medida, sin que el fiscal deba justificar la necesidad de la misma, porque ello ya fue materia de análisis en la exposición de motivos que motivó el catálogo relativo. Lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a la proporcionalidad de la prisión preventiva, ya que no constituye una regla general, pues únicamente puede imponerse bajo las condiciones apuntadas. Lo cual es coincidente con lo establecido en el artículo 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues la privación de la libertad en los aludidos casos no puede considerarse arbitraria, pues para decretarla se requiere la intervención de una autoridad judicial. Tampoco trastoca el derecho de toda persona inculpada de delito a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Pues, como se dijo, se trata de una medida cautelar con efectos provisionales, en donde el imputado sigue siendo considerado inocente. Al respecto, cabe señalar que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país, la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado no presupone la culpabilidad del imputado, ni por virtud del mismo se produce una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuyen; únicamente constituye la judicialización de la investigación que se le sigue, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Por ende, esta juzgadora considera que en la determinación reclamada está salvaguardado el principio de presunción de inocencia. En lo tocante al principio pro persona que invoca el quejoso, cabe señalar que, aun cuando tutela el derecho de los gobernados a un recurso efectivo, ello no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas en los mismos deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con número de registro 2004748, del siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". De ahí que se consideren infundados los motivos de inconformidad que respecto de dichos tópicos aduce el impetrante de amparo, resultando inaplicable en el sentido que lo propone la tesis que invoca. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso refiere que la juzgadora realiza una interpretación errona de la norma constitucional, al establecer que en ella existen restricciones a los derechos humanos y sobrepone en este sentido el artículo 19 constitucional, siendo que las restricciones a los derechos humanos están consideradas en otro diverso, pero no como tal el mencionado numeral. Ello, porque, en el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente instituyó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que en ella se establecen. Es por ello que correctamente la jueza de control consideró que el artículo 19 de la referida Ley Fundamental, prevé en el numeral 19 una restricción al ejercicio de los aludidos derechos, al disponer que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, así como los que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Con motivo de lo expuesto, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************, respecto de los actos reclamados y la autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1151/2022-2, promovido por ************, contra actos de la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 16, 19 y 20 Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el quince siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes, Rubén Darío García Marín solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021. 2 El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1151/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El uno y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emplazó a juicio con dicho carácter a Rodolfo Antúnez Garduza, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco; al Asesor Jurídico Público adscrito al referido Centro de Procuración; y a la víctima de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representada por Teresa Vidal Jiménez. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021, por la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa, por el hecho que ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de las actas mínimas y de un disco versátil digital (DVD), que contiene las videograbaciones de las audiencias de tres y siete de julio de dos mil veintidós. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que: El tres de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial por orden cumplida, relacionada con la carpeta administrativa 459/2021, instruida en contra del ahora quejoso por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Dicha audiencia fue presidida por la Jueza de Control Consuelo Rivera Hernandez, y comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Rodolfo Antunez Garduza, el Asesor Jurídico Publico Alfredo José Pons Hernandez, los defensores particulares Jhonatan Bravata Cruz y Mara Ithamar García Vázquez, y el imputado Rubén Darío García Marín. El Ministerio Público formuló imputación en contra del aquí quejoso, comunicándole los hechos que le atribuye y que consideró configuran el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco. Hecho lo anterior, la defensa solicitó aclaración al fiscal respecto de los días de la semana en que ocurrieron los eventos referidos. La fiscalía dijo que, atendiendo a la edad del menor, éste sólo recordaba el mes y año. Luego, previa pregunta de la juzgadora y consulta con su defensor, el imputado manifestó que se reservaba su derecho a declarar. Acto seguido, la representación social solicitó se vinculara a proceso al imputado, con base en las consideraciones y datos de prueba que expuso. Al respecto, previa pregunta de la juzgadora y consulta con su defensor, el imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas; por lo que el juez señaló las once horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial en fase de vinculación a proceso. Con motivo de lo anterior, previa solicitud de la representación social y debate por parte de la defensa, con base en los artículos 19 constitucional, 153, 154, 155 fracción XIV y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza, por las consideraciones que expresó, impuso al investigado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sobre el particular, determinó que la vigencia de la misma sería Igual al tiempo que dure el procedimiento El siete de julio de dos mil veintidós, a las once horas con treinta y nueve minutos, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, misma que fue presidida por la Jueza Consuelo Rivera Hernandez. A dicha audiencia comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Rodolfo Antunez Garduza, el Asesor Jurídico Publico Alfredo José Pons Hernandez, los defensores particulares Jhonatan Bravata Cruz y Mara Ithamar García Vázquez, y el imputado Rubén Darío García Marín. Previo debate, la jueza de control dictó el auto de vinculación a proceso que se reclama. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó precisado en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021, por la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa, por el hecho que ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Determinación que considera infringe lo dispuesto en los artículos 1, 16, 19 y 20 Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que, sustancialmente, el quejoso refiere que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación porque: La juzgadora realiza una interpretación errónea de la norma constitucional, al establecer que en ella existen restricciones a los derechos humanos y sobrepone en este sentido el artículo 19 constitucional, siendo que las restricciones a los derechos humanos están consideradas en otro diverso, pero no como tal el mencionado numeral. De los datos de prueba que verbalizó la fiscalía no se desprenden indicios razonables para vincularlo a proceso. La resolución transgrede lo dispuesto por el artículo 16 constitucional por cuanto a la carencia de una motivación apegada a lo justamente legal; a lo que se verbalizó en la audiencia de vinculación, tanto por la fiscalía como por su defensa. La declaración de la victima de identidad reservada no estaba robustecida con otro dato de prueba que la hiciera verosímil. La fracción V del artículo 20, apartado A, de nuestra Carta Magna prevé que la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, es decir, que técnicamente él no tenía la obligación de demostrar su inculpabilidad, (tópico propio de la teoría del delito). En el apartado B del artículo 20 constitucional, fracción I, se establece que se debe de presumir su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Con los datos de prueba verbalizados por la fiscalía no se estableció el modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del hecho que s ele imputa, lo cual pasó por alto la juzgadora. Después de que la fiscalía verbalizó todos los datos de prueba en los que sustentaba la solicitud de vinculación a proceso, la defensa, en relación al dicho de la victima de identidad reservada, refutó el dictamen médico proctológico y el dictamen en materia de psicología, así como también argumentó dos datos de prueba consistentes en las respectivas opiniones técnicas en relación a los dictámenes oficiales, a lo que la juzgadora no concedió valor jurídico, aun y cuando el defensor fue explícito al establecer la deficiencias forenses de los mencionados dictámenes. Acorde con el nivel cognitivo de la victima de identidad reservada al que aludió la juzgadora, estaba en condiciones de recordar con cierta precisión la hora, el día y la fecha de los eventos que refirió, pues ocurrieron con su consentimiento. Al igual que "el tiempo", en cuanto "al lugar" no quedó precisado como tal, pues la inspección que realizó la policía de investigación, al carecer de los requisitos elementales para su desahogo, como lo es la firma de las personas que intervinieron en la misma, no se le concedió valor de prueba, de tal suerte que tampoco quedó establecido lo relativo al lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos. No le asiste la razón a la juzgadora al conceder valor jurídico al dictamen proctológico emitido por el perito oficial, porque a este dictamen se le contrapone la opinión técnica emitida por el doctor Raúl Martínez García. No existe la certeza real de que la víctima de identidad reservada haya sido penetrada por el ahora quejoso, a como erróneamente lo considera la juzgadora, quien le otorgó valor más preponderante al dictamen emitido por el perito oficial en materia de medicina forense. El dictamen psicológico que esta contrapuesto con la opinión técnica de la psicóloga Bélgica Iduarte García, no abona en nada a demostrar ni el hecho ni la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, pues es evidente que la víctima no pudo sufrir el hecho pues no presenta ninguna afectación, por lo tanto, su dicho no está robustecido y se encuentra aislado. Es irrelevante el testimonio de Teresa Vidal Jiménez, quien erróneamente refirió a la juzgadora que pudo identificar al imputado, lo cual no debe de tener valor jurídico pues no le constan los hechos, sólo lo conoce y sabe su nombre, pero en cuanto a los hechos no le consta que el suscrito los haya cometido. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y no guarda proporcionalidad con los hechos que se investigan; con el delito que se le imputa; con el riesgo de obstaculizar la investigación, ni con el riesgo de la parte ofendida. En apoyo de lo anterior, el impetrante citó las tesis de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA". En consideración de esta juzgadora, los aludidos motivos de inconformidad resultan infundados. ANÁLISIS Y DECISIÓN RESPECTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Previo al examen de la determinación reclamada, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 461, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.". Del precitado numeral, se obtiene que el legislador estableció tres lineamientos que, el tribunal que deba resolver el recurso de apelación, debe seguir: Sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes; No podrá extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado; y, En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, del referido numeral se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior, señaló que es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, estableció que, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad, para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá repararlas oficiosamente. Por tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que, a través de la disposición normativa transcrita, el legislador busca mantener la operatividad del proceso penal acusatorio y que se respetan los principios reguladores del sistema, entre ellos, los de oralidad y contradicción. Al respecto, de la ejecutoria relativa a la precitada contradicción de tesis, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: ". esta Primera Sala llegó a la misma conclusión en el amparo directo en revisión 4321/2017, (4) precedente en el que sostuvo que "el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral establece -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja acotada, al establecer la obligación del tribunal de alzada, de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto, para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse".(5) Asimismo, se consideró que: "[la] suplencia de la queja debe entenderse en su concepción amplia, es decir, como la revisión de algún aspecto, sin necesidad de petición de parte, pero además, circunscrita o acotada al alcance que le dota el contexto normativo en que se encuentra -actos violatorios de derechos fundamentales-".(6) Por otro lado, debe tenerse presente que la suplencia de la queja en el sistema penal acusatorio opera de manera distinta a como lo hacía en el sistema mixto. La suplencia de la queja en el nuevo sistema de justicia penal no implica que el recurso de apelación sea una repetición del juicio oral, ni que el tribunal de alzada deba reasumir jurisdicción como sí ocurría en el sistema penal tradicional. Así, en un recurso de apelación sustanciado conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, el tribunal de alzada advierta violaciones a los derechos fundamentales del imputado. De este modo se mantiene la operatividad del proceso penal y se respetan los principios regulares del sistema.". Como se puede advertir, al interpretar la disposición normativa de mérito, el Máximo Tribunal del país considera, entre otras cosas, que sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, se adviertan violaciones a los derechos fundamentales del imputado; como justificación de ello, señaló el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema. Consideración que esta juzgadora estima debe adoptarse en el examen del acto reclamado en el presente juicio, aun cuando éste no derive de un recurso de apelación, ya que se encuentra reforzada con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Esto es, resulta evidente que el legislador privilegia el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema, razón por la que si no se advierte violación alguna a los derechos humanos o fundamentales del quejoso que deban repararse de oficio, esta juzgadora no está obligada a dejar constancia de ello en la presente resolución. Lo anterior tiene sentido porque, en la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Sostuvo que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo; Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente; Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones; Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso; e, Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Como se puede observar, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, dicho principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte, incluso, de someter a debate frente al tribunal de juicio, el dicho del testigo, perito, etcétera. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Es por ello que la revisión constitucional del acto reclamado debe guiarse por los argumentos planteados por la parte quejosa, salvo, como se dijo, que se adviertan violaciones a sus derechos humanos o fundamentales, lo que en el caso no acontece. A efecto de asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales en la emisión del acto reclamado, cabe tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La primera, es la denominada inicial o de investigación; esta tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. Dicha etapa tiene dos fases, la de investigación inicial y la de investigación complementaria; esta última comprende: La formulación de la imputación; La solicitud ministerial de vinculación a proceso; y, La decisión que resuelve la situación jurídica del imputado. En ese tenor, el auto de vinculación se sitúa en la llamada audiencia inicial, y consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado. En él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y, es el momento oportuno para que, en su caso, se solicite la imposición de alguna medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En cambio, la etapa intermedia, que en términos del artículo 211 fracción II del ordenamiento legal precitado, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos. Y la de juicio, que de acuerdo con la fracción III del referido numeral, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí, se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. En relación con el auto de vinculación a proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, estableció que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, señaló es necesario que: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; La ley señale como delito a ese hecho; y, Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, dijo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Consideró que, acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Estimó que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, el Máximo Tribunal del país sostuvo que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Adujo que, este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, señaló que, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Aunado a ello, en la ejecutoria de mérito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. También precisó que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el apartado A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada, con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Al respecto, sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Asimismo, señaló que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, podemos colegir que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Para comprender mejor lo expuesto, debemos distinguir entre antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba y prueba en el sistema penal acusatorio. De acuerdo, con lo instituido en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. En cambio, conforme al numeral 261 del referido ordenamiento jurídico, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Respecto de los medios o elementos de prueba, el mismo ordinal establece que, son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. En tanto que denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Como se puede advertir, el dato de prueba no es un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. De ahí que, en esta fase inicial, el Juez de amparo debe, por lo común, resolver sólo con base en los datos de prueba verbalizados por las partes. Ello, tomando en cuenta que, en la ejecutoria deducida de la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, al dilucidar la litis constitucional, el Juez de Distrito debe resolver únicamente con base en los datos de investigación que haya tenido en cuenta la autoridad responsable, al emitir una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, tomando en consideración, sobre todo, que hasta esa etapa procesal -etapa de investigación-, tales medios de investigación no constituyen siquiera un dato respecto del que pueda afirmase la existencia de un hecho previsto por la ley como delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión, pues por disposición constitucional y legal, adquirirán ese carácter cuando sean desahogados en la audiencia del juicio oral. De ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se requiera un cúmulo probatorio amplio, en razón de que, como se dijo, el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 259. Generalidades . . Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". En ese contexto normativo, si bien, como se dijo, el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Ello no exime al juez de control de verificar que de lo verbalizado por el fiscal, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, particularmente el que le imputa al investigado. En el caso, esta juzgadora advierte que en la determinación reclamada, la autoridad responsable verificó el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales, para el dictado del auto de vinculación a proceso. PRIMER REQUISITO: QUE SE HAYA FORMULADO IMPUTACIÓN, EN DONDE SE ESTABLEZCA EL DELITO, ASÍ COMO EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS HECHOS QUE SE ATRIBUYEN AL IMPUTADO. En la resolución impugnada se dijo que dicho requisito quedó satisfecho, lo cual se corrobora con lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, en donde consta que la fiscalía formuló imputación en la que hizo saber al ahora quejoso el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que probablemente tuvo en el mismo, así como el nombre de quienes deponen en su contra (ocho horas con treinta y cuatro minutos y siguientes de la videograbación relativa). Pues, de lo verbalizado por el Ministerio Público, se obtiene que le hizo saber que en su contra se abrió la carpeta de investigación con terminación 2604/2021, por los hechos ocurridos "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas, en la sala de su domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, de su propiedad, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. Asimismo, el fiscal comunicó al imputado que "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. Al respecto, la representación social le dijo al referido imputado que los anteriores hechos atentan el libre desarrollo de la personalidad de la víctima, y encuadran en la descripción típica del artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, relativo al delito de pederastia; la forma de intervención que se le atribuye es como autor directo; la conducta es considerada dolosa; de consumación instantánea. De igual forma, le hiso saber que deponen en su contra el menor en cuestión y Teresa Vidal Jiménez. Sobre el particular, la defensa solicitó al fiscal le aclarara sobre los días de la semana en que ocurrieron los eventos. La fiscalía refirió que atendiendo a la edad del menor, éste sólo recordaba el mes y año. Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. SEGUNDO REQUISITO: QUE SE HAYA OTORGADO AL IMPUTADO LA OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. En la resolución reclamada se dijo que se dio al imputado la oportunidad de declarar y que, previa consulta con su abogado, decidió no hacerlo, lo cual se corrobora en la videograbación de la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós. Sobre el particular, cabe establecer que el imputado y la defensa no realizaron manifestación alguna; tampoco existe cuestionamiento al respecto en los conceptos de violación, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. TERCER REQUISITO: QUE DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EXPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE DESPRENDAN DATOS DE PRUEBA QUE ESTABLEZCAN QUE SE HA COMETIDO UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y QUE EXISTA LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. Al respecto, de la videograbación de la audiencia de tres de julio de dos mil veintidós (ocho horas con treinta y nueve minutos y siguientes), se advierte que en la resolución reclamada la jueza de control se apoyó en los antecedentes de investigación y datos de prueba referidos por la fiscalía, a saber: Denuncia de Teresa Vidal Jiménez, representante del menor, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, de acuerdo con la cual tuvo conocimiento de los hechos en el mes de abril de dos mil veintiuno, porque una amiga le comentó que el imputado había violado a su hijo, lo que dijo le corroboró éste. Acta de nacimiento del menor, folio 3106, de la que se destacó como fecha de nacimiento el dos de octubre de dos mil siete. Con base en ella el fiscal puntualizó que en la época de los hechos la víctima era menor de catorce años. Entrevista del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., de quince de octubre de dos mil veintiuno, quien, de acuerdo a lo verbalizado, narra los hechos de manera coincidente a lo expuesto por el fiscal en la formulación de imputación Dictamen proctológico rendido mediante oficio 2464/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, realizado por el médico legista, del que se destacó que no encontró lesiones en los glúteos y el surco, pero sí borramiento en los pliegues anales a las 6 y a las 7 según las manecillas del reloj, apreciando el tono del esfínter anal anormal, que son lesiones antiguas y son producidas por penetración con objeto romo. Dictamen de valoración psicológica emitido mediante oficio 2502/2021, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se dijo el menor no presentaba afectación por los hechos, pero tiene sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona. Informe de investigación rendido mediante oficio 1009/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, sobre inspecciones oculares realizadas en el domicilio del investigado y en el referido auto hotel, anexando croquis ilustrativo de ambos lugares, con fijaciones fotográficas, con los que se aduce se establecen los lugares donde el menor dijo ocurrieron los hechos. Antecedentes de investigación que, efectivamente, fueron referidos por el Ministerio Público, según lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, mismos que aportan los datos de prueba retomados por la autoridad responsable y que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Al respecto, la jueza de control estableció lo siguiente: ". La versión de la víctima de iniciales DFV, quien señaló que al ser entrevistado por la fiscalía el quince de octubre de dos mil veintiuno, señaló que vive en el fraccionamiento Hacienda Los Morales, de Cárdenas Tabasco, que en febrero del dos mil veintiuno, sin recordar la fecha exacta, iba con su hermano y se encontró a don Rubén Darío García Marín, quien tiene una tienda de abarrotes ahí en el mismo fraccionamiento y que le dio el raid a él y a su hermanito, y que le preguntaron que si cuando iba a Agua Dulce y este le dice que al día siguiente y que él le pregunta que si lo acompañaban y que le dice que al día siguiente, cuando va al día siguiente le dice que ya iba de salida por lo que va a preguntarle, a pedir permiso con sus papás, y acude con él hasta Agua Dulce, que uno de los amigos de Rubén Darío García Marín le pregunta que si ya sabía que le gustaba a este, que un viernes del mes de marzo del dos mil veintiuno, cuando estaba en su casa fue a la tienda del señor Rubén Darío García y que éste le dice que tenía ganas que esta persona le dice que se saca el pene para que le efectúa el sexo oral y le dice que incluso hasta ahí porque iba a llegar su esposa, que le daba el dinero, sin embargo, le dice que se lo guardara y que le buscara más menores, por lo que le comenta a un vecino y así se empieza a correr el rumor. Que un sábado del mes de junio del dos mil veintiuno, por la mañana, su mamá lo manda nuevamente a la tienda a comprar y sin decir nada, y esta persona le dice que vayan a la Bimbo y ya de regreso de la Bimbo le dice que le va a dar 150 pesos a cambio de tener relaciones con él, que lo lleva el hotel La Luz, que le dice que se vaya a bañar y cuando sale ya esta persona estaba desnudo en la cama que lo acaricia en diversas partes del cuerpo le dice que se voltee y le introduce el pene por donde hace popo y que sintió mojado, que esta persona sacó su pene de dicha cavidad y le da diversa cantidad de dinero. Esta narrativa debe apreciarse al tenor de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de manera libre y lógica; y de estas narrativas se advierten los detalles que DFV mencionó en cuanto a la forma en que le fue introducido el miembro viril por su cavidad bucal y anal, en dos diversas temporalidades, es decir, en el mes de marzo del dos mil veintiuno y un sábado del mes de junio de ese mismo año. Al respecto, cabe mencionar que, como bien señaló el asesor jurídico en su intervención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido a la valoración que el juzgador debe hacer tratándose de niños, niñas y adolescentes, cuando se recepción sus declaraciones y en este sentido debe atenderse al nivel cognitivo que los menores tienen para poder expresar las circunstancias de las que fueron objeto. Incluso la Corte interamericana de Derechos Humanos al referirse al caso Rosenda Cantú contra México estableció que por las circunstancias que vivió la menor es evidente que la llevaron a que no pudiera precisar circunstancias específicas de tiempo en que ocurrió el suceso, sobre todo porque los eventos de naturaleza sexual en los menores tienden a hacer de tal naturaleza traumáticos o impactantes, que los menores prefieren huir o tratar de una forma de escape de esta circunstancia y, en consecuencia, el tiempo o la temporalidad es una de las circunstancias más difíciles de que puedan recordar. En el caso que nos ocupa, también tiene razón la defensa en cuanto hace ver que debemos atender al nivel cognitivo en el que se encuentra la víctima de iniciales DFV, quien señaló que tiene estudios por lo menos de nivel secundario, pues expresó que se encontraba cursando dicho nivel y que por lo tanto, como atendiendo a las reglas de la lógica y a la valoración libre, pues en estos niveles es evidente que una persona pueda identificar los días de la semana, los meses de la semana, los incluso los años. Por lo que esto me permite concluir que el menor DFV se encuentra en un nivel cognitivo que le permite identificar los días, los meses, incluso el año en el que tal vez pudo ser objeto de este hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, tratándose de este menor lo que hay que considerar es que, atendiendo a las manifestaciones que expresó, puede ubicarse en tiempo, hizo ver que en el mes de febrero, mes de marzo, mes de junio, que del año dos mil veintiuno, hace ver estas circunstancias y no sólo hace ver las circunstancias de meses y año, incluso refiere que fue viernes, que fue sábado, los satura de otros detalles accesorios que a mí me permiten concluir que en DFV existe un nivel cognitivo que le permite identificar todas estas circunstancias. Pero a esto debemos sumar otro aspecto importante que, aunado en esta audiencia el asesor jurídico, de los demás datos de prueba que más adelante examinaré, también se puede desprender que en DFV existe un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo hace pensar que está traicionando a la persona con quien él había tenido relaciones sexuales de naturaleza consentida, y que esta circunstancia entonces nos lleva a afirmar que atendiendo a su escasa edad y a este sentimiento de culpa, que no es más que deriva de los propios sentimientos que nacen de las emociones que nacen en los menores de edad o en los infantes, es esta la razón por la que esta juzgadora estima que no se encuentran determinadas con exactitud las fechas en la que ocurrieron estos hechos que DFV señala en su narrativa. Es decir, se entiende su nivel cognitivo y el mismo es de un nivel tal que sí se puede determinar, que sería, creo que apartado de las reglas de la lógica, negar que pudiera ubicar estas circunstancias; pero también debemos atender tratándose de las víctimas de infantes, las circunstancias de especial vulnerabilidad en que estas se encuentran, y ¿por qué la especial vulnerabilidad?, los infantes tienen, y sobre todo aquellos que están en las etapas de adolescencia, como ocurre con las personas que se ubican en el rango de edad en el que se encuentra la víctima, pues estos adolescentes tienen una serie de emociones que los lleva a actuar en distintas circunstancias, es este el nivel en el que debemos ubicar y atender a la versión de DFV, sobre todo en aquel aspecto donde, con el sentimiento de culpa de ver descubierta la relación consentida con una persona, pues ha tratado, o es evidente que ha tratado de evitar en todo momento, que se vea inmiscuida en un proceso legal. De ahí que, bastan las circunstancias de tiempo en cuanto al mes y al año para señalar que se tiene hasta estos momentos datos de los que exige la fracción III del 316, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito pues se tienen las circunstancias del modo como fue que ocurrió, donde ocurrió y también la temporalidad. Y si bien, por razón de seguridad jurídica Rubén Darío García Marín, tiene derecho a conocer, para poder defenderse, de la temporalidad que se le atribuye el suceso, no menos cierto es que esta circunstancia se evidencia en cuanto que se ubica un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno y sábado del mes de junio de dos mil veintiuno, como las temporalidades, es decir, por la mañana, en que ocurrieron. Asimismo, esta versión de DFV encuentra el nivel de corroboración, de manera que permite establecer que constituye un indicio razonable, pues así lo apoya su madre Teresa Vidal Jiménez, quien señaló en su comparecencia ante el Fiscal del Ministerio Público que estando con DFV, una persona llega a su domicilio y lo interroga a cerca de si él había tenido relaciones sexuales con el señor Rubén Darío García Marín, que lo negó, pero es tal la insistencia de que el menor termina por aceptar que efectivamente había tenido relaciones sexuales aclarando que no fue a la fuerza sino que pues él no tenía dinero para pagar un teléfono celular y está persona le daba dinero. Por lo que, de esta versión tiene el dato en cuanto a la forma en que la denunciante Teresa Vidal Jiménez se entera de los hechos que nos ocupan y es por lo que acuden ante el Fiscal del Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente. De ahí que, en términos de lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adquiere un nivel de corroboración en cuanto a la forma en que se entera del suceso por ser madre del menor y, por lo tanto, acude ante las autoridades ministeriales a hacer del conocimiento. Tiene razón el defensor en cuanto a la apreciación de que esta denuncia fue interpuesta meses después de acontecido el suceso, es decir, hasta el mes de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, no debemos olvidar que el Código de Nacional de Procedimientos Penales no exige una temporalidad en la cual deba una víctima o representante de la víctima interponer sus denuncias o querellas; por tanto, bastará con que no haya transcurrido los plazos de prescripción, para que, una persona pueda acudir ante el Fiscal del Ministerio Público a hacer del conocimiento los hechos de posible naturaleza delictuosa. Y esta sola circunstancia pues hace inatendible la situación de vulnerabilidad que señaló el asesor jurídico, en aras de justificar por qué la señora Teresa Vidal Jiménez, no había comparecido ante el Fiscal del Ministerio Público a denunciar los hechos, y también el argumento en el sentido de que cualquier persona sabe que los servicios que se ofrecen en la fiscalía y en la asesoría jurídica son gratuitas. Pues, insisto, debemos atender a qué la legislación no nos exige un tiempo más allá de la prescripción, para que una persona pueda interponer su denuncia; por lo que, el hecho de haber comparecido meses después en nada demerita la apreciación de su testimonio. También es evidente que, al momento de los hechos, la victima de identidad reservada de iniciales DFV, era menor de edad, pues el Fiscal del Ministerio Público verbalizó que se tiene acta de nacimiento, en la que se aprecia que su fecha de nacimiento es el dos de octubre del dos mil siete, por lo que, al realizar la respectiva operación aritmética, se tiene que, para los meses de marzo de dos mil veintiuno y junio de dos mil veintiuno, que fueron los meses de los hechos materia de la imputación, era menor de catorce años, tal como lo exige el artículo 327 del Código Penal en vigor. Por lo que, al justipreciar este documento en términos de los ya precitados artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, generan convicción respecto a la minoría de edad de la víctima y sobre todo a que atendiendo a la especial calidad que exige el precitado artículo 327, era menor de catorce años. Ahora bien, a efectos de corroborar la versión de la víctima, en el sentido de qué fue ultrajada de naturaleza sexual, sobre todo en cuanto al ultraje en la cavidad anal, el Fiscal del Ministerio Público citó el dictamen proctológico realizado por el médico de la fiscalía Julián Castellanos, quien señaló que no le apreció en los glúteos lesiones, que sí encontró borramientos en los pliegues anales a las seis y a las siete horas atendiendo a las manecillas del reloj, que presentó lesiones antiguas por penetración por objeto romo. Para apreciar este dictamen es necesario justipreciarlo en términos de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para apreciar este dictamen, por una razón de técnica jurídica, pues la apreciaré en contraste con los argumentos que sobre la credibilidad del mismo señaló el defensor, que los controvierte con apoyo en el dictamen realizado por el también médico Raúl Martínez. En ese sentido, se tienen dos opiniones técnicas, dos opiniones de especialistas, es decir, de médicos, que hicieron ver las circunstancias o el análisis al examen proctológico que se realizó a la victima de iniciales DFV. Se tiene que en el caso, como bien señaló el Fiscal del Ministerio Público, en el caso de Julián Castellanos, tuvo contacto directo con el objeto a investigar, es decir, fue él quien auscultó a la persona a la que se señala es DFV. En este sentido, se tiene que recabó el médico datos como que se trata de una persona de catorce años, que estaba acompañado por su madre de nombre Teresa Vidal Jiménez, que no se identificó con nada. Sobre este dato, el defensor especificó que pues no se tiene la certeza, de que era necesario que existiera una identificación, pues no se tiene la certeza de que se tratara de la victima de iniciales DFV, al no haberse constatado algún medio de identificación, y en ese sentido el Fiscal del Ministerio Público expone que, aunque no se identificó con nada en la misma fecha del dictamen, compareció ante la fiscalía y que horas más tarde acudió ante el médico y que, por lo tanto, se debe considerar que está identificada. Considero que el argumento del Fiscal del Ministerio Público es infundado, pues en este sentido la identificación de una persona no se puede tener por validada con el hecho de que a una hora acuda ante una autoridad, por ejemplo, a que ante esta autoridad se hayan identificado y que dos horas más tarde por acudir ante la fiscalía pues ya se tenga porque es la misma persona que compareció ante nosotros, esa circunstancia no se puede validar de esta manera. El Fiscal del Ministerio Público es un ente, es una autoridad que ante él pudo requerir la identificación de una persona, pero el especialista, el médico legista, es necesario también que se cerciore que la persona que acude ante él sea aquella que el Fiscal del Ministerio Público se ha referido. Sin embargo, no debemos perder de vista que la norma no exige algún elemento específico con los cuales pueda ser identificada una persona, con los cuales se tenga la certeza, sobre todo tratándose de menores de edad, pues a ellos no se les puede exigir que presenten o que sean portadores de algún documento, como por ejemplo, una identificación, una credencial de elector con fotografía, pues ésta se le expide sólo a las personas mayores de edad y este es un documento que usualmente ha sido empleado por las personas para identificarse, pero sí es necesario que el médico constate aquellos elementos que le permitan reconocer que esa persona es la misma que le indica o que le refiere el fiscal. En el caso concreto, pues de los datos expuestos por los aquí intervinientes, se advierte que el médico examinó a una persona masculina de catorce años de edad y que compareció acompañado de Teresa Vidal Jiménez, es decir, de quien se ha ostentado como progenitora de DFV, razones por las que, al bastarse indicios razonables, considero que se logra entender o considerar que la persona examinada por Julián Castellanos, es la misma que se refiere como víctima en el caso que nos ocupa, es decir, como DFV. Sin embargo, también es necesario apuntar que en el caso el médico oficial estableció que le encontró ciertos hallazgos como borramientos en los pliegues anales a las seis y a las siete, que incluso existió la posibilidad de incorporar el hisopo. Y sobre estas circunstancias el médico particular Raúl Martínez señaló que pues existieron diversas omisiones, en cuanto, a la metodología empleada por el médico de la fiscalía, que no se midieron los borramientos anales, que el solo paso del hisopo no puede ser indicativo de una agresión sexual, que no se midió tampoco el tiempo de contracción del, ano que estas omisiones hacen dudar de la objetividad del dictamen, además que tampoco se realizó un rastreo semiológico en el menor de edad, pues aunque había pasado diversa temporalidad, era obligación del especialista realizar estas circunstancias, por lo que, el también médico consideró que el dictamen de la fiscalía era incompleto y no permitía establecer que la víctima había sufrido agresión sexual por parte de Rubén Darío García Marín. En este sentido, como bien señaló el asesor jurídico, científicamente no se puede demostrar que una persona tuvo relaciones sexuales con otra pues, lo que los médicos dictaminan son las lesiones o los hallazgos que pueden encontrar y las posibles compatibilidades, tan es así que el médico de la fiscalía asentó que encontró borramientos en los pliegues anales, que tiene lesiones antiguas por posible penetración por objeto romo; pero el médico no establece que sea a través de que este objeto romo sea necesariamente miembro viril, sino que, son las circunstancias o es el enlace de los datos de prueba lo que nos lleva a obtener que el dictamen proctológico corrobora la versión de la víctima de iniciales DFV, quien señala que por la vía anal le fue introducido el miembro viril, mismo que tiene estas características o que tiene la semejanzas del objeto romo que señala el médico Julián Castellanos. Por lo que, se corrobora de esta manera la versión de la víctima en el sentido que fue ayuntada por la vía anal pues, incluso al ser examinado le encontraron indicios o vestigios de la penetración por esta vía, y si bien no se advierte, o no fue verbalizado así y tampoco debatido por el fiscal, en el sentido de que, faltó o que el médico fue omiso en cuanto a medir los borramientos, a medir el tiempo de contracción del ano, en cuanto a determinar si el paso del hisopo es o no un indicador de algún tipo de penetración, pues esta circunstancia estimo que no deben ser materia, en el caso que nos ocupa, de estudio, pues, tratándose del auto de vinculación a proceso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos criterios que no se requieren datos contundentes, tal y como lo afirma en la tesis con registro digital 2021088, con el rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIEREN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. De esta manera, en esta tesis explica que, atendiendo al estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues no se necesita contundencia sobre los datos de prueba; por el contrario, las contradicciones que pudieran existir entre los datos ofertados por la defensa y el fiscal del ministerio público han de ser materia de ser dilucidadas en otra etapa del proceso. Por lo que, hay que atender al nivel de corroboración en el sentido de que el médico legista determinó que existe una lesión, el defensor en este sentido no contravino la existencia de esa lesión que es antigua y que en este caso debemos considerar que el menor dijo que alguien por la vía anal lo copuló. Por lo tanto, existe este nivel de corroboración de indicio razonable que exige la norma procesal. En cuanto a la bibliografía que fue citada por el médico particular, pues esta circunstancia en nada trasciende como ya mencioné, respecto a la valoración que ya se ha efectuado del dictamen proctológico. En cuanto al dictamen psicológico realizado por la experta adscrita a la fiscalía, debemos considerar que, pues esta señaló que el menor le narró los hechos que sufrió y destaca en este caso el defensor que le hace ver los mismos hechos de junio del dos mil veintiuno, a como si hubieran acontecido en abril de ese año, por lo que no se tiene la certeza de que sea de la fecha o de la temporalidad en que estos ocurrieron; además, dice que existe contradicción pues ante ella dijo que iba en tercero de secundaria y en su entrevista manifestó que cursaba el segundo año; en la opinión clínica se señaló que existen deficiencias en el dictamen psicológico de la Fiscal del Ministerio Público y que los indicadores de estrés y de ansiedad pues no son necesariamente o no derivan necesariamente de una agresión sexual. En este sentido, conviene señalar que, si bien, ante la experta en psicología pues se recaba una entrevista por parte de la especialista, no menos cierto es que, pues la autoridad facultada para recepcionar las entrevistas de las personas pues están descritas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la investigación, los policías, los fiscales, incluso la propia defensa, no así los psicólogos, quienes realizan esta técnica como apoyo a las operaciones que ellos realizan, pero no es propiamente una entrevista con el carácter de realizado ante una autoridad. Asimismo, debe destacarse que en el dictamen psicológico realizado por la experta adscrita a la Fiscalía del Estado, no se determinó afectación en el menor de edad, por lo que, este dato de prueba no es, no apuntala a la acreditación del hecho que la ley señala como delito; en este sentido, y en aras de beneficiar su teoría del caso, la defensa manifiesta que pues al ser delitos que protegen el desarrollo psicosexual de los menores de edad, pues debe tomarse en consideración entonces, o debe ser benéfico, que no tenga o que no se haya diagnosticado hasta estos momentos una afectación de dicha índole en el menor de iniciales DFV. Al respecto, es necesario señalar que el Título Décimo Cuarto del Código Penal en vigor, se refiere al bien jurídico tutelado, y no debemos olvidar que el artículo 1 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, establece pues los principios que rigen el Código Penal, en la ley penal del Estado, en los que se establece que, pues sólo serán sancionados los actos u omisiones que afecten bienes jurídicos; en el caso el Título Décimo Cuarto establece como bien jurídico protegido en el hecho que la ley señala como delito de pederastia el libre desarrollo de la personalidad, circunstancia que es distinta al desarrollo psicosexual al que se ha referido el defensor, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con una integralidad de los menores de edad, es decir, es un todo que comprende aspectos psicosexuales, pero también aspectos sociales y de cualquier otro índole que nos impliquen o que respondan a la pregunta: ¿qué quiero ser?, ¿qué busco ser?, se refiere más que nada, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, como se ve afectado con motivo de un hecho de naturaleza sexual, como ha cambiado su perspectiva de la vida, de lo que son y de lo que buscan o querrán ser; es esta la circunstancia que el legislador ha considerado que se trasgrede con hechos como los que hoy nos ocupan. Por lo tanto, el que se encuentre afectado o no en la índole psicosexual, no es una circunstancia que sea exigible al análisis del hecho que la ley señala como el delito que nos ocupa. En lo que considero que no le asiste la razón al Fiscal del Ministerio Público, es en cuanto pretende hacer ver, que pues al tratarse de la experta en psicología que él citó, de una facultativa adscrita a la fiscalía, pues pueda tener mayor valía que la opinión recabada por la defensa, pues como bien señaló el asesor jurídico con apoyo de los criterios de la Suprema Corte de justicia de la Nación, tratándose de los peritos no es la adscripción a una u otra dependencia, no es que sean particulares u oficiales, lo que les otorga la credibilidad, sino la serie de datos, la luz que puedan aportar al juzgador, lo que va a permitir que se le dé un grado o no de credibilidad sobre uno u otro dictamen. En este caso, también señala el Fiscal del Ministerio Público que la perita ofertada por el defensor, pues es una especialista en terapia familiar, por esa circunstancia no cree que en un solo día que realizó el dictamen, pues se haya podido imponer de toda la literatura que citó y que en consecuencia pues adquiriera el conocimiento necesario para omitir la opinión técnica que señalo. Como ya adelanté, esta postura de la fiscalía la considero infundada, pues tampoco especificó que la especialista que él cito como psicóloga, tenga un estudio más allá en cuanto a terapia infantil o en cuanto a una especialización para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la especialista en terapia familiar, pues atiende a todos los integrantes de la familia, y uno de los integrantes de mayor importancia o relevancia, por su especial circunstancia, pues son los niños, los infantes. De ahí que, por el hecho de ser especialista en terapia infantil, considero que es insuficiente para pretender restarle credibilidad a su dictamen; por el contrario, es la circunstancia de que, pues en el caso que nos ocupa, es intrascendente la falta de afectación psicosexual en el menor de edad, el que considero que ni el dictamen de la experta oficial ni de la experta particular pueden trascender al estudio del caso que nos ocupa. En cuanto al informe de la policía de investigación, en el cual se determinó la existencia del lugar de los hechos, es decir, del motel Hacienda Los Morales, así como de la tienda de abarrotes ubicada en la calle Temixco sin razón social, ambas en Cárdenas, Tabasco; en el cual se asentó que el menor señala donde el primero como un lugar donde ocurrieron los hechos y el segundo como el lugar donde fue ultrajado por la vía bucal. Señala el defensor que a este informe de investigación pues no debe dársele credibilidad, en virtud de que pues las personas deberán firmar los actos de investigación; en este sentido, señala el Fiscal del Ministerio Público que es el menor de edad quien identificó el lugar de los hechos, pues el policía no sabe dónde ocurrieron, sino que es el menor y sus familiares quienes saben dónde acontecieron. En ese sentido, es necesario mencionar que el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al referirse a los actos de investigación, hace ver que los que realicen tanto el fiscal como la policía, pues deben constar en registros a efectos de garantizar que esta información sea completa, integra y exacta, y así mismo el acceso de las partes que tengan derecho a obtener cada acto de investigación, señala el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido; si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital; en caso de que esto no sea posible, la persona se niegue a imprimir su huella digital, se hará constar l motivo. Bajo estas circunstancias, entonces tenemos que el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las formalidades que habrán de cumplir los actos de investigación realizados por la policía o por el Fiscal del Ministerio Público; si esta inspección en el lugar de los hechos fue realizada por el policía, debió cumplir con la obligación de asentar que personas se encontraban en el lugar, y no solo eso, si el Fiscal del Ministerio Público señaló que en ese informe se asienta que la persona que identificó el lugar que señaló el lugar, es el menor de edad que estuvo asistido por una psicóloga victimal y con su representante, pues entonces, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 217, pues deberá ser firmado por quienes hayan intervenido. Entonces, toda persona que interviene en una actuación, no importa si es realizada por el policía, debe firmarla, según lo que establece el artículo 217. Pero no podemos subrayar que esta es una formalidad, que el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece la manera en que habrán de sanearse las formalidades; sin embargo, sin que está juzgadora en atención al principio de mayor beneficio, sin adentrarme respecto al estudio de esta formalidad, pues considera también que existen argumentos del propio Fiscal del Ministerio Público, circunstancias para las cuales está juzgadora estima que, pues demerita el valor jurídico hasta estos momentos en esta inspección, pues debemos considerar y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nadie puede generar prueba por sí mismo y en el caso no se advierten entonces porque lo reconoce el Fiscal del Ministerio Público, al policía no le consta el lugar donde ocurrieron los hechos, pero si iba a realizar una investigación del lugar y por lo tanto, una inspección, pues entonces, con sus facultades como auxiliar del Ministerio Público, pues debió cerciorarse, constatar que el sitio donde se encontraba era el mismo al que lo había referido en la orden o en el oficio o en la circunstancia donde el fiscal le hubiera encomendado realizar esta investigación. Sin embargo, pues el fiscal mismo reconoce que al policía no le consta esta circunstancia, que inspecciona un lugar por el señalamiento de una persona; pero la investigación, debemos recordar y así lo ha reconocido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa contra México, obliga sobre todo a las fiscalías a realizar una investigación seria y eficaz, es decir, que a través de los elementos actuantes en la etapa de investigación pues se llegue a la convicción de los actos que están realizando. En ese sentido, si el Fiscal del Ministerio Público expone que al policía no le consta que este sea realmente el lugar de los hechos, pues entonces se puede apreciar que no existe, porque no lo verbalizó una constatación de que en efecto se tratara de los sitios antes mencionados, porque esta conclusión proviniera de algo más que de una simple referencia de un interviniente del proceso, es decir, que proviniera de una investigación de un acto serio y eficaz. Bajo esas condiciones, entonces considero que se encuentra actualizado el hecho que la ley señala como el delito de pederastia que establece el artículo 327 del Código Penal en vigor. En cuanto a la probabilidad de que Rubén Dario García Marín sea la persona que lo cometió, también se encuentra actualizada, pues en su contra existe el señalamiento directo que efectúa DFV, quien señala que la persona que lo copuló un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno, por la vía oral, fue precisamente quien identifica como el señor Rubén que, tiene una tienda de abarrotes en el mismo fraccionamiento donde él habita, es decir, Rubén Darío García Marín, además de señalar que esta persona, un sábado de junio de dos mil veintiuno, también en el motel La Luz, de Cárdenas, Tabasco, le introdujo el miembro viril por la vía anal. Sin que exista lugar a dudas sobre la identificación de esta persona, pues incluso la denunciante Teresa Vidal Jiménez, a pesar de no haber presenciado el hecho que nos ocupa, pudo identificar que la persona a la que su hijo se refiere como el señor Rubén, es Rubén Darío García Marín, a quien reconoce como lugareño, es decir, como vecino del mismo fraccionamiento donde habita el menor de edad, por estas circunstancias es evidente que puede reconocerlo e indicar a la persona que cometió el hecho que nos ocupa. Máxime que, también se advierte que la victima de iniciales DFV, ante el médico señaló que tuvo relaciones sexuales con un amigo; como bien señaló el defensor, estas circunstancias pues no es más que la indeterminación de la precisión en cuanto a la persona con la que tuvo estas relaciones sexuales; sin embargo, en su narrativa señala o identifica que la persona con la que tuvo relaciones sexuales es Rubén Darío García Marín, sin que se pueda especificar entonces, por lo que no puede obviarse que al omitir su nombre ante el médico, pues esta circunstancia no beneficia al señor Rubén; por el contrario, como bien señaló el asesor derivado, de los sentimientos de culpa y la forma en que debido a su escasa edad ve a la persona con la que tuvo relaciones sexuales, pues bien puede referirse incluso al señor Rubén Darío Gracia Marín, por lo que, al exigirse sólo la probabilidad de comisión, no la contundencia, pues hasta estos momentos los datos que apuntalan su participación en el hecho que la ley señala como delito son suficientes para considerar acreditada la probabilidad que exige la fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, considero entonces que en el cuerpo de esta resolución han quedado atendidas las manifestaciones del defensor particular. Por estas razones es evidente que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, en virtud de que no fue invocada por las partes, además de no advertirse tampoco del estudio de los datos de prueba verbalizados por los intervinientes.". Determinación que se considera jurídicamente correcta, pues se advierte que el análisis de los datos de prueba no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten establecer que probablemente el imputado, ahora quejoso, lo cometió o participó en su ejecución. Hechos que efectivamente están tipificados por la ley como delito de pederastia, como se puede corroborar de la aludida disposición normativa: "Artículo 327. Comete el delito de pederastia, quién con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de catorce años. Este delito se castigará con pena de quince a veinte años de prisión y de mil a tres mil días multa.". Disposición normativa que describe el hecho que se considera delito, consistente en la introducción por la vía vaginal, anal u oral, del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto, en el cuerpo de una persona menor de catorce años, con consentimiento de éste o sin él. Hipótesis que se surte en términos de lo expuesto por la representación social al formular imputación al ahora quejoso, a quien le hizo saber que, "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas, en la sala de su domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, de su propiedad, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. Asimismo, el fiscal comunicó al imputado que "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. Lo que su vez tomó en cuenta la jueza de control al dictar el auto de vinculación reclamado, quien valoró correctamente los datos de prueba obtenidos de la entrevista del menor agraviado, acerca de que probablemente el ahora quejoso haya realizado la conducta delictiva que se le imputa, a quien reconoce como su vecino y dueño de una tienda en el mismo fraccionamiento donde vive la víctima. Lo que correctamente estimó corroborado con los datos de prueba aportados por la fiscalía, deducidos de la denuncia de la madre del menor, quien refirió la identidad y vecindad del inculpado; del dictamen proctológico, en el que se hace constar borramientos en los pliegues anales del menor y que presentó lesiones antiguas por penetración por objeto romo; la valoración psicológica practicadas al mismo, en el que se dijo que no presentaba afectación por los hechos, pero tiene sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona, lo cual explicó la juzgadora; así como su acta de nacimiento (de la que se destacó que en la época de los hechos era menor de catorce años). Por lo que, contrario a lo referido por el quejoso, la declaración del menor no es lo único que motivó a la jueza de control para establecer los hechos que se le imputan. Además, atendió a la naturaleza del delito en cuestión y a las características del desarrollo cognitivo y emocional del menor agraviado, destacando lo establecido en la valoración psicológica, en cuanto a los sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona, lo cual explicó la juzgadora. En relación a ello y a lo debatido por las partes, la jueza estableció correctamente que: ".. Al respecto, es necesario señalar que el Título Décimo Cuarto del Código Penal en vigor, se refiere al bien jurídico tutelado, y no debemos olvidar que el artículo 1 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, establece pues los principios que rigen el Código Penal, en la ley penal del Estado, en los que se establece que, pues sólo serán sancionados los actos u omisiones que afecten bienes jurídicos; en el caso el Título Décimo Cuarto establece como bien jurídico protegido en el hecho que la ley señala como delito de pederastia el libre desarrollo de la personalidad, circunstancia que es distinta al desarrollo psicosexual al que se ha referido el defensor, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con una integralidad de los menores de edad, es decir, es un todo que comprende aspectos psicosexuales, pero también aspectos sociales y de cualquier otro índole que nos impliquen o que respondan a la pregunta: ¿qué quiero ser?, ¿qué busco ser?, se refiere más que nada, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, como se ve afectado con motivo de un hecho de naturaleza sexual, como ha cambiado su perspectiva de la vida, de lo que son y de lo que buscan o querrán ser; es esta la circunstancia que el legislador ha considerado que se trasgrede con hechos como los que hoy nos ocupan. Por lo tanto, el que se encuentre afectado o no en la índole psicosexual, no es una circunstancia que sea exigible al análisis del hecho que la ley señala como el delito que nos ocupa. En lo que considero que no le asiste la razón al Fiscal del Ministerio Público, es en cuanto pretende hacer ver, que pues al tratarse de la experta en psicología que él citó, de una facultativa adscrita a la fiscalía, pues pueda tener mayor valía que la opinión recabada por la defensa, pues como bien señaló el asesor jurídico con apoyo de los criterios de la Suprema Corte de justicia de la Nación, tratándose de los peritos no es la adscripción a una u otra dependencia, no es que sean particulares u oficiales, lo que les otorga la credibilidad, sino la serie de datos, la luz que puedan aportar al juzgador, lo que va a permitir que se le dé un grado o no de credibilidad sobre uno u otro dictamen. En este caso, también señala el Fiscal del Ministerio Público que la perita ofertada por el defensor, pues es una especialista en terapia familiar, por esa circunstancia no cree que en un solo día que realizó el dictamen, pues se haya podido imponer de toda la literatura que citó y que en consecuencia pues adquiriera el conocimiento necesario para omitir la opinión técnica que señalo. Como ya adelanté, esta postura de la fiscalía la considero infundada, pues tampoco especificó que la especialista que él cito como psicóloga, tenga un estudio más allá en cuanto a terapia infantil o en cuanto a una especialización para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la especialista en terapia familiar, pues atiende a todos los integrantes de la familia, y uno de los integrantes de mayor importancia o relevancia, por su especial circunstancia, pues son los niños, los infantes. De ahí que, por el hecho de ser especialista en terapia infantil, considero que es insuficiente para pretender restarle credibilidad a su dictamen; por el contrario, es la circunstancia de que, pues en el caso que nos ocupa, es intrascendente la falta de afectación psicosexual en el menor de edad, el que considero que ni el dictamen de la experta oficial ni de la experta particular pueden trascender al estudio del caso que nos ocupa.". Lo que es acorde con el interés superior de los niños y niñas del país, constitucionalmente protegido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Al respecto, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, página 267, con número de registro 2010615, del siguiente rubro y texto: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias". Por ende, es infundado el motivo de inconformidad en el que el impetrante aduce que, acorde con el nivel cognitivo de la victima de identidad reservada al que aludió la juzgadora, estaba en condiciones de recordar con cierta precisión la hora, el día y la fecha de los eventos que refirió, pues ocurrieron con su consentimiento. Ya que la voluntad del menor no puede ser un referente de su nivel de conciencia y responsabilidad, es por ello que el legislador estableció que dicho evento delictivo se configura con independencia de que exista el consentimiento de la víctima. En cambio, correctamente la juzgadora sostuvo que: ". Pero a esto debemos sumar otro aspecto importante que, aunado en esta audiencia el asesor jurídico, de los demás datos de prueba que más adelante examinaré, también se puede desprender que en DFV existe un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo hace pensar que está traicionando a la persona con quien él había tenido relaciones sexuales de naturaleza consentida, y que esta circunstancia entonces nos lleva a afirmar que atendiendo a su escasa edad y a este sentimiento de culpa, que no es más que deriva de los propios sentimientos que nacen de las emociones que nacen en los menores de edad o en los infantes, es esta la razón por la que esta juzgadora estima que no se encuentran determinadas con exactitud las fechas en la que ocurrieron estos hechos que DFV señala en su narrativa. Es decir, se entiende su nivel cognitivo y el mismo es de un nivel tal que sí se puede determinar, que sería, creo que apartado de las reglas de la lógica, negar que pudiera ubicar estas circunstancias; pero también debemos atender tratándose de las víctimas de infantes, las circunstancias de especial vulnerabilidad en que estas se encuentran, y ¿por qué la especial vulnerabilidad?, los infantes tienen, y sobre todo aquellos que están en las etapas de adolescencia, como ocurre con las personas que se ubican en el rango de edad en el que se encuentra la víctima, pues estos adolescentes tienen una serie de emociones que los lleva a actuar en distintas circunstancias, es este el nivel en el que debemos ubicar y atender a la versión de DFV, sobre todo en aquel aspecto donde, con el sentimiento de culpa de ver descubierta la relación consentida con una persona, pues ha tratado, o es evidente que ha tratado de evitar en todo momento, que se vea inmiscuida en un proceso legal. De ahí que, bastan las circunstancias de tiempo en cuanto al mes y al año para señalar que se tiene hasta estos momentos datos de los que exige la fracción III del 316, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito pues se tienen las circunstancias del modo como fue que ocurrió, donde ocurrió y también la temporalidad. Y si bien, por razón de seguridad jurídica Rubén Darío García Marín, tiene derecho a conocer, para poder defenderse, de la temporalidad que se le atribuye el suceso, no menos cierto es que esta circunstancia se evidencia en cuanto que se ubica un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno y sábado del mes de junio de dos mil veintiuno, como las temporalidades, es decir, por la mañana, en que ocurrieron.". De ahí que se considere infundado el concepto de violación relacionado con el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se atribuyen al imputado. Porque, conforme a lo expuesto en la audiencia inicial, además de describirse los hechos que se le imputan: En el primer evento, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. En el segundo evento, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal. Asimismo, se estableció el lugar en que sucedieron los aludidos hechos: El primer evento, en la sala del domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, propiedad del imputado. El segundo evento, en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. De igual forma, se estableció la época de los mismos: El primer evento, "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas. El segundo evento, "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana. Si bien, respecto de lo último se hace referencia que no se precisó qué días ocurrieron, son correctas las consideraciones que al respecto hizo la jueza de control. Por tanto, los datos de prueba expresados permiten que el imputado conozca los hechos que se le atribuyen, la época, el modo y el lugar en que probablemente ocurrieron, así como la conducta desplegada. Lo que le provee la oportunidad de defenderse adecuadamente en el proceso y ofrecer los datos o, en su caso, medios de prueba que considere idóneos. De igual forma, se consideran infundados los argumentos del quejoso, en cuanto a la identificación del menor en el examen proctológico, el contenido de éste y la valoración de la opinión técnica en que se basó la defensa para desvirtuar lo determinado por el perito oficial. Ello atento a las consideraciones que al respecto expuso la jueza de control, particularmente porque, como lo dijo, las contradicciones que pudieran existir entre los datos ofertados por la defensa y el Fiscal del Ministerio Público han de ser dilucidadas en otra etapa del proceso. Lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dichos dictámenes u opiniones podrán ser ingresados al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogados bajo los principios de inmediación y contradicción, para que sirvan al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Pues, en la audiencia inicial que se analiza no fueron ofrecidos como tal, aun cuando el aludido ordenamiento jurídico prevé su incorporación en esa fase de manera excepcional. Por tanto, los datos de prueba referidos por la defensa se relacionan con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, resulta infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso refiere que al no concedérsele valor probatorio a la inspección que realizó la policía de investigación, tampoco quedó establecido lo relativo al lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos. Ello, porque el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control los hechos y datos de prueba que obtuvo de los antecedentes de investigación, los cuales deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.130 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, página 2188, con número de registro 2021088, del siguiente rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". Por tanto, deviene infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso aduce que la declaración de la víctima no está corroborada, ya que, como lo estableció la jueza de control, encuentra apoyo en la denuncia hecha por su progenitora, así como en los dictámenes relacionados con la valoración proctológica y psicológica, en los términos expuestos por la autoridad responsable, los cuales aportan datos con indicios razonables de que el menor en cuestión probablemente fue objeto de la agresión referida. Sin que transcienda en beneficio del imputado la circunstancia de que la víctima no haya precisado los días de los meses en que refirió ocurrieron los hechos, por las consideraciones aludidas por la juzgadora. Tampoco le asiste la razón al quejoso en cuanto refiere que es irrelevante el testimonio de Teresa Vidal Jiménez, porque no le constan los hechos, sólo lo conoce y sabe su nombre, pero no le consta que el suscrito los haya cometido. Ya que, como lo sostuvo la jueza de control: ". la denunciante Teresa Vidal Jiménez, a pesar de no haber presenciado el hecho que nos ocupa, pudo identificar que la persona a la que su hijo se refiere como el señor Rubén, es Rubén Darío García Marín, a quien reconoce como lugareño, es decir, como vecino del mismo fraccionamiento donde habita el menor de edad, por estas circunstancias es evidente que puede reconocerlo e indicar a la persona que cometió el hecho que nos ocupa.". Esto es, la juzgadora le otorga eficacia probatoria al dicho de la denunciante no porque haya presenciado los hechos, sino porque corrobora que el imputado es vecino de ellos en el mismo fraccionamiento en que ocurriera el primer evento y, por ende, lo identifica por su nombre. Lo cual constituye un indicio razonable en ese contexto, sin perder de vista que los hechos de que se trata son de realización oculta. Sobre el particular, sirven de apoyo, en lo conducente, las consideraciones que sustentan la tesis XXVII.3o.28 P (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, con número de registro 2013259, del siguiente rubro y texto: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación". Datos de prueba que, además, hacen suponer que el imputado cometió dichos hechos o participó en su comisión, en los términos aducidos por la jueza de control. Resultando infundado que la determinación de mérito carezca de una motivación apegada a lo justamente legal, ya que, contrario a lo que aduce el quejoso, las consideraciones expuestas por la jueza de control son congruentes a lo que se verbalizó en la audiencia de vinculación, tanto por la fiscalía como por su defensa. En ese tenor, como se dijo, los antecedentes de investigación referidos por el fiscal y retomados por la jueza de control aportan datos de prueba idóneos y pertinentes que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que el hecho que se le imputa al ahora quejoso, está señalado por la ley como delito de pederastia y que probablemente él lo cometió. Datos de prueba que se relacionan con el contenido de los antecedentes de investigación anteriormente establecidos. Pero no constituyen un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, por lo que no constituyen pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual, como ya se dijo, es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 259. Generalidades . . Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Con motivo de lo anterior, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que hay ausencia de datos razonables, pertinentes e idóneos, para sustentar el auto de vinculación a proceso. Sin que, al respecto, esta juzgadora advierta la violación de derechos humanos o fundamentales que deban reparase de manera oficiosa. CUARTO REQUISITO: QUE NO SE ACTUALICE UNA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O EXCLUYENTE DEL DELITO. Sobre el particular, la autoridad responsable estableció que no existen datos que acrediten la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o de una causa excluyente del delito. Lo que se corrobora con lo verbalizado en las audiencias de tres y siete de julio de dos mil veintidós. QUINTO REQUISITO: LA DETERMINACIÓN SE ENCUENTRE FUNDADA Y MOTIVADA. Por las anteriores consideraciones, esta juzgadora estima que la determinación reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, y satisface los requisitos previstos para su dictado en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, cabe destacar que la resolución impugnada establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, sin que con ello se presuponga la culpabilidad de éste, ni se produzca una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuye. Esto es, dicha determinación constituye la judicialización de la investigación que se le sigue al ahora quejoso, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten establecer la comisión de un hecho posiblemente delictuoso, así como su probable intervención, en los términos señalados anteriormente. De ahí que resulte innecesario que se acrediten de manera plena los hechos y la supuesta comisión de los mismos por parte del inculpado, ya que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Además, esta juzgadora considera que el análisis de los datos de prueba por parte de la jueza de control, no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que, como quedó asentado, proporcionan indicios razonables y suficientes para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten suponer que probablemente el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participaron en su ejecución. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, con número de registro 2014800, del siguiente rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En ese tenor, el valor probatorio otorgado a los datos de prueba verbalizados no es definitivo, pues la responsable únicamente pondera y determina si contienen indicios razonables y suficientes para llevar a juicio al imputado, en donde sí deberá demostrarse de manera fehaciente los hechos y que él los cometió. ANÁLISIS Y DECISIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR Previamente, es importante establecer que, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En ese tenor, la exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer a través del mismo. Tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. No obstante sus diferencias, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales que invoque al caso de que se trate. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia número 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 166, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Resulta importante distinguir entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación y motivación ocurre, respecto de la primera, cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero éste resulta inaplicable al caso; mientras que en relación a la segunda, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo establecido en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su segundo párrafo lo siguiente: "Artículo 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.". En consonancia con lo anterior, el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, instituye: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; Feminicidio, previsto en el artículo 325; Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII [.]". Ahora, como quedó establecido anteriormente, de acuerdo con lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, se obtiene que la fiscalía, con fundamento en los artículos 19 constitucional, 153, 154, 155 fracción XIV y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se impusiera al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa(nueve horas), sin aducir mayores argumentos. Al respecto, la defensa alegó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En consideración a lo peticionado por la representación social, la jueza de control determinó que el artículo 19 contempla diversas restricciones, entre ellas, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los que se encuentra el de pederastia, respecto del cual dijo la prisión preventiva debe ser de naturaleza oficiosa en términos del artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que impuso dicha medida por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda los dos años (nueve horas con un minuto y siguientes): Como se puede advertir, el legislador estableció que tratándose de delitos graves, entre los que se consideran el de pederastia y los que afecten el libre desarrollo de la personalidad, ameritan prisión preventiva oficiosa. Aunado a ello, puntualizo que el juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores. En el caso, quedó establecido que los hechos que se imputan al ahora quejoso, están señalados por la ley como delito de pederastia, lo que actualiza el supuesto de procedencia de la aludida medida cautelar. Al respecto, cabe puntualizar que, efectivamente, como lo aduce el quejoso, la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva, cuya aplicación es excepcional, lo cual es congruente con lo resuelto en los casos que cita. Esto es, existe consenso entre los ámbitos internacional y nacional sobre el particular, es por ello que el constituyente y el legislador federal han considerado la necesidad de contemplar la medida cautelar de la prisión preventiva en dos modalidades: una justificada y otra oficiosa. La prisión preventiva justificada arroja la carga al fiscal para que exponga las consideraciones por las que debe imponerse, así como los datos de prueba que fundada y razonablemente apoyen su petición. En cambio, a través de la prisión preventiva oficiosa, el legislador sustituye dicha carga demostrativa, al establecer los delitos que ameritan dicha medida, sin que el fiscal deba justificar la necesidad de la misma, porque ello ya fue materia de análisis en la exposición de motivos que motivó el catálogo relativo. Lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a la proporcionalidad de la prisión preventiva, ya que no constituye una regla general, pues únicamente puede imponerse bajo las condiciones apuntadas. Lo cual es coincidente con lo establecido en el artículo 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues la privación de la libertad en los aludidos casos no puede considerarse arbitraria, pues para decretarla se requiere la intervención de una autoridad judicial. Tampoco trastoca el derecho de toda persona inculpada de delito a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Pues, como se dijo, se trata de una medida cautelar con efectos provisionales, en donde el imputado sigue siendo considerado inocente. Al respecto, cabe señalar que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país, la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado no presupone la culpabilidad del imputado, ni por virtud del mismo se produce una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuyen; únicamente constituye la judicialización de la investigación que se le sigue, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Por ende, esta juzgadora considera que en la determinación reclamada está salvaguardado el principio de presunción de inocencia. En lo tocante al principio pro persona que invoca el quejoso, cabe señalar que, aun cuando tutela el derecho de los gobernados a un recurso efectivo, ello no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas en los mismos deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con número de registro 2004748, del siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". De ahí que se consideren infundados los motivos de inconformidad que respecto de dichos tópicos aduce el impetrante de amparo, resultando inaplicable en el sentido que lo propone la tesis que invoca. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso refiere que la juzgadora realiza una interpretación errona de la norma constitucional, al establecer que en ella existen restricciones a los derechos humanos y sobrepone en este sentido el artículo 19 constitucional, siendo que las restricciones a los derechos humanos están consideradas en otro diverso, pero no como tal el mencionado numeral. Ello, porque, en el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente instituyó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que en ella se establecen. Es por ello que correctamente la jueza de control consideró que el artículo 19 de la referida Ley Fundamental, prevé en el numeral 19 una restricción al ejercicio de los aludidos derechos, al disponer que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, así como los que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Con motivo de lo expuesto, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************, respecto de los actos reclamados y la autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICCIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1151/2022-2, promovido por ************, contra actos de la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 16, 19 y 20 Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el quince siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes, Rubén Darío García Marín solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021. 2 El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1151/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El uno y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se emplazó a juicio con dicho carácter a Rodolfo Antúnez Garduza, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco; al Asesor Jurídico Público adscrito al referido Centro de Procuración; y a la víctima de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representada por Teresa Vidal Jiménez. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021, por la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa, por el hecho que ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de las actas mínimas y de un disco versátil digital (DVD), que contiene las videograbaciones de las audiencias de tres y siete de julio de dos mil veintidós. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que: El tres de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial por orden cumplida, relacionada con la carpeta administrativa 459/2021, instruida en contra del ahora quejoso por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Dicha audiencia fue presidida por la Jueza de Control Consuelo Rivera Hernandez, y comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Rodolfo Antunez Garduza, el Asesor Jurídico Publico Alfredo José Pons Hernandez, los defensores particulares Jhonatan Bravata Cruz y Mara Ithamar García Vázquez, y el imputado Rubén Darío García Marín. El Ministerio Público formuló imputación en contra del aquí quejoso, comunicándole los hechos que le atribuye y que consideró configuran el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco. Hecho lo anterior, la defensa solicitó aclaración al fiscal respecto de los días de la semana en que ocurrieron los eventos referidos. La fiscalía dijo que, atendiendo a la edad del menor, éste sólo recordaba el mes y año. Luego, previa pregunta de la juzgadora y consulta con su defensor, el imputado manifestó que se reservaba su derecho a declarar. Acto seguido, la representación social solicitó se vinculara a proceso al imputado, con base en las consideraciones y datos de prueba que expuso. Al respecto, previa pregunta de la juzgadora y consulta con su defensor, el imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas; por lo que el juez señaló las once horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial en fase de vinculación a proceso. Con motivo de lo anterior, previa solicitud de la representación social y debate por parte de la defensa, con base en los artículos 19 constitucional, 153, 154, 155 fracción XIV y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza, por las consideraciones que expresó, impuso al investigado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sobre el particular, determinó que la vigencia de la misma sería Igual al tiempo que dure el procedimiento El siete de julio de dos mil veintidós, a las once horas con treinta y nueve minutos, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, misma que fue presidida por la Jueza Consuelo Rivera Hernandez. A dicha audiencia comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Rodolfo Antunez Garduza, el Asesor Jurídico Publico Alfredo José Pons Hernandez, los defensores particulares Jhonatan Bravata Cruz y Mara Ithamar García Vázquez, y el imputado Rubén Darío García Marín. Previo debate, la jueza de control dictó el auto de vinculación a proceso que se reclama. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó precisado en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de julio de dos mil veintidós, decretada en la carpeta administrativa 459/2021, por la Jueza de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco. El auto de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en la precitada carpeta administrativa, por el hecho que ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Determinación que considera infringe lo dispuesto en los artículos 1, 16, 19 y 20 Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que, sustancialmente, el quejoso refiere que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación porque: La juzgadora realiza una interpretación errónea de la norma constitucional, al establecer que en ella existen restricciones a los derechos humanos y sobrepone en este sentido el artículo 19 constitucional, siendo que las restricciones a los derechos humanos están consideradas en otro diverso, pero no como tal el mencionado numeral. De los datos de prueba que verbalizó la fiscalía no se desprenden indicios razonables para vincularlo a proceso. La resolución transgrede lo dispuesto por el artículo 16 constitucional por cuanto a la carencia de una motivación apegada a lo justamente legal; a lo que se verbalizó en la audiencia de vinculación, tanto por la fiscalía como por su defensa. La declaración de la victima de identidad reservada no estaba robustecida con otro dato de prueba que la hiciera verosímil. La fracción V del artículo 20, apartado A, de nuestra Carta Magna prevé que la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, es decir, que técnicamente él no tenía la obligación de demostrar su inculpabilidad, (tópico propio de la teoría del delito). En el apartado B del artículo 20 constitucional, fracción I, se establece que se debe de presumir su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Con los datos de prueba verbalizados por la fiscalía no se estableció el modo, tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del hecho que s ele imputa, lo cual pasó por alto la juzgadora. Después de que la fiscalía verbalizó todos los datos de prueba en los que sustentaba la solicitud de vinculación a proceso, la defensa, en relación al dicho de la victima de identidad reservada, refutó el dictamen médico proctológico y el dictamen en materia de psicología, así como también argumentó dos datos de prueba consistentes en las respectivas opiniones técnicas en relación a los dictámenes oficiales, a lo que la juzgadora no concedió valor jurídico, aun y cuando el defensor fue explícito al establecer la deficiencias forenses de los mencionados dictámenes. Acorde con el nivel cognitivo de la victima de identidad reservada al que aludió la juzgadora, estaba en condiciones de recordar con cierta precisión la hora, el día y la fecha de los eventos que refirió, pues ocurrieron con su consentimiento. Al igual que "el tiempo", en cuanto "al lugar" no quedó precisado como tal, pues la inspección que realizó la policía de investigación, al carecer de los requisitos elementales para su desahogo, como lo es la firma de las personas que intervinieron en la misma, no se le concedió valor de prueba, de tal suerte que tampoco quedó establecido lo relativo al lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos. No le asiste la razón a la juzgadora al conceder valor jurídico al dictamen proctológico emitido por el perito oficial, porque a este dictamen se le contrapone la opinión técnica emitida por el doctor Raúl Martínez García. No existe la certeza real de que la víctima de identidad reservada haya sido penetrada por el ahora quejoso, a como erróneamente lo considera la juzgadora, quien le otorgó valor más preponderante al dictamen emitido por el perito oficial en materia de medicina forense. El dictamen psicológico que esta contrapuesto con la opinión técnica de la psicóloga Bélgica Iduarte García, no abona en nada a demostrar ni el hecho ni la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, pues es evidente que la víctima no pudo sufrir el hecho pues no presenta ninguna afectación, por lo tanto, su dicho no está robustecido y se encuentra aislado. Es irrelevante el testimonio de Teresa Vidal Jiménez, quien erróneamente refirió a la juzgadora que pudo identificar al imputado, lo cual no debe de tener valor jurídico pues no le constan los hechos, sólo lo conoce y sabe su nombre, pero en cuanto a los hechos no le consta que el suscrito los haya cometido. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y no guarda proporcionalidad con los hechos que se investigan; con el delito que se le imputa; con el riesgo de obstaculizar la investigación, ni con el riesgo de la parte ofendida. En apoyo de lo anterior, el impetrante citó las tesis de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA". En consideración de esta juzgadora, los aludidos motivos de inconformidad resultan infundados. ANÁLISIS Y DECISIÓN RESPECTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Previo al examen de la determinación reclamada, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 461, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.". Del precitado numeral, se obtiene que el legislador estableció tres lineamientos que, el tribunal que deba resolver el recurso de apelación, debe seguir: Sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes; No podrá extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado; y, En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, del referido numeral se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior, señaló que es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, estableció que, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad, para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá repararlas oficiosamente. Por tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que, a través de la disposición normativa transcrita, el legislador busca mantener la operatividad del proceso penal acusatorio y que se respetan los principios reguladores del sistema, entre ellos, los de oralidad y contradicción. Al respecto, de la ejecutoria relativa a la precitada contradicción de tesis, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: ". esta Primera Sala llegó a la misma conclusión en el amparo directo en revisión 4321/2017, (4) precedente en el que sostuvo que "el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral establece -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja acotada, al establecer la obligación del tribunal de alzada, de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto, para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse".(5) Asimismo, se consideró que: "[la] suplencia de la queja debe entenderse en su concepción amplia, es decir, como la revisión de algún aspecto, sin necesidad de petición de parte, pero además, circunscrita o acotada al alcance que le dota el contexto normativo en que se encuentra -actos violatorios de derechos fundamentales-".(6) Por otro lado, debe tenerse presente que la suplencia de la queja en el sistema penal acusatorio opera de manera distinta a como lo hacía en el sistema mixto. La suplencia de la queja en el nuevo sistema de justicia penal no implica que el recurso de apelación sea una repetición del juicio oral, ni que el tribunal de alzada deba reasumir jurisdicción como sí ocurría en el sistema penal tradicional. Así, en un recurso de apelación sustanciado conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, el tribunal de alzada advierta violaciones a los derechos fundamentales del imputado. De este modo se mantiene la operatividad del proceso penal y se respetan los principios regulares del sistema.". Como se puede advertir, al interpretar la disposición normativa de mérito, el Máximo Tribunal del país considera, entre otras cosas, que sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, se adviertan violaciones a los derechos fundamentales del imputado; como justificación de ello, señaló el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema. Consideración que esta juzgadora estima debe adoptarse en el examen del acto reclamado en el presente juicio, aun cuando éste no derive de un recurso de apelación, ya que se encuentra reforzada con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Esto es, resulta evidente que el legislador privilegia el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema, razón por la que si no se advierte violación alguna a los derechos humanos o fundamentales del quejoso que deban repararse de oficio, esta juzgadora no está obligada a dejar constancia de ello en la presente resolución. Lo anterior tiene sentido porque, en la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Sostuvo que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo; Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente; Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones; Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso; e, Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Como se puede observar, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, dicho principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte, incluso, de someter a debate frente al tribunal de juicio, el dicho del testigo, perito, etcétera. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Es por ello que la revisión constitucional del acto reclamado debe guiarse por los argumentos planteados por la parte quejosa, salvo, como se dijo, que se adviertan violaciones a sus derechos humanos o fundamentales, lo que en el caso no acontece. A efecto de asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales en la emisión del acto reclamado, cabe tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La primera, es la denominada inicial o de investigación; esta tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. Dicha etapa tiene dos fases, la de investigación inicial y la de investigación complementaria; esta última comprende: La formulación de la imputación; La solicitud ministerial de vinculación a proceso; y, La decisión que resuelve la situación jurídica del imputado. En ese tenor, el auto de vinculación se sitúa en la llamada audiencia inicial, y consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado. En él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y, es el momento oportuno para que, en su caso, se solicite la imposición de alguna medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En cambio, la etapa intermedia, que en términos del artículo 211 fracción II del ordenamiento legal precitado, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos. Y la de juicio, que de acuerdo con la fracción III del referido numeral, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí, se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. En relación con el auto de vinculación a proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, estableció que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, señaló es necesario que: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; La ley señale como delito a ese hecho; y, Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, dijo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Consideró que, acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Estimó que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, el Máximo Tribunal del país sostuvo que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Adujo que, este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, señaló que, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Aunado a ello, en la ejecutoria de mérito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. También precisó que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el apartado A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada, con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Al respecto, sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Asimismo, señaló que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, podemos colegir que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Para comprender mejor lo expuesto, debemos distinguir entre antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba y prueba en el sistema penal acusatorio. De acuerdo, con lo instituido en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. En cambio, conforme al numeral 261 del referido ordenamiento jurídico, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Respecto de los medios o elementos de prueba, el mismo ordinal establece que, son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. En tanto que denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Como se puede advertir, el dato de prueba no es un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. De ahí que, en esta fase inicial, el Juez de amparo debe, por lo común, resolver sólo con base en los datos de prueba verbalizados por las partes. Ello, tomando en cuenta que, en la ejecutoria deducida de la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, al dilucidar la litis constitucional, el Juez de Distrito debe resolver únicamente con base en los datos de investigación que haya tenido en cuenta la autoridad responsable, al emitir una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, tomando en consideración, sobre todo, que hasta esa etapa procesal -etapa de investigación-, tales medios de investigación no constituyen siquiera un dato respecto del que pueda afirmase la existencia de un hecho previsto por la ley como delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión, pues por disposición constitucional y legal, adquirirán ese carácter cuando sean desahogados en la audiencia del juicio oral. De ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se requiera un cúmulo probatorio amplio, en razón de que, como se dijo, el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 259. Generalidades . . Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". En ese contexto normativo, si bien, como se dijo, el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Ello no exime al juez de control de verificar que de lo verbalizado por el fiscal, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, particularmente el que le imputa al investigado. En el caso, esta juzgadora advierte que en la determinación reclamada, la autoridad responsable verificó el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales, para el dictado del auto de vinculación a proceso. PRIMER REQUISITO: QUE SE HAYA FORMULADO IMPUTACIÓN, EN DONDE SE ESTABLEZCA EL DELITO, ASÍ COMO EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS HECHOS QUE SE ATRIBUYEN AL IMPUTADO. En la resolución impugnada se dijo que dicho requisito quedó satisfecho, lo cual se corrobora con lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, en donde consta que la fiscalía formuló imputación en la que hizo saber al ahora quejoso el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que probablemente tuvo en el mismo, así como el nombre de quienes deponen en su contra (ocho horas con treinta y cuatro minutos y siguientes de la videograbación relativa). Pues, de lo verbalizado por el Ministerio Público, se obtiene que le hizo saber que en su contra se abrió la carpeta de investigación con terminación 2604/2021, por los hechos ocurridos "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas, en la sala de su domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, de su propiedad, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. Asimismo, el fiscal comunicó al imputado que "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. Al respecto, la representación social le dijo al referido imputado que los anteriores hechos atentan el libre desarrollo de la personalidad de la víctima, y encuadran en la descripción típica del artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, relativo al delito de pederastia; la forma de intervención que se le atribuye es como autor directo; la conducta es considerada dolosa; de consumación instantánea. De igual forma, le hiso saber que deponen en su contra el menor en cuestión y Teresa Vidal Jiménez. Sobre el particular, la defensa solicitó al fiscal le aclarara sobre los días de la semana en que ocurrieron los eventos. La fiscalía refirió que atendiendo a la edad del menor, éste sólo recordaba el mes y año. Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. SEGUNDO REQUISITO: QUE SE HAYA OTORGADO AL IMPUTADO LA OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. En la resolución reclamada se dijo que se dio al imputado la oportunidad de declarar y que, previa consulta con su abogado, decidió no hacerlo, lo cual se corrobora en la videograbación de la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós. Sobre el particular, cabe establecer que el imputado y la defensa no realizaron manifestación alguna; tampoco existe cuestionamiento al respecto en los conceptos de violación, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. TERCER REQUISITO: QUE DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EXPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE DESPRENDAN DATOS DE PRUEBA QUE ESTABLEZCAN QUE SE HA COMETIDO UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y QUE EXISTA LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. Al respecto, de la videograbación de la audiencia de tres de julio de dos mil veintidós (ocho horas con treinta y nueve minutos y siguientes), se advierte que en la resolución reclamada la jueza de control se apoyó en los antecedentes de investigación y datos de prueba referidos por la fiscalía, a saber: Denuncia de Teresa Vidal Jiménez, representante del menor, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, de acuerdo con la cual tuvo conocimiento de los hechos en el mes de abril de dos mil veintiuno, porque una amiga le comentó que el imputado había violado a su hijo, lo que dijo le corroboró éste. Acta de nacimiento del menor, folio 3106, de la que se destacó como fecha de nacimiento el dos de octubre de dos mil siete. Con base en ella el fiscal puntualizó que en la época de los hechos la víctima era menor de catorce años. Entrevista del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., de quince de octubre de dos mil veintiuno, quien, de acuerdo a lo verbalizado, narra los hechos de manera coincidente a lo expuesto por el fiscal en la formulación de imputación Dictamen proctológico rendido mediante oficio 2464/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, realizado por el médico legista, del que se destacó que no encontró lesiones en los glúteos y el surco, pero sí borramiento en los pliegues anales a las 6 y a las 7 según las manecillas del reloj, apreciando el tono del esfínter anal anormal, que son lesiones antiguas y son producidas por penetración con objeto romo. Dictamen de valoración psicológica emitido mediante oficio 2502/2021, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se dijo el menor no presentaba afectación por los hechos, pero tiene sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona. Informe de investigación rendido mediante oficio 1009/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, sobre inspecciones oculares realizadas en el domicilio del investigado y en el referido auto hotel, anexando croquis ilustrativo de ambos lugares, con fijaciones fotográficas, con los que se aduce se establecen los lugares donde el menor dijo ocurrieron los hechos. Antecedentes de investigación que, efectivamente, fueron referidos por el Ministerio Público, según lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, mismos que aportan los datos de prueba retomados por la autoridad responsable y que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., representado por Teresa Vidal Jiménez. Al respecto, la jueza de control estableció lo siguiente: ". La versión de la víctima de iniciales DFV, quien señaló que al ser entrevistado por la fiscalía el quince de octubre de dos mil veintiuno, señaló que vive en el fraccionamiento Hacienda Los Morales, de Cárdenas Tabasco, que en febrero del dos mil veintiuno, sin recordar la fecha exacta, iba con su hermano y se encontró a don Rubén Darío García Marín, quien tiene una tienda de abarrotes ahí en el mismo fraccionamiento y que le dio el raid a él y a su hermanito, y que le preguntaron que si cuando iba a Agua Dulce y este le dice que al día siguiente y que él le pregunta que si lo acompañaban y que le dice que al día siguiente, cuando va al día siguiente le dice que ya iba de salida por lo que va a preguntarle, a pedir permiso con sus papás, y acude con él hasta Agua Dulce, que uno de los amigos de Rubén Darío García Marín le pregunta que si ya sabía que le gustaba a este, que un viernes del mes de marzo del dos mil veintiuno, cuando estaba en su casa fue a la tienda del señor Rubén Darío García y que éste le dice que tenía ganas que esta persona le dice que se saca el pene para que le efectúa el sexo oral y le dice que incluso hasta ahí porque iba a llegar su esposa, que le daba el dinero, sin embargo, le dice que se lo guardara y que le buscara más menores, por lo que le comenta a un vecino y así se empieza a correr el rumor. Que un sábado del mes de junio del dos mil veintiuno, por la mañana, su mamá lo manda nuevamente a la tienda a comprar y sin decir nada, y esta persona le dice que vayan a la Bimbo y ya de regreso de la Bimbo le dice que le va a dar 150 pesos a cambio de tener relaciones con él, que lo lleva el hotel La Luz, que le dice que se vaya a bañar y cuando sale ya esta persona estaba desnudo en la cama que lo acaricia en diversas partes del cuerpo le dice que se voltee y le introduce el pene por donde hace popo y que sintió mojado, que esta persona sacó su pene de dicha cavidad y le da diversa cantidad de dinero. Esta narrativa debe apreciarse al tenor de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de manera libre y lógica; y de estas narrativas se advierten los detalles que DFV mencionó en cuanto a la forma en que le fue introducido el miembro viril por su cavidad bucal y anal, en dos diversas temporalidades, es decir, en el mes de marzo del dos mil veintiuno y un sábado del mes de junio de ese mismo año. Al respecto, cabe mencionar que, como bien señaló el asesor jurídico en su intervención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido a la valoración que el juzgador debe hacer tratándose de niños, niñas y adolescentes, cuando se recepción sus declaraciones y en este sentido debe atenderse al nivel cognitivo que los menores tienen para poder expresar las circunstancias de las que fueron objeto. Incluso la Corte interamericana de Derechos Humanos al referirse al caso Rosenda Cantú contra México estableció que por las circunstancias que vivió la menor es evidente que la llevaron a que no pudiera precisar circunstancias específicas de tiempo en que ocurrió el suceso, sobre todo porque los eventos de naturaleza sexual en los menores tienden a hacer de tal naturaleza traumáticos o impactantes, que los menores prefieren huir o tratar de una forma de escape de esta circunstancia y, en consecuencia, el tiempo o la temporalidad es una de las circunstancias más difíciles de que puedan recordar. En el caso que nos ocupa, también tiene razón la defensa en cuanto hace ver que debemos atender al nivel cognitivo en el que se encuentra la víctima de iniciales DFV, quien señaló que tiene estudios por lo menos de nivel secundario, pues expresó que se encontraba cursando dicho nivel y que por lo tanto, como atendiendo a las reglas de la lógica y a la valoración libre, pues en estos niveles es evidente que una persona pueda identificar los días de la semana, los meses de la semana, los incluso los años. Por lo que esto me permite concluir que el menor DFV se encuentra en un nivel cognitivo que le permite identificar los días, los meses, incluso el año en el que tal vez pudo ser objeto de este hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, tratándose de este menor lo que hay que considerar es que, atendiendo a las manifestaciones que expresó, puede ubicarse en tiempo, hizo ver que en el mes de febrero, mes de marzo, mes de junio, que del año dos mil veintiuno, hace ver estas circunstancias y no sólo hace ver las circunstancias de meses y año, incluso refiere que fue viernes, que fue sábado, los satura de otros detalles accesorios que a mí me permiten concluir que en DFV existe un nivel cognitivo que le permite identificar todas estas circunstancias. Pero a esto debemos sumar otro aspecto importante que, aunado en esta audiencia el asesor jurídico, de los demás datos de prueba que más adelante examinaré, también se puede desprender que en DFV existe un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo hace pensar que está traicionando a la persona con quien él había tenido relaciones sexuales de naturaleza consentida, y que esta circunstancia entonces nos lleva a afirmar que atendiendo a su escasa edad y a este sentimiento de culpa, que no es más que deriva de los propios sentimientos que nacen de las emociones que nacen en los menores de edad o en los infantes, es esta la razón por la que esta juzgadora estima que no se encuentran determinadas con exactitud las fechas en la que ocurrieron estos hechos que DFV señala en su narrativa. Es decir, se entiende su nivel cognitivo y el mismo es de un nivel tal que sí se puede determinar, que sería, creo que apartado de las reglas de la lógica, negar que pudiera ubicar estas circunstancias; pero también debemos atender tratándose de las víctimas de infantes, las circunstancias de especial vulnerabilidad en que estas se encuentran, y ¿por qué la especial vulnerabilidad?, los infantes tienen, y sobre todo aquellos que están en las etapas de adolescencia, como ocurre con las personas que se ubican en el rango de edad en el que se encuentra la víctima, pues estos adolescentes tienen una serie de emociones que los lleva a actuar en distintas circunstancias, es este el nivel en el que debemos ubicar y atender a la versión de DFV, sobre todo en aquel aspecto donde, con el sentimiento de culpa de ver descubierta la relación consentida con una persona, pues ha tratado, o es evidente que ha tratado de evitar en todo momento, que se vea inmiscuida en un proceso legal. De ahí que, bastan las circunstancias de tiempo en cuanto al mes y al año para señalar que se tiene hasta estos momentos datos de los que exige la fracción III del 316, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito pues se tienen las circunstancias del modo como fue que ocurrió, donde ocurrió y también la temporalidad. Y si bien, por razón de seguridad jurídica Rubén Darío García Marín, tiene derecho a conocer, para poder defenderse, de la temporalidad que se le atribuye el suceso, no menos cierto es que esta circunstancia se evidencia en cuanto que se ubica un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno y sábado del mes de junio de dos mil veintiuno, como las temporalidades, es decir, por la mañana, en que ocurrieron. Asimismo, esta versión de DFV encuentra el nivel de corroboración, de manera que permite establecer que constituye un indicio razonable, pues así lo apoya su madre Teresa Vidal Jiménez, quien señaló en su comparecencia ante el Fiscal del Ministerio Público que estando con DFV, una persona llega a su domicilio y lo interroga a cerca de si él había tenido relaciones sexuales con el señor Rubén Darío García Marín, que lo negó, pero es tal la insistencia de que el menor termina por aceptar que efectivamente había tenido relaciones sexuales aclarando que no fue a la fuerza sino que pues él no tenía dinero para pagar un teléfono celular y está persona le daba dinero. Por lo que, de esta versión tiene el dato en cuanto a la forma en que la denunciante Teresa Vidal Jiménez se entera de los hechos que nos ocupan y es por lo que acuden ante el Fiscal del Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente. De ahí que, en términos de lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adquiere un nivel de corroboración en cuanto a la forma en que se entera del suceso por ser madre del menor y, por lo tanto, acude ante las autoridades ministeriales a hacer del conocimiento. Tiene razón el defensor en cuanto a la apreciación de que esta denuncia fue interpuesta meses después de acontecido el suceso, es decir, hasta el mes de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, no debemos olvidar que el Código de Nacional de Procedimientos Penales no exige una temporalidad en la cual deba una víctima o representante de la víctima interponer sus denuncias o querellas; por tanto, bastará con que no haya transcurrido los plazos de prescripción, para que, una persona pueda acudir ante el Fiscal del Ministerio Público a hacer del conocimiento los hechos de posible naturaleza delictuosa. Y esta sola circunstancia pues hace inatendible la situación de vulnerabilidad que señaló el asesor jurídico, en aras de justificar por qué la señora Teresa Vidal Jiménez, no había comparecido ante el Fiscal del Ministerio Público a denunciar los hechos, y también el argumento en el sentido de que cualquier persona sabe que los servicios que se ofrecen en la fiscalía y en la asesoría jurídica son gratuitas. Pues, insisto, debemos atender a qué la legislación no nos exige un tiempo más allá de la prescripción, para que una persona pueda interponer su denuncia; por lo que, el hecho de haber comparecido meses después en nada demerita la apreciación de su testimonio. También es evidente que, al momento de los hechos, la victima de identidad reservada de iniciales DFV, era menor de edad, pues el Fiscal del Ministerio Público verbalizó que se tiene acta de nacimiento, en la que se aprecia que su fecha de nacimiento es el dos de octubre del dos mil siete, por lo que, al realizar la respectiva operación aritmética, se tiene que, para los meses de marzo de dos mil veintiuno y junio de dos mil veintiuno, que fueron los meses de los hechos materia de la imputación, era menor de catorce años, tal como lo exige el artículo 327 del Código Penal en vigor. Por lo que, al justipreciar este documento en términos de los ya precitados artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, generan convicción respecto a la minoría de edad de la víctima y sobre todo a que atendiendo a la especial calidad que exige el precitado artículo 327, era menor de catorce años. Ahora bien, a efectos de corroborar la versión de la víctima, en el sentido de qué fue ultrajada de naturaleza sexual, sobre todo en cuanto al ultraje en la cavidad anal, el Fiscal del Ministerio Público citó el dictamen proctológico realizado por el médico de la fiscalía Julián Castellanos, quien señaló que no le apreció en los glúteos lesiones, que sí encontró borramientos en los pliegues anales a las seis y a las siete horas atendiendo a las manecillas del reloj, que presentó lesiones antiguas por penetración por objeto romo. Para apreciar este dictamen es necesario justipreciarlo en términos de lo que establecen los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para apreciar este dictamen, por una razón de técnica jurídica, pues la apreciaré en contraste con los argumentos que sobre la credibilidad del mismo señaló el defensor, que los controvierte con apoyo en el dictamen realizado por el también médico Raúl Martínez. En ese sentido, se tienen dos opiniones técnicas, dos opiniones de especialistas, es decir, de médicos, que hicieron ver las circunstancias o el análisis al examen proctológico que se realizó a la victima de iniciales DFV. Se tiene que en el caso, como bien señaló el Fiscal del Ministerio Público, en el caso de Julián Castellanos, tuvo contacto directo con el objeto a investigar, es decir, fue él quien auscultó a la persona a la que se señala es DFV. En este sentido, se tiene que recabó el médico datos como que se trata de una persona de catorce años, que estaba acompañado por su madre de nombre Teresa Vidal Jiménez, que no se identificó con nada. Sobre este dato, el defensor especificó que pues no se tiene la certeza, de que era necesario que existiera una identificación, pues no se tiene la certeza de que se tratara de la victima de iniciales DFV, al no haberse constatado algún medio de identificación, y en ese sentido el Fiscal del Ministerio Público expone que, aunque no se identificó con nada en la misma fecha del dictamen, compareció ante la fiscalía y que horas más tarde acudió ante el médico y que, por lo tanto, se debe considerar que está identificada. Considero que el argumento del Fiscal del Ministerio Público es infundado, pues en este sentido la identificación de una persona no se puede tener por validada con el hecho de que a una hora acuda ante una autoridad, por ejemplo, a que ante esta autoridad se hayan identificado y que dos horas más tarde por acudir ante la fiscalía pues ya se tenga porque es la misma persona que compareció ante nosotros, esa circunstancia no se puede validar de esta manera. El Fiscal del Ministerio Público es un ente, es una autoridad que ante él pudo requerir la identificación de una persona, pero el especialista, el médico legista, es necesario también que se cerciore que la persona que acude ante él sea aquella que el Fiscal del Ministerio Público se ha referido. Sin embargo, no debemos perder de vista que la norma no exige algún elemento específico con los cuales pueda ser identificada una persona, con los cuales se tenga la certeza, sobre todo tratándose de menores de edad, pues a ellos no se les puede exigir que presenten o que sean portadores de algún documento, como por ejemplo, una identificación, una credencial de elector con fotografía, pues ésta se le expide sólo a las personas mayores de edad y este es un documento que usualmente ha sido empleado por las personas para identificarse, pero sí es necesario que el médico constate aquellos elementos que le permitan reconocer que esa persona es la misma que le indica o que le refiere el fiscal. En el caso concreto, pues de los datos expuestos por los aquí intervinientes, se advierte que el médico examinó a una persona masculina de catorce años de edad y que compareció acompañado de Teresa Vidal Jiménez, es decir, de quien se ha ostentado como progenitora de DFV, razones por las que, al bastarse indicios razonables, considero que se logra entender o considerar que la persona examinada por Julián Castellanos, es la misma que se refiere como víctima en el caso que nos ocupa, es decir, como DFV. Sin embargo, también es necesario apuntar que en el caso el médico oficial estableció que le encontró ciertos hallazgos como borramientos en los pliegues anales a las seis y a las siete, que incluso existió la posibilidad de incorporar el hisopo. Y sobre estas circunstancias el médico particular Raúl Martínez señaló que pues existieron diversas omisiones, en cuanto, a la metodología empleada por el médico de la fiscalía, que no se midieron los borramientos anales, que el solo paso del hisopo no puede ser indicativo de una agresión sexual, que no se midió tampoco el tiempo de contracción del, ano que estas omisiones hacen dudar de la objetividad del dictamen, además que tampoco se realizó un rastreo semiológico en el menor de edad, pues aunque había pasado diversa temporalidad, era obligación del especialista realizar estas circunstancias, por lo que, el también médico consideró que el dictamen de la fiscalía era incompleto y no permitía establecer que la víctima había sufrido agresión sexual por parte de Rubén Darío García Marín. En este sentido, como bien señaló el asesor jurídico, científicamente no se puede demostrar que una persona tuvo relaciones sexuales con otra pues, lo que los médicos dictaminan son las lesiones o los hallazgos que pueden encontrar y las posibles compatibilidades, tan es así que el médico de la fiscalía asentó que encontró borramientos en los pliegues anales, que tiene lesiones antiguas por posible penetración por objeto romo; pero el médico no establece que sea a través de que este objeto romo sea necesariamente miembro viril, sino que, son las circunstancias o es el enlace de los datos de prueba lo que nos lleva a obtener que el dictamen proctológico corrobora la versión de la víctima de iniciales DFV, quien señala que por la vía anal le fue introducido el miembro viril, mismo que tiene estas características o que tiene la semejanzas del objeto romo que señala el médico Julián Castellanos. Por lo que, se corrobora de esta manera la versión de la víctima en el sentido que fue ayuntada por la vía anal pues, incluso al ser examinado le encontraron indicios o vestigios de la penetración por esta vía, y si bien no se advierte, o no fue verbalizado así y tampoco debatido por el fiscal, en el sentido de que, faltó o que el médico fue omiso en cuanto a medir los borramientos, a medir el tiempo de contracción del ano, en cuanto a determinar si el paso del hisopo es o no un indicador de algún tipo de penetración, pues esta circunstancia estimo que no deben ser materia, en el caso que nos ocupa, de estudio, pues, tratándose del auto de vinculación a proceso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos criterios que no se requieren datos contundentes, tal y como lo afirma en la tesis con registro digital 2021088, con el rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIEREN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. De esta manera, en esta tesis explica que, atendiendo al estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues no se necesita contundencia sobre los datos de prueba; por el contrario, las contradicciones que pudieran existir entre los datos ofertados por la defensa y el fiscal del ministerio público han de ser materia de ser dilucidadas en otra etapa del proceso. Por lo que, hay que atender al nivel de corroboración en el sentido de que el médico legista determinó que existe una lesión, el defensor en este sentido no contravino la existencia de esa lesión que es antigua y que en este caso debemos considerar que el menor dijo que alguien por la vía anal lo copuló. Por lo tanto, existe este nivel de corroboración de indicio razonable que exige la norma procesal. En cuanto a la bibliografía que fue citada por el médico particular, pues esta circunstancia en nada trasciende como ya mencioné, respecto a la valoración que ya se ha efectuado del dictamen proctológico. En cuanto al dictamen psicológico realizado por la experta adscrita a la fiscalía, debemos considerar que, pues esta señaló que el menor le narró los hechos que sufrió y destaca en este caso el defensor que le hace ver los mismos hechos de junio del dos mil veintiuno, a como si hubieran acontecido en abril de ese año, por lo que no se tiene la certeza de que sea de la fecha o de la temporalidad en que estos ocurrieron; además, dice que existe contradicción pues ante ella dijo que iba en tercero de secundaria y en su entrevista manifestó que cursaba el segundo año; en la opinión clínica se señaló que existen deficiencias en el dictamen psicológico de la Fiscal del Ministerio Público y que los indicadores de estrés y de ansiedad pues no son necesariamente o no derivan necesariamente de una agresión sexual. En este sentido, conviene señalar que, si bien, ante la experta en psicología pues se recaba una entrevista por parte de la especialista, no menos cierto es que, pues la autoridad facultada para recepcionar las entrevistas de las personas pues están descritas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la investigación, los policías, los fiscales, incluso la propia defensa, no así los psicólogos, quienes realizan esta técnica como apoyo a las operaciones que ellos realizan, pero no es propiamente una entrevista con el carácter de realizado ante una autoridad. Asimismo, debe destacarse que en el dictamen psicológico realizado por la experta adscrita a la Fiscalía del Estado, no se determinó afectación en el menor de edad, por lo que, este dato de prueba no es, no apuntala a la acreditación del hecho que la ley señala como delito; en este sentido, y en aras de beneficiar su teoría del caso, la defensa manifiesta que pues al ser delitos que protegen el desarrollo psicosexual de los menores de edad, pues debe tomarse en consideración entonces, o debe ser benéfico, que no tenga o que no se haya diagnosticado hasta estos momentos una afectación de dicha índole en el menor de iniciales DFV. Al respecto, es necesario señalar que el Título Décimo Cuarto del Código Penal en vigor, se refiere al bien jurídico tutelado, y no debemos olvidar que el artículo 1 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, establece pues los principios que rigen el Código Penal, en la ley penal del Estado, en los que se establece que, pues sólo serán sancionados los actos u omisiones que afecten bienes jurídicos; en el caso el Título Décimo Cuarto establece como bien jurídico protegido en el hecho que la ley señala como delito de pederastia el libre desarrollo de la personalidad, circunstancia que es distinta al desarrollo psicosexual al que se ha referido el defensor, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con una integralidad de los menores de edad, es decir, es un todo que comprende aspectos psicosexuales, pero también aspectos sociales y de cualquier otro índole que nos impliquen o que respondan a la pregunta: ¿qué quiero ser?, ¿qué busco ser?, se refiere más que nada, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, como se ve afectado con motivo de un hecho de naturaleza sexual, como ha cambiado su perspectiva de la vida, de lo que son y de lo que buscan o querrán ser; es esta la circunstancia que el legislador ha considerado que se trasgrede con hechos como los que hoy nos ocupan. Por lo tanto, el que se encuentre afectado o no en la índole psicosexual, no es una circunstancia que sea exigible al análisis del hecho que la ley señala como el delito que nos ocupa. En lo que considero que no le asiste la razón al Fiscal del Ministerio Público, es en cuanto pretende hacer ver, que pues al tratarse de la experta en psicología que él citó, de una facultativa adscrita a la fiscalía, pues pueda tener mayor valía que la opinión recabada por la defensa, pues como bien señaló el asesor jurídico con apoyo de los criterios de la Suprema Corte de justicia de la Nación, tratándose de los peritos no es la adscripción a una u otra dependencia, no es que sean particulares u oficiales, lo que les otorga la credibilidad, sino la serie de datos, la luz que puedan aportar al juzgador, lo que va a permitir que se le dé un grado o no de credibilidad sobre uno u otro dictamen. En este caso, también señala el Fiscal del Ministerio Público que la perita ofertada por el defensor, pues es una especialista en terapia familiar, por esa circunstancia no cree que en un solo día que realizó el dictamen, pues se haya podido imponer de toda la literatura que citó y que en consecuencia pues adquiriera el conocimiento necesario para omitir la opinión técnica que señalo. Como ya adelanté, esta postura de la fiscalía la considero infundada, pues tampoco especificó que la especialista que él cito como psicóloga, tenga un estudio más allá en cuanto a terapia infantil o en cuanto a una especialización para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la especialista en terapia familiar, pues atiende a todos los integrantes de la familia, y uno de los integrantes de mayor importancia o relevancia, por su especial circunstancia, pues son los niños, los infantes. De ahí que, por el hecho de ser especialista en terapia infantil, considero que es insuficiente para pretender restarle credibilidad a su dictamen; por el contrario, es la circunstancia de que, pues en el caso que nos ocupa, es intrascendente la falta de afectación psicosexual en el menor de edad, el que considero que ni el dictamen de la experta oficial ni de la experta particular pueden trascender al estudio del caso que nos ocupa. En cuanto al informe de la policía de investigación, en el cual se determinó la existencia del lugar de los hechos, es decir, del motel Hacienda Los Morales, así como de la tienda de abarrotes ubicada en la calle Temixco sin razón social, ambas en Cárdenas, Tabasco; en el cual se asentó que el menor señala donde el primero como un lugar donde ocurrieron los hechos y el segundo como el lugar donde fue ultrajado por la vía bucal. Señala el defensor que a este informe de investigación pues no debe dársele credibilidad, en virtud de que pues las personas deberán firmar los actos de investigación; en este sentido, señala el Fiscal del Ministerio Público que es el menor de edad quien identificó el lugar de los hechos, pues el policía no sabe dónde ocurrieron, sino que es el menor y sus familiares quienes saben dónde acontecieron. En ese sentido, es necesario mencionar que el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al referirse a los actos de investigación, hace ver que los que realicen tanto el fiscal como la policía, pues deben constar en registros a efectos de garantizar que esta información sea completa, integra y exacta, y así mismo el acceso de las partes que tengan derecho a obtener cada acto de investigación, señala el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido; si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital; en caso de que esto no sea posible, la persona se niegue a imprimir su huella digital, se hará constar l motivo. Bajo estas circunstancias, entonces tenemos que el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las formalidades que habrán de cumplir los actos de investigación realizados por la policía o por el Fiscal del Ministerio Público; si esta inspección en el lugar de los hechos fue realizada por el policía, debió cumplir con la obligación de asentar que personas se encontraban en el lugar, y no solo eso, si el Fiscal del Ministerio Público señaló que en ese informe se asienta que la persona que identificó el lugar que señaló el lugar, es el menor de edad que estuvo asistido por una psicóloga victimal y con su representante, pues entonces, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 217, pues deberá ser firmado por quienes hayan intervenido. Entonces, toda persona que interviene en una actuación, no importa si es realizada por el policía, debe firmarla, según lo que establece el artículo 217. Pero no podemos subrayar que esta es una formalidad, que el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece la manera en que habrán de sanearse las formalidades; sin embargo, sin que está juzgadora en atención al principio de mayor beneficio, sin adentrarme respecto al estudio de esta formalidad, pues considera también que existen argumentos del propio Fiscal del Ministerio Público, circunstancias para las cuales está juzgadora estima que, pues demerita el valor jurídico hasta estos momentos en esta inspección, pues debemos considerar y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nadie puede generar prueba por sí mismo y en el caso no se advierten entonces porque lo reconoce el Fiscal del Ministerio Público, al policía no le consta el lugar donde ocurrieron los hechos, pero si iba a realizar una investigación del lugar y por lo tanto, una inspección, pues entonces, con sus facultades como auxiliar del Ministerio Público, pues debió cerciorarse, constatar que el sitio donde se encontraba era el mismo al que lo había referido en la orden o en el oficio o en la circunstancia donde el fiscal le hubiera encomendado realizar esta investigación. Sin embargo, pues el fiscal mismo reconoce que al policía no le consta esta circunstancia, que inspecciona un lugar por el señalamiento de una persona; pero la investigación, debemos recordar y así lo ha reconocido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa contra México, obliga sobre todo a las fiscalías a realizar una investigación seria y eficaz, es decir, que a través de los elementos actuantes en la etapa de investigación pues se llegue a la convicción de los actos que están realizando. En ese sentido, si el Fiscal del Ministerio Público expone que al policía no le consta que este sea realmente el lugar de los hechos, pues entonces se puede apreciar que no existe, porque no lo verbalizó una constatación de que en efecto se tratara de los sitios antes mencionados, porque esta conclusión proviniera de algo más que de una simple referencia de un interviniente del proceso, es decir, que proviniera de una investigación de un acto serio y eficaz. Bajo esas condiciones, entonces considero que se encuentra actualizado el hecho que la ley señala como el delito de pederastia que establece el artículo 327 del Código Penal en vigor. En cuanto a la probabilidad de que Rubén Dario García Marín sea la persona que lo cometió, también se encuentra actualizada, pues en su contra existe el señalamiento directo que efectúa DFV, quien señala que la persona que lo copuló un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno, por la vía oral, fue precisamente quien identifica como el señor Rubén que, tiene una tienda de abarrotes en el mismo fraccionamiento donde él habita, es decir, Rubén Darío García Marín, además de señalar que esta persona, un sábado de junio de dos mil veintiuno, también en el motel La Luz, de Cárdenas, Tabasco, le introdujo el miembro viril por la vía anal. Sin que exista lugar a dudas sobre la identificación de esta persona, pues incluso la denunciante Teresa Vidal Jiménez, a pesar de no haber presenciado el hecho que nos ocupa, pudo identificar que la persona a la que su hijo se refiere como el señor Rubén, es Rubén Darío García Marín, a quien reconoce como lugareño, es decir, como vecino del mismo fraccionamiento donde habita el menor de edad, por estas circunstancias es evidente que puede reconocerlo e indicar a la persona que cometió el hecho que nos ocupa. Máxime que, también se advierte que la victima de iniciales DFV, ante el médico señaló que tuvo relaciones sexuales con un amigo; como bien señaló el defensor, estas circunstancias pues no es más que la indeterminación de la precisión en cuanto a la persona con la que tuvo estas relaciones sexuales; sin embargo, en su narrativa señala o identifica que la persona con la que tuvo relaciones sexuales es Rubén Darío García Marín, sin que se pueda especificar entonces, por lo que no puede obviarse que al omitir su nombre ante el médico, pues esta circunstancia no beneficia al señor Rubén; por el contrario, como bien señaló el asesor derivado, de los sentimientos de culpa y la forma en que debido a su escasa edad ve a la persona con la que tuvo relaciones sexuales, pues bien puede referirse incluso al señor Rubén Darío Gracia Marín, por lo que, al exigirse sólo la probabilidad de comisión, no la contundencia, pues hasta estos momentos los datos que apuntalan su participación en el hecho que la ley señala como delito son suficientes para considerar acreditada la probabilidad que exige la fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, considero entonces que en el cuerpo de esta resolución han quedado atendidas las manifestaciones del defensor particular. Por estas razones es evidente que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, en virtud de que no fue invocada por las partes, además de no advertirse tampoco del estudio de los datos de prueba verbalizados por los intervinientes.". Determinación que se considera jurídicamente correcta, pues se advierte que el análisis de los datos de prueba no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten establecer que probablemente el imputado, ahora quejoso, lo cometió o participó en su ejecución. Hechos que efectivamente están tipificados por la ley como delito de pederastia, como se puede corroborar de la aludida disposición normativa: "Artículo 327. Comete el delito de pederastia, quién con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de catorce años. Este delito se castigará con pena de quince a veinte años de prisión y de mil a tres mil días multa.". Disposición normativa que describe el hecho que se considera delito, consistente en la introducción por la vía vaginal, anal u oral, del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto, en el cuerpo de una persona menor de catorce años, con consentimiento de éste o sin él. Hipótesis que se surte en términos de lo expuesto por la representación social al formular imputación al ahora quejoso, a quien le hizo saber que, "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas, en la sala de su domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, de su propiedad, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. Asimismo, el fiscal comunicó al imputado que "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. Lo que su vez tomó en cuenta la jueza de control al dictar el auto de vinculación reclamado, quien valoró correctamente los datos de prueba obtenidos de la entrevista del menor agraviado, acerca de que probablemente el ahora quejoso haya realizado la conducta delictiva que se le imputa, a quien reconoce como su vecino y dueño de una tienda en el mismo fraccionamiento donde vive la víctima. Lo que correctamente estimó corroborado con los datos de prueba aportados por la fiscalía, deducidos de la denuncia de la madre del menor, quien refirió la identidad y vecindad del inculpado; del dictamen proctológico, en el que se hace constar borramientos en los pliegues anales del menor y que presentó lesiones antiguas por penetración por objeto romo; la valoración psicológica practicadas al mismo, en el que se dijo que no presentaba afectación por los hechos, pero tiene sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona, lo cual explicó la juzgadora; así como su acta de nacimiento (de la que se destacó que en la época de los hechos era menor de catorce años). Por lo que, contrario a lo referido por el quejoso, la declaración del menor no es lo único que motivó a la jueza de control para establecer los hechos que se le imputan. Además, atendió a la naturaleza del delito en cuestión y a las características del desarrollo cognitivo y emocional del menor agraviado, destacando lo establecido en la valoración psicológica, en cuanto a los sentimientos de culpa, así como irritabilidad porque se le descubrió y siente que está traicionando a la persona, lo cual explicó la juzgadora. En relación a ello y a lo debatido por las partes, la jueza estableció correctamente que: ".. Al respecto, es necesario señalar que el Título Décimo Cuarto del Código Penal en vigor, se refiere al bien jurídico tutelado, y no debemos olvidar que el artículo 1 Bis del Código Penal del Estado de Tabasco, establece pues los principios que rigen el Código Penal, en la ley penal del Estado, en los que se establece que, pues sólo serán sancionados los actos u omisiones que afecten bienes jurídicos; en el caso el Título Décimo Cuarto establece como bien jurídico protegido en el hecho que la ley señala como delito de pederastia el libre desarrollo de la personalidad, circunstancia que es distinta al desarrollo psicosexual al que se ha referido el defensor, pues el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con una integralidad de los menores de edad, es decir, es un todo que comprende aspectos psicosexuales, pero también aspectos sociales y de cualquier otro índole que nos impliquen o que respondan a la pregunta: ¿qué quiero ser?, ¿qué busco ser?, se refiere más que nada, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, como se ve afectado con motivo de un hecho de naturaleza sexual, como ha cambiado su perspectiva de la vida, de lo que son y de lo que buscan o querrán ser; es esta la circunstancia que el legislador ha considerado que se trasgrede con hechos como los que hoy nos ocupan. Por lo tanto, el que se encuentre afectado o no en la índole psicosexual, no es una circunstancia que sea exigible al análisis del hecho que la ley señala como el delito que nos ocupa. En lo que considero que no le asiste la razón al Fiscal del Ministerio Público, es en cuanto pretende hacer ver, que pues al tratarse de la experta en psicología que él citó, de una facultativa adscrita a la fiscalía, pues pueda tener mayor valía que la opinión recabada por la defensa, pues como bien señaló el asesor jurídico con apoyo de los criterios de la Suprema Corte de justicia de la Nación, tratándose de los peritos no es la adscripción a una u otra dependencia, no es que sean particulares u oficiales, lo que les otorga la credibilidad, sino la serie de datos, la luz que puedan aportar al juzgador, lo que va a permitir que se le dé un grado o no de credibilidad sobre uno u otro dictamen. En este caso, también señala el Fiscal del Ministerio Público que la perita ofertada por el defensor, pues es una especialista en terapia familiar, por esa circunstancia no cree que en un solo día que realizó el dictamen, pues se haya podido imponer de toda la literatura que citó y que en consecuencia pues adquiriera el conocimiento necesario para omitir la opinión técnica que señalo. Como ya adelanté, esta postura de la fiscalía la considero infundada, pues tampoco especificó que la especialista que él cito como psicóloga, tenga un estudio más allá en cuanto a terapia infantil o en cuanto a una especialización para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la especialista en terapia familiar, pues atiende a todos los integrantes de la familia, y uno de los integrantes de mayor importancia o relevancia, por su especial circunstancia, pues son los niños, los infantes. De ahí que, por el hecho de ser especialista en terapia infantil, considero que es insuficiente para pretender restarle credibilidad a su dictamen; por el contrario, es la circunstancia de que, pues en el caso que nos ocupa, es intrascendente la falta de afectación psicosexual en el menor de edad, el que considero que ni el dictamen de la experta oficial ni de la experta particular pueden trascender al estudio del caso que nos ocupa.". Lo que es acorde con el interés superior de los niños y niñas del país, constitucionalmente protegido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Al respecto, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, página 267, con número de registro 2010615, del siguiente rubro y texto: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias". Por ende, es infundado el motivo de inconformidad en el que el impetrante aduce que, acorde con el nivel cognitivo de la victima de identidad reservada al que aludió la juzgadora, estaba en condiciones de recordar con cierta precisión la hora, el día y la fecha de los eventos que refirió, pues ocurrieron con su consentimiento. Ya que la voluntad del menor no puede ser un referente de su nivel de conciencia y responsabilidad, es por ello que el legislador estableció que dicho evento delictivo se configura con independencia de que exista el consentimiento de la víctima. En cambio, correctamente la juzgadora sostuvo que: ". Pero a esto debemos sumar otro aspecto importante que, aunado en esta audiencia el asesor jurídico, de los demás datos de prueba que más adelante examinaré, también se puede desprender que en DFV existe un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo hace pensar que está traicionando a la persona con quien él había tenido relaciones sexuales de naturaleza consentida, y que esta circunstancia entonces nos lleva a afirmar que atendiendo a su escasa edad y a este sentimiento de culpa, que no es más que deriva de los propios sentimientos que nacen de las emociones que nacen en los menores de edad o en los infantes, es esta la razón por la que esta juzgadora estima que no se encuentran determinadas con exactitud las fechas en la que ocurrieron estos hechos que DFV señala en su narrativa. Es decir, se entiende su nivel cognitivo y el mismo es de un nivel tal que sí se puede determinar, que sería, creo que apartado de las reglas de la lógica, negar que pudiera ubicar estas circunstancias; pero también debemos atender tratándose de las víctimas de infantes, las circunstancias de especial vulnerabilidad en que estas se encuentran, y ¿por qué la especial vulnerabilidad?, los infantes tienen, y sobre todo aquellos que están en las etapas de adolescencia, como ocurre con las personas que se ubican en el rango de edad en el que se encuentra la víctima, pues estos adolescentes tienen una serie de emociones que los lleva a actuar en distintas circunstancias, es este el nivel en el que debemos ubicar y atender a la versión de DFV, sobre todo en aquel aspecto donde, con el sentimiento de culpa de ver descubierta la relación consentida con una persona, pues ha tratado, o es evidente que ha tratado de evitar en todo momento, que se vea inmiscuida en un proceso legal. De ahí que, bastan las circunstancias de tiempo en cuanto al mes y al año para señalar que se tiene hasta estos momentos datos de los que exige la fracción III del 316, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito pues se tienen las circunstancias del modo como fue que ocurrió, donde ocurrió y también la temporalidad. Y si bien, por razón de seguridad jurídica Rubén Darío García Marín, tiene derecho a conocer, para poder defenderse, de la temporalidad que se le atribuye el suceso, no menos cierto es que esta circunstancia se evidencia en cuanto que se ubica un viernes del mes de marzo de dos mil veintiuno y sábado del mes de junio de dos mil veintiuno, como las temporalidades, es decir, por la mañana, en que ocurrieron.". De ahí que se considere infundado el concepto de violación relacionado con el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se atribuyen al imputado. Porque, conforme a lo expuesto en la audiencia inicial, además de describirse los hechos que se le imputan: En el primer evento, con consentimiento del menor de identidad reservada, de iniciales D.F.V., le introdujo su miembro viril en la cavidad bucal, a quien le ofreció dinero a cambio de que le realizara sexo oral. En el segundo evento, con consentimiento del menor le introdujo el miembro viril en la cavidad anal. Asimismo, se estableció el lugar en que sucedieron los aludidos hechos: El primer evento, en la sala del domicilio ubicado en la calle Temixco, del fraccionamiento "Hacienda Los Morales", de Cárdenas, Tabasco, como referencia en una tienda sin nombre, propiedad del imputado. El segundo evento, en una habitación del auto hotel denominado "La Luz", ubicado sobre la carretera Cárdenas a Comalcalco, en la colonia "De los Santos", de Cárdenas, Tabasco. De igual forma, se estableció la época de los mismos: El primer evento, "un día del mes de marzo del dos mil veintiuno", aproximadamente a las dieciocho horas. El segundo evento, "un sábado del mes de junio de dos mil veintiuno", aproximadamente las diez horas de la mañana. Si bien, respecto de lo último se hace referencia que no se precisó qué días ocurrieron, son correctas las consideraciones que al respecto hizo la jueza de control. Por tanto, los datos de prueba expresados permiten que el imputado conozca los hechos que se le atribuyen, la época, el modo y el lugar en que probablemente ocurrieron, así como la conducta desplegada. Lo que le provee la oportunidad de defenderse adecuadamente en el proceso y ofrecer los datos o, en su caso, medios de prueba que considere idóneos. De igual forma, se consideran infundados los argumentos del quejoso, en cuanto a la identificación del menor en el examen proctológico, el contenido de éste y la valoración de la opinión técnica en que se basó la defensa para desvirtuar lo determinado por el perito oficial. Ello atento a las consideraciones que al respecto expuso la jueza de control, particularmente porque, como lo dijo, las contradicciones que pudieran existir entre los datos ofertados por la defensa y el Fiscal del Ministerio Público han de ser dilucidadas en otra etapa del proceso. Lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dichos dictámenes u opiniones podrán ser ingresados al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogados bajo los principios de inmediación y contradicción, para que sirvan al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Pues, en la audiencia inicial que se analiza no fueron ofrecidos como tal, aun cuando el aludido ordenamiento jurídico prevé su incorporación en esa fase de manera excepcional. Por tanto, los datos de prueba referidos por la defensa se relacionan con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, resulta infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso refiere que al no concedérsele valor probatorio a la inspección que realizó la policía de investigación, tampoco quedó establecido lo relativo al lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos. Ello, porque el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control los hechos y datos de prueba que obtuvo de los antecedentes de investigación, los cuales deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.130 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, página 2188, con número de registro 2021088, del siguiente rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido". Por tanto, deviene infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso aduce que la declaración de la víctima no está corroborada, ya que, como lo estableció la jueza de control, encuentra apoyo en la denuncia hecha por su progenitora, así como en los dictámenes relacionados con la valoración proctológica y psicológica, en los términos expuestos por la autoridad responsable, los cuales aportan datos con indicios razonables de que el menor en cuestión probablemente fue objeto de la agresión referida. Sin que transcienda en beneficio del imputado la circunstancia de que la víctima no haya precisado los días de los meses en que refirió ocurrieron los hechos, por las consideraciones aludidas por la juzgadora. Tampoco le asiste la razón al quejoso en cuanto refiere que es irrelevante el testimonio de Teresa Vidal Jiménez, porque no le constan los hechos, sólo lo conoce y sabe su nombre, pero no le consta que el suscrito los haya cometido. Ya que, como lo sostuvo la jueza de control: ". la denunciante Teresa Vidal Jiménez, a pesar de no haber presenciado el hecho que nos ocupa, pudo identificar que la persona a la que su hijo se refiere como el señor Rubén, es Rubén Darío García Marín, a quien reconoce como lugareño, es decir, como vecino del mismo fraccionamiento donde habita el menor de edad, por estas circunstancias es evidente que puede reconocerlo e indicar a la persona que cometió el hecho que nos ocupa.". Esto es, la juzgadora le otorga eficacia probatoria al dicho de la denunciante no porque haya presenciado los hechos, sino porque corrobora que el imputado es vecino de ellos en el mismo fraccionamiento en que ocurriera el primer evento y, por ende, lo identifica por su nombre. Lo cual constituye un indicio razonable en ese contexto, sin perder de vista que los hechos de que se trata son de realización oculta. Sobre el particular, sirven de apoyo, en lo conducente, las consideraciones que sustentan la tesis XXVII.3o.28 P (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, con número de registro 2013259, del siguiente rubro y texto: "DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación". Datos de prueba que, además, hacen suponer que el imputado cometió dichos hechos o participó en su comisión, en los términos aducidos por la jueza de control. Resultando infundado que la determinación de mérito carezca de una motivación apegada a lo justamente legal, ya que, contrario a lo que aduce el quejoso, las consideraciones expuestas por la jueza de control son congruentes a lo que se verbalizó en la audiencia de vinculación, tanto por la fiscalía como por su defensa. En ese tenor, como se dijo, los antecedentes de investigación referidos por el fiscal y retomados por la jueza de control aportan datos de prueba idóneos y pertinentes que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que el hecho que se le imputa al ahora quejoso, está señalado por la ley como delito de pederastia y que probablemente él lo cometió. Datos de prueba que se relacionan con el contenido de los antecedentes de investigación anteriormente establecidos. Pero no constituyen un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, por lo que no constituyen pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual, como ya se dijo, es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 259. Generalidades . . Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". "Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Con motivo de lo anterior, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que hay ausencia de datos razonables, pertinentes e idóneos, para sustentar el auto de vinculación a proceso. Sin que, al respecto, esta juzgadora advierta la violación de derechos humanos o fundamentales que deban reparase de manera oficiosa. CUARTO REQUISITO: QUE NO SE ACTUALICE UNA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O EXCLUYENTE DEL DELITO. Sobre el particular, la autoridad responsable estableció que no existen datos que acrediten la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o de una causa excluyente del delito. Lo que se corrobora con lo verbalizado en las audiencias de tres y siete de julio de dos mil veintidós. QUINTO REQUISITO: LA DETERMINACIÓN SE ENCUENTRE FUNDADA Y MOTIVADA. Por las anteriores consideraciones, esta juzgadora estima que la determinación reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, y satisface los requisitos previstos para su dictado en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, cabe destacar que la resolución impugnada establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, sin que con ello se presuponga la culpabilidad de éste, ni se produzca una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuye. Esto es, dicha determinación constituye la judicialización de la investigación que se le sigue al ahora quejoso, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten establecer la comisión de un hecho posiblemente delictuoso, así como su probable intervención, en los términos señalados anteriormente. De ahí que resulte innecesario que se acrediten de manera plena los hechos y la supuesta comisión de los mismos por parte del inculpado, ya que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Además, esta juzgadora considera que el análisis de los datos de prueba por parte de la jueza de control, no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que, como quedó asentado, proporcionan indicios razonables y suficientes para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten suponer que probablemente el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participaron en su ejecución. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, con número de registro 2014800, del siguiente rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En ese tenor, el valor probatorio otorgado a los datos de prueba verbalizados no es definitivo, pues la responsable únicamente pondera y determina si contienen indicios razonables y suficientes para llevar a juicio al imputado, en donde sí deberá demostrarse de manera fehaciente los hechos y que él los cometió. ANÁLISIS Y DECISIÓN RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR Previamente, es importante establecer que, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En ese tenor, la exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer a través del mismo. Tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. No obstante sus diferencias, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales que invoque al caso de que se trate. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia número 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 166, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Resulta importante distinguir entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación y motivación ocurre, respecto de la primera, cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero éste resulta inaplicable al caso; mientras que en relación a la segunda, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo establecido en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su segundo párrafo lo siguiente: "Artículo 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.". En consonancia con lo anterior, el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, instituye: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; Feminicidio, previsto en el artículo 325; Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII [.]". Ahora, como quedó establecido anteriormente, de acuerdo con lo verbalizado en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 327, del Código Penal del Estado de Tabasco. Asimismo, se obtiene que la fiscalía, con fundamento en los artículos 19 constitucional, 153, 154, 155 fracción XIV y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se impusiera al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa(nueve horas), sin aducir mayores argumentos. Al respecto, la defensa alegó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En consideración a lo peticionado por la representación social, la jueza de control determinó que el artículo 19 contempla diversas restricciones, entre ellas, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los que se encuentra el de pederastia, respecto del cual dijo la prisión preventiva debe ser de naturaleza oficiosa en términos del artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que impuso dicha medida por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda los dos años (nueve horas con un minuto y siguientes): Como se puede advertir, el legislador estableció que tratándose de delitos graves, entre los que se consideran el de pederastia y los que afecten el libre desarrollo de la personalidad, ameritan prisión preventiva oficiosa. Aunado a ello, puntualizo que el juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores. En el caso, quedó establecido que los hechos que se imputan al ahora quejoso, están señalados por la ley como delito de pederastia, lo que actualiza el supuesto de procedencia de la aludida medida cautelar. Al respecto, cabe puntualizar que, efectivamente, como lo aduce el quejoso, la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva, cuya aplicación es excepcional, lo cual es congruente con lo resuelto en los casos que cita. Esto es, existe consenso entre los ámbitos internacional y nacional sobre el particular, es por ello que el constituyente y el legislador federal han considerado la necesidad de contemplar la medida cautelar de la prisión preventiva en dos modalidades: una justificada y otra oficiosa. La prisión preventiva justificada arroja la carga al fiscal para que exponga las consideraciones por las que debe imponerse, así como los datos de prueba que fundada y razonablemente apoyen su petición. En cambio, a través de la prisión preventiva oficiosa, el legislador sustituye dicha carga demostrativa, al establecer los delitos que ameritan dicha medida, sin que el fiscal deba justificar la necesidad de la misma, porque ello ya fue materia de análisis en la exposición de motivos que motivó el catálogo relativo. Lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refiere a la proporcionalidad de la prisión preventiva, ya que no constituye una regla general, pues únicamente puede imponerse bajo las condiciones apuntadas. Lo cual es coincidente con lo establecido en el artículo 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues la privación de la libertad en los aludidos casos no puede considerarse arbitraria, pues para decretarla se requiere la intervención de una autoridad judicial. Tampoco trastoca el derecho de toda persona inculpada de delito a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Pues, como se dijo, se trata de una medida cautelar con efectos provisionales, en donde el imputado sigue siendo considerado inocente. Al respecto, cabe señalar que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal del país, la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado no presupone la culpabilidad del imputado, ni por virtud del mismo se produce una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuyen; únicamente constituye la judicialización de la investigación que se le sigue, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Por ende, esta juzgadora considera que en la determinación reclamada está salvaguardado el principio de presunción de inocencia. En lo tocante al principio pro persona que invoca el quejoso, cabe señalar que, aun cuando tutela el derecho de los gobernados a un recurso efectivo, ello no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas en los mismos deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, con número de registro 2004748, del siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". De ahí que se consideren infundados los motivos de inconformidad que respecto de dichos tópicos aduce el impetrante de amparo, resultando inaplicable en el sentido que lo propone la tesis que invoca. Asimismo, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso refiere que la juzgadora realiza una interpretación errona de la norma constitucional, al establecer que en ella existen restricciones a los derechos humanos y sobrepone en este sentido el artículo 19 constitucional, siendo que las restricciones a los derechos humanos están consideradas en otro diverso, pero no como tal el mencionado numeral. Ello, porque, en el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente instituyó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que en ella se establecen. Es por ello que correctamente la jueza de control consideró que el artículo 19 de la referida Ley Fundamental, prevé en el numeral 19 una restricción al ejercicio de los aludidos derechos, al disponer que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, así como los que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Con motivo de lo expuesto, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************, respecto de los actos reclamados y la autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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