RUBÉN DARIO CALLEJA LEYVA y Otros.
Expediente 479/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- RUBÉN DARIO CALLEJA LEYVA y Otros.
- Rubén Dario Calleja Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que declaró que no existe materia para la ejecución del fallo protector, por imposibilidad legal para ejecutarla; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.
- Incidental
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 479/2019, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a) y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente; en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción del original en términos del artículo 21, inciso a), del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se conoce que en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del fallo protector, pues el suscrito en el periodo comprendido del quince de enero al ocho de febrero del año en curso, se encontraba de licencia autorizada por el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que el Secretario encargado del despacho del Juzgado, facultado en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente practicó diligencias y providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, y se determinó que la declaratoria de cumplimiento o no que hubiere efectuado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, así como la declaratoria sin materia o imposibilidad para cumplir la misma, no quedaba comprendida en las precitadas facultades. En apoyo se invocó la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. [Registro digital: 2020764, Materias(s): Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo: IV, Tesis: I.5o.P. J/4 (10a.), página 3393]. En consecuencia, se procede a analizar las constancias que remitió la responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, por las que informó la imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. De entrada, cabe destacar que por ejecutoria de doce de agosto de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito -pronunciada al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada por este Juzgado-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: a) El Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dejara insubsistente el acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión de cinco de mayo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal "....... de su índice. b) Dictara una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, en la cual, atendiendo a las consideraciones del fallo protector, realizara la valoración total y pormenorizada de las pruebas de descargo ofrecidas por el imputado "...... en su escrito de declaración preparatoria de cinco de mayo de dos mil diecinueve, y determinara lo que en derecho correspondiera. c) Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Director del Reclusorio de Etla, Oaxaca, al no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Con motivo de ello, la Subdirectora de Servicios Técnicos encargada de dar contestación a los asuntos jurídicos del Centro Penitenciario de Etla, Oaxaca, por oficio "........ , de doce de noviembre de dos mil veinte, informó que en cuanto recibiera la resolución del juez responsable, realizaría la actualización jurídica del quejoso y anotaciones respectivas en el expediente administrativo que se lleva en ese lugar. Por otra parte, el juez responsable, mediante oficio "...... , de seis de enero de dos mil veintiuno, informó que no le era posible acatar el fallo protector, en virtud de que mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, agregó un escrito del fiador con el que le exhibió copia simple del atestado de defunción del quejoso "........ , y se encontraba pendiente que el Director del Archivo Central de la Dirección del Registro Civil, remitiera a esa autoridad copia certificada del referido atestado. Posteriormente, mediante oficio 47, de veinte de enero de dos mil veintiuno, informó que en auto de la misma fecha, agregó copia certificada del acta de defunción del procesado "....... , razón por la que en términos del artículo 99 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, declaró extinguida la acción penal a su favor, por el delito de peculado, cometido en perjuicio patrimonial del Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, denunciado por "....... ; en consecuencia, decretó el sobreseimiento de la causa penal ".............. de su índice; lo que justificó con la copia certificada del referido acuerdo. Los artículos 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 196. (.) Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Del contenido de dichos preceptos legales se aprecia que la ley prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico o material para el cumplimiento de una sentencia de amparo, que son: La imposibilidad material o jurídica, y La inexistencia de materia para su ejecución. Con relación a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia "...... , en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Precisó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Por otra parte, puntualizó que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos propios de la ejecutoria, lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. En cambio, señaló, en la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En el caso, como se expuso con anterioridad, se decretó el sobreseimiento en la causa penal de origen "....... , al haberse declarado extinguida la acción penal a favor del procesado "...... , por haber fallecido; de ahí que al haber dejado de existir la condición -auto de término constitucional- que motivó la concesión del amparo, se estima que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ya que no existe materia para la ejecución de la sentencia. Por lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara que no existe materia para la ejecución del fallo protector, por imposibilidad legal para ejecutarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 172140, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 479/2019, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a) y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente; en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción del original en términos del artículo 21, inciso a), del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
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