Ruben Daniel Terán Izquierdo

Expediente 1342/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1342/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Ruben Daniel Terán Izquierdo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en tales condiciones requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este recinto judicial a recoger dichas documentales; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, esta sede constitucional procederá a su depuración junto con el expediente principal Instrucción para la obtención de los documentos exhibidos. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA RUBÉN DANIEL TERAN IZQUIERDO, el auto y/o resolución de VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en tales condiciones requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este recinto judicial a recoger dichas documentales; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, esta sede constitucional procederá a su depuración junto con el expediente principal Instrucción para la obtención de los documentos exhibidos. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ++++++, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1342/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata. En ese sentido, de la lectura de dicha demanda se advierte que la peticionaria de amparo promueve juicio en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos. Oficial Mayor del Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos. Director General de Recursos Humanos y como Apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos. Precisión de los actos reclamados Omisión de dar trámite a la pensión por cesantía en edad avanzada solicitada el cuatro de marzo del año en curso. Improcedencia Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Ahora, de los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por lineamiento jurisprudencial (P. XXVII/97) autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. El criterio jurisprudencial de la Segunda Sala (registro 161133) precisa la nota distintiva del acto de autoridad, a saber: a) Supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tales aspectos quedaron plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, registro 161133, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En los términos de la jurisprudencia señalada, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, conviene señalar que existen diversas maneras en que la sociedad interactúa, con sus integrantes y con aquellos que representan al Estado. En ese sentido, existen relaciones de supra a subordinación coordinación y supraordinación. 1. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. 2. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. 3. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Con base en lo expuesto, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese sentido, este juzgador estima que la omisión de dar trámite a la pensión por cesantía en edad avanzada solicitada el cuatro de marzo del año en curso, en favor del quejoso, no puede considerarse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, porque en el caso, se está en presencia del incumplimiento de una obligación derivada de una relación laboral, esto es, la omisión de dar trámite a la pensión por cesantía en edad avanzada en favor del quejoso. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, tiene su génesis en la relación laboral que sostuvo ++++++, con el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; por tanto, ello condiciona a que no sean actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Así, a criterio de quien resuelve, el acto reclamado se encuentra dentro de una relación jurídica de coordinación y no de supra a subordinación, cabe destacar que la principal característica de las relaciones de coordinación, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Para soportar, dicha afirmación es necesario acudir al contenido de los artículos 45, fracción XV, inciso c), 54, fracción VII, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 45. Los Poderes del Estado y los Municipios, están obligados con sus trabajadores a: [.] XV. Cubrir las aportaciones que fijen las Leyes correspondientes, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: [.] c). Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; [.]" Artículo 54. Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: VII. Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables; De los preceptos transcritos, se desprende en lo que aquí interesa, que es derecho de un trabajador gozar de una pensión por cesantía en edad avanzada al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Asimismo, que es obligación de los Poderes de los Estados y los Municipios, otorgar a sus empleados entre otras prestaciones el derecho a la seguridad social, dentro de las que se encuentran la pensión por cesantía en edad avanzada, mismas que se otorgan mediante decreto que emite el Congreso del Estado o, en su defecto, acuerdo pensionario de la municipalidad correspondiente, una vez satisfechos los requisitos que marca la ley y cuyo pago se genera a partir de la fecha que entra en vigor el decreto por medio del cual se otorga la pensión correspondiente. Por su parte, el diverso precepto 55 de la Ley del Servicio Civil, dispone que las prestaciones a que tienen derecho los empleados públicos, en materia de seguridad social, estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen, siendo que en la especie, lo es Ayuntamiento de Jiutepec, a través de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones, aquí responsables. Sin que pueda, estimarse de modo alguno, que esta particularidad que legalmente se ha impuesto al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre la extinta parte trabajadora y el ayuntamiento de mérito, con motivo del desempeño de las labores que aquél prestó durante cierto tiempo para dicha municipalidad, en sus calidades de empleado y empleador. Por tanto, las omisiones que les atribuye a las autoridades pertenecientes al ente municipal de que se trata, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues se insiste, que para que una autoridad tenga dicha calidad se requiere que se geste una relación de supra a subordinación aspecto que no acontece en el caso. Conviene señalar que la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en los casos de jubilación persiste el vínculo laboral porque el derecho a la jubilación es una prolongación de los efectos de toda contratación en la cual se ha establecido y constituye uno de los principios normativos de mayor fuerza en las relaciones de patronos y trabajadores. En esa misma línea de ideas, resulta pertinente señalar que el apartado B, del artículo 123 constitucional, equipara la relación entre el Estado y empleado a una relación laboral, y establece las bases para aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón. Resulta pertinente destacar, que dentro del ámbito de protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 121/2019 (10a.), señaló que cuando en un juicio de amparo se reclama un acto u actos que afecten de forma directa alguno de los derechos de seguridad social que prevé el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se surte la competencia de los tribunales colegiados en materia de trabajo, con independencia de que la autoridad o autoridades señaladas como responsables tengan o no esa naturaleza, porque el bien jurídico o interés fundamental controvertido se relaciona con aspectos atinentes a derechos laborales protegidos por el citado artículo 123 y sus leyes reglamentarias e inciden en una afectación a los mismos. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 2a./J. 121/2019 (10a.), registro 2020540 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMARON LA RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES LABORALES. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO." De modo que, en el particular el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos actúa en su calidad de patrón equiparado despojado de toda potestad soberana que caracterizan a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, de tal suerte, que dicho colegio en su carácter de patrón equiparado se encuentra en una plano de igualdad frente al justiciable. Conforme a lo expuesto, resulta pertinente señalar que los conflictos que surjan entre los Ayuntamiento del Estado y sus empleados deben sustanciarse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues dicho órgano jurisdiccional es el competente para conocer de dichas controversias, en términos de los artículos 1 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." "Artículo 114. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." En ese tenor, como la parte quejosa reclama a través del juicio de amparo la omisión de dar trámite a la pensión por cesantía en edad avanzada, en favor del quejoso, es claro que debe acudir ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y promover el juicio respectivo, en virtud de reclamar una prestación de seguridad social a cargo de un ente municipal y que se encuentra prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado Morelos. Resulta pertinente citar el contenido de la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), registro 2014236, del Pleno en Materia de Trabajo de Decimoctavo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, los conflictos que se susciten al respecto, deben conocerlos y resolverlos el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso, 5, fracción II de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Sin que la anterior determinación implique de manera alguna que se deje a la promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito su derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. A similares consideraciones arribó el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito al resolver los recursos de queja 62/2022 y 114/2022, respectivamente. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 16:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias que dicho precepto normativo antes invocado únicamente a los profesionistas +++++++++, en razón de que acreditaron tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a las diversas personas que menciona, en razón de que no acreditaron tener registrada su cédula profesional en el sistema de referencia, por lo que se les autoriza en términos restringidos, es decir, para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: Marisol

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